miércoles, 25 de mayo de 2016

AQUELLA CONSTITUCIÓN EUROPEA

El 12 de Enero de 2005, el Parlamento Europeo aprobó una resolución por 500 votos a favor, 137 en contra y 40 abstenciones, en la que recomendaba a los 25 Estados miembros de entonces, que ratificaran en sus respectivos ámbitos mediante votación parlamentaria o referéndum, el texto de la Constitución Europea que se había venido negociando desde hacía dos años.

 El celebrado en España tuvo lugar el 20 de febrero de aquél año, y registró una participación de 14.204.663 electores (42,33%) obteniendo el “sí” 10.804.464 votos (76,72) el “no” 2.428.409 (17,24%) siendo los votos “en blanco” 849.093  (6,03%). Tanto el PSOE, partido en el gobierno entonces, como el PP, principal partido de la oposición, hicieron campaña a favor del “si”. Entre los partidos que  pedían el voto para el “no”, estaban, Izquierda Unida (IU), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), el Bloque Nacionalista Galego (BNG), la Chunta Aragonesista (CHU), Eusko Alkartasuna, o la Comunión Tradicionalista. Entre los sindicatos la CGT pidió el “no” y UGT y CC.OO. pidieron el “si”.

En el resto de Europa, otros 17 países la votarían también favorablemente, entre ellos Alemania, Austria, Bélgica, Grecia, Irlanda e Italia. La quiebra del proyecto se produciría en Francia donde el referéndum se celebró el 29 de mayo de 2005. Con una participación próxima al 70%, cerca del 55% de los votantes franceses rechazaron el Tratado, tras una fuerte movilización a favor del “no” impulsada por los partidos comunista, verde, y otros de extrema izquierda y el ultraderechista Frente Nacional, así como la organización ATTAC. Tres días después, el 1 de junio tendría lugar el referéndum en los Países Bajos, siendo igualmente rechazado el Tratado para una Constitución Europea por cerca del 62% de los votantes holandeses. La suerte estaba echada, sin el apoyo de Francia, un país clave en la creación de la Unión Europea y cuyo ex presidente Valéry Giscard d’Estaing había coordinado la redacción de la Constitución Europea, el proyecto no tenía viabilidad, había fracasado.

Así las cosas, el 19 de junio de 2007, la Presidencia  alemana del Consejo de la Unión Europea presentó una propuesta que bajo el nombre de “Tratado de reforma” pretendía suplir el vacío existente con nuevas reglas a la altura del tamaño y de los desafíos de la Unión Europea, con nuevas reglas que permitieran tomar decisiones. El resultado sería el “Tratado de Lisboa” suscrito por los estados miembros de la UE en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007. El Tratado incorporó aspectos que figuraban en el proyecto de Constitución contribuyendo a mejorar el funcionamiento de las instituciones europeas aunque sin conseguir los mecanismos necesarios para el control político de los mercados y los poderes financieros. De aquellos acuerdos saldrían las grandes líneas de las “políticas de austeridad” que eclosionarían pocos meses después.

Aunque la culpa de aquél fracaso se le pueda atribuir a sectores muy influyentes de la izquierda y la ultraderecha francesa, es lo cierto que otros intereses se movieron también en su contra porque el proyecto no era de su agrado. Uno de ellos fue El Vaticano que tras muchas conversaciones desde el inicio mismo de los trabajos, intentó incorporar al texto, sin éxito, una referencia expresa a las raíces cristianas de Europa, de hecho en marzo de 2005 la Secretaría del Sínodo de los Obispos emitió un comunicado titulado “El cristianismo ausente en la Constitución Europea, presente en la opinión pública”, insistiendo en las raíces cristianas de Europa (católicos, ortodoxos y protestantes). Tampoco la City londinense y sus amigos estadounidenses del mundo de las finanzas se mostraron entusiastas del proyecto de Constitución y de la idea de los “Estados Unidos de Europa”. De hecho, el “no” de Francia y Holanda no suponía legalmente la quiebra del proyecto pues bastaba con que fuese aprobado por 25 de los 28 estados miembros de la Unión. El gobierno británico había previsto realizar una “consulta no vinculante” para una fecha bastante tardía, la primavera del 2006, sin embargo tras conocerse los resultados de Francia y Holanda anunció de inmediato la suspensión de la consulta, con lo que, conscientemente acabó así dando la puntilla al proyecto.

Van allá once años desde que aquél gran proyecto se quebró y fue sustituido por los Acuerdos de Lisboa. Once años que han sumido a Europa en una gravísima crisis económica, política, social y de valores de alcance imprevisible. A los efectos de las políticas de austeridad sobre todo en países como Grecia, España, Portugal, Italia o Francia, hay que añadir el terrorismo, la guerra de Siria y la crisis de los refugiados, los problemas con Rusia y Ucrania, el referéndum en marcha para la salida del Reino Unido de la UE, y sobre todo el estancamiento económico de Europa, el aumento del paro, la pobreza y el auge político de la ultraderecha anti europeísta y el avance de los llamados “populismos” de derecha e izquierda. Ciertamente un mal panorama.

Hoy, somos muchos los que seguimos echando en falta aquella Constitución Europea, que aún con sus carencias, hubiese supuesto una base de poder político frente al poder sin control de las grandes entidades financieras y multinacionales que hoy está amenazando seriamente no solo el futuro de la UE sino el de sus estados miembros, entre ellos el nuestro. Lamentablemente, los maximalismos de quienes desde la izquierda querían una Constitución más avanzada y progresista, acabaron coincidiendo, por distintas razones, con los maximalismos de la ultraderecha con los resultados que ahora lamentamos. Una experiencia histórica reciente sobre la que se ha reflexionado poco, y de la que a tenor de lo que está sucediendo ahora en España, un amplio sector de la izquierda parece no haber aprendido nada.

Xesús Mosquera Sueiro / 25 de mayo de 2016







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