Orden público: vuelta a un siglo atrás

Mientras leía con cierto estupor la ley de orden público que ha aprobado el Gobierno, me vinieron a la memoria ciertos artículos de la que, hace algo más de un siglo, hizo aprobar y aplicar el ministro de la Gobernación, Sánchez Guerra, que lo fue en tres ocasiones entre 1903 y 1917. Era un tipo con carácter que se enfrentó hasta al propio rey cuando este autorizó el golpe de estado de 1923, pero como conservador y burgués, no podía concebir que el movimiento obrero y la población en general gozasen de una libertad de movimientos que a partir de 1945 fueron reconocidos ampliamente y que en España han quedado consagrados en la Constitución de 1978. 

Pero una Constitución se puede interpretar de diversas maneras, sobe todo si está redactada con una cierta ambigüedad para que sea aceptada por unos y por otros. Sánchez Guerra en su momento y el actual ministro del Interior ahora, lo han hecho en el sentido más restrictivo posible para las libertades públicas. La Constitución de 1876 también reconocía los derechos individuales, pero Sánchez Guerra se ocupó de restringirlos al máximo que la interpretación del texto constitucional permitia y para ello utilizó el Código Penal, el mismo que -con modificaciones- rige en la actualidad. Por ejemplo, el artículo 189 de dicho Código Penal autorizaba al Gobierno a sancionar a quienes convocasen y celebrasen manifestaciones no autorizadas; incluso para irrumpir en el domicilio social de un partido o sindicato según el artículo 12 de la ley de asociadiones de 1887. Yo invito a quien tenga paciencia a que se lea algunos artículos de dicha ley para que vea el gran parecido entre ellos y los de la ley recientemente aprobada por el Gobierno actual. 

Incluso los artículos 1 y 5 de la última ley citada autorizaba a los Gobernadores civiles para disolver reuniones ilegales, lo que ahora recae en los subdelegados y delegados del Gobierno en cada Comunidad autónoma. Para Sánchez Guerra eran los republicanos y los socialistas el peligro nefando de la época; para el actual Gobierno es la ciudadanía entendida en su sentido más amplio: las multas y sanciones económicas se exageran de manera irracional y puede que anticonstitucional, se reprime con dureza todo intento de manifestación, se incorporan conceptos como el de "ofensa a la Patria", que recuerda la Ley de Jurisdicciones de 1906: solo faltaría -si la Constitución lo permitiese, que no lo hace- que las "faltas y delitos" de esta naturaleza fuesen juzgados por tribunales militares, como Segismundo Moret hizo aprobar hace algo más de un siglo. 

Eran aquellos tiempos predemocráticos y ahora volvemos a ellos por lo que a la legislación de orden público se refiere; eran tiempos de grandes diferencias sociales y ahora volvemos a ellas en tanto una crisis económica ha demostrado lo endeble de la democracia española (sobre todo en materia económica). Eran aquellos tiempos donde el monopolio del poder estaba reservado a una casta de personas generalmente cultas, pero entregadas a la vesanía y la trampa, como el actual ministro del Interior y el Gobierno del que forma parte (la cultura frailuna del señor Fernández le aparta del ilustrado Sánchez Guerra). 

Son malos tiempos para la democracia española: son malos tiempos para unos diez millones de personas en nuestro país que pagan irremisiblemente las dificultades económicas en las que nos han metido unos cuantos miles de ladrones a escala planetaria; son malos tiempos para una ciudadanía que ha estado bastante dormida y mecida por los partidos que se reclaman de izquierdas. Veremos a donde nos lleva esto.

L. de Guereñu Polán.