Historia de unos cerdos

Conozco un partido político que se ha caracterizado por el acierto casi infalible en elegir a los personajes más viles, mendaces y miserables para su dirección. Salvo en una ocasión, en la que un joven de acento andaluz, grandes lentes y flequillo indisciplinado, rigió sus destinos por breve tiempo (no obedecía al patrón exigido) en los demás casos se han sucedido desde el fundador, un colaborador de la dictadura precedente, hasta al que muchos consideran criminal de guerra; otro, cobrador de dinero ilícito y amparador de corruptos y al actual, colaborador y correveidile de los anteriores, favorecido por sus profesores y por los tribunales para obtener títulos académicos sin esfuerzo ni mérito y, posteriormente, no ser castigado por ello. No obstante lo cual, la ciudadanía sabe bien de su catadura.

El partido político al que me refiero se tilda de conservador, pero yo diría incluso reaccionario: salió del cacumen de prohombres del franquismo, sin escrúpulos para perseguir, reprimir o matar al menos pintado. El más significado de ellos participó en el consejo donde se tomó la decisión de ejecutar a un inocente, como luego se demostraría (Julián Grimau), pero no acaban ahí sus tropelías. Con lo peor del país, contrabandistas, especuladores, patronos explotadores, delincuentes de variado signo y personal de la vieja escuela política, fundó el partido que luego heredaría un pequeño personaje partidario de invadir países y formar guerras en las que sus amigos hicieron pingües negocios. Él también se benefició de los favores del emperador mundial, otra medianía que ya está fuera de juego. Bajo su férula se cometieron todos los latrocinios que están ahora en los tribunales de justicia, y tiene a no pocos colaboradores entre rejas, aunque él se ha ido escabullendo… por ahora.

Este pequeño guerrero nombró a dedo a otro que luego no le siguió los pasos, excepto en lo de la corrupción, en lo que se mostró como un aventajado alumno. Y ahora un jovencito chuleta que, sin méritos, presume de este o aquel título aunque los tribunales de justicia ya han dicho que ha recibido trato de favor para ello. Vocifera por doquier, se muestra implacable con quien está gobernando el país con dificultades mil, sin medirse un ápice para pensar que él es heredero de toda esa pocilga de gorrinos cuyos purines y apestosos comportamientos mancillan al país.

Es la historia de unos cerdos de los cuales no se podría esperar otra cosa que lo que nos han deparado: miseria, mentira y vileza. Peor aún que  esos pacientes animales suministradores de jamones que pacen serenamente en las dehesas y que no merecen ser comparados con los cerdos de nuestra historia. Pido perdón a los de las dehesas.

L. de Guereñu Polán.

Un problema no solo de Galicia

La población de Galicia, en el año 2017, era el 5,82% del total de población española; menos que hace un siglo, por ejemplo. No hace falta que recordemos aquí el por que, pero es evidente que hay regiones de España que han crecido más económicamente y, por lo tanto, en población.

Aunque se suele decir que la población de Galicia está muy envejecida esto no es exactamente cierto, aunque ha ido envejeciéndose con el paso de los años. En 2017 los mayores de 64 años eran casi uno de cada cinco gallegos, lo que se explica por la alta esperanza de vida alcanzada, mientras que los de edades entre 20 y 64 años casi el 60%. Lo más grave, por tanto, no es esto, sino que no pocos gallegos con menos de 65 años son pensionistas, lo que representa un gran esfuerzo para el conjunto de la población, es decir, para el Estado. Además hay una gran diferencia entre el envejecimiento de la población en las provincias de Ourense y Lugo, por un lado, y A Coruña y Pontevedra por el otro, mucho mayor en las dos primeras.

No creo que la tendencia de los gallegos a tener pocos hijos y tarde (después de los 35 años) se vaya a corregir si no se dan, al menos, dos condiciones: un desarrollo económico que atraiga a población además de la existente con preparación suficiente, capaz de realizar trabajos con valor añadido, y una legislación laboral que combata la precariedad en el empleo, lo que no cuenta con el visto bueno de los empleadores, los patronos más que empresarios gallegos (aunque de todo hay).

Además de lo anterior los poderes públicos debieran tener políticas natalistas que deberían ir más allá que las campañas publicitarias: conciliación familiar (no siempre posible) y ayudas por los hijos habidos, lo que inevitablemente lleva a una recaudación impositiva mayor. Una vez más, dejar al libre juego del mercado el comportamiento de las personas lleva al desastre. A corto plazo no creo que se dé ninguna de estas condiciones, pero a medio plazo podría darse un nuevo ciclo cultural en nuevas generaciones que tengan menos temor a tener hijos más tempranamente que en la actualidad.

Un factor que considero importante es favorecer la llegada de inmigrantes de forma ordenada y planificada, más allá de la que lo haga por la necesidad imperiosa de sobrevivir, pero aquello no tendrá sentido si no se da la condición señalada en primer lugar: el crecimiento económico que permita la demanda de mano de obra por parte de nuevas empresas y las ya existentes. El sector público, en este sentido, tiene una importancia menor.

Si Galicia no corrige la situación demográfica que ahora tiene, sobre todo en las provincias de Ourense y Lugo, el coste de la población pasiva (permítaseme el calificativo) será difícil de atender. Retrasar la edad de jubilación en algunas profesiones, en beneficio de otras, será otra medida que considero inevitable, y creo que se puede conseguir un gran acuerdo sobre esta última materia si se explica bien y no se toman medidas precipitadas, sino debidamente engarzadas unas con otras.

Galicia, como otras comunidades, siempre contará con la solidaridad del conjunto de España para dar solución a un problema que no es de mañana, sino de hoy mismo.

L. de Guereñu Polán.

Enriquecimiento y muerte de SEJE

SEJE es como llama el historiador Ángel Viñas al general y dictador Franco (“Su Excelencia el Jefe del Estado”) en una obra titulada “La otra cara del Caudillo”. Entre varios asuntos, y siguiendo a historiadores como Javier Otero y Sánchez Soler, demuestra de forma incontestable cómo SEJE planificó su enriquecimiento desde muy pronto, concretamente el año 1937, y siguió acumulando riqueza sin reparar en las fórmulas hasta, por lo menos, principios de los años sesenta. Los negocios de SEJE en esa década ya no tenían el mismo interés para él porque España –son palabras del citado Ángel Viñas- era una gigantesca finca de su propiedad.

Son sabidas las precauciones que SEJE tomó cuando aún no era Jefe del Estado y se dispuso a participar en el golpe militar que llevó a la guerra civil de 1936, respecto de su familia (esposa e hija) por si fracasaba la intentona y los militares golpistas eran apresados. Luego, y  durante más de veinte años, SEJE fue acumulando una fortuna en dinero que estuvo depositado en varias cuentas del Banco de España, propiedades inmobiliarias y regalos que, lejos de engrosar el patrimonio nacional, fueron disfrutados espuriamente por él.

