Cuando tras la victoria por
mayoría absoluta del PP, comenzaron en 2012 y 2013 los recortes y las reformas
estructurales neoliberales (laboral, pensiones, sanidad, enseñanza...) pensé
que la izquierda sindical y política de Cataluña capitanearía la rebelión
contra aquellas medidas. De hecho, las manifestaciones de rechazo no solo
fueron multitudinarias y cargadas de agresividad, sino incluso violentas. Los
manifestantes llegaron a bloquear la entrada al Parlamento catalán, y el entonces
Presidente de la Generalitat, Artur Mas, hubo de acceder al mismo en
helicóptero en varias ocasiones.
Fue entonces cuando Artur Mas
decidió cambiar de tercio con su proclama de “España nos roba” consiguiendo
dirigir el enorme cabreo hacia el gobierno central, y convirtiendo la
reivindicación social en reivindicación nacionalista primero e independentista
después, y promoviendo unas elecciones de signo plebiscitario encaminadas a la
creación de un gobierno con mayoría independentista presidido por él mismo.
Es cierto que su estrategia
quedó muy tocada por los casos de corrupción que implican a la cúpula de la
entonces CDC, hoy PDCAT, incluso a Jordi Pujol y su familia, y sobre todo por
el comportamiento de la CUP exigiendo y consiguiendo nada menos que la dimisión
de Artur Mas como candidato a presidir el nuevo gobierno de la
Generalitat. Sería ingenuo pensar que
aquello supondría la entrega de la dirección del llamado “procés” a la
formación anarquista. Nada de eso, me sumo a los que opinan que es la CUP la
que ha venido siendo utilizada por el núcleo duro del sector independentista de
la burguesía catalana, que sí diseñó “el procés” y lo está dirigiendo.
Es la burguesía catalana que al
amparo del gobierno de la Generalitat se enriqueció a lo largo de estos 40 años
de democracia, y que hoy, no sólo ve amenazados sus privilegios y sus fortunas,
sino que algunos están procesados y el hijo mayor del mismísimo Jordi Pujol
(Jordi Pujol Ferrusola) se encuentra en la cárcel. Una de las principales
medidas que el independentismo catalán pretende llevar a cabo si consigue su
objetivo es la derogación de las sentencias y expedientes abiertos por
corrupción a muchos de sus dirigentes. Como esto no será posible, parece
evidente que el tema podría ser objeto de negociación principal (aunque discretísima)
tras el 1-O. Yordi Pujol ya lo hizo, con un
esquema semejante, cuando lo de Banca Catalana.
Lo que mucha gente se pregunta
es donde está la otrora potente izquierda catalana. Es cierto que tras la
victoria de Pedro Sánchez, un aire nuevo parece haber llegado al PSOE y al PSC.
La firme posición de los alcaldes socialistas del PSC en contra de las
ilegalidades de los independentistas, aunque algo tardía, resulta
reconfortante. Y también las recientes declaraciones de veteranos sindicalistas
de UGT y CC.OO. ya jubilados. Pero se echa en falta la voz clara y una posición
firme de las direcciones de ambos sindicatos en Cataluña, un mal síntoma de
cara al futuro si algo no cambia. Y lo más preocupante aún es la falta de definición
y la división interna de los llamados “Comunes”, parece que desbordados por los acontecimientos y en
donde se integran entre otros los restos del PSUC, los colectivos de
IU-Los Verdes y un Podemos que parece en
clara connivencia con ERC. Sorprendentes han sido las descalificaciones de
algunos sectores al portavoz de “los Comunes” en el Parlamento catalán, Joan
Coscubiela, y la ambigüedad de la alcaldesa de
Barcelona Ada Colau, que preside una corporación de izquierdas pero
fraccionada, y más pendiente de las
encuestas que de “mojarse” tomando posición en tema tan trascendente para
Cataluña y para España.
Siendo cierto que España
necesita con urgencia un cambio político que expulse del poder al PP. También
lo es que la izquierda catalana tiene ante sí la exigencia de cambiar el relato
de los independentistas aunque solo sea
porque es falso y sepulta los intereses de la clase trabajadora,
confundiéndolos con los de la burguesía independentista catalana, tan corrupta
como la del PP.
Xesús Mosquera Sueiro / 21 de
Septiembre de 2017
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