viernes, 27 de marzo de 2015

LOS CUENTAN COMO OCUPADOS, PERO SON PARADOS, Y MUCHOS DE ELLOS OBJETO DE ABUSOS INTOLERABLES

La Encuesta de Población Activa (EPA) contabiliza como ocupadas a las personas que en la semana de referencia en que se realiza la encuesta hayan trabajado al menos una hora. En consecuencia, hace lo mismo con todos los que tienen contratos a tiempo parcial, aunque desean tenerlo a tiempo completo.

La mencionada encuesta no ha hecho públicos los datos sobre el porcentaje de empleados a tiempo parcial correspondientes al año 2014, aun que si publicó en diciembre de ese año los correspondientes a 2013 de los que se desprende que 2.717.300 personas (un 16% de los empleados) tenían entonces trabajos a tiempo parcial, y que de estos el 57,4% querrían poder hacerlo a tiempo completo. Es decir, eran subempleados, o “medio parados”. De manera que podríamos hablar de “empleados a tiempo parcial”, o también de “parados a tiempo parcial”. La cifra de 2014 me temo que será mayor, pues es una modalidad contractual en ascenso desde que el actual gobierno del Partido Popular impuso su reforma laboral.

El dato no es baladí pues estamos hablando de más de 1.500.000 personas ya entonces, un colectivo que, además, está siendo objeto de abusos tales como tener un contrato a tiempo parcial, pero trabajando la jornada completa o incluso mas, en muchos casos sin cobrar esas horas o cobrándolas en negro, es decir sin cotizar a la seguridad social y a un precio inferior al que corresponde legalmente. Un abuso y un fraude vergonzoso.

La Inspección de Trabajo tiene mucho que hacer y mucho que decir sobre esto. Un simple cálculo a la baja sobre las cifras publicadas del año 2013 y tomando como referencia las bases mínimas de cotización a la seguridad social, nos da un resultado de mas de 20 millones de euros al mes, o 250 millones al año como mínimo que la Seguridad Social deja de ingresar, aparte del daño social derivado para efectos de pensiones, prestaciones por desempleo, etc.

¿Por qué se soporta esto? ¿Por ignorancia? No, por necesidad y por miedo. Por necesidad porque hay miles de parados que ya no cobran  ningún tipo de ayuda o subsidio y aceptan lo que sea, y por miedo a ser despedidos si protestan o denuncian su situación. ¿Pueden hacer la denuncia los sindicatos? Si, pero si la concretan en una persona o empresa determinada pueden encontrarse con el rechazo del propio trabajador o trabajadora por temor a un despido fulminante, fácil y barato, que el sindicato no podrá evitar aún ganando la demanda por despido improcedente. Además, hay demandas que tardan años en resolverse por los Juzgados de la Social, y hay que comer todos los días.

Tiene que intervenir la Inspección de Trabajo y hacerlo sistemáticamente, levantando acta de infracción cuando proceda tras visitar los centros de trabajo una y otra vez, entrevistar a los empleados, revisar los contratos, las nóminas, las cotizaciones a la seguridad social y demás documentación  laboral. La inspección no puede quedarse en el despacho esperando a tramitar las denuncias que pueda recibir, porque no van a llegar, o lo harán muy excepcionalmente. Los defraudadores y explotadores lo saben y por eso se aprovechan, con el agravante de que la impunidad extiende cada vez más el fraude.

Esta es una parte del panorama que fruto de la reforma laboral impuesta por el gobierno de Rajoy y el Partido Popular estamos sufriendo. ¿Por qué siendo así no actúa la Inspección de Trabajo? Hay que preguntárselo y exigírselo en los parlamentos a la Xunta de Galicia y al Gobierno Central. Y, sinceramente lo creo, además, habrá que cambiar de gobernantes.

Xesús Mosquera Sueiro / 27 de marzo 2015





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