miércoles, 13 de marzo de 2019

Honor y deshonor de los cargos públicos



Los altos cargos de la Administración Pública están obligados a dar ejemplo de honestidad, pero no siempre lo hacen. Incluso podríamos decir –a tenor de los graves problemas de corrupción que padecemos- que incumplen con frecuencia ciertas obligaciones, una de ellas la incompatibilidad para trabajar en la empresa privada después de haber tomado importantes decisiones políticas.

La Ley 3/2015 así lo dice, exigiendo además que se respete el marco jurídico que desarrolla el ejercicio de su actividad. La hasta hace unos meses vicepresidenta del Gobierno, señora Sáez de Santamaría, habiendo tomado importantes decisiones políticas de todo orden, sin haber transcurrido el tiempo preceptivo, ha aceptado un puesto de trabajo (o quizá esto sea mucho decir) en un importante bufete de abogados cuyo principal titular ha sido sancionado por la Hacienda pública por defraudación (5,5 millones de euros entre lo defraudado y la multa). No parece la mejor compañía para alguien que ha tenido el honor de ser vicepresidenta del Gobierno (ahora el deshonor de incumplir la ley flagrantemente).

Claro que se pueden dar argumentos que la exoneren, pero aunque los hubiese en el orden administrativo (que lo dudo a tenor de la Ley citada) no los hay en el orden moral. No es la única persona: la ex ministra Salgado, que lo fue, entre otras competencias, de Economía, solo salir del Gobierno se puso al servicio de una empresa privada, filial de Endesa y participada esta a su vez por Enel (consejera, se dice). También es miembro del consejo asesor de Abertis S.A. y de otras empresas (ya como asesora o como miembro del consejo de administración). Hay gente realmente sabia, pero yo creo que solo de boquilla.

A nadie se le puede ocultar que lo que las señoras Sáez de Santamaría y Salgado van a hacer o hacen en dichas empresas privadas es servir de contacto para beneficiarlas sin miramientos. Qué duda cabe que quienes han estado en el Gobierno han hecho gestiones, amistades, relaciones, muy provechosas después. Una vergüenza. ¿No puede ejercer la señora Salgado su profesión de ingeniera industrial? ¿No puede ejercer la señora Sáez de Santamaría su profesión de abogada del Estado? Sí pueden, pero obtendrían muchos menos beneficios que sirviendo de correveidiles a empresas privadas. Poca confianza me ofrecen a mí estas “servidoras” públicas.

Han venido a mi memoria estas dos lumbreras para ganar dinero, pero podría citar a decenas que se han prestado a tal vicio. Y peor aún es que el Gobierno haya autorizado, como es preceptivo, que puedan deshonrarse de la manera descrita; quizá en previsión por cada uno de sus miembros para cuando intenten lo mismo. Pero ¿tiene sentido que los que han sido Secretarios de Estado (que han estado en el "secreto" de las cosas públicas) puedan luego servir intereses privados? Y lo mismo quienes han sido Delegados del Gobierno en Comunidades Autónomas o en entidades de Derecho Público; y lo mismo quienes hayan sido directores generales, que tantas gestiones habrán tenido que hacer para poner en contacto a la Administración con la empresa privada. ¿Tiene sentido que puedan salir de sus puestos como jefes de misiones diplomáticas, o como representantes en organizaciones internacionales, y a continuación pasar a servir a una empresa privada, solo porque se cobran pingües dineros? No hay nombre para describir esto.

En España nunca ha habido una verdadera Ley de incompatibilidades: médicos que ejercen la medicina al tiempo que ocupan cargos públicos, ingenieros que sirven a empresas privadas mientras son diputados, abogados que defienden los intereses de grandes consorcios mientras son servidores de la Administración. Un desastre. “Es que si no ejerzo la cirugía me olvido…”, dicen algunos. Pues ejérzala usted sin cobrar un duro, respondo yo. Y así sucesivamente.

Un Gobierno puede tener expectativas al alza, puede tener méritos indudables, puede contar incluso con la baraca, pero si no corta de raíz el vicio de ganar dinero prevaliéndose de haber sido alto cargo del Estado, estamos ante un enriquecimiento por medio del deshonor.

L. de Guereñu Polán.

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