Javier Otero publicó en 2010 las cuentas de SEJE tras un trabajo que Ángel Viñas ha podido comprobar impecable en sus resultados: dinero que estaría destinado a los huérfanos de guerra, 689.000 pta.; a disposición de S. E. en el Banco de España en Madrid, 9,9 millones de pesetas; otra cuenta en el Banco de España, 11 millones de pesetas; donativos que debían ser destinados a indígenas africanos que participaron en la guerra, 56.000 pta.; a disposición de SEJE en el Banco de España en Burgos, 215.000 pta.; a disposición de SEJE en el Banco Hispano Americano, 6 millones de pta.; a disposición de SEJE en el Banco Español de Crédito, 6 millones de pta.; a disposición de SEJE en el Banco de Bilbao, 3 millones de pta.; a disposición de SEJE en el Banco Mercantil de Madrid, 468.000 pta.; dinero que habría de servir para la reconstrucción del Alcázar de Toledo, 258.000 pta.; total: algo más de 34 millones de pta. si sumamos, a las cantidades anteriores, 7,5 millones de pta. que Viñas ha comprobado, con una labor de archivo tediosa y larga, que corresponden a la ¡venta de café! Aquel importe se abonó en la cuenta –según ha podido comprobar Viñas- 70.713 del Banco de España, pero otra cuenta abierta en marzo de 1938 en el mismo Banco en Burgos, recibió también depósitos a disposición de SEJE.

Con la crisis económica que padeció el mundo en la década de los treinta, el café, que no tiene valor alimenticio, y que por lo tanto no es un producto de primera necesidad, sufrió un bajón espectacular en su precio en uno de los países productores, Brasil. El peculiar Getulio Vargas, a la sazón Presidente, decidió deshacerse de buena parte del café para que, escaseando, su precio aumentase y favorecer así a los empresarios cafetaleros. SEJE recibió un regalo de café por valor de esos 7,5 millones de pesetas que vendió aquí y allá para acrecentar su patrimonio. Es evidente que SEJE se valió de testaferros para estas operaciones, como de la más absoluta opacidad para hacer uso de fondos del Estado a su nombre y en su exclusivo beneficio. Viñas detalla con todo lujo de datos los kilos y su valor en pesetas enviados a las diversas Delegaciones de Abastos y Transportes, destacando, como es lógico, Barcelona y Madrid.

Para que nadie protestase –si es que se pudiese- SEJE hizo partícipes de regalos a militares en los que confiaba más o menos: Viñas cita a Yagüe, Moscardó, Varela y Aranda (esta último, junto con otros, se benefició más tarde de la “caballería de San Jorge”, sobornos de la diplomacia británica a favor de quienes influyesen en SEJE para que no entrase en guerra al lado de Alemania). Otros militares premiados con regalos por SEJE fueron Solchaga, Perales, Serrador y Ponte. Beneficiarios fueron también clérigos (obispos), funcionarios y otro personal allegado al Caudillo.

SEJE también recibió donativos de la empresa norteamericana ITT vía Compañía Telefónica Nacional de España y tuvo, como es lógico, el salario que le correspondía como Jefe del Estado, que el Ministro de Hacienda, José Larraz, acomodó según las exigencias y necesidades de su amo. En sus “Memorias”, publicadas en 2006 que yo sepa, no dice nada de los amaños que hubo de hacer para que cuentas a nombre de Franco con dinero público fueran utilizadas por este a su antojo.

Luego vino la especulación inmobiliaria, de la que ha sido heredera su familia, por medio de la empresa Valdefuentes S. A., escriturada por el laxo notario Pelayo Hore, amigo de Blas Piñar. A Valdefuentes S. A. hace referencia el primo y secretario de Franco, Salgado-Araújo, en una famosa obra llena de lagunas publicada tras la muerte del dictador. Viñas ha podido rastrear este asunto: los socios fueron tres, la sociedad Parcelatoria Milla S. A., que aportó 27 terrenos por valor de 732.000 pta., a las que hay que añadir 1,2 millones, valor del ganado, maquinaria agrícola, aperos y algunas instalaciones; el segundo socio fue José María Sanchiz Sancho (tío del marqués de Villaverde) casado con doña Enriqueta Bordiú, apellido que es conocido por los españoles; el tercer socio fue el abogado Luis Gómez Sanz, que aportó 100.000 pta. en efectivo. Esta sociedad se constituyó en 1951 y, a partir de aquí, hizo sus negocios con ventaja, incumpliendo la legalidad, especulando sin freno y enriqueciendo a SEJE, que era el verdadero dueño valiéndose de los testaferros que figuraban como propietarios. Por medio está la señora Polo, esposa de SEJE, que aparece manipulando Valdefuentes S. A. muy pronto (no sería bien visto que el Jefe del Estado figurase como propietario de una empresa inmobiliaria destinada a enriquecerlo mientras los españoles aún seguían con las cartillas de racionamiento).

Franco, a mediados de los años sesenta, pudo haber acumulado un patrimonio valorado en unos 83 millones de pesetas (hágase el cálculo, teniendo en cuenta el valor del dinero, de lo que representaría en euros hoy). Suficiente para dejar a su familia un buen vivir. Como Hitler, Franco robó a su pueblo, al Estado, por lo que, además de dictador cruel, se le puede aplicar sin duda ya el título de ladrón.

Pero como a todo ser humano, le llegó la hora definitiva, sin que el poder, la vanidad, la riqueza y otras miserias terrenales valgan de nada. Cuando el año 1975 se agotaba, SEJE se murió de viejo, de tanto mandar y matar y de tanto robar: y ante el cuerpo yacente de SEJE, el que al día siguiente sería proclamado por las Cortes rey de España; Arias compareció con su bigotillo fascista; los periódicos rezaban “Ha muerto Franco” y frases por el estilo; en un despacho discurren Rodríguez de Valcárcel, el obispo de Zaragoza y Salas Larrazábal (no el historiador); las mujeres de SEJE con una elegancia fúnebre y entre los asistentes al sepelio, dos joyas de la política internacional: Imelda Marcos y Pinochet… El gentío se agolpa en las calles para visitar al Caudillo ya inerme y el rey jura su cargo en las Cortes en presencia de Armada, el futuro golpista que parece perder su mirada en el infinito, los hijos del rey (entre ellos la que luego se enriquecería a la sombra de su padre y el que sería rey más tarde).

