viernes, 13 de septiembre de 2013

¿Existe política forestal en Galicia?

Incendio forestal en Barbudo (Ponte Caldelas)
Teóricamente sí porque está la Ley 7/2012, pero en la práctica los poderes públicos gallegos -la Xunta de Galicia en primer lugar- no está cumpliendo con dicha ley aunque muchos de los incendios forestales que estamos sufriendo sean intencionados. ¿Es que la comunidad no va a poder frenar nunca acciones criminales de unos pocos, locos o interesados? El artículo 148º.1.8ª señala que una de las competencias de Galicia son "los montes y aprovechamientos forestales" y en 9ª se dice "la gestión en materia de protección del medio ambiente".

Pero estas competencias, que tan pomposamente se reclaman para luego no ejercerlas, son incompatibles con la reducción presupuestaria en materia de conservación y mejora de las superficies forestales, el aprovechamiento
maderero y la preservación de espacios naturales constituidos por montes y vegetación. Tanto ahorrar y al final salimos perdiendo.

Entre los objetivos de la ley citada está "la creación de riqueza y empleo, el desarrollo del medio rural y la puesta en marcha de modalidades de reorganización de propiedades forestales que permitan conseguir una clarificación y seguridad en la tenencia de la propiedad, así como la dimensión necesaria para llevar a cabo una gestión forestal viable y sostenible, y el fomento de iniciativas de gestión forestal conjunta". Pues bien, esto no se está cumpliendo: con la quema de las masas forestales se está destruyendo riqueza, no creándola y no se ha creado el empleo necesario para lo primero que hay que hacer, evitar que los montes se quemen. ¿Que "medidas de obligado cumplimiento encaminadas a restaurar los montes afectados por incendios forestales" ha llevado a cabo la Xunta de Galicia, como señala la misma ley? Pues véanse las masas forestales quemadas desde hace años (y décadas) sin que se hayan repoblado las zonas afectadas, además de no tomar las medidas de ordenación y prevención para que no vuelva a ocurrir salvo casos muy aislados. 
Los montes -públicos y privados- siguen sin limpiar de maleza y hojarasca, siguen sin estar ordenados; no hay una política para regenerar de árboles autóctonos el monte gallego, los árboles que tienen un aprovechamiento económico (no entro aquí en sus efectos sobre el suelo) se pierden o sirven a intereses espúrios en vez de al bien público. Mientras tanto la Xunta duerme un sueño culpable. No quiero decir que sea fácil combatir los incendios forestales cuando hay personas interesadas en provocarlos, o cuando caprichosamente se prende fuego a un monte. Pero toda una comunidad no puede claudicar de una obligación ecológica, económica y moral. La Xunta sí ha claudicado: se lamenta pero ha claudicado; ahorra en lo que no debe y gasta en estupideces, como pagar a centros de educación privados que segregan a sus alumnos por sexo y por condición social. Un desastre.
L. de Guereñu Polán. 

1 comentario:

Guillerme Pérez dijo...

Obviamente hay una falta absoluta de políticas y planes de ordenación del territorio que evitarían estos incendios. Países como Suiza o Suecia, regiones como Navarra o el País Vasco, todas ellas con gran masa forestal, no sufren incendios como los que se dan aquí. Incluso, dentro de Galicia, tenemos el caso de Lugo, con mayor masa territorial y rural, pero donde son raros los incendios, por la simple razón de que cuenta con una ganadería que ordena y aplica un cierto control sobre la masa forestal, que no está "a monte" (frase que probablemente no tiene traducción en otros países) y que explica perfectamente nuestra política de montes.

A todo ello se une una falta de control que favorece comportamientos mafiosos para ganar dinero,porque no nos engañemos, la mayoría de los incendios obedecen a intenciones espúrias o a una privatización de los medios de extinción que los fomentan.
Se hace, por tanto, necesaria una política seria y definida de ordenación y control del territorio, con un cuerpo de prevención y limpieza de la masa forestal autonómico durante todo el año (más barato que la extinción posterior), entre otras urgencias que ningún gobierno autonómico ha resuelto hasta la fecha y que hace pensar en la complicidad de la Xunta, ya que no creo en la incapacidad de la misma.