MINERÍA Y SOCIEDAD 3

La oposición, por razones ambientales, a cualquier tipo de actividad minera alcanza con frecuencia niveles alarmantes de irracionalidad y es fácilmente manejada como arma arrojadiza por todo tipo de actores sociales.

Si tras un análisis realista concluimos la necesidad de la minería para el mantenimiento de la civilización y el nulo control que tenemos sobre dónde están localizados los yacimientos minerales explotables , queda por decidir si su explotación, como recurso no renovable y potencialmente peligroso para el medioambiente, puede dejarse en manos privadas que buscan, legítimamente, sólo su beneficio.

En los últimos años en el mundo desarrollado , por razones lógicas y por la presión social, han proliferado las normas legales para atenuar los impactos ambientales de las explotaciones, lo que ha dado lugar a sustanciales cambios de comportamiento en la mayoría de las compañías mineras , que han pasado de cumplir con las normas ambientales ,siempre que se les vigile, a tratar de cumplir voluntariamente con su “responsabilidad social”, más allá de lo que sería el estricto cumplimiento de las leyes. A nadie le gusta desarrollar su actividad en un ambiente permanentemente hostil.

Pero una operación minera de tamaño medio dura varios lustros y una de gran tamaño muchas décadas. ¿Es realista pedir a las compañías mineras, que se deben a sus accionistas y se ven afectadas por múltiples variables socioeconómicas a lo largo del tiempo, que mantengan sin trampas su responsabilidad medioambiental? ¿Lo hacen así otras industrias y otras actividades de nuestra sociedad?

Mi respuesta es, para ambas preguntas: no. Los dirigentes políticos tienen que dejar de esconderse y deben abordar el problema con franqueza y la propia sociedad civil tiene que enfrentarse con sus contradicciones hipócritas de trasladar a otros lugares, normalmente en países poco desarrollados, la parte fea de la actividad mientras disfruta de los bienes y servicios que los minerales y los mineros ayudan a producir.

Aunque ahora esto vaya contracorriente algunos intentos de estados que consideramos avanzados: Suecia, Finlandia, Canadá, parecen coincidir con esta opinión y han desarrollado empresas públicas plenamente activas en minería para satisfacer las necesidades sin estar sometidas a la dictadura del máximo beneficio al más corto plazo posible. Y ejemplos recientes en España (As Pontes o Meirama), donde el beneficio social a medio y largo plazo multiplicará el beneficio económico a corto, también parecen ratificarla.

Dr. Alfonso S. Gracia Plaza

Geólogo