El féretro del Caudillo fue transportado en un armón de artillería rodeado de guardias con sus capas y cascos a caballo. La gran losa se abre en Cuelgamuros y el fascista Girón lee un documento ante el nuevo Jefe del Estado. En la misa, a modo de ungimiento, el cardenal Tarancón, a quien la extrema derecha quería tratar como Yagüe y Castejón a los extremeños en 1936. En una fotografía que se difunde aparece Fraga espatarrado con don Torcuato (Fernández Miranda) y otros varones del régimen que estaba a punto de fenecer.

SEJE ya no es SEJE; a partir de esos momentos que hemos descrito, pasa a formar parte de la conciencia de no pocos españoles que se identificaron con él, por interés, por miedo, por miseria, por lo que sea. Muerto el Caudillo ya su fortuna no era de él, sus robos, sus crímenes se fueron con él pegados a su menguado cuerpo sepulto, sin poder adivinar los insondables secretos de la muerte.

L. de Guereñu Polán.

De las desamortizaciones a las inmatriculaciones

¿Cómo es posible que hayamos seguido un camino inverso al de otros países que están en nuestra esfera geopolítica, y la Iglesia española se haya recuperado con tanto éxito desde el momento en que sufrió las grandes desamortizaciones de bienes raíces durante el siglo XIX?

Véase que por muchos embates que la Iglesia haya tenido que sortear, a la postre siempre ha salido airosa: posee hoy una riqueza muy superior a la que poseía en siglos pasados. Las donaciones constantinianas, sobre las que la primitiva Iglesia ya se ocupó en hacer las falsificaciones pertinentes, fueron el origen de una organización que de ser perseguida pasó a perseguidora, de ser minoritaria, pasó a mayoritaria en Europa (luego en América) y de ser una Iglesia pobre, enseguida se convirtió en una Iglesia opulenta.

La gran revolución liberal española, que no fue tan rápida y segura como la francesa, se dio en varios momentos: durante la ocupación del país por las tropas napoleónicas (Constitución de Cádiz, monumento jurídico que ha servido de inspiración para otras constituciones, españolas y de otros países), durante la primera guerra carlista (grandes desamortizaciones eclesiásticas) precisamente cuando estuvo en vigor el Estatuto Real, antítesis de la Constitución gaditana y luego la de 1837, desde 1855 (desamortizaciones generales) y desde 1868 con la “revolución gloriosa”. Todos ellos períodos cortos, convulsos, con oposiciones feroces desde dentro y fuera de España.

La masa de bienes con los que se hizo el Estado en el siglo XIX, sobre todo propiedad de la Iglesia, que esta había acumulado a lo largo de los siglos, constituye un fenómeno revolucionario verdaderamente asombroso. No menos que las artes con las que la Iglesia había llegado a poseer tan monumental patrimonio (dicho sea en el sentido cuantitativo y cualitativo): desde las donaciones piadosas, pasando por los favores reales, nobiliarios, compras, usurpaciones, apropiaciones por deudas… Es notorio el papel en este sentido del abad Cresconio en la Celanova (Ourense) de la Alta Edad Media.

¿Y si el Estado iniciase un proceso desamortizador de los bienes eclesiásticos, hoy, como el que se llevó a cabo desde hace dos centurias? Sería esta política mala y ofensiva mientras las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia buenas y santas? No se dan las condiciones en la actualidad que se dieron en el siglo XIX, ni muchos de los bienes raíces de la Iglesia están hoy “muertos”, ni están interesadas las clases pudientes hoy en adquirir mediante subastas monasterios, hospitales, escuelas, hospicios, fincas y otras propiedades.

La legislación llevada a cabo por el señor Aznar en el año 1998 para que la Iglesia pudiese inmatricular a su favor bienes de la más variada naturaleza, con la sola condición de que no estuviesen registrados a nombre de otros propietarios, es de una perversidad y vileza pocas veces igualable. El favor de la Iglesia oficial al señor Aznar y a su partido ni siquiera justifica expolio tan gigantesco, y digo expolio porque la inmensa mayoría de esos bienes fueron obra del trabajo comunitario, por lo tanto del conjunto de la población. Luego pueden venir los argumentos, tan queridos por la Conferencia Episcopal, sobre los siglos transcurridos desde el uso por parte de la Iglesia y otras consideraciones que, en la mayor parte de los casos, no cuentan con el título de propiedad exigible a cualquier otra persona, física o jurídica.

Menos mal que en el año 2014, ya con otra administración, se reformó la ley hipotecaria poniendo coto al abuso de inmatricular bienes por parte de la Iglesia. Pero el mal estaba hecho. Si la Iglesia no fuese combativa con el Estado democrático, llegaría a un acuerdo con cualquier tipo de gobierno que rigiese los destinos de España, pero la Iglesia, ya mediante los preceptos de su Derecho Canónico, ya de facto, combate a favor de “sus” bienes como si la vida le fuese en ello.

Los españoles, como los de otras épocas, tenemos un problema añadido: la necesidad de recuperar para el bien púbico multitud de bienes de los que la Iglesia se ha apropiado, legal o ilegalmente, durante siglos. No se trata ya de los edificios dedicados al culto religioso (hay países en los que están secularizados, es decir, son propiedad del Estado), sino fincas, negocios, solares, edificios civiles, palacios, prados, caseríos… el universo mundo en manos de una institución humana que pretende tener un origen divino, como los reyes en otros tiempos ya lejanos.

L. de Guereñu Polán.

EL GOLPE MEDIATICO.

Resulta patético que toda la iniciativa ultra-conservadora pivote en enlodar la vida política. Cuando gobernaban nos sorprendían cada día con un indecente rosario de corrupciones que avergonzaban a la ciudadanía al tiempo que la despojaban de sus derechos y dineros. Ahora acumulan despropósitos y bilis al verse desplazados de los que consideran su hábitat por derecho divino.

En los cien días del gobierno surgido de la indignación general ante la degradante deriva de la coalición de facto entre Rajoy y Rivera, y desde el mismo momento que M punto Rajoy disipó los vapores de la larga tarde de vino y rosas en que se votaba su destitución, comenzaron los ataques al nuevo ejecutivo.  

Se exige a este gobierno en cien días, lo que parecería  un exceso demandar a la Virgen de Fátima. Y en medio hubo de afrontar dos lamentables casos, de cariz distinto, resueltos con ejemplar coherencia en pocas horas. Es indescriptible el odio mediático que se desata contra el ejecutivo, especialmente, cuando tras superar las lógicas diferencias, asoman espacios de entendimiento con con la otra gran fuerza de la izquierda, Podemos. O se advierten horizontes plausibles y sensatos para abordar el dialogo con Cataluña.

