Supongamos que el señor Mas es investido President de la Generalitat
próximamente. Pueden permitir que esto sea así las Candidaturas de Unidad
Popular en combinación con Cataluña si es
pot (o una parte de ella) para que el bloque independentista no se disgregue.
Aparte los pocos escrúpulos del señor Mas con la corrupción de su partido (no
sabemos si él mismo está enfangado) quizá sea la mejor opción de las posibles,
pues el empresariado catalán y un sector de su partido le harán reflexionar más
tarde o más temprano para que abandone –cuando todo se haya enfriado- a los
compañeros de viaje que se ha echado. Será entonces cuando descarrile el tren
independentista.
La lectura que algunos hacen de que todos los
que han votado CIU, Esquerra o CUP son partidarios de la independencia es una
majadería. Algunos analistas ya han indicado que el engorde de “Ciudadanos” se
debe, en parte, al voto de CIU que no quiere la independencia (por minoritario
que sea) además de a antiguos votantes del PP y del Partido Socialita. Otros
han señalado –y creo que con acierto- que el votante de la CUP es muy heterogéneo, pues
esta formación se presenta como anticapitalista, lo que habría llevado recibir
apoyos de este sector, que no necesariamente es independentista; en otros casos
porque no está incursa en casos de corrupción y en tercer lugar porque es el
“refugio” de un electorado de izquierdas a quien repugna cualquier otra opción.
El Partido Socialista de Cataluña ha trabajado denodadamente para que esto sea
así.
Cierto que puede haber partidarios de la
independencia que han votado a alguna formación no independentista, por ejemplo
Cataluña si es pot, pero el
porcentaje será pequeño. Por lo tanto, hoy por hoy, no se puede decir cuantos
catalanes estarían dispuestos a apoyar la independencia y cuantos no, aunque
estos son claramente mayoritarios. Por lo de pronto hay un 23% de catalanes
(los que no han votado) que no están interesados en el proceso (quizá algo
menos porque siempre hay una abstención “técnica”). No hay manera de saber si
una población es mayoritariamente independentista o no si por medio no se
celebra un referéndum, lo que en este caso es imposible (legalmente) porque así
lo establece el artículo 2º de la Constitución española (“indisoluble unidad de la Nación española”) por lo
que ningún Presidente del Gobierno (legalmente) podrá convocar nunca un
referéndum de este tipo y de hacerlo incurrirá en prevaricación y será nula su
convocatoria.
Otra cosa es pretender reformar el artículo 2º
de la Constitución,
perfectamente legítimo, y que no he escuchado entre los partidos políticos,
incluso los independentistas, quizá porque no quieren hacer alusión a la Constitución, lo que
implicaría un cierto reconocimiento de la legitimidad que dicho texto tiene.
Cierto que el artículo 2º de la Constitución española
es muy pretencioso, como lo fue el 12º de la Constitución de
Cádiz: la religión católica es y será perpetuamente la católica… Es evidente
que no fue así porque tal pretensión ningún legislador la puede garantizar,
como tampoco el cumplimiento del artículo 2º de la actual, redactado en unas
condiciones históricas que no podemos soslayar.
El caso de España es distinto al de Canadá o
Reino Unido, por poner dos ejemplos recientes donde hubo referendos, pues aquí
la cuestión territorial se consideró zanjada con los estatutos de autonomía,
fórmula que, si no me parece perfecta, es la que ha dado (con excepción de
Suiza) el mayor grado de descentralización de Europa. Otra cosa es la asimetría
que hay, en materia fiscal y presupuestaria, entre unas comunidades autónomas y
otras, y aquí está el margen para actuar con Cataluña por parte de los
legisladores que salgan de las elecciones de diciembre próximo. Lo demás son
ganas de perder el tiempo, aunque la minoría de independentistas catalanes lo
van a seguir perdiendo durante un tiempo más o menor largo, y el Estado debiera
tenerlos en cuenta no para obviar la ley, sino para actuar política e
inteligentemente respecto a ellos.
L. de Guereñu Polán.
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