La Encuesta de
Población Activa (EPA) contabiliza como ocupadas a las personas que en la
semana de referencia en que se realiza la encuesta hayan trabajado al menos una
hora. En consecuencia, hace lo mismo con todos los que tienen contratos a
tiempo parcial, aunque desean tenerlo a tiempo completo.
La mencionada encuesta
no ha hecho públicos los datos sobre el porcentaje de empleados a tiempo
parcial correspondientes al año 2014, aun que si publicó en diciembre de ese
año los correspondientes a 2013 de los que se desprende que 2.717.300 personas
(un 16% de los empleados) tenían entonces trabajos a tiempo parcial, y que de
estos el 57,4% querrían poder hacerlo a tiempo completo. Es decir, eran
subempleados, o “medio parados”. De manera que podríamos hablar de “empleados a
tiempo parcial”, o también de “parados a tiempo parcial”. La cifra de 2014 me
temo que será mayor, pues es una modalidad contractual en ascenso desde que el
actual gobierno del Partido Popular impuso su reforma laboral.
El dato no es baladí
pues estamos hablando de más de 1.500.000 personas ya entonces, un colectivo
que, además, está siendo objeto de abusos tales como tener un contrato a tiempo
parcial, pero trabajando la jornada completa o incluso mas, en muchos casos sin
cobrar esas horas o cobrándolas en negro, es decir sin cotizar a la seguridad
social y a un precio inferior al que corresponde legalmente. Un abuso y un
fraude vergonzoso.
La Inspección de
Trabajo tiene mucho que hacer y mucho que decir sobre esto. Un simple cálculo a
la baja sobre las cifras publicadas del año 2013 y tomando como referencia las
bases mínimas de cotización a la seguridad social, nos da un resultado de mas
de 20 millones de euros al mes, o 250 millones al año como mínimo que la
Seguridad Social deja de ingresar, aparte del daño social derivado para efectos
de pensiones, prestaciones por desempleo, etc.
¿Por qué se soporta
esto? ¿Por ignorancia? No, por necesidad y por miedo. Por necesidad porque hay
miles de parados que ya no cobran ningún
tipo de ayuda o subsidio y aceptan lo que sea, y por miedo a ser despedidos si
protestan o denuncian su situación. ¿Pueden hacer la denuncia los sindicatos?
Si, pero si la concretan en una persona o empresa determinada pueden
encontrarse con el rechazo del propio trabajador o trabajadora por temor a un
despido fulminante, fácil y barato, que el sindicato no podrá evitar aún
ganando la demanda por despido improcedente. Además, hay demandas que tardan
años en resolverse por los Juzgados de la Social, y hay que comer todos los
días.
Tiene que intervenir la
Inspección de Trabajo y hacerlo sistemáticamente, levantando acta de infracción
cuando proceda tras visitar los centros de trabajo una y otra vez, entrevistar
a los empleados, revisar los contratos, las nóminas, las cotizaciones a la
seguridad social y demás documentación
laboral. La inspección no puede quedarse en el despacho esperando a
tramitar las denuncias que pueda recibir, porque no van a llegar, o lo harán
muy excepcionalmente. Los defraudadores y explotadores lo saben y por eso se
aprovechan, con el agravante de que la impunidad extiende cada vez más el
fraude.
Esta es una parte del
panorama que fruto de la reforma laboral impuesta por el gobierno de Rajoy y el
Partido Popular estamos sufriendo. ¿Por qué siendo así no actúa la Inspección
de Trabajo? Hay que preguntárselo y exigírselo en los parlamentos a la Xunta de
Galicia y al Gobierno Central. Y, sinceramente lo creo, además, habrá que
cambiar de gobernantes.
Xesús Mosquera Sueiro /
27 de marzo 2015
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