España es un Estado que, en su energía depende casi
en un 80% del exterior, está obligado a
exprimir hasta la última posibilidad sus posibles recursos, pero también es
obligado el uso de una lógica que no repugne al llamado sentido común.
La práctica totalidad de los medios de
comunicación debaten sobre posibles exploraciones en busca de hidrocarburos en
aguas relativamente próximas a Baleares y Canarias. Como España solo tiene soberanía
en aguas del Atlántico y del Mediterráneo, es solo en estas aguas donde se
pueden buscar recursos propios. Así pues el objetivo inicial parece muy lógico.
Lo que empieza a ser discutible es quien realiza la prospección, que medios
utiliza para ello y que garantías se ofrecen sobre las repercusiones en el bien
público común, que es medio ambiente, de esas actividades. Y aquí está la clave
del asunto, se conceden autorizaciones, especialmente en el Mediterráneo, a empresas multinacionales, muchas de ellas
con todos sus intereses absolutamente ajenos a España, incluso a Europa, se
permiten usar directamente los procedimientos más baratos, como los sísmicos,
existiendo alternativas con menores riesgos para el medioambiente, aún cuando sean
algo menos eficaces, y por último, ningún representante de la Administración, en
especial el ministro, ha mencionado siquiera que exista alguna garantía,
mínimamente cuantificable, si surge algún daño.
Este gobierno dice tener como prioridad la
potenciación de las renovables, objetivo lógico de toda lógica ya que es un
recurso propio, seguro e inagotable. Lo que es más que discutible son las
decisiones que acompañan la declaración. Primero, cambiar en pleno lanzamiento
de las inversiones las reglas del juego, como han hecho y de forma radical,
crea lo que, en términos internacionales, se califica de inseguridad jurídica y
garantiza contenciosos que el gobierno español tiene difícil ganar, haciendo
recaer en el conjunto de los ciudadanos las casi seguras indemnizaciones que
habrá que dar a los inversores extranjeros. Y segundo, hacer cambio sobre
cambio sin una previa elaboración de un Plan Energético Nacional, al menos con
el medio plazo mínimamente previsto, condena a la incoherencia el resultado del
parque de producción eléctrico, por ejemplo se ha terminado por sobre ponderar
la cara energía fotovoltaica (error compartido por el gobierno anterior),
frente a la competitiva, e incluso barata,
eólica, a la que se limita la funcionalidad por el escaso bombeo
hidráulico autorizado.
Del lio montado con el loable y solo teórico objetivo
del abaratamiento de las tarifas eléctricas, es casi imposible encontrar
explicación racional, salvo que se empeñan en mantener que el mercado puede
resolver algo en lo que la historia y la experiencia demuestran que no existe
mercado libre, ni por aproximación, el ministro del ramo al menos debía conocer
algo tan básico como que el oligopolio tiene unas reglas de funcionamiento,
estudiadas por algunos economistas y disponibles en las publicaciones
universitarias.
Isidoro Gracia
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