Amenaza el Partido Popular de
Feijoo con una modificación de la actual ley electoral gallega, reduciendo el
número de diputados de los 75 actuales a 61. Catorce menos, un 20%, que según
los expertos podría permitirle a la derecha gallega mantener su actual mayoría
absoluta y compensar así el formidable desgaste electoral que está sufriendo.
Una persona, un voto con el
mismo valor para todos. Es lo democrático. Pero en Galicia, esto no solo no es
así, sino que hay riesgo de que empeore. Con el actual sistema electoral un
escaño parlamentario supone en la provincia de Lugo 23.703 votos, cifra que en
la de A Coruña sube a los 47.463, en Ourense requiere 24.007 y en la de
Pontevedra 43.336 votos. Cierto que diferencias semejantes se producen también
con motivo de las elecciones generales, y cierto también que son muchas las
voces que reclaman un cambio del sistema electoral que las regula para evitar
repartos de escaños que no se corresponden con la proporción de votos recibidos.
Conviene recordar que en las
dos primeras elecciones autonómicas, 1981 y 1985, el número de escaños del
Parlamento gallego era entonces de 71, distribuidos en 22 para la provincia de
A Coruña, 19 para la de Pontevedra y 15 respectivamente para las de Lugo y
Ourense. La ley electoral gallega de 1985 elevó el número de diputados a los 75
actuales. Los cuatro nuevos escaños aumentaron los de A Coruña y Pontevedra a
24 y 21 respectivamente, continuando Lugo y Ourense con 15. La distribución se
basa en 10 escaños por provincia y los 35 restantes a repartir en relación a la
población y entre las candidaturas que obtuvieran un 3% de los votos. En
1992 se modificó la ley electoral del 85 con el principal objetivo de elevar
la barrera electoral para obtener escaño al 5% de los votos. Un golpe a los
partidos minoritarios.
En 1997, Ourense, por
disminución de su población pierde un escaño que pasa a la circunscripción de
Pontevedra. A lo largo de estos años, las provincias de Lugo y Ourense han seguido
perdiendo población que en parte han ganado la de Pontevedra y menor medida la
de A Coruña.
Otro aspecto que ha cobrado
gran relevancia es el voto de los emigrantes, que en torno a los 330.000 en el
conjunto de Galicia, superan a los 302.000 electores de la provincia de Lugo, o
a los 281.000 de la de Ourense. La picaresca y el fraude han sido en ocasiones
de escándalo, habiéndose comprobado que efectivamente, en algunos casos
llegaron e votar hasta los muertos. No es exagerado decir, que aún con garantías
democráticas para el voto emigrante, este podría llegar a decidir el resultado
de unas elecciones autonómicas, con todo lo que esto supone. Tengamos en cuenta
además que el fenómeno de la emigración vuelve a ser una realidad.
Con este panorama y con la
crisis y los recortes como pretexto, se habla por parte del Partido Popular de
una nueva modificación de la ley electoral, con
el objetivo principal de reducir el número de escaños del actual
parlamento, lo que de producirse favorecería a este partido muy desgastado por
las políticas mal llamadas de austeridad, evitando así lo que le auguran las
encuestas: la pérdida de su mayoría absoluta y el gobierno de la Xunta.
Creo que la ley electoral
gallega necesita reformarse, pero para hacerla más democrática y acorde con los
cambios que los tiempos actuales requieren. Y desde luego hacerlo con el mas
amplio consenso, sin ventajismos autoritarios ni imposiciones oportunistas por
parte del poder, que me recuerdan -y siento decirlo- a Hitler cuando
democráticamente llegó al poder y luego impuso reformas para evitar que pudiese
llegar a perderlo.
Si se abre el debate soy de la
opinión de recuperar el 3% como porcentaje mínimo para obtener escaño, y
regular de manera efectiva, realista y sensata el voto emigrante.
10 de Diciembre de 2013. 65
Aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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