Paro y horas extras

Cuando se tiene un gobierno que miente y utiliza las instituciones para sus fines electorales, es difícil que en buena parte de la opinión pública cunda la idea de que es posible mejorar las condiciones de parte de la población española, la más oprimida, con medidas distintas de las que dicho gobierno aplica, incluso sin llegar a situaciones revolucionarias, que está comprobado la mayoría de la población no quiere.

Hay en España 5,4 millones de personas en paro mientras que -según datos publicados por varios medios- en el tercer trimestre del año 2014, 1,32 millones de personas del sector privado trabajaron diez millones de horas extras cada semana sin que les fueran pagadas, lo que es ilegal. La gran patronal española está a partir un piñón con este gobierno porque ha roto todos los compromisos del Pacto de Toledo, porque ha legislado a favor del despido libre, porque los contratos son leoninos contra los trabajadores y porqe, de facto, ha hecho desaparecer la negociación colectiva en buena parte de las empresas. 

Según el Partido Socialista, que ha presentado una proposición no de ley en las Cortes, aquellas horas extras no pagadas podrían dar trabajo a más de 273.000 parados. Seguramente la cosa es más compleja porque hay horas extras que han de ser realizadas por los mismos trabajadores debido a la naturaleza del trabajo, pero lo más grave es que dichas horas extras no sean pagadas, es decir, se cometa dun doble fraude: al trabajador sobreexplotado y a las arcas de la Seguridad Social. 

Se habla con frecuencia del grado de sinvergüencería y corrupción existente en algunos países nacidos recientemente al liberalismo económico (los países del Turquestán, Bielorrusia, Ucrania, Rumanía, Bulgaria, incluso algunos estados occidentales y no digamos en América Latina) pero ciertos sectores económicos españoles rayan en la criminalidad si no la superan. A ello contribuye un gobierno que ha tomado al mundo de trabajo por montera, con una ministra inepta a la cabeza y, en alianza con la patronal, permite los desafueros que en buena medida parecían superados. 

Ya sé que la inspección de trabajo ha sido una institución fallida en España, que los sindicatos tienen cortadas las alas y la legitimidad para actuar en casos flagrantes, que la población acepta ya con normalidad todo tipo de abusos, pero que un gobierno se solace en ello es poco común. España es uno de los países donde el mundo del trabajo más ha empeorado de entre los de la Unión Europea, bien entendido que digo esto partiendo de la situación conocida y alcanzada, por ejemplo, en los Pactos de Toledo a mediados de los años noventa. Todo han sido retrocesos sobre todo en los últimos cuatro años. 

El contrato a tiempo parcial actualmente en vigor es otro abuso sin precedentes en la democracia española. Sabido es que este tipo de contrato puede tener una duración inferior a siete días, pero cuando se entienda por tiempo indefinido (que no es lo mismo que definitivo) figurarán en el contrato el número de horas "ordinarias" a trabajar por día, semana, mes o año, así como su distribución, pudiendo el empleador disponer de dicha distribución a su conveniencia. Pero últimamente se ha flexibilizado de tal manera el contrato a tiempo parcial que un trabajador puede llegar a trabajar, a exigencias del empleador, hasta el 90% de una jornada "ordinaria" como "complementaria". El 10% restante lo distribuye el empleador como quiera. Todas las ventajas para una parte, ninguna para la otra. 

Esta visión del mundo laboral solo es propia de quien no siente los problemas de los trabajadores como propios, sino de quienes se han propuesto seguir en el poder mediante el engaño, la maledicencia, el oprobio y la alianza con los poderes económicos. Los sindicatos están, así, maniatados, pues ¿que combatividad puede tener un trabajador que sabe pende sobre su cabeza un contrato como el descrito? Malditos sean los que así legislan.

L. de Guereñu Polán.