Se desboca trastornada la razón. El abc de la indecencia se hace maquina. El mundo de las paranoias, muestra que le falta un tornillo. Suenan 13 truenos venenosos en TV, llamando a rebato el cascabel. Maúlla el gato al ver el agua. Definido como tal por el Sr. Del Olmo, “el terrorista de las ondas”, desayuna goma 2…y suma y sigue…

La pieza la señala Rivera, en sesión congresual, en cómplice anuencia con la Sra. Pastor, presidenta de la Cámara. De forma trapacera cambia su pregunta parlamentaria para enlodar el debate poniendo en duda la honorabilidad del presidente y de su currículo académico. Quizás necesita desfogar sus complejos por quedar en fuera de juego en la moción de censura, o por sentirse desairado por el socio al que sirve diligente, y que le copa de forma sustancial su espacio de derecha radical. O quizás por ver como por momentos se caen las plumas de su currículo tan inconsistente como variable.

Andan señoras y señores de esa blanca doble que es la derecha, en total batahola con el ejecutivo. Mientras entonan su letanía de amor a la Constitución, lo tachan de ilegal y espurio. El rencor ciega sus ojos e ignoran que la moción de censura es un mecanismo constitucional perfectamente definido en el marco del sistema parlamentario que establece.   

Se desmenuza la tesis doctoral del Sr. Presidente por activa y por pasiva. Y a cada hora que pasa la acusación es distinta, según se desvanece la anterior. Pero “inasequibles al desaliento” siembran difamación, insidias y dudas. Se denigra al tribunal, a la universidad, a particulares,  a todo lo que se mueva con tal de apurar el golpe de estado mediático. No es cosa que la verdad aborte el golpe…

Esa es la consigna desde los tenebrosos cubiles donde la decencia pierde su casto nombre.  Una señora con nombre de dos, literata del plagio, acusa… y el okey, a diario, lo pone copito de nieve, vil experto en adobar carroña, mientras multiplica por ocho a Pinocho. El asunto es poner en la parrilla al rojo vivo el obscuro objeto del odio.

Todo vale para atrapar en la máquina de la manipulación a través de una víctima, a todo un país. Decía el filosofo británico Bertrand Russel, “la calumnia siempre es sencilla y verosímil” Se trata  de emponzoñar la escena con ánimo desestabilizador y tentaciones totalitarias para alfombrar la vuelta del sexenio negro y desde la superchería quebrar la historia y el albor de un tiempo nuevo.   

 El arma de los miserables y de los cobardes es la calumnia, que en la astucia procaz de su indigencia moral son conscientes que aun que se aplaquen las heridas que produce, siempre dejan cicatrices. En el siglo XVII afirmaba William Shakespeare no sin cierto tono de resignación: “La virtud misma no puede librarse de los golpes de la calumnia”.

Quizás la receta, el antídoto, se halle en una sabia frase del padre fundador de la República norteamericana, George Washington: “Perseverar en el cumplimiento del deber y guardar silencio es la mejor respuesta a la calumnia”.  

 *Antonio Campos Romay ha sido diputado en el Parlamento de Galicia

Un ejército para someter a la población

Parece tener razón el historiador Gabriel Cardona cuando dice que fue durante el régimen fascista del general Franco cuando el ejército aprendió a obedecer, es decir, fue disciplinado, más allá de que el dictador tuviese algunos opositores en el ejército que poco o nada asomaron la cabeza. El mismo autor considera, en su libro “El gigante descalzo…”, que el ejército de Franco fue muy eficaz para mantener la represión de la población en el interior del país, pero nulo para ganar una sola batalla en el exterior.

La División Azul en Rusia ya sabemos el casi nulo papel que representó a las órdenes de los militares nazis; cuando la guerra de Ifni en 1957, la derrota del ejército español a manos de irregulares marroquíes habla por sí sola; en 1975, cuando la “marcha verde” organizada temerariamente por el rey Hassan II, el ejército español hizo el más espantoso ridículo, si bien bajo la batuta de un Gobierno en retirada.

Durante las casi cuatro décadas del régimen franquista, más fascista al principio y más católico después, pero siempre cruel, el ejército español abandonó la tradición de indisciplina que le había caracterizado durante todo el siglo XIX y el XX hasta 1939, cuando finaliza la guerra civil. Porque cuando se restablece la democracia en España con la Constitución de 1978, el ejército español (o parte de él) vuelve a las andadas e intenta un golpe de estado en febrero de 1981. Fracasado, se hizo patente que el ejército de Franco estaba vivo y que su integración en la democracia iba a costar, a pesar de las generaciones de militares que habían ido pasando.

El ejército español que luchó en América y contra el invasor francés a principios del siglo XIX no era moderno para la época. La prueba es que tuvo que ser ayudado por el inglés y por las diversas partidas guerrilleras que, muchas veces, se constituyeron a partir de desertores. Los intentos de restablecer el liberalismo contra Fernando VII ya se dan durante el sexenio que va desde 1814 a 1820, triunfando la conjuración de Riego en este último año, pero durante el trienio entre 1820 y 1823 hubo también intentos de reponer por la fuerza al rey en su poder absoluto. En lo que quedaba de siglo otro tanto de lo mismo, con Espartero, con Narváez, con O’Donnell, con Diego de León, Prim, Martínez Campos, Villacampa y otros que sería prolijo citar aquí.

El ejército español se sintió protagonista de la política española durante los siglos XIX y XX por diversos motivos: porque estaba dividido aunque lo más granado de la oficialidad estuviese en el campo liberal; porque los partidos políticos, débiles y de minorías, delegaban con frecuencia en el apoyo de mandos militares para “conducir” una situación en un sentido o en otro; porque la sociedad estaba formada en su mayoría por campesinos, artesanos y pequeños comerciantes con poca capacidad y formación para la iniciativa.

El régimen de la Restauración borbónica, contra la mucho que se ha escrito, estuvo tutelado por el ejército (por Martínez Campos mientras vivió) y por otros militares más tarde, sobre todo cuando el rey Alfonso XIII tuvo al ejército como eje de su política. Así se explica el golpe de Primo de Rivera en 1923, los intentos durante su dictadura en los años veinte, la intentona de Sanjurjo ya durante la II República y de los militares que desencadenaron la guerra civil en 1936. Cuando esta acabó tres años después, la calma y la disciplina en el ejército español reinaron por largas décadas.

El dictador Franco siempre tuvo a militares de alta graduación en puestos de responsabilidad política y económica, desde principio a fin de su régimen. La corrupción en el ejército empezó ya con la “caballería de San Jorge” (ver aquí mismo) y los sobornos de la diplomacia británica a algunos generales franquistas. Continuó con el pluriempleo dándose a muchos militares, de alta y baja graduación, puestos para soportar los bajos sueldos que la mayoría cobraban. Mientras tanto no se les molestaba, pues el nivel de exigencia profesional era mínimo, las dotaciones en material quedaron paralizadas hasta la segunda mitad de los años cincuenta (reconocimiento por parte de Estados Unidos) y el ejército franquista siempre se consideró el verdadero ganador de la guerra, ni Falange, ni los carlistas, ni los católicos, ni nadie más que el ejército; ello sin perjuicio de que hubiese militares falangistas, monárquicos, carlistas, etc.

