Una burrada que pagaremos caro

El ministro en la inopia

Si no lo remediamos; porque está la calle, las instituciones, los alumnos, los profesores, las asociaciones de padres, todos aquellos que se sientan concernidos en el sistema educativo que se establece para nuestro país.

Dos leyes han regido en España desde la democracia (aparte la heredada del franquismo): la LOGSE y la LOE, las dos del mismo signo, aprobadas por mayorías de izquierda a partir de la propuesta de gobiernos socialistas. La LOCE no llegó a entrar en vigor. Fue aprobada durante un mandado del PP pero se echó por tierra durante el gobierno del señor Zapatero. Ahora se nos amenaza con la ley que regulará -si no lo remediamos- la educación en España, que es la más seria amenaza para alumnos y profesores.

Primar la excelencia sobre la diversidad favorecerá a los alumnos cuyos padres disponen de medios económicos, pero no a la mayoría que encuentra en la escuela pública un elemento de igualación ante las desigualdades sociales. Seleccionar las disciplinas y los intinerarios a una edad tan temprana como establece el proyecto de ley actual es una aberración denunciada por todos los pedagogos, psicólogos, profesores de pedagogía terapéutica y docentes. Todo lo contrario es lo que se hace en Japón, Finlandia, Noruega, Bélgica, Holanda... Los países con sistemas educativos más avanzados, con mejores resultados, con una tasa de fracaso escolar menor, con una integración del alumnado mayor.

Favorecer a los centros privados (la mayoría religiosos) que discriminan a los alumnos por sexo es una injusticia que quizá algún alto tribunal se encargue de desautorizar. No se puede discriminar por ser cojo, o por ser bajo, o por ser negro... pues tampoco por ser varón o mujer. Las previsiones que la ley establece para favorecer económicamente a los centros privados (también a los concertados, que son privados) es detraer recursos que necesita la enseñanza pública, por que cabe imaginar a unas escuelas e institutos con menos medios informáticos, menos laboratorios de idiomas, menos instrumentos enb el aula de Tecnología, menos ordenadores, menos materiales para la música, el diseño o los laboratorios de ciencias, menos medios para el estudio del arte...

La atención a la diversidad, los grupos de apoyo, las diversificaciones curriculares, las adaptaciones curriculares, los profesores de pedagogía terapéutica desaparecen o se desvirtúan hasta el infinito. ¿Como es posible tanta desvergüenza y miseria morales? ¿Quienes se han creído los inspiradores y aplaudidores de esta bazofia de ley? El ministro de Educación es un ignorante en la materia sobre la que está legislando, está imbuido de un prejuicio nefando sobre el papel que tiene que jugar el Estado -es decir, la comunidad- en la formación de los alumnos, que son los que van a producir, gobernar, dirigir el país dentro de unos años.

La prevalencia de los exámenes sobre otros criterios de evaluación, como la capacidad crítica que demuestre el alumno, la participación en clase, su iniciativa, los méritos que demuestre según las dificultades de orden intelectual, social, económico de las que parta, es una burrada que pone de manifiesto en manos de quien estamos en materia educativa (no hará falta que refiera aquí los déficits en materia económica, moral o de justicia social). El eufemismo de "libertad de los padres para elegir centro" es una burla en toda regla: solo es libre quien tiene medios para ello. ¿Pueden elegir el Instituto Alemán de Madrid unos padres obreros? ¿Puede elegir el Colegio del Pilar una familia de clase media? ¿Puede elegir una madre que plancha rompa en unos grandes almacenes el instituto que quiera para su hijo? Esto solo lo podrán hacer unos pocos.

Ahondar en las diferencias con comunidades autónomas donde lay lengua vernácula (Galicia, Euskadi, Cataluña, Valencia, Baleares) es de una ceguera política patológica: salvo en el reciente caso de Baleares, docentes, administradores y alumnos han venido encontrando soluciones sin que una ley tenga que interferir en tan delicado tema como este. Por otra parte se resta autonomía a los centros, que conocen como nadie -su claustro de profesores y Consejo Escolar- el medio ambiente y social al que va dirigio el hecho educativo. Se deja sin poder al Consejo Escolar, se quita poder a los claustros, se le da más poder a los directores, pero no recursos, por lo que será papel mojado...

Eliminar la selectividad para sustituirla por reválidas -que se producirán a edades inconvenientes- es una idiotez en toda regla. Si la selectividad tenía un sentido -y cabe discutirlo- lo que es absurdo es quitarla para poner otra prueba que añade incertidumbre y confusión a la situación ya conocida por todos. En todo caso la ley nacerá con una cojera insalvable: el Estado no prevé recursos para su aplicación. Es un engaño, un fraude en toda regla, un insulto a la comunidad, al páis, ya lastrado por unas clases dirigentes embadurnadas en el escándalo y en la miseria moral más profundas que los últimos tiempos hayan conocido. 

L. de Guereñu Polán