¿Para qué sirven las encuestas?, ¿El sistema
D’Hondt era tan anti democrático?, ¿Los votantes y abstencionistas son
inocentes o cómplices?, ¿Quién tiene que resolver el lío?
Sobre
las encuestas.
En este país, y desde hace años, vengo sosteniendo que hay una conclusión
evidente: La práctica totalidad de lo que se está publicando, valorado en
conjunto, tiene como primer, y casi
único, objetivo, que el electorado, que
pasa por un estado de confusión
superlativo, acepte las tesis ideológicas que interesan a los dueños del medio
que publica la encuesta, sondeo o estudio.
Esa
confusión está siendo alimentada desde importantes grupos de presión económicos
y mediáticos, así como por el propio gobierno y su partido, para que ignorando
realidades como el impacto de los recortes, las pérdidas de derechos, y una corrupción no tan generalizada, como
por otra parte se quiere vender (la inmensa mayoría de los casos se centra en
un solo partido), el hipotético bien a obtener mediante la emisión del voto sea
algo tan etéreo e instrumental como la estabilidad, confundiendo la herramienta
con la obra.
Vamos,
que lo que menos importa es la opinión de los entrevistados, en contra de lo
que la mayor parte de los titulares mediáticos sostienen, lo verdaderamente
importante para los que invierten en las consultas es influir en una opinión
pública, que tiene difícil digerir el alud
de datos y discursos, que recibe, y la incomprensible, desde el punto de
vista democrático, inacción del principal responsable, en medio de una situación política donde la
venta de estabilidad es un insulto a la inteligencia, o al sentido común , si así
se prefiere.
El
episodio de las últimas elecciones es la prueba del 9, de lo anterior.
Sobre
el sistema electoral y D’Hondt.
Dos han sido las acusaciones de falta de democracia: una que dejaba fuera a las
minorías por falta de proporcionalidad, y que la aplicación del fórmula D’Hondt
era la responsable de perpetuar el bi-partidismo.
Empezando
por lo último, ¿Hoy alguien puede sostener la tesis, de que el origen del
bi-partidismo, era el sistema?, evidentemente no. Siguiendo con la proporcionalidad,
una pregunta previa: ¿Nos imaginamos una salida a la gobernabilidad con un
Congreso más fragmentado? Pero el corte no lo da el sistema de reparto de escaños
en el Congreso, dos son los factores principales, el mínimo del 3% que exige alcanzar
la Ley Electoral General, y sobre todo que haya un número de diputados por
provincia mínimo inicial de dos, al margen que la provincia tenga un censo escasísimo
de votantes, los restantes se distribuyen entre las
provincias en proporción a su población de derecho. También aumentaría la
proporcionalidad al subir hasta los 400 el número de diputados electos, como
recoge la Constitución, que también permite que una reforma de la LEG cambie de
dos uno el mínimo inicial de diputados por provincia, o el 3% (aún cuando esto último
impactaría solo en las provincias más habitadas)
Respecto
al Senado, el simple cambio, en la LEG, del requisito de que cada votante pueda votar
solo a dos candidatos, en vez de los a los tres que permite ahora, variaría radicalmente
las posibilidades de las mayorías muy absolutas que se dan en la actualidad.
Todas
las reformas expuestas anteriormente solo necesitan mayoría absoluta simple en
el Congreso (176 diputados).
Respecto
a la responsabilidad que se asume al emitir el voto.
Discrepo
profundamente con aquellos que mantienen que toda la culpa de lo que pasa es de
los políticos en general, o que los votantes siempre aciertan, olvidando lo
básico: cuales son los objetivos del proceso electoral democrático, a saber,
valorar los hechos del gobierno saliente y la credibilidad de las ofertas de
los que pretenden sustituirle, basándose también en los logros de las fuerzas y
partidos que las hacen, no por lo que
piden sino por lo que consiguen, allí donde han gobernado o gobiernan y de las
consecuencias de sus votaciones históricas.
Creo
que es de Vargas Llosa la frase: “Por regla general, los pueblos tienen los
gobiernos que merecen tener, aunque luego se arrepientan."
Así
pues si los electores vuelven a dar su confianza a quien ha incumplido las
promesas realizadas para acceder al gobierno, no podrán alegar engaño y
responsabilizar a los dirigentes del partido triunfante, si es el mismo. O si
apuestan por las fuerzas que proponen medidas incompatibles con la realidad, y
cuyos escasos antecedentes coinciden con aquellos extremos que propugnan la
vuelta atrás en la historia, no pueden hacer responsables a otros partidos en
competencia. Yo no comparto las tesis de
que los ciudadanos son inocentes de lo que deciden con su voto, y desde luego
deben asumir las consecuencias, incluida
la posible ruina de su país y de sus proyectos personales.
Como colofón, son los abstencionistas los que se
hacen, con la renuncia a su derecho democrático, más que responsables
directamente culpables de una situación que podrían cambiar votando.
Otra cuestión ¿Quién tiene que
resolver el lío? La responsabilidad de dar
salida a la situación la sitúan los ciudadanos en unas manos concretas. El
intento de distracción pidiendo cuenta a los partidos que han quedado en
minoría, por intenso que sea, no deja de ser, al igual que afirmé sobre las encuestas,
un burdo intento de manipulación de la opinión pública, al servicio de intereses
nada claros. Los votantes han apartado de formas clara del primer plano al
PSOE, pedir ahora que sea el protagonista del devenir del proceso de
investidura, debe interpretarse como un
ataque directo a esa organización y una falta de respeto a sus votantes.
En febrero de 2012, justo
después de la intervención del Sr, Rajoy en su investidura, escribí un artículo
titulado: El barco España no tiene capitán. Yo creo que no me equivoqué, los
votantes del domingo han opinado en contra, sean ellos los que asuman su
opinión hasta las últimas consecuencias.
Junio de 2016
Isidoro Gracia
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