Los momentos de efusión como el actual (auge de los grupos republicanos por la abdicación del rey y resultados electorales que parece dan esperanza a partidos hasta ahora minoritarios), suelen ser propicios para no fijarnos en los verdaderos problemas que tiene el país, uno de los más importantes, desde mi punto de vista, el de la evasión fiscal, pues de recaudarse buena parte de los impuestos a los que tiene derecho el Estado (es decir, la ciudadanía) muchos parados tendría subsidio cuando ahora no lo tienen, muchas pensiones podrían ser mayores y muchos dependientes podrían estar atendidos debidamente (no estándolo ahora), además de poder invertir el dinero que no se invierte en innovación, en infraestructuras, etc.
Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, fuente fiable que ha sido reconocida por tirios y troyanos, de los 240.000 millones de euros evadidos en España el pasado año (aquí entra el fraude y otras formas más o menos "ingeniosas" de estafar al Estado), el 72% corresponde a las grandes empresas y a los grandes patrimonios, el 17% a las pequeñas y medianas empresas (el abultado porcentaje se debe al elevado número de estas empresas en España), el 9% a los autónomos (sin disculparles, muchos de ellos son tratados por el Estado injustamente, pues no tienen derechos que sí tienen otros trabajadores) y el 2% al resto, entendido por "resto" a los no empresarios.
El señor Rosell, presidente de la gran patronal española, debiera colaborar con el Estado antes de atreverse a dar recetas sobre economía, que siempre tienen la intención de defender sus exclusivos intereses. Ya está algún empresario en la cárcel por delinquir a diestro y siniestro, pero seguramente debiera haber más, lo que pasa es que el complicado mundo del derecho hace que los abogados más diestros dilaten hasta el infinito la sustanciación de muchas causas. Entre los grandes empresarios están los mayores defraudadores de España, es decir, los mayores delincuentes monetarios y los más conspícuos antipatriotas, pero ser patriotas no está entre sus normas deontológicas.
240.000 millones de evadión fiscal representan el 23% del Producto Interior Bruto español del pasado año, lo que es muchísimo, pues se pone de manifiesto que casi una de cada cuatro actividades que ha de atender el Estado queda sin atenderse. Aquí está el verdadero meollo de toda política económica y lo demás son cuentos (si se me permite la expresión). Claro que hay que administrar bien los caudales públicos, combatir la corrupción, bajar los sueldos a los responsables públicos, ahorrar en el gasto corriente, pero con 240.000 millones más el Estado podría atendere tantas necesidades que España sería un país distinto.
Combatir esa evasión fiscal debe ser un imperativo de todo gobierno que quiera ser verdadero instrumento de transformación del país (no será el actual, claro) y no ignorando la dificultad de la empresa, no es algo imposible a tenor de los avances que han experimentado en esta materia otros países europeos. Endurecer las penas por delitos de este tipo en el código penal, eliminar la prescripción, dotar de medios extraordinarios a la inspección fiscal, plantear en la Unión Europea una política concertada en esta materia. De lo contrario dicha organización supranacional servirá de poco a partir de ahora.
L. de Guereñu Polán.
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