No se puede considerar a la tardía Unión Militar Democrática, fundada por el historiador y militar Cardona a quien he citado, como una amenaza para el régimen: este estuvo siempre bien apuntalado por un ejército sumiso y disciplinado respecto del dictador… y por si fuera poco la Iglesia echó una importante mano para legitimar el privilegio del que también participaba.

L. de Guereñu Polán.

Másteres: correr sin avanzar

Proliferan los anuncios en Internet del tipo “¿Buscas masters? Éxito asegurado”. Nadie ignora que los másteres son un invento de las Universidades para financiarse, cuando no para que algún que otro profesor avispado y poco honesto se embolse unos dineros. Claro que existen másteres con contenidos verdaderamente justificados, pero otros no dan formación alguna y se obtienen con facilidad (pagando, eso sí) precisamente porque han sido creados no para formar, sino para ganar dinero.

Hay másteres sobre prevención de riesgos laborales, en abogacía, en Derecho Constitucional, en feminismo, en economía y otros títulos en ocasiones indefinidos y en otras lo suficientemente abstractos para que no se sepa muy bien en qué consisten. Algunos másteres coinciden con los contenidos de una Formación Profesional (riesgos laborales es solo un ejemplo) y otros no son más que repetición de estudios que los alumnos ya han realizado en sus carreras; se da el caso de másteres adaptados a alumnos con formación distinta a la del máster, con lo que se trata de un barniz que permite obtener un título para colgarlo en la pared y ponerlo en los “currícula”.

¿Un máster en abogacía para alumnos con el grado en Derecho? ¿Un máster el Derecho Constitucional? Si el alumno ha obtenido el grado en Derecho ya ha estudiado sus contenidos y si no, no es posible adquirir una verdadera formación en la duración de un máster.

Muchos de los que han cursado másteres (me pregunto por qué no llamarles “magister”, que es la palabra latina que se quiere mandar al ostracismo) saben que lo hacen porque no tienen trabajo, porque puede servirles para encontrarlo (grave error, la cosa funciona de otra manera) o porque el máster es, en efecto, útil. Esto último no siempre.

Luego está el método: los profesores son generosos con los estudiantes (en muchos casos solo matriculados), permiten la inasistencia a clase para tener menos trabajo, existen los másteres a distancia, presentando trabajos cuya autoría no es necesario acreditar; el trabajo fin de máster es, en ocasiones, una mera formalidad.

Otra cosa son los másteres creados para sustituir, por ejemplo, a los cursos de adaptación pedagógica, que eran una verdadera burla, y los hay ciertamente meritorios para quienes obtienen el título. Me permito recomendar que solo se cursen los másteres cuyo contenido es verdaderamente concreto y definido, cuyos profesores son razonablemente exigentes y en las Universidades que tienen un historial de honestidad. El resto es basura.

Ha existido en España una política, por parte de alguna Universidad, de ofrecer a políticos, empresarios, altos funcionarios, etc. La oportunidad de “cursar” másteres para obtener títulos sin dar golpe, cuidando solo la apariencia, aunque la realidad sea una burla. Algunos “alumnos” han caído en la trampa creyendo que nada se sabría, pero parece ser que no es así. Ya estábamos avisados y ahora se confirma el fraude.

L. de Guereñu Polán.

Arabia y las bombas

Una guerra civil que desangra a Yemen, una coalición en la que está Arabia Saudí y en contra la potencia regional de Irán… Este es el fondo en el que se produce la intervención, indirecta, de la industria armamentística española, que tiene su principal cliente en el conflicto a Arabia Saudí. Solo el anuncio por parte de alguna voz autorizada del Ministerio de Defensa español, de que este no vendería varios cientos de bombas a Arabia, para no alimentar los ataques sobre la población civil yemení, ha hecho que los trabajadores de Navantia, empresa pública española, salgan a la calle para decir que con esta política corren peligro los contratos que la empresa tiene con la dictadura feudal saudí.

¿En qué quedamos? ¿Deben prevalecer las vidas humanas o los puestos de trabajo de los que fabrican para la exportación? Si la respuesta fuese tan fácil como parece no habría problema, pero la respuesta es mucho más difícil porque también la pregunta debe de ser planteada en otros términos. En primer lugar, si España no vende las bombas a Arabia lo hará otro país, con lo que las vidas de la población civil yemení seguirán corriendo un peligro cierto. Tampoco se puede asegurar –como anuncian los trabajadores de Navantia- que no vender bombas a Arabia por parte de España vaya a significar la cancelación de los contratos navales que existen entre esos dos estados. Por otra parte, las bombas en litigio no son más que una pequeña parte del material de guerra que España vende al estado feudal (es el único del mundo en el que el nombre se corresponde con el de la dinastía reinante).

El movimiento sindical –si es que las protestas de los trabajadores están dirigidas por los sindicatos- no puede dejar de contemplar la complejidad del problema: las guerras existen independientemente de la voluntad de los pacifistas, de la población civil y de la mayor parte del mundo, que no se beneficia de ellas. Si las guerras existen tendrá que ser la diplomacia la que prime a la hora de dar solución a un conflicto que la ONU ha calificado como el más grave en el momento que padece el mundo. Los intereses de los obreros de Navantia, como los de cualquier otra empresa, no se pueden imponer a la diplomacia, que puede acordar un alto el fuego –se cumpliera luego o no- y afectar a las necesidades armamentísticas de los contendientes. Los trabajadores de Navantia, como cualesquiera otros, no viven ajenos al mundo, sino inmersos en él y sujetos a los vaivenes de decisiones que se puedan tomar y afectarles. Si estas decisiones van en la dirección de no contribuir a la muerte de población civil ¿quién las puede discutir?

De hecho, las exportaciones españolas a Arabia Saudí ya cayeron el pasado 2017 un 4%. ¿Podrán protestar por ello los exportadores españoles de vehículos y material para vías férreas, productos farmacéuticos, material eléctrico, hierro y acero, cerámica y la más diversa maquinaria? España va a seguir vendiendo y comprando productos a y desde Arabia Saudí por la sencilla razón de que Arabia necesita los productos que España le vende. De ello se ocuparán bien los productores y los diplomáticos españoles. Harían bien los trabajadores de Navantia en ser más solidarios (con los yemeníes y con los demás españoles en particular) si quieren que esa solidaridad también pueda ser disfrutada por ellos cuando la necesiten. Entretanto, la derecha ya ha salido diciendo que está con los trabajadores... ¡Ja!

