DESDE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, NO A IMPUTADOS EN LAS LISTAS ELECTORALES

El diario La Voz de Galicia de ayer titula en su primera página que “Uno de cada 9 alcaldes gallegos está imputado”. Sobre el tema publica amplia información en las páginas interiores. La cifra supone que nada menos que 35 alcaldes están imputados por uno o más delitos diversos (cohecho, delitos urbanísticos, malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, vulneración de los derechos de los trabajadores, injurias, acoso laboral, y otros). A los que relaciona el diario habría que añadir los dos de Santiago, uno cesado y condenado, otro imputado, cesado, y sustituido por el actual libre de imputación. También al anterior alcalde de Ourense dimitido e imputado. En lo que va de legislatura los alcaldes imputados son pues nada menos que 38, de los que 23 corresponden al Partido Popular, 12 al PSOE, 2 al BNG, y 1 Independiente.

Habría que añadir  además a los concejales imputados, y a los ya condenados.  En Santiago de Compostela por ejemplo mas de la mitad de la corporación, pero también en otros ayuntamientos importantes. La población total de los municipios con alcaldes o concejales imputados en Galicia asciende a mas del millón de personas, un 37% de la poblacion gallega. La situación es todavía mucho mas grave en otras comunidades autónomas. Las encuestas recientes del CIS sitúan a la corrupción como la segunda de las principales preocupaciones de los ciudadanos después del paro. El descrédito de la clase política por esta y otras razones es también una evidencia.

Se avecinan las elecciones municipales y la pregunta es obvia ¿Incluirán los partidos políticos a sus alcaldes y concejales imputados en las listas electorales? Es de esperar que no, pero no lo sabemos. Con imputaciones de distinta gravedad entre unos y otros, todos proclaman su inocencia, y los partidos a los que pertenecen parecen creer en ella, aunque por ahora la cosa no está clara. La ejecutiva de los socialistas gallegos adelantó en su día (antes de ser elegido Pedro Sánchez) el criterio de “que la militancia de cada agrupación decida en cada caso”, lo que en la práctica viene a significar que en principio no habrá distingos entre candidatos imputados y no imputados, algo ciertamente polémico, arriesgado y hasta peligroso.

Los precedentes sobre el tema en nuestro país son penosos. Los ciudadanos han asistido a un espectáculo grotesco que dura ya demasiado. ¿Cómo no recordar a Jesús Gil y Gil, y a su partido el GIL? Iba a erradicar el “mamoneo”, la corrupción, la ineficacia, el enchufismo, los engaños al pueblo. El pueblo de Marbella, y de otros lugares le creyó, y consiguió mayorías absolutas, que repitió incluso cuando las irregularidades empezaron a trascender. El resultado: uno de los mayores escándalos de corrupción jamás conocidos. ¿Como no recordar lo de Banca Catalana y Jordi Pujol? La actuación de la Justicia, no era contra el fraude de Banca Catalana, decían, sino “contra Cataluña” y el pueblo se lo creyó, le votó, y se fraguó una estafa económica y política que duró 30 años. ¿Y lo de Francisco Camps y sus mariachis en Valencia? Aún hoy siguen apareciendo estafas, fraudes y malversaciones nuevas, que se suman al descomunal saqueo del dinero público llevado a cabo a través de las Cajas de Ahorro Valencianas y de la TV regional. Incluso del Valencia Club de Futbol, y otros clubs. Añadámosle lo de Madrid semejante a lo de Valencia, la Gurtel, Correa, Bárcenas y los demás tesoreros del Partido Popular y la financiación irregular de este partido durante décadas. El “ladrillo” y la especulación masiva derivada de su política. El Pocero, los escándalos de las preferentes, el de Afinsa, Sumémosle lo de los “eres” de Andalucía, lo que ocurrió con Mariano Rubio siendo nada menos que Gobernador del Banco de España. Y un inmenso etc. etc. Fue esta corrupción masiva la que arruinó el país, provocando su endeudamiento y la pobreza de millones de ciudadanos.

El pueblo lo sabe de sobra. Sabe que siendo importantes los programas, las ideologías, y los modelos políticos en una sociedad que presume de ser democrática, estamos ante algo previo y elemental: LA CORRUPCION, LA MENTIRA Y EL FRAUDE GENERALIZADO. Tanto es así que si esto no se soluciona no hay remedio para nada, porque todo el entramado institucional se convierte en una farsa, en puro teatro.

En el panorama político español se están renovando caras, en todos los ámbitos. Algo que va seguir y bien está que así sea. Pero hay que renovar mucho más que las caras. Frases contundentes y rimbombantes como “contra la corrupción tolerancia cero”, “no me temblará el pulso contra los corruptos”, “seremos implacables con los casos de corrupción”, etc., suenan bien al oído en estos tiempos, pero pueden quedarse de nuevo en falacias si, por ejemplo, los partidos políticos incluyen a sus imputados en las listas electorales.

