Las personas que trabajan en cualquier organización, la caracterizan
y condicionan, son sus valores, virtudes y su concepción de la ética pública
los que estarán en la base y esencia de esa organización, y por tanto
condicionarán los éxitos y fracasos de las políticas, de las estrategias e
incluso la mera administración de los recursos. Quien crea que lo privado está
por encima de lo colectivo primará lo privado y eso en los gobiernos tiene unas
consecuencias. La historia nos muestra algún ejemplo próximo.
Después de 12 años de gobiernos conservadores, el entonces
primer ministro crea un comité al que solicita la elaboración de
Normas de Conducta para los miembros del gobierno, para fomentar en ellos los
valores deseables así como para evitar actitudes antiéticas. La creación del
comité se llevo a cabo en virtud del clima de degeneración en el que los
escándalos de tipo económico, político y sexual aparecen mezclados.
El
llamado informe Nolan se publicó en mayo de 1995 y es una referencia no sólo
para la vida pública inglesa sino para cualquier gobierno interesado por la
ética de sus políticos y funcionarios. Me parece que en el actual momento
político español es conveniente tener en cuenta estos antecedentes. Empecemos
con las recomendaciones a ministros.
La Comisión sugirió incluir los siguientes principios
esenciales:
· Los Ministros no deben
engañar al Parlamento. Deben ser tan transparentes como sea posible con el
Parlamento y con el público.
· Los ministros deben asegurase de que no surja, ni que parezca
que surge, ningún conflicto entre sus obligaciones públicas y sus intereses
privados.
· Los Ministros son responsables ante el Parlamento en cuanto a
las políticas y operaciones de sus departamentos y agencias.
· Los Ministros deberían evitar aceptar cualquier regalo u
hospitalidad que pudiera comprometer su criterio o ponerlos bajo una obligación
indebida.
· Los Ministros deben
mantener separadas sus funciones de Ministros de las de Diputados por un
distrito electoral.
· Los Ministros deben mantener separadas sus funciones
ministeriales de las de partido. No pueden pedir a los funcionarios que
realicen funciones de partido ni que actúen de una forma que crearía un
conflicto con el Código de la Administración Pública.
¿Cuántos
de los actuales ministros, incluyendo al presidente de gobierno, pasarían una
evaluación basada en estos principios?
Quizá valga la pena seguir con el tema de la compatibilidad del interés
privado con la moral pública, incluso de un posible manual para parlamentarios,
jueces y gobiernos simplemente decentes. Continuará.
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