Todos los reyes han robado

Quizá con alguna exceción que confirma la regla. En relación a las informaciones que aparecen sobre el patrimonio de Juan Carlos de Borbón y el de alguna de sus hijas, no sería nada extrato que se hubiesen formado mediante irregularidades, dada la tradición existente en la monarquía española (y extranjera). El rey Alfonso XIII se llevó de España, cuando se exilió en 1931, un capital de 41 millones de pesetas, además de otros valores invertidos de diverso modo, aparte sus bienes patrimoniales. 

Están documentados los "negocios" de la regente María Cristina de Borbón con la banca Rothschild, prevaliéndose de su condición de regente, para incrementar los 40 millones de reales que el presupuesto del Estado destinaba a ella y a su hija en los años treinta del siglo XIX (además disfrutaban de los "reales sitios", lo que soportaba el Estado con otros 12 millones). De estos negocios se aprovecharon importantes personajes por su riqueza, como es el caso de Salamanca y Agustín Muñoz, este último el marido de Cristina de Borbón. De igual forma, la banca alemana citada, después de varios meses de negociación, consiguió "la devolución de [un] préstamo y el contrato del mercurio de Almadén... tras un flagrante fraude en la subasta y un soborno bien documentado" -dice López-Morell- a la reina y al conde de Toreno.

No menos expolió a las arcas públicas el traidor Fernando VII y los reyes que le precedieron, sobre todo el primero de los Borbón con sus veleidades sobre la monarquía francesa y la española. Sabidos son los gastos que representó el mantenimiento de la corte durante la dinastía habsbúrgica, por muy sobrio que se pinte al imprudente Felipe II. Nada que decir de los reyes anteriores, cuando la hacienda real se confundía con la del Estado...

Las monarquías en general y la española en particular, han resultado tremendamente onerosas al erario público, tanto por lo que han representado de gasto como por el escaso servicio que han prestado a la población, sobre todo desde el melífluo Carlos IV y sus sucesores hasta el citado Alfonso XIII, un rey que se empeñó en instrumentalizar el ejército a su servicio en una época en la que ya la monarquía constitucional -con todos sus límites- estaba en funcionamiento. 

Que los reyes y sus familias roben o hagan trampas para enriquecerse no debe asombrar a nadie, aunque debiera escandalizar a todos. Mientras el rey no sea considerado como un funcionario más, que haya de rendir cuentas de todos sus gastos, de sus incrementos patrimoniales en tanto que persona física, así como las operaciones mercantiles y financieras de sus familiares, que pueden actuar como intermediarios en aquellas, no nos debe extrañar que el fraude sea sufrido por todos y la riqueza engrose a unos pocos

L. de Guereñu Polán.