Por si fuera poco el aparentemente alocado asunto, ciertas noticias hablan de que el Gobierno de España podría cambiar su decisión y vender, a la postre, las bombas que caerán sobre la población civil yemení en las próximas semanas. Si no fueran las bombas españolas serían las francesas o las de cualquier otro país, pero al menos podríamos tener la satisfacción de que nuestro país no habría contribuido a la masacre que se prolonga ya durante años. Cuando los trabajadores de Navantia argumenten con todas las piezas del puzle sobre la mesa serán creíbles; mientras lo único que les preocupe sean sus puestos de trabajo, que parecen garantizados con una carga de millones de horas solo con el estado feudal citado, dichos argumentos sonarán a un egoísmo muy poco edificante y contrario a la legendaria y ejemplar historia del movimiento sindical.

L. de Guereñu Polán.

Hace diez y siete años

Hace diez y siete años propuse en el primer claustro del curso, en el Instituto donde me encontraba destinado, que dicho claustro aprobase una resolución de apoyo a una profesora de religión católica que había sido expulsada por el obispo por haberse casado con un hombre divorciado. La resolución propuesta contemplaba hacer público mediante la prensa, radio y televisión el acuerdo al que se pudiese llegar. Hubo un pequeño debate en el que cierta izquierda de café puso por delante su oposición a que la enseñanza de la religión estuviese en los currículos de enseñanza, lo que no tenía nada que ver con mi propuesta. La derecha, católica o no, se dividió según se tratase de los que querían defender la decisión del obispo o los que ponían por delante los derechos de la profesora. Otra izquierda claustral votó mi propuesta con un elevado número de abstenciones, saliendo aprobada… pero la Dirección del Instituto no envió a los medios el acuerdo adoptado, por lo que no tuvo el efecto deseado.

La profesora se llama Galera Ramos, ahora el Tribunal Supremo le ha dado la razón y ha condenado al Estado y al obispo de Almería a pagarle los atrasos desde el año 2012 hasta que dicha profesora vuelva a ser contratada, a lo que están obligados el Estado y el obispo de Almería, en el colegio privado de donde fue expulsada.

El obispo inquisidor quizá creyó que podía inmiscuirse en la vida privada de la profesora, como hacen todos los clérigos católicos cuando reciben en confesión a sus fieles. No sé si el obispo actuaría igualmente en el caso de que la profesora hubiese contraído matrimonio con un negro, un musulmán o un chino, pero lo cierto es que el Tribunal Supremo, con un retraso record, le ha quitado la razón al inquisidor. Lo del negro porque el color quizá sea reflejo de su alma, lo del musulmán porque podría influir en la fe inmaculada de la profesora, y lo del chino porque, teniendo en cuenta el refrán “trabajar más que un chino” representaría no respetar el descanso dominical. El obispo, quizá, deba rendir cuentas ahora al Altísimo.

La Iglesia católica tiene esparcidos por el mundo a una serie de personajes que en nada se parecen a lo que representa, hoy, el papa Francisco, a quien juzgo con todas las limitaciones de quien está en un avispero difícil de gobernar. La Curia por un lado con sus privilegios, los cardenales en su opulencia, los obispos con el derecho canónico por bandera, sus jurisdicciones sacrosantas, y los curillas pelotas haciéndoles el juego. Nada que ver con la Iglesia misionera que, en tantos casos, ha dado muestra de una abnegación y ejemplo extraordinarios, independientemente de la fe que uno tenga.

¿Qué tendrá que ver que una señora (o señor) estén casados o solteros, con un divorciado o con un homosexual, con un gordo o una flaca, para ser o no responsables en el ejercicio de su función docente. Ya sé que no debiera existir una disciplina de Religión católica en los centros públicos (el de la profesora represaliada es privado) pero si existe, respétense los derechos de todos los profesores mientras la ley no diga lo contrario. Y el obispo de turno, por muy santón que aparente, también debe respetarla, pues no está al amparo del Espíritu Santo por mucho que el purpurado se lo crea.

El artículo 16.3 de la Constitución española, que fue una concesión de la izquierda a la derecha a favor de la concordia que se deseaba para la transición política, no ha sido tan pernicioso como los acuerdos Estado-Iglesia de enero del año 1979, que conceden a esta unos privilegios inadmisibles, pero que ningún Gobierno ha denunciado. Va siendo hora…

Mis felicitaciones a doña Galera Ramos, mi condena (solo dialéctica) al obispo don Rosendo Álvarez, el obispo inquisidor. Lo curioso es que el colegio religioso almeriense tiene por nombre el de Ferrer Guardia, pedagogo anarquista víctima de la brutalidad gubernamental en 1909. Si el nombre dado al colegio fuese en reparación a aquella injusticia, mis felicitaciones al mismo.

L. de Guereñu Polán.

La transición no fue lo que la derecha quiere

El fundador del PP, colaborador del general Franco

La derecha española ha venido diciendo, durante estas décadas, que la transición política a la democracia en España constituyó la reconciliación de los españoles tras la guerra civil y la dictadura franquista. Esta interpretación es interesada y falsea la realidad. Los españoles, después de tantos años, ya se habían ido reconciliando mejor o peor, pero la transición no significó olvidarnos de todo lo que se había hecho, los crímenes de la dictadura entre otras cosas, eso estuvo siempre presente y, más tarde o más temprano, saldría a la palestra para exigir un rendimiento de cuentas.

¿O es que la derecha española, que no ha condenado el franquismo, quiere que nos olvidemos de que Franco y los suyos fueron colaboradores de Adolfo Hitler y de Benito Mussolini? ¿O es que quiere la derecha española que nos olvidemos de que el franquismo colaboró con la dictadura salazarista? ¿Nos tenemos que olvidar de los millares de españoles que yacen en tumbas por encontrar? ¿Nos tenemos que olvidar de las torturas, de la falta de garantías jurídicas, de la negación de las más elementales libertades? ¿Si no nos olvidamos, no estamos reconciliados? ¿Hemos de olvidarnos de que España fue refugio de nazis confesos tras la segunda guerra mundial?

