Aceptando de antemano que los datos que se aportan
desde los impulsores de la consulta, o del acto participativo (o lo que haya
resultado al final) sean ciertos, me llama mucho la atención que los medios que
los publican y sus analistas no acudan como referencia valorativa a un
precedente tan próximo como el del referéndum del texto del Estatuto de
Cataluña de 2006, así pues yo elijo como punto de observación esa óptica.
Y lo que son las cosas de la mala memoria, se
olvida muy pronto la realidad de los datos objetivos contrastados por la
historia, los registros y las hemerotecas y se toman como base de los análisis
las penúltimas opiniones, u ocurrencias, de los actores más involucrados en el
tema, y por lo tanto alejados de la realidad pura, la realidad de unos datos sin la cocina de las
interpretaciones interesadas.
Los partidarios de la "consulta"
catalana, en coalición de hecho con el gobierno de Rajoy, cuyos actos, en algún
caso, y cuya falta de actos en otros, actos para los que en democracia solo
tiene competencias el Poder Ejecutivo (no existen muchas dudas que la actitud
en el conjunto del proceso han dado impulso y fomento a las movilizaciones pro
referéndum), han conseguido peores resultados
reales (no interpretados) que el “inepto” Zapatero y el entonces ya tristemente
enfermo Maragall consiguieron para el Estatuto del 2006.
Con un censo cerrado
de 5.300.000 electores (el censo abierto de la consulta son al menos 6.250.000 los
"invitados" a participar) el Estatuto tramitado de forma
absolutamente legal, validado por las Cortes Generales del Estado, y en una
votación impecable desde el punto de vista democrático, consiguió 1.900.000
votos y la pregunta sobre independencia ha conseguido menos de 1.800.000.
Para no dejar cabos
sueltos, analicemos también lo ocurrido en participación en términos
porcentuales y absolutos, la votación de forma absolutamente legal, y por lo
tanto que exigía al votante un más difícil acceso, gana por goleada logró
participación de más del 49% del electorado, frente al lo conseguido por “el
proceso participativo” con una posibilidad de voto muy accesible, que consigue
menos del 36% de las persona invitadas a participar, incluidos extranjeros
procedentes de fuera dela UE. O si se prefiere en números redondos absolutos
participación sin posibilidad de manipulación 2.600.000 votantes, participación
más que de dudosa contrastación 2.236.000
según la Generalitat.
Lo ocurrido con el
texto de 2006, a pesar de algunos errores de bulto de los actores principales,
permitía que al menos por una generación la convivencia entre catalanes y de
estos con el resto del Estado continuara en unos términos de escasa
conflictividad (la ausencia de conflicto de intereses entre vecinos es deseable
pero completamente utópica), hasta que
llegó el PP que ya dirigía ya Rajoy y su equipo y lo sacó del terreno de la
política y lo puso en el terreno de los contenciosos judiciales, donde ya se
conoce que siempre, y este caso no fue una excepción, existen jueces con
distinta interpretación de las mismas frases y textos.
Sin embargo y
pensando en la búsqueda de soluciones, sabemos por lo ocurrido entre 2004 y 2006 que existieron textos que, manteniendo
a Cataluña en España, fueron aceptados por casi todas las fuerzas políticas y
aprobados democráticamente por una mayoría de los votantes catalanes. Incluso
hubo un texto aceptado por partidos independentistas: el que el Parlamento
Catalán de 2006 envió a las Cortes Generales. Quizá fuera conveniente que todos
empezaran a hablar teniendo delante aquellos textos que produjeron un nivel de
aceptación, que hoy en noviembre de 2014 no tendría precio.
Noviembre de 2014
Isidoro Gracia
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