En
Galicia –como en el resto de España- todavía
disfrutamos de un buen Sistema Sanitario que deviene de la Ley General de
Sanidad (1986): un sistema sanitario público, universal, gratuito y de calidad.
Un sistema realmente eficiente ya que, con un coste mucho menor que el coste
medio de la UE, obtiene unos mejores resultados en salud (1).
Sin
embargo, como consecuencia de la política sanitaria neoliberal de la derecha
española -que ha aprovechado la crisis económica para introducir cambios
importantes en el modelo- nuestro sistema sanitario es hoy menos universal,
menos gratuito, mucho menos público y empieza a ser de menor calidad.
Veamos,
a continuación, algunas de las claves de la política sanitaria aplicada en
Galicia por el Gobierno del Partido Popular del Presidente Feijoo y sus consecuencias
para nuestro sistema sanitario público.
1.- RECORTES
Entre
2009 (año en que Feijoo accede a la Presidencia de la Xunta) y 2015, el
presupuesto sanitario sufrió una disminución del 8,34 %. En 2015 se redujo en
un 10,3 % siendo Galicia la CCAA que más redujo su presupuesto. Hay que
recordar que ese año, la media española subió un 1,82 % y Baleares experimentó
el mayor incremento porcentual (10,3 %). En ese año 2005, el Gasto per Cápita
se situó, tan sólo, en 1.251.
Es
cierto que en los años siguientes, se produjo un incremento presupuestario en
Galicia, llegando en el ejercicio actual a los 3.861 millones de €, una cifra
muy similar a la de 2009 (3.766), último presupuesto del Presidente Touriño.
Pero, en una década se han perdido casi 1.000 millones de €.
El
Gasto per Cápita, en el año 2018, se situó en 1.380 € (muy similar también al
del 2009, último presupuesto del Gobierno Bipartito), cifra por debajo de la
media estatal actual (1.403) y muy lejos de las 3 CCAA que más gasto per cápita
presentan: País Vasco (1.693), Asturias (1.655) y Navarra (1.653). Es de
destacar que, debido al envejecimiento y a la dispersión de la población,
Galicia debería de tener un gasto per cápita claramente por encima de la media
estatal (como ocurre en el caso de Asturias) (2).
Estos
recortes presupuestarios han tenido una incidencia muy negativa en los recursos
disponibles, tanto materiales (se han perdido unas 900 camas hospitalarias)
como humanos (el sistema cuenta hoy con casi 1.000 profesionales menos que en
2009). Las jubilaciones forzosas a los 65 años que se instauraron en 2013 con
una tasa de reposición inicial del 10 %, junto con la precariedad laboral que
ha dado lugar a una fuerte emigración de profesionales a otros países
comunitarios y extracomunitarios, ha tenido unos efectos francamente
devastadores en la dotación de los servicios asistenciales.
Además,
estos recortes han condicionado limitaciones de derechos en la asistencia a
ciertos colectivos, la supresión de la financiación de 456 medicamentos de uso
común, las restricciones y retrasos en el acceso a determinados fármacos de
coste elevado pero de enorme utilidad terapéutica (caso del tratamiento de
pacientes afectados por la Hepatitis C, actualmente en proceso judicial con
graves imputaciones de dos altos cargos del Sergas), las limitaciones en el
derecho al trasporte sanitario, a las prótesis y a productos dietéticos y el
copago farmacéutico de los pensionistas.
2.- PRIVATIZACIONES
Hasta
la llegada de Feijoo a la Xunta, las prácticas privatizadoras en la sanidad
pública gallega se limitaban, básicamente, a las externalizaciones de
determinados servicios no clínico asistenciales de los hospitales de la red
pública (lavandería, cocina, limpieza, etc.) y a los conciertos con clínicas
privadas para la atención de pacientes (sobre todo quirúrgicos) cuando los
hospitales públicos estaban saturados.
