Otro peligro y no pequeño

Tengo para mí que el único dirigente empresarial que verdaderamente se comprometió con la democracia española, en el actual régimen político, fue el señor Ferrer Salat. Aunque no estuvo de acuerdo con la expropiación de Rumasa aduciendo falta de juridicidad en la decisión (el Tribunal Constitucional no le dio la razón), ha sido un verdadero empresario en el sentido moderno de la palabra. Luego le han sucedido, al frente de la patronal española, eso, patronos más que empresarios, algunos de dudosas convicciones democráticas cuando no delincuentes (hay uno que es evidente, pues ha sido encarcelado por los Tribunales).

En la actualidad está al frente de la patronal española Antonio Garamendi, que proviene de dirigir la pequeña y mediana empresa, en lo que no hay poca contradicción, pues entre esta última y la gran patronal hay intereses marcadamente diferentes, pero también hay concomitancias que les hacen obviar lo demás. Ha dicho el flamante dirigente patronal que le parece “justa” una renta media de 300.000 euros anuales para un empresario que invierte su capital en la creación de empleo. Lo de menos es la cantidad que a cualquier español medio le parecerá exagerada e injusta, sino que haya reparado en publicarla, con lo que anuncia sus pretensiones, para sí y para los suyos.

En efecto, uno de los elementos de unión entre la gran empresa, la mediana y la pequeña es que, en todas ellas, el factor trabajo tiene intereses contrapuestos a los del capital, ahora y siempre. Esta máxima hace más por la unión de los empresarios de toda importancia o capacidad que la panoplia de desigualdades que se dan entre unas empresas y otras, en nuestro país y en cualquier otro. Veo al señor Garamendi más como un patrón que como un empresario, aunque esto último lo sea al menos nominalmente.

No hay ninguna duda del papel conciliador e impulsor que ha llevado a cabo el Partido Nacionalista Vasco para que el elegido sea el actual presidente de la CEOE. También ha tomado parte en la decisión el Partido Popular, sobre todo para evitar que quien ocupase ese puesto fuese alguien comprometido con el independentismo catalán. Porque hay empresarios catalanes, y de muy “buenas familias”, que apoyan a los independentistas aunque no lleguen a dar el paso de publicitar dichos apoyos, entre otras cosas porque no desean una salida de ese tipo para Cataluña.

El señor Garamendi es una garantía para la defensa de las posiciones más conservadoras de la patronal española: libertad de despido, reforma laboral en orden a la aprobada por el Partido Popular, terror a la negociación colectiva (más aún si esta excede el ámbito de la propia empresa) y, eso sí, el Estado debe comprometer su existencia con los intereses del empresariado, con la banca, la industria y la propiedad en general.

Son peligrosos –y el tiempo dirá si tengo razón- el señor Garamendi y sus colaboradores al frente de la CEOE, pues bajo la apariencia de relativa juventud, carácter dialogante y simpatía personal, se esconde un férreo defensor de los privilegios que en España han tenido tradicionalmente los empresarios (fiscales, legislativos, etc.) en relación al mundo del trabajo. Es además consciente el actual presidente de la patronal, de que los sindicatos no tienen la fuerza de antaño, cuando los factores políticos iban de la mano de los sociales y económicos. Es consciente de que los sindicatos no cumplen hoy el papel reivindicativo ante la empresa privada que antes sí, siendo más bien organizaciones que dan servicios a sus afiliados. Véanse los casos de Vulcano (que lleva varios meses sin pagar el salario a sus empleados), la empresa francesa Pinkie, que se propone despedir a casi cien asalariados, las que tratan a otros como falsos autónomos, Nissan (que va a reducir la producción en España drásticamente), el caso de Alcoa, Made, y así podríamos seguir. Los sindicatos, que ejercen una ejemplar lucha en cada uno de estos casos y otros muchos, ponen sin embargo el ojo en el Gobierno, sea el que fuere, cuando los males vienen del señor Garamendi y sus predecesores fundamentalmente.

¿Qué dice, por ejemplo, el señor Garamendi, sobre la contratación para la temporada de la fresa en Huelva? Son 39 euros diarios (jornadas que superan las 12 horas de facto) en condiciones muy poco saludables. ¿Qué dice de la siniestralidad en la construcción? ¿Qué dice del paro juvenil? ¿Y del fraude fiscal entre los empresarios, verdaderos maestros en esto? ¿Qué dice el señor Garamedi de la pobreza hereditaria de padres a hijos? Todo esto se lo endosa el patrón de patrones al Estado, como si los empresarios no tuviesen responsabilidad alguna en ello. Y la tienen.

El patrón de patrones no quiere ni oír hablar del artículo 128º de la Constitución, que establece: “toda la riqueza del país… sea cual fuese su titularidad, está subordinada al interés general” (el subrayado es mío). Reniega el señor Garamendi de la posibilidad que da la Constitución al Estado para intervenir empresas privadas (art. 128º.2). Y no digamos el pavor que le da el artículo 129º.2 sobre las decisiones, por parte del Estado, para que los trabajadores lleguen a controlar los medios de producción. Son artículos que están pendientes de ser aplicados, como tantos otros.

El patrón de patrones tiene un discurso muy recurrente en los últimos años: la empresa y los trabajadores han de adaptarse a la revolución tecnológica en curso. Bien. Pero lo otro también, y duerme el sueño de los justos. Del señor Garamendi no hay que esperar que dichos artículos de la Constitución sean desempolvados (y si lo son, montará en cólera con toda su clase) pero a sindicatos y partidos socialistas sí.

L. de Guereñu Polán.