Al político y a su partido, mas aún si se proclama socialista, se le exige lo mismo que a la mujer del Cesar: Además de ser honrado tiene que parecerlo, y cuando se está imputado, esto no es así sino todo lo contrario. El imputado lo es porque un juez ha encontrado evidencias, indicios y pruebas para hacerlo. Que la justicia es lo que es y está como está, es cierto si ¿Pero no se nos esta pidiendo a los ciudadanos que seamos respetuosos con las decisiones judiciales?

Es cierto que tenemos situaciones de imputados que luego ganaron los juicios y fueron absueltos de todos su cargos o su caso fue sobreseído, pero vieron arruinada su carrera política o muy dañada su trayectoria profesional. También es cierto que la judicialización de la política está al orden del día, siendo tal vez causa y efecto a la vez de lo que está pasando. Judicialización por arriba, pero también por abajo. Con grandes batallas políticas que se pretenden resolver en el Tribunal Constitucional, o con campañas contra los rivales políticos premeditadas y diseñadas para llevar a cabo en los ámbitos judiciales provinciales de la mano de los medios de comunicación, y quien sabe si en alguna ocasión incluso con la complicidad de algún juez. Que el sistema judicial español necesita una reforma en profundidad (por cierto no la del ex ministro Gallardón) también es verdad, pero de ahí a pretender ser un intocable hay mucha diferencia.

Los políticos honrados, que a mi modo de ver son la mayoría, corren riesgos, y eso no lo pueden ignorar a la hora de dedicarse a ese oficio. La política ha sido siempre una tarea arriesgada. A veces incluso, cuanto mayor es el riesgo, mayor y mejor es la calidad del político. Es cuando no hay riesgo cuando el panorama se llena de mediocres, de ineptos y corruptibles. Cuando el político se arriesga, o incluso se juega la vida o la cárcel por defender sus ideas o sus reivindicaciones, adquiere una credibilidad y una fuerza que solo sus rivales son capaces de negar. Por lo tanto un riesgo que es preciso asumir por cualquier político en el actualidad es el de ser imputado judicialmente incluso con malas artes, y si es así, a mi modo de ver debe de dar un paso atrás y dimitir, permitiendo que la Justicia cumpla con su función y el se pueda defender y actuar como mejor convenga a sus intereses sin utilizar ni cargos ni instituciones como escudo. Resuelto el caso, si se han derivado daños, justo es que se compensen de manera satisfactoria y generosa, pero no al revés.

No  veo otro camino para dignificar la tarea política en los tiempos actuales, y sobre todo para combatir la corrupción. Por desgracia el camino que se intenta es el de negarlo todo, incluso atribuyendo mala fe a los jueces, si hay sentencia desfavorable recurrirla eternizando así muchos casos, y cuando esta posibilidad se agota solicitar el indulto.

El problema es ante todo político. Su solución no depende de decisiones personales, que las hay, y algunas de ellas encomiables. Esta en manos de los propios partidos políticos y de ahí las dificultades para resolverlo y erradicarlo. Con frecuencia el imputado dispone de información comprometedora para el partido o sus dirigentes y amenaza con utilizarla, o los propios dirigentes necesitan el apoyo del imputado y sus amigos para que la oposición interna no les arrebate el cargo, o el secretario general de turno ha llegado a serlo gracias al apoyo del imputado, en otros  casos de las actuaciones irregulares del imputado se ha beneficiado también el propio partido o afiliados al mismo hasta extremos comprometedores, etc.

Hay otras causas también importantes. Hasta ahora, la corrupción política no ha recibido en las urnas el castigo que merece, sino que incluso, hábilmente manejada por campañas de imagen, se ha reforzado. En ocasiones, los medios de comunicación públicos dependientes del propio poder político han ocultado o manipulado la información, y en otras han sido las generosas subvenciones públicas las que lo han hecho con los medios privados. La presión sobre los propios jueces cuyas cúpulas dirigentes deben sus cargos al propio poder político, ha permitido eternizar los procesos recurriendo a múltiples triquiñuelas, llegando a invalidar pruebas decisivas, o llegando en otros casos a la prescripción del delito. Por saturación y por la dimensión y gravedad que ha adquirido el problema es de esperar que las cosas empiecen a cambiar. Y cambiarán de raíz cuando los ciudadanos castiguen sin clemencia en las urnas a los corruptos.

Los ciudadanos pues tienen la palabra, y los partidos políticos la responsabilidad. Un paso importante en  la buena dirección será la decisión de no incluir imputados en las listas electorales, y que de hacerlo, los ciudadanos lo castiguen como se merece.

Xesús Mosquera Sueiro. / 25 de Septiembre de 2014