Sin
embargo, la tendencia privatizadora en la última década ha adoptado los
mecanismos más diversos y las fórmulas más audaces, orientada no sólo a la
provisión de servicios a nivel asistencial, sino también a la planificación y
gestión estratégica, a la docencia, a la investigación, a la innovación y, en
general, al área del conocimiento en el ámbito de la salud. En estos años nos
hemos tenido que familiarizar con términos como: “financiación a través del
modelo de colaboración público-privado”, “compra pública innovadora”, “diálogo
competitivo”, etc.
Así,
se ha llegado a delegar en empresas privadas la construcción y buena parte de
la gestión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, servicios de Hemodiálisis,
Laboratorio Central de Galicia, gestión de la Historia Clínica y Receta
Electrónica, Central de Citas, Logística y Mantenimiento de Equipos, Esterilización
de Instrumental y, en gran medida, la Investigación, el Desarrollo y la
Innovación. Se ha ampliado el Concierto Singular con POVISA y la Empresa
Pública Galaria ha extendido su actividad clínica penetrando y dirigiendo
determinados servicios de los hospitales públicos (3). Se han firmado convenios con la multinacional americana
MEDTRONIC para rediseñar ciertos servicios de Cardiología “con criterios
empresariales y de negocio”, desarrollar proyectos y testar productos que,
posteriormente, serían ofertados y vendidos gracias al “fortalecimiento de su
posición en el mercado” (4).
Según
datos de la Asociación de Hospitales Privados de Galicia (AHOSGAL), el sector
privado cuenta con el 18,5 % de todas las camas hospitalarias de Galicia,
realizan casi el 25 % de los Ingresos Hospitalarios, el 27 % de las Urgencias
Médicas y el 23 % de las Consultas Externas. Y casi el 40 % de su actividad
proviene de las derivaciones de la Pública (5).
Entre
2013 y 2017, según datos aportados por el Director Xeral de Asistencia
Sanitaria, el Sergas envió a Centros Privados Concertados a unos 350.000
pacientes para realizar pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas.
Entre 2016 y 2017, el gasto privado del Sergas subió un 10 % y es previsible
que este porcentaje aumente mucho más como consecuencia de la reciente entrada
en vigor de la Ley de Garantías que obliga al Sergas a derivar a otros centros
(públicos o privados) a los pacientes cuya espera supere los 45 días de demora
para consultas de especialista o pruebas diagnósticas y los 60 días para
intervenciones quirúrgicas.
Como
consecuencia de todo ello, Galicia es una de las CCAA con mayor tendencia
privatizadora, ocupando el 5º lugar, con una puntuación de 18 (sobre un máximo
de 25 y una media para el conjunto del Estado de 15,58 puntos) en un reciente
Informe realizado por la FADSP de junio de 2017 (6).
Víctor Pedreira Crespo
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(1) State of Health in the EU, ESPAÑA. Perfil sanitario
del país 2017. European Observatory on Health Systems and Policies. Comisión
Europea.
(2) Presupuestos
sanitarios de las CCAA. Nuevatribuna.es, 9 de enero 2018.
(3) “El
Jefe de Medicina Nuclear en Galaria asume también el mando del Servicio del
CHUVI”. Faro de Vigo, 21 de febrero de 2018.
(4) 2016-0841:
“Acuerdo específico de colaboración entre el Servicio Gallego de Salud y
MEDTRONIC, SA para el desarrollo específico de mejora continua para incrementar
la calidad asistencial y eficacia operativa de las unidades asistenciales del
Complejo Universitario de Santiago de Compostela”. Registro de Convenios de la
Xunta. Publicado por Plaza Pública.gal, 14 de diciembre de 2017.
(5) Publicado
por Público.es, 1 de noviembre de 2017 y por Público.es, 8 de noviembre de 2017
con algunas rectificaciones aportadas por AHOSGAL.
(6) “La
privatización sanitaria de las CCAA” 4º Informe FADS. Revista “Salud 2000”, nº
151, junio de 2017.
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