Personalmente
no estoy interesado en que las sentencias que se pronuncien por el Tribunal
Supremo, sobre los políticos independentistas acusados, sean severas o
benévolas. Me basta con que se haga justicia, es decir, que el peso de la ley
caiga sobre quienes han querido violarla gravemente. Los acusados sabían que no
podían librarse de la acción de la Justicia si conculcaban el orden legal
vigente.
He leído
aquí y allá que el Tribunal Supremo está viendo con lupa todas las
posibilidades que otros tribunales internacionales tendrían, si se tuviesen que
pronunciar sobre el caso de los independentistas catalanes, si estos acudiesen
en recurso a ellos. Y por lo tanto que, sin dejar de tener en cuenta el
ordenamiento jurídico español, la sentencia que se pueda producir evite, en lo
posible, un pronunciamiento diferente por parte de dichos tribunales
internacionales. Es perfectamente lógico, y nadie puede ignorar que el juez de
una instancia inferior, pensará siempre en los posibles criterios que otro
superior tenga sobre un asunto que lleve entre manos.
Si se
diera el caso del título de este artículo, será interesante ver las reacciones
de la derecha española, partidaria de medidas inquisitoriales más allá de las
consideraciones racionales que procedan, en este como en otros casos. Unas
sentencias benévolas dejarían el campo expedito para indultos que –si hay buena
voluntad- se podrían conceder a los reos a petición de ellos, lo que implicaría
reconocimiento de la culpa, aunque no de forma expresa. Pero también pueden
solicitar el indulto los parientes o cualquier otra persona, incluidos el
Tribunal Supremo (o Superior de Justicia de Cataluña en su caso), el Ministerio
Fiscal o el Gobierno.
No
sabemos cuánto tiempo transcurrirá desde ahora hasta que se produzcan las
sentencias (se habla de seis meses) con lo que pueden darse aún circunstancias
políticas que empeoren o mejoren la situación planteada por la población de
Cataluña, dividida entre quienes son partidarios de la independencia y los que
no. Se habla mucho de la división del mundo independentista catalán, donde los
de Esquerra serían los más partidarios de no tensar más la cuerda con el
Estado, pero lo cierto es que el independentismo tiene un apoyo social cierto y
–como en el caso de ETA aunque sin terrorismo- ello plantea un problema
político de primer orden.
Volviendo
a los Tribunales de Justicia, si las sentencias fuesen tan escrupulosamente
rigurosas y benévolas que a los interesados en primera persona no les cupiese
recurrir a los tribunales internacionales, estaríamos en un escenario que
abriría muchas posibilidades para la política, bien entendido que ninguna de
las partes –independentistas y Estado- van a renunciar a sus objetivos. Puede
que el Gobierno de España sea el mismo, o del mismo signo, que el actual, en
cuyo caso mejor para que el ruido no solape a lo verdaderamente importante;
pero puede ocurrir que no sea así, en cuyo caso veríamos el grado de
pragmatismo que el Gobierno de turno tendría que demostrar, porque echarse al
monte o seguir con incendios es lo que menos necesita el país.
La
derecha española, que ha nacido para defender ciertos principios e intereses
sensiblemente distintos a los de la izquierda, tiene entre lo que considera
“suyo” la esencia patria y la uniformización política de todos los españoles.
Pero esto no es lo que está consagrado en la Constitución, cuyos redactores han
aprendido de la historia y se han dado cuenta de que hay dos comunidades donde
las peculiaridades políticas y sus anhelos son muy diferentes de las del resto
de los españoles. Como no en todas las comunidades de España se sienten
aquellos valores patrios, muy teóricos y retóricos, que en otras. Un extremeño,
por ejemplo, es difícil que se plantee si “se siente” antes español que
extremeño. Sabe que es las dos cosas y está muy contento con ello. Así
podríamos hablar de la inmensa mayoría de los españoles. Y esto vale para un
alsaciano o un sajón en los casos de Francia y Alemania respectivamente.
Esa
derecha de la que vengo hablando está ahora espoleada por una escisión del
Partido Popular, donde anidaba hasta no hace mucho, que se ha planteado volver
a poner sobre la mesa muchos presupuestos del franquismo, del patrioterismo e
incluso de la España imperial. Las otras facciones de la derecha española andan
ahora enredadas en ver cómo cuentan con la extrema sin que lo parezca.
Antes
debemos de saber si España cuenta con una ley de Presupuestos para el año 2019:
si la respuesta es no, va a ser difícil que el Gobierno pueda seguir solo
mediante Decretos-Leyes, que exige negociar medida a medida contando
con la misma mayoría que permitió la defenestración del señor Rajoy. Absurdo si
se puede tener una Ley de Presupuestos que compromete a mucho más y no hace
correr el riesgo de unas elecciones cuyo resultado es incierto, porque la
derecha está crecida en ánimo, siendo su principal valedor esa excrecencia del PP que ha irrumpido en Andalucía con las mismas consignas que
la extrema derecha europea.
L. de
Guereñu Polán.
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