¿Hemos de olvidar que se mantuvo a la mujer española en una ignominiosa discriminación, dependiendo del padre o del esposo aún siendo mayor de edad? ¿O quieren los que se sienten herederos de los criminales de la dictadura (pues no la condenan) que nos olvidemos de cientos de personajes siniestros que la sirvieron con la mayor crueldad, como es el caso de Ulibarri y Comín Colomer, personajes bien estudiados, junto a los cuerpos represivos del franquismo, por el historiador González Quintana? Y ¿Cómo legislaba el “Caudillo”, fuente del derecho según las propias leyes que él decidió? Con decretos y leyes reservadas, que no se publicaban, con lo que no podían ser conocidas por los potenciales incumplidores… fácil manera de encarcelar a quien se antojase. Al menos, según Ángel Viñas, desde comienzos de la dictadura hasta 1957 existieron dichas leyes y decretos “reservados”, que ni los jueces conocían salvo cuando habían de dictar sentencia.

¿Y la legislación con efectos retroactivos, aberración jurídica que no daba garantía alguna a los españoles? ¿Tenemos que olvidarnos de esto y mucho más que sufrieron nuestros padres y nuestros abuelos, nosotros mismos en la juventud? ¿Qué tiene que ver la reconciliación, ya producida entre españoles, con tener presente lo terrible de nuestra historia, como tenemos presentes nuestros mitos y glorias?

La transición a la democracia española, desde 1975, quizá no esté completa hasta que la derecha no reconozca todo lo que ya se sabe, que es mucho, sobre la naturaleza fascista/católico/militar del régimen de Franco. Ya se ha escrito en este foro sobre lo bueno y lo malo de la transición española, que consistió en un pacto entre franquistas “arrepentidos” y la oposición democrática, en la legalización de los partidos políticos, en la aprobación de una Constitución, la impunidad para muchos criminales mediante la aprobación de una ley de amnistía, los pactos de la Moncloa para ordenar macroeconómicamente la economía, la descentralización del Estado y tantos otros esfuerzos, en medio del terrorismo etarra y otros, del terrorismo de la extrema derecha y la permanente amenaza de una parte del Ejército (1981).

Pero ¿qué tiene que ver esta transición con la reconciliación?: esta es otra cosa, se vino haciendo por fuerza a lo largo de décadas en las que las heridas abiertas en las familias fueron restañando, aunque la feroz represión franquista (cientos de militares, policías, funcionarios civiles, crueles personajes sin conciencia…) continuó hasta, por lo menos, 1977. No: la transición no consistió en reconciliación alguna, sino en una componenda más o menos interesada, por unos y por otros, porque no había otra salida: ninguno de los dos bandos iba a poder vencer al otro a no ser mediante otro baño de sangre.

Seguimos reconciliándonos porque siguen injusticias nacidas de aquel régimen filohitleriano, que tomó del nacionalsocialismo alemán tantos resabios. Seguimos reconciliándonos pero la transición no ha terminado, seguimos transitando y conviviendo con una derecha que, apegada al franquismo porque nació de él, no quiere reconocer la más negra historia de España.

L. de Guereñu Polán.

El nacionalismo gallego

El Bloque Nacionalista Galego ¿qué es? Obviamente una organización política con actuación exclusivamente en Galicia que, contrariamente a lo que ocurre con los partidos que le son más afines en España (Esquerra y PNV) tiene una implantación muy inferior y unos resultados electorales, desde hace tiempo, que le dejan muy lejos de poder gobernar verosímilmente. De 313 municipios de Galicia, el Bloque nacionalista solo tiene 26 alcaldías, la mayoría de ellas en municipios muy pequeños y del medio rural (Rianxo, San Sadurniño, Santiso, Tomiño, Toques, Viana do Bolo, A Mezquita, A Pobra de Brollón, As Neves, Allariz, Baños de Molgas, Barro, Carnota, Castrelo de Miño, Mazaricos, Moeche y Muras). En otros casos se trata de villas como Ponteareas, Ribadeo, Carballo y Fene, que han ido perdiendo importancia con las transformaciones económicas que se han sufrido. Solo una capital de provincia está en manos de los nacionalistas, Pontevedra, gobernando en minoría y teniendo que llegar a acuerdos permanentes con otros partidos. Esta misma situación se da en otros municipios de los citados.

Es cierto que los nacionalistas del Bloque constituyen importantes apoyos en algunos municipios para que pueda gobernar el Partido Socialista u otros, pero en todo caso muy poco precisamente en el ámbito en que cabría suponer que le es más propicio, el más cercano a los ciudadanos.

La irrupción de candidaturas que han hecho pactos con Podemos (conglomerado que aún no sabemos en qué quedará) ha hecho estragos en el Bloque, que podría recuperarse algo, como el Partido Socialista, en las próximas elecciones autonómicas si esas Mareas se diluyen como un azucarillo, lo que es de esperar, porque no han constituido factor de cambio real en lo absoluto. Formadas a partir de grupos populares desarticulados hasta ahora, disidentes del Bloque y de otros partidos (puede que algún despistado antiguamente en el PSOE), no tienen un programa y discurso diferenciado del Bloque o quedan desfiguradas (dichas Mareas) por el espacio electoral y presencial que ya tiene el socialismo gallego, que gobierna en varias capitales y ciudades importantes, además de en varias Diputaciones Provinciales. 

Llama la atención también el escaso éxito electoral del Bloque nacionalista en las zonas costeras, las más dinámicas y donde antaño tuvo sus viveros: Bueu, Fene, Moaña, Poio, Rianxo, Ribadeo… En realidad el Bloque, durante veinte años, ha sido lo que ha representado su líder más carismático, el señor Beiras, que ha demostrado hasta la saciedad donde estaba su techo electoral. Una vez que este señor se apartó del Bloque sus apoyos fueron allí donde él se cobijó. Con su desaparición de la escena política no se ve ninguna figura intelectual y popular que le pueda sustituir.

Pero empezaba este artículo con una pregunta: el Bloque es una organización de izquierdas, pero interclasista en sus aspiraciones, con una ideología muy deshilachada por el paso de los años. ¿Dónde queda el marxismo-leninismo de la vieja guardia? Luego se convirtió en un “movimiento” donde cabía todo nacionalismo (desde el antiguo Partido Galeguista hasta los más veteranos del PSG que no se integraron en el PSOE, estos la mayoría).

Algo se debe al nacionalismo gallego: la recuperación de la lengua vernácula, la toponimia y otros logros en materia cultural, a veces exagerados sectariamente, pero lo cierto es que los demás partidos, con más o menos entusiasmo, los han ido asumiendo. Fuera de esto, en la única oportunidad que el nacionalismo gallego tuvo para gobernar Galicia, en coalición con el Partido Socialista, se dedicó a dividir, complicar y perder el tiempo en discusiones de poca monta, con lo que el PP volvió a ganar por mayoría absoluta.

