Justicia asediada

Tengo la impresión -y no soy el único- de que una enorme cantidad de poderosos resortes están puestos en funcionamiento para que los casos judiciales en los que están envueltos destacados dirigentes del Partido Popular queden en nada o en poco. Es lo que llamo justicia asediada. Porque por muy independientes que sean los jueces (porque así lo dice la ley y así lo quieran ellos) hay una serie de factores que escapan a dicha independencia cuando los acusados son poderosos caballeros.

Don Rodrigo Rato está acusado de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude, delitos muy graves y más reprobables por haber sido cometidos (supuestamente) por quien ha ocupado altas magistraturas del Estado. Debe tenerse en cuenta que, cuando fue detenido, la Agencia Tributaria se había encargado de registrar su domicilio. El alzamiento de bienes consiste en ocultar patrimonio para dificultar las demandas de un acreedor o cualquier otro agente. Por si ello fuese poco, el señor Rato se ha beneficiado escandalosamente (esto ya está confirmado) de unas tarjetas de Caja Madrid que eran opacas al fisco y que han reportado a sus poseedores rentas acrecidas como si fueran sueldo (lo que no son). La estafa (utilizo aquí el término en su sentido genérico) supera los quince millones de euros.

El caso Gürtel se eterniza porque la instrucción es muy compleja y con muchas ramificaciones, pero también porque los abogados empeñados en desvirtuar las actuaciones judiciales se valen de ciertos presupuestos jurídicos que no suelen estar al alcance del común de los mortales. Casi doscientos imputados del Partido Popular no pueden ser considerados poca cosa: es corrupción en grado sumo. Se trata de financiación ilegal, defraudación, contabilidad paralela y otros delitos no menos graves. 

En la operación Púnica está encartado el preso Francisco Granados, que ocupó también importantes puestos de gobierno en la Comunidad de Madrid y en la administración local. Son casos que causan escándalo al más laxo de los ciudadanos y que dan idea de la concepción que tienen muchos responsables públicos del Partido Popular de la política y su ejercicio: una ocasión para enriquecerse. 

Los señores Bárcenas y Acebes, entre otros, están imputados (y no solo) por gravísimos delitos que podrían haber cometido (en la conciencia de la población no parece haber duda) mientras dichos señores y otros se pasean por el país y el extranjero con ufana chulería. Así podríamos seguir, pero no se trata de ser exhaustivos, sino de ir al grano de este artículo.

Varios medios de comunicación han advertido de la puesta en funcionamiento de la maquinaria jurídica y extrajurídica del Partido Popular para parar lo que se pueda, tapar más e influir al máximo nivel con el fin de que los casos arriba mencionados (y otros) vayan quedando en nada, se desinflen o queden reducidos al mínimo. Hay varias fórmulas para conseguirlo: el juez más honrado y diligente no deja de estar en contacto con otros colegas que pueden no serlo tanto, por lo que comentarios informales pueden estar influyendo en graves decisiones. Desde los puestos políticos puede haber llamadas (sería ingenuo no pensar que las hay) para que de forma muy indirecta y cuidadosa se tuerzan los designios que debieran cumplirse en buena lid.

La actividad de los señores Trillo y compañía es frenética en estos meses; además tienen prisa, pues quieren que los casos más difíciles de resolver se releguen "sine die" y los más "fáciles" se "solucionen" cuanto antes tirando por la calle de enmedio. Así hizo el señor Trillo con el caso Yak-42, en el que murieron setenta y cinco personas, sesenta y dos de ellas militares españoles. El embajador, anterior ministro, antes Presidente de las Cortes y asesor jurídico del PP, se dio prisa en coger los restos calcinados de los cadáveres y decir a las familias "ahí los tienen", sin que exista precedente de comportamiento tan deleznable. Son las prisas del que se siente culpable y esa doctrina es la que intenta imprimir el señor Trillo y sus subordinados a todos los casos de corrupción del PP judicializados. No importa la verdad, no importa la formación que uno tenga... lo que importa es pasar página, aunque sea engañando a la propia madre.

No está de más recordar que la asesoría del señor Trillo está siendo investigada por Hacienda por haber recibido del PP 100.000 euros en plena vorágine del caso Gürtel. Todo un ejemplo de villanía en el peor sentido de la palabra. 

Esta maquinaria poderosísima y ladina puesta en marcha por el PP desde hace tiempo no es novedosa. Forma parte de la tradición que inspiró el fundador de la formación, forjado en las más puras esencias de la manipulación judicial de un régimen orpobioso, el anterior al actual. Puede que los casos de corrupción en los que están incursos cientos de cargos públicos del PP queden en nada; puede que sean castigados muchos de ellos, pero la intención de torcer en lo que se pueda la acción de la justicia parece evidente.

L. de Guereñu Polán.