domingo, 19 de febrero de 2017

Cómo veo a España



Mal. Y como soy un español medio, debe de haber muchos que tengan la misma impresión. Nos gobierna el partido de la corrupción, que no ha sido capaz de denunciar ni a uno solo de sus corrompidos miembros antes de que lo hicieran periodistas, fiscales, funcionarios o policías. Los principales partidos de la oposición están descerebrados, hasta el punto de que no se pusieron de acuerdo para evitar el acceso al gobierno de un presidente que ha encubierto algunos de aquellos casos de corrupción, si no ha participado en otros. Se da la circunstancia de que a la corrupción se suma el descerebramiento, como ocurre con ciertos nacionalistas catalanes; el nivel del discurso político es bajísimo, como se puede ver en el Parlamento, en la televisión y en cualquier foro. Se cuentan con los dedos de la mano los responsables públicos que tienen una altura de miras digna de un país que aspirase al desarrollo.

Los sindicatos han caído en la mínima expresión desde que existen –con excepción hecha de las etapas dictatoriales- los medios de comunicación están colonizados por la opinión conservadora, como se puede oír y leer una y otra vez cuando se habla de los grandes temas de la política nacional e internacional. España no tiene política exterior, particularmente con América latina, como se ha demostrado en el caso de Cuba –y ahora México- cuando falleció el dirigente Fidel Castro. En la Unión Europea nuestro país no juega el papel, por ejemplo, que jugó la Italia de Renzi, y no se ha escuchado ni una sola idea sobre el papel que le corresponde a nuestro país ante las consecuencias de la salida de la Unión del Reino Unido.

En materia de inmigración nuestro país es –de entre los mediterráneos- el que menos ha hecho, negando los más elementales derechos humanos a los que sufren; no se respeta la ley de memoria histórica, pero es que tampoco se respeta la ley en general, de lo que han venido dando cuenta los jueces en los últimos años. La recuperación económica, que no ha llegado a todos ni mucho menos, va a rebufo de lo que ocurre en el resto de Europa y del mundo, sin que exista una política que favorezca la investigación, el desarrollo tecnológico, la educación y la suficiencia financiera de las Universidades (que, dicho sea de paso, son muchas en un país que no tiene a ninguna entre las más importantes del mundo).

Institucionalmente España está paralizada: no solo por el caso del nacionalismo catalán, sino porque no se sabe que hacer con la actual Constitución, que es válida en muchos aspectos y gozó de un consenso del que quizá no goce otra. Cuando un país está paralizado institucionalmente es porque tiene un Gobierno al que le da igual con tal de que los intereses que representa estén a resguardo. Ningún partido sabe que hacer con el Senado, incluso los que dicen que debe desaparecer, porque ello implicaría previsiones que nadie ha hecho.

Hay problemas sin resolver: el de las pensiones es uno de los más graves, sin una política demográfica, que tendría que compaginarse con leyes laborales totalmente opuestas a las que están en vigor, habiendo dilapidado el ahorro que los españoles hicieron (unos 60.000 millones euros) para garantizar la pensiones en el medio plazo. El pacto educativo que no ha hecho más que empezar va a tropezar con los escollos de siempre: la derecha no va a permitir que prime la diversidad sobre la excelencia, va a regatear recursos, va a seguir aumentando la “ratio” profesor/alumnos, no va a dotar a los centros de profesores de pedagogía terapéutica, se va a negar a toda secularización de la enseñanza, por más que los países europeos más avanzados ya tienen este asunto resuelto desde hace años.

España es un país con un tejido industrial nada desdeñable, con potencialidades por la relativamente alta cualificación de parte de su juventud; la renta del turismo, que sigue siendo de las más altas del mundo en relación al PIB, debiera permitir que la oferta fuese de más calidad. Pero no hay una política para que lo invertido en los jóvenes se aproveche en el propio país; la ley de costas favorece la especulación y no la preservación de las costas con vistas al futuro; la descentralización del Estado ha traído desigualdad, en algunos aspectos inadmisible, entre unos ciudadanos y otros.

Un gobierno distinto –en personas e ideario- del actual, tendrá un camino enorme por desarrollar, restaurando lo mucho que se ha destruido, y sobre todo regenerando el país contra la ponzoña en la que está inmerso, lo que quizá no se consiga en menos de una década, porque depende de educación, ejemplaridad, nuevos dirigentes políticos, una nueva moral. 

L. de Guereñu Polán.


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