¡Por fin!

He tenido que esperar no poco tiempo para que alguien explicase en que consiste la reforma federalizante que el PSOE pretende para España. En televisión, la exministra Carmen Calvo, que me ha parecido de una brillantez inusual en los tiempos que corren, ha desarrollado toda la teoría sobre el agotamiento del sistema autonómico en España después de más de treinta años de andadura. En efecto, la formación de Comunidades Autónomas fue el resultado de las previsiones constitucionales: la representación política de cada región que aspiraba a ser reconocida como Comunidad Autómoma, iniciaba un proceso por el que se ponía de acuerdo con el Estado en sus objetivos. Así tenemos un resultado desigual, consecuencia de diecisiete autonomías que -no conjuntamente- sino cada una por separado, han ido pactando con el Estado su constitución, las transferencias, etc.... y dichas transferencias se siguen negociando treinta años más tarde, así como el modelo de financiación autonómica.

Un estado federal, para doña Carmen Calvo, es el resultado de una discusión, al mismo tiempo y en una misma mesa, del Estado con todos los poderes regionales (o nacionales, a estos efectos da igual) de manera que el Estado exprese hasta donde está dispuesto a ceder competencias, cuales van a asumir y con que responsabilidad los estados federados (o comunidades autónomas) y cual va a ser el modelo de financiación autonómica sin modificarse dependiendo del vaivén político en cada una de las comunidades autónomas, sino el resultado de un pacto global que se prolongue en el tiempo hasta que las circunstancias obliguen a su revisión; en cuyo caso tendría que volverse a producir un pacto de uno (el Estado) con las diecisiete comunidades o estados autónomos al mismo tiempo.

Es una fórmula que ya existe y el principal ejemplo es Alemania, de manera que Sajonia o Baviera no pueden, cada año, cuestionar la financiación autonómica que se ha pactado entre todos los "lander" con el Estado. Está el espinoso asunto de la Hacienda vasca, que solo se explica por razones históricas que los constituyentes quisieron recoger en la Constitución de 1978 para atraer al pacto constitucional al nacionalismo vasco. No se consiguió pero sí que la Constitución la votasen por mayoría los vascos (Guipúzcoa fue la única provincia de España en la que el "no" a la Constitución superó al "sí").

La exministra dijo también sin dudarlo un momento, que la exigencia de una Hacienda propia para Cataluña estaba fuera de toda posibilidad, entre otras cosas porque esta comunidad financia mucho de lo que el Estado necesita para cumplir con la solidaridad interregional (no es así en el caso de las provincias vascas: territorios históricos). En todo caso a nadie se le escapa que una vía como la expuesta por la exministra precisa de una reforma constitucional que el principal partido del país no quiere. Los demás parece que sí la ven necesaria, pero en sentidos distintos e incluso opuestos. Ciudadanos tiene poco recorrido en este asunto, porque cambia de parecer a cada momento y su centralismo ramplón está contra el resto del país. 

Los demás partidos, con el PSOE como único que parece tener una propuesta elaborada, andan a lo suyo: los del señor Turrión son una cosa en cada comunidad, donde no hay parecido alguno entre sus homólogos (decir seguidores sería excesivo) catalanes, valencianos, madrileños o andaluces. Los independentistas catalanes -hoy po hoy- no entrarían en la dialéctica del PSOE, pues aspiran a un imposible si no se tiene al 80% de la población detrás, y el PNV ha pasado, y son palabras de la propia ministra, de proponer un Estado asociado (Ibarretxe) con ETA matando en todo el territorio patrio, a exigir tan solo cuatro mil millones de euros para tener una Hacienda saneada que le permita dar servicios a los vascos.

La propuesta es arriesgada y necesita concitar un gran acuerdo nacional que no se daría sin el PP y sin el nacionalismo catalán, que tiene gran fuerza en Cataluña. Para llegar a buen puerto con esta propuesta habría que contar con personal de altura, verdaderamente interesado en solucionar problemas al país y no creárselos, se necesita que quienes negocien esta propuesta u otras que se presenten no estén enmarañados en tramas de corrupción que les llegan a las entrañas (PP y la antigua CiU) y, por último, que triunfe la política, es decir, que las partes negociadoras sepan, de antemano, que no se van a llevar solas el gato al agua, sino renunciando, cediendo, discutiendo, dando ejemplo y planteando soluciones alternativas aceptables ante aquellas que no lo sean para uno. 

Lo demás, cambiar de opinión a cada paso, no tener un partido cohesionado, estar a la espera de que el país se hunda o empecinarse en una solución independentista imposible, es perder el tiempo.

L. de Guereñu Polán.