En relación a la mayoría absoluta del PP ¿los nacionalistas gallegos se han preguntado el por qué de este fenómeno cada cuatro años? Porque no he oído análisis alguno sobre la materia. Es cierto que en parte se debe a razones objetivas (estructura de la propiedad, individualismo antropológico…) pero tiene que haber otras causas subjetivas: falta de liderazgo en el nacionalismo (como en el socialismo gallego), implantación insuficiente, desaprovechamiento de las instituciones, programas no pegados al terreno y que con frecuencia caen en contradicciones (autodeterminación para Galicia en seguidismo del nacionalismo catalán…) etc.

Lo que sí está claro es que Galicia no es nacionalista, encontrándose el caladero de esta ideología en la Universidad, en las zonas costeras y en grupos minoritarios de las ciudades. Galicia es un país conservador con claridad, que concentra su voto en un partido claramente hegemónico, aquel que menor tradición democrática tiene (lo que debiera hacer pensar a nacionalistas y socialistas) y que, por lo tanto, hay una labor de democratización de la sociedad gallega que corresponde a los que tienen la democracia como base para avanzar en todas direcciones. Galicia, a todas luces, va por detrás de otros países de España.

Para empezar, bien haría el socialismo gallego en no que querer ocupar el espacio del nacionalismo, ya de por sí escuálido.

L. de Guereñu Polán.

CONTROLAR LAS EMPRESAS MULTISERVICIOS

Para dejar a las empresas multiservicios (EMS) dentro de sus justos límites se han de concretar compromisos en un doble plano. En el marco normativo, por un lado y, también y muy importante, en el plano del consenso social y político.
Seguramente más de uno coincidirá en que ambos van de la mano y no errarían mucho pero como sea que hay modificaciones legales que se han de acometer sí o sí, sin postergarse en el tiempo, también la conformación de las voluntades, como precisión del interés general a preservar por todos (grupos políticos, empresas, instituciones, Gobierno, …) es un elemento esencial. Para saber por dónde queremos seguir antes de barruntar a dónde vamos a llegar.
Y, en este argumento, ¿qué modelo elegimos: uno que fomente la productividad al coste que sea o uno que parte de garantías para potenciar el trabajo digno y que no permite la explotación?
Nuestra respuesta en UGT es clara. Es necesario un consenso para limitar la subcontratación y externalización, pero también para derogar la prioridad aplicativa del convenio de empresa.
Volviendo a nuestro ejemplo, el de las EMS, que actúan en el mercado como contratistas, de cualquier tipo de servicios, preocupa por su repercusión en los fenómenos de descentralización productiva, una de nuestras reivindicaciones históricas, que hemos tratado de minimizar a través de la negociación colectiva y de la representación legal de los trabajadores.
Sin embargo, esta alternativa no es suficiente. Hasta cierto punto, la Jurisprudencia de nuestros Tribunales ha tratado de impedir la cesión ilegal aplicando las consecuencias del art. 43 del Estatuto de Trabajadores (ET) pero, en algunas ocasiones, se consiente la legalidad de la actividad de este tipo de empresas al amparo del art. 42 ET, de tal forma que, en lugar de considerarse ilícitas cesiones de mano de obra, se califican como contratas. Ampliando el campo de aplicación del artículo 42 ET, a costa de restringir el del artículo 43, se inclinan por presumir, en todas, elementos que definen a las empresas decentes.
Luego se hace prioritario introducir en nuestro ordenamiento jurídico ciertas prohibiciones generales que impidan al empresario recurrir a la contratación externa para integrar su actividad productiva.
Debe existir un consenso entre todas las fuerzas políticas de nuestro país para que se establezcan unas cautelas legales e interpretativas para evitar que, por esta vía, puedan vulnerarse derechos de los trabajadores. Las contratas de trabajadores, las cooperativas de trabajo asociado o las empresas multiservicios, cada una con sus peculiaridades, deben someterse a un control para diferenciar actuaciones pues pueden estar incurriendo en fraude, en la medida en que la mera provisión de mano de obra se considera cesión ilegal de trabajadores.
La otra tarea pendiente -máxime en esta época de bonanza económica en la que hay que abandonar los mensajes de recortes de derechos, objeto de tanto abuso- es la derogación de algunas medidas de la reforma laboral impuesta por el Partido Popular en 2012.
La prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa del artículo 84.2 ET, junto al abanico de medidas introducidas para ampliar el poder unilateral del empresario, ha traído un desequilibrio entre las partes que conformamos la autonomía colectiva, organizaciones empresariales y representantes de los trabajadores que, en la práctica, también está alejando a las unidades de negociación colectiva en el sector del gobierno de las relaciones laborales. Hemos de ser capaces de reparar esta enorme confusión: para que las empresas que asumen sus obligaciones no se vean penalizadas y para que no les salga gratis a las que no cumplan.
En el último año, junto al inicio de una campaña de sensibilización, hemos solicitado información a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (INTSS) de las actuaciones en las empresas multiservicios con convenio anulado por sentencia judicial, hemos impulsado que los ayuntamientos y entes con competencias en contratación se esmeren en el seguimiento de los pliegos de condiciones en las contratas que se acometen con dinero público y nos hemos dirigido a las empresas del IBEX 35 para trasladar nuestros argumentos contrarios a las prácticas que discriminan a las personas trabajadoras y, de la misma manera, por lo que suponen para la actividad interna de las empresas.
UGT defiende que se derogue la prevalencia aplicativa del convenio de empresa, establecida por la reforma laboral de 2012, y que afecta muy mayoritariamente a los trabajadores y trabajadoras que ejercen su actividad en las EMS y para ello buscará el apoyo implícito de todos los trabajadores en contra de esta medida.
La reforma laboral se ha servido de los convenios de empresa para consolidar la devaluación salarial. Algo que se constata en un informe de UGT sobre condiciones salariales utilizando una muestra de convenios de empresas multiservicios.
Venimos alertando del debilitamiento de las condiciones de trabajo y la reducción tanto de los derechos laborales como de los salarios, a través simplemente de la creación de mercantiles a las que se les dota de un convenio colectivo propio, siempre inferior a los salarios de los convenios del sector. Para conocer cuál puede ser el número de personas trabajadoras afectadas, acudimos al Registro Electrónico de los Convenios, REGCON, y según esta fuente oficial podemos estar hablando de más de 60.000 personas reguladas por 273 convenios de empresas multiservicios.
No obstante, entendemos que esta cifra está muy por debajo de la real, ya que suelen registrarse con un número de trabajadores relativamente bajo y, en función de las actividades y de los centros de trabajo que después van asumiendo, este número va creciendo de forma muy significativa. Interesa destacar a este respecto la disparidad de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAES) con las que se clasifican estas empresas, lo que dificulta aún más la obtención de datos rigurosos.
Para concluir, conviene recordar que la descentralización productiva está evidenciando el resurgir de infrasalarios.

 Gonzalo Pino, Secretario de Política Sindical de UGT