Salarios
Me
refiero a los de los cargos públicos en España y, en general, en todo
el mundo rico, porque lo de desarrollado es otra cosa. No veo la
justificación para que el Presidente del Tribunal Supremo, por ejemplo,
gane cerca de 200.000 euros al año, como así mismo el Presidente de las
Cortes. No veo justificación para que se paguen dietas abultadísimas a
los diputados y senadores, a los diputados de los parlamentos autónomos,
a los alcaldes (los que las cobran) así como a los concejales, muchos
de los cuales perciben remuneraciones que superan los 70.000 euros
anuales. No veo justificado que se gaste tanto dinero en pagar a los
cargos públicos, que han accedido a ello para realizar un servicio a la
comunidad, no para hacerse ricos.
Sí se hacen ricos los
miembros del Consejo General del Poder Judicial con los sueldos que
perciben, y los altos cargos de la judicatura, y los ministros,
consejeros de Estado y otros cargos por el estilo. Esos cargos tienen un
plus en influencia y popularidad que les abren caminos inmediatamente
después de haber cesado, como es el caso de la exministra Elena Salgado,
el expresidente Felipe González, el expresidente Aznar (este es un caso
patológico que merecería un artículo aparte), la exiministra Leire
Pajín y otros por el estilo.
Si alguien se tomase la molestia
de saber donde están muchos de nuestros anteriores cargos públicos vería
que en suculentos puestos con suculentos sueldos, y no precisamente por
su sabiduría, sino porque así está montado este tinglado. Es tal el
cúmulo de influencias que han llegado a tener que son útiles a empresas
privadas, consejos de administración y multinacionales.
Puede
parecer que un salario de menos de noventa mil euros anuales brutos para
el Presidente del Gobierno no es excesivo: pues yo creo que sí mientras
en el país haya salarios de miseria, pensiones muy bajas, desempleados
que se cuentan por millones. Y creo que son altas las dietas y pagos en
especie que reciben diputados y senadores mientras haya tantas personas
en España (que podemos cifrar en diez millones) que viven en el umbral
de la pobreza o en el mismo epicentro de la pobreza; mientras haya
tantos pequeños empresarios y autónomos que se las ven y desean para
pagar sus impuestos, mucho más para poder sobrevivir con un poco de
tranquilidad y decencia.
No es extraño ver que cuando un
diputado ha estado ocho o diez años en el cargo luego adquiere un lujoso
chalet, una imponente finca o es consejero de una caja de ahorros a la
que se dispone a esquilmar embolsándose salarios de escándalo. Es en
cambio muy extraño escuchar a un solo cargo público en España decir que,
en efecto, hay que moderar sus salarios notablemente porque hay muchos
necesitados en el país que podrían ver aliviada su situación si el
Estado no despilfarrase tantos recursos.
Junto con esto una
política fiscal verdaderamente progresiva, directa, que afectase a las
rentas de más de 40.000 euros al año, es decir, una parte de la clase
media se vería involucrada en tener que pagar más, subiendo el tipo
impositivo al sesenta y cinco o setenta por ciento de la base imponible
para las grandes fortunas, entendiendo por tales a las rentas superiores
a los 200.000 euros brutos anuales; una lucha sin cuartel contra la
evasión fiscal que allegase al Estado buena parte de esos 80.000
millones de Euros que deja de recaudar... Todo esto se hace necesario y,
mientras tanto, rebajar a más de la mitad los salarios de los cargos
públicos que más perciben; reducir un tercio al menos los salarios de
los cargos públicos que perciben medianamente, pero que es mucho para la
salud económica de España. (Arriba, el imputado don Narcís Serra por
autoconcederse un salario y otras remuneracione de escándalo arruinando a
Catalunya Caixa, mientras 2.400 trabajadores de esta entidad sufren un
expediente de regulación de empleo).
L. de Guereñu Polán.
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