LA SANIDAD EN GALICIA: CLAVES DE LA POLÍTICA SANITARIA DEL PP (I)

En Galicia –como en el resto de España- todavía disfrutamos de un buen Sistema Sanitario que deviene de la Ley General de Sanidad (1986): un sistema sanitario público, universal, gratuito y de calidad. Un sistema realmente eficiente ya que, con un coste mucho menor que el coste medio de la UE, obtiene unos mejores resultados en salud (1).

Sin embargo, como consecuencia de la política sanitaria neoliberal de la derecha española -que ha aprovechado la crisis económica para introducir cambios importantes en el modelo- nuestro sistema sanitario es hoy menos universal, menos gratuito, mucho menos público y empieza a ser de menor calidad.

Veamos, a continuación, algunas de las claves de la política sanitaria aplicada en Galicia por el Gobierno del Partido Popular del Presidente Feijoo y sus consecuencias para nuestro sistema sanitario público.

1.- RECORTES

Entre 2009 (año en que Feijoo accede a la Presidencia de la Xunta) y 2015, el presupuesto sanitario sufrió una disminución del 8,34 %. En 2015 se redujo en un 10,3 % siendo Galicia la CCAA que más redujo su presupuesto. Hay que recordar que ese año, la media española subió un 1,82 % y Baleares experimentó el mayor incremento porcentual (10,3 %). En ese año 2005, el Gasto per Cápita se situó, tan sólo, en 1.251.

Es cierto que en los años siguientes, se produjo un incremento presupuestario en Galicia, llegando en el ejercicio actual a los 3.861 millones de €, una cifra muy similar a la de 2009 (3.766), último presupuesto del Presidente Touriño. Pero, en una década se han perdido casi 1.000 millones de €.

El Gasto per Cápita, en el año 2018, se situó en 1.380 € (muy similar también al del 2009, último presupuesto del Gobierno Bipartito), cifra por debajo de la media estatal actual (1.403) y muy lejos de las 3 CCAA que más gasto per cápita presentan: País Vasco (1.693), Asturias (1.655) y Navarra (1.653). Es de destacar que, debido al envejecimiento y a la dispersión de la población, Galicia debería de tener un gasto per cápita claramente por encima de la media estatal (como ocurre en el caso de Asturias) (2).

Estos recortes presupuestarios han tenido una incidencia muy negativa en los recursos disponibles, tanto materiales (se han perdido unas 900 camas hospitalarias) como humanos (el sistema cuenta hoy con casi 1.000 profesionales menos que en 2009). Las jubilaciones forzosas a los 65 años que se instauraron en 2013 con una tasa de reposición inicial del 10 %, junto con la precariedad laboral que ha dado lugar a una fuerte emigración de profesionales a otros países comunitarios y extracomunitarios, ha tenido unos efectos francamente devastadores en la dotación de los servicios asistenciales. 

Además, estos recortes han condicionado limitaciones de derechos en la asistencia a ciertos colectivos, la supresión de la financiación de 456 medicamentos de uso común, las restricciones y retrasos en el acceso a determinados fármacos de coste elevado pero de enorme utilidad terapéutica (caso del tratamiento de pacientes afectados por la Hepatitis C, actualmente en proceso judicial con graves imputaciones de dos altos cargos del Sergas), las limitaciones en el derecho al trasporte sanitario, a las prótesis y a productos dietéticos y el copago farmacéutico de los pensionistas.

2.- PRIVATIZACIONES

Hasta la llegada de Feijoo a la Xunta, las prácticas privatizadoras en la sanidad pública gallega se limitaban, básicamente, a las externalizaciones de determinados servicios no clínico asistenciales de los hospitales de la red pública (lavandería, cocina, limpieza, etc.) y a los conciertos con clínicas privadas para la atención de pacientes (sobre todo quirúrgicos) cuando los hospitales públicos estaban saturados. 

Sin embargo, la tendencia privatizadora en la última década ha adoptado los mecanismos más diversos y las fórmulas más audaces, orientada no sólo a la provisión de servicios a nivel asistencial, sino también a la planificación y gestión estratégica, a la docencia, a la investigación, a la innovación y, en general, al área del conocimiento en el ámbito de la salud. En estos años nos hemos tenido que familiarizar con términos como: “financiación a través del modelo de colaboración público-privado”, “compra pública innovadora”, “diálogo competitivo”, etc.

Así, se ha llegado a delegar en empresas privadas la construcción y buena parte de la gestión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, servicios de Hemodiálisis, Laboratorio Central de Galicia, gestión de la Historia Clínica y Receta Electrónica, Central de Citas, Logística y Mantenimiento de Equipos, Esterilización de Instrumental y, en gran medida, la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. Se ha ampliado el Concierto Singular con POVISA y la Empresa Pública Galaria ha extendido su actividad clínica penetrando y dirigiendo determinados servicios de los hospitales públicos (3). Se han firmado convenios con la multinacional americana MEDTRONIC para rediseñar ciertos servicios de Cardiología “con criterios empresariales y de negocio”, desarrollar proyectos y testar productos que, posteriormente, serían ofertados y vendidos gracias al “fortalecimiento de su posición en el mercado” (4).

Según datos de la Asociación de Hospitales Privados de Galicia (AHOSGAL), el sector privado cuenta con el 18,5 % de todas las camas hospitalarias de Galicia, realizan casi el 25 % de los Ingresos Hospitalarios, el 27 % de las Urgencias Médicas y el 23 % de las Consultas Externas. Y casi el 40 % de su actividad proviene de las derivaciones de la Pública (5).

Entre 2013 y 2017, según datos aportados por el Director Xeral de Asistencia Sanitaria, el Sergas envió a Centros Privados Concertados a unos 350.000 pacientes para realizar pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas. Entre 2016 y 2017, el gasto privado del Sergas subió un 10 % y es previsible que este porcentaje aumente mucho más como consecuencia de la reciente entrada en vigor de la Ley de Garantías que obliga al Sergas a derivar a otros centros (públicos o privados) a los pacientes cuya espera supere los 45 días de demora para consultas de especialista o pruebas diagnósticas y los 60 días para intervenciones quirúrgicas.

Como consecuencia de todo ello, Galicia es una de las CCAA con mayor tendencia privatizadora, ocupando el 5º lugar, con una puntuación de 18 (sobre un máximo de 25 y una media para el conjunto del Estado de 15,58 puntos) en un reciente Informe realizado por la FADSP de junio de 2017 (6).

Víctor Pedreira Crespo

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(1)  State of Health in the EU, ESPAÑA. Perfil sanitario del país 2017. European Observatory on Health Systems and Policies. Comisión Europea.

(2)  Presupuestos sanitarios de las CCAA. Nuevatribuna.es, 9 de enero 2018.

(3)  “El Jefe de Medicina Nuclear en Galaria asume también el mando del Servicio del CHUVI”. Faro de Vigo, 21 de febrero de 2018.

(4)  2016-0841: “Acuerdo específico de colaboración entre el Servicio Gallego de Salud y MEDTRONIC, SA para el desarrollo específico de mejora continua para incrementar la calidad asistencial y eficacia operativa de las unidades asistenciales del Complejo Universitario de Santiago de Compostela”. Registro de Convenios de la Xunta. Publicado por Plaza Pública.gal, 14 de diciembre de 2017.

(5)  Publicado por Público.es, 1 de noviembre de 2017 y por Público.es, 8 de noviembre de 2017 con algunas rectificaciones aportadas por AHOSGAL.

(6)  “La privatización sanitaria de las CCAA” 4º Informe FADS. Revista “Salud 2000”, nº 151, junio de 2017.