Los herederos de Franco

Cada vez está más claro que el Partido Popular es la más clara expresión de la herencia que el franquismo dejó en España. No solo en sus comienzos, cuando se llamaba Alianza Popular, se nutrió de lo más granado del franquismo comprometido con los crímenes de la dictadura, sino que ahora, ya sus hijos y nietos, siguen defendiendo aquel régimen desde posiciones diversas: el atildado y pulcro ministro de Asuntos Exteriores, diputados embrutecidos como Hernando o Fabra, corruptos como la legión de ellos que tiene ante los tribunales de justicia el Partido Popular. 

Naciones Unidas ha urgido al Gobierno español -y al resto de las instituciones del Estado- para que "las víctimas de desapariciones forzadas cometidas durante la guerra civil y el franquismo" sean investigadas y, en su caso, exigidas las responsabilidades que correspondan en justicia. Ha pedido también el compromiso al Estado español "para atender la demanda de los familiares de los desaparecidos". Tras visitar España y hacer públicas las conclusiones a que ha llegado, el grupo de trabajo de Naciones Unidas ha pedido "a los más altos tribunales, al Constitucional y al Supremo, que utilicen los estándares internacionales para llevar la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas del franquismo y de la guerra civil". 

El Presidente Rajoy no ha dicho nada sobre el particular, lo que da a entender cual va a ser su grado de compromiso: cero. Pero cabe esperar que -aunque el actual Parlamento español haya anulado la justicia universal- los organismos internacionales presionen para que jueces, magistrados y miembros del Tribunal Constitucional españoles se pongan manos a la obra. Se encontrarán con la oposición de los herederos de Franco, los miembros del Partido Popular que, con ello, se hace cómplice de crímenes contra la humanidad.

Debe de tenerse en cuenta que han desaparecido niños, que otros han sido entregados a familias que no tenían ningún derecho sobre ellos, que se han violado derechos fundamentales de la persona, que se actuó con impunidad, que se aborreció el derecho y que se aplicó la ley con carácter retroactivo en algunos casos. Como ha señalado el más completo investigador de uno de los aspectos principales de la represión franquista, esta fue "constante, periódica, metódica y regular" (J. M. Solé y Sabaté, "La repressió franquista a Catalunya, 1938-1953").

El régimen franquista todavía defendido o escudado por el Partido Popular consiguió imponerse, según Stanley Payne, como resultado de una violencia prolongada que, sobre todo en sus primeros años, se basó en una coacción extremada. La ley marcial establecida por la Junta de defensa nacioal de Burgos, el 28 de julio de 1936, continuó en vigor durante varios años después de concluida la guerra civil. La terminación de esta no puso fin a la represión, sino que facilitó una más eficaz sistematización de ella. Las purgas y consejos de guerra se basaron en fundamentos jurídicos distorsionados. Acabó creándose una nueva base jurídica para la represión con la colaboración de estudiosos y juristas de la anterior monarquía y de los comienzos de la república. El 9 de febrero de 1939 se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, que establecía penas por actividades políticas y relacionadas con la política, con carácter retroactivo desde el 1 de octubre de 1934.

En el momento de la rendición final de las tropas republicanas, la población carcelaria en la España dominada por el general Franco sumaba 100.292 personas, pero esta cifra no incluye a los que permaecían en los campos de concentración, 400.000 soldados o más del ejército republicano que se rindieron en los últimos días, y tampoco aproximadamente las 70.000 personas que volvieron voluntariamente a España en el último mes. 

El trato que toda esta población recibió fue indigno, oprobioso y cruel, resultando muchos de ellos muertos, eternizadas sus condenas, marginados cuando obtenían una libertad vigilada porque el régimen no daba respiro a quien tenía una ficha en la Dirección General de Seguridad. Los padres de estos que ya están fallecidos, los que sufrieron en primera persona la feroz represión, los hermanos, esposas e hijos, nietos y biznietos de aquellos, son acreedores de una reparación pendiente. Pero los herederos de Franco no quieren dársela. 

L. de Guereñu Polán.