En 1975 el debate principal era democracia o dictadura. La decisión de la forma monárquica para el Estado, fue una concesión, como otras muchas, al objetivo principal. Cuarenta años más tarde es uno de los aspectos de la Constitución que como, entre otros, la estructura territorial, las Diputaciones Provinciales o el Poder Judicial, pueden y debe ser discutidos ante una eventual reforma de la Carta Magna. La abdicación del Rey crea la oportunidad adecuada. Reconocer su trayectoria no impide plantear un debate sereno, maduro y consecuente.
Probablemente la fecha de la abdicación ha sido precipitada por el proceso de relevo de la dirección socialista que, dentro de ciertos límites, abre la posibilidad de una dirección generacionalmente posterior y por tanto con una visión más distanciada de la Transición. Aunque legalmente el voto socialista no es imprescindible para aprobar la Ley Orgánica prevista en el artículo 57.5 de la Constitución, resulta impensable hacerlo sin su concurso. De ahí que corresponda al centenar de diputados socialistas a Cortes la responsabilidad histórica de la decisión, ahora libres de los condicionantes de hace cuatro décadas.
Y el momento no puede ser más oportuno. En una sociedad democráticamente madura, plural, sin otra tensión para la convivencia que los movimientos secesionistas, es un debate necesario. Las generaciones actuales no están obligadas a repetir el proceso constituyente pero tampoco impedidas de mejorar o actualizar la norma básica. Incluso para encauzar las citadas tensiones separatistas, la reforma constitucional es no ya necesaria, sino imprescindible. El propio Rajoy lo reconocía expresamente el pasado sábado en Barcelona, conocedor ya en ese momento de la abdicación inminente.
Sólo nuestros propios temores, inseguridades, o debilidad de ideas, pueden oponerse al debate, reclamado ya abiertamente por amplios sectores de la sociedad. Es la primera oportunidad en cuarenta años y no deberíamos desaprovecharla.
Probablemente la fecha de la abdicación ha sido precipitada por el proceso de relevo de la dirección socialista que, dentro de ciertos límites, abre la posibilidad de una dirección generacionalmente posterior y por tanto con una visión más distanciada de la Transición. Aunque legalmente el voto socialista no es imprescindible para aprobar la Ley Orgánica prevista en el artículo 57.5 de la Constitución, resulta impensable hacerlo sin su concurso. De ahí que corresponda al centenar de diputados socialistas a Cortes la responsabilidad histórica de la decisión, ahora libres de los condicionantes de hace cuatro décadas.
Y el momento no puede ser más oportuno. En una sociedad democráticamente madura, plural, sin otra tensión para la convivencia que los movimientos secesionistas, es un debate necesario. Las generaciones actuales no están obligadas a repetir el proceso constituyente pero tampoco impedidas de mejorar o actualizar la norma básica. Incluso para encauzar las citadas tensiones separatistas, la reforma constitucional es no ya necesaria, sino imprescindible. El propio Rajoy lo reconocía expresamente el pasado sábado en Barcelona, conocedor ya en ese momento de la abdicación inminente.
Sólo nuestros propios temores, inseguridades, o debilidad de ideas, pueden oponerse al debate, reclamado ya abiertamente por amplios sectores de la sociedad. Es la primera oportunidad en cuarenta años y no deberíamos desaprovecharla.
José Luis Mendez Romeu
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