Tengo para mí que el
único dirigente empresarial que verdaderamente se comprometió con la democracia
española, en el actual régimen político, fue el señor Ferrer Salat. Aunque no
estuvo de acuerdo con la expropiación de Rumasa aduciendo falta de juridicidad
en la decisión (el Tribunal Constitucional no le dio la razón), ha sido un
verdadero empresario en el sentido moderno de la palabra. Luego le han
sucedido, al frente de la patronal española, eso, patronos más que empresarios,
algunos de dudosas convicciones democráticas cuando no delincuentes (hay uno
que es evidente, pues ha sido encarcelado por los Tribunales).
En la actualidad está
al frente de la patronal española Antonio Garamendi, que proviene de dirigir la
pequeña y mediana empresa, en lo que no hay poca contradicción, pues entre esta
última y la gran patronal hay intereses marcadamente diferentes, pero también
hay concomitancias que les hacen obviar lo demás. Ha dicho el flamante
dirigente patronal que le parece “justa” una renta media de 300.000 euros anuales
para un empresario que invierte su capital en la creación de empleo. Lo de
menos es la cantidad que a cualquier español medio le parecerá exagerada e
injusta, sino que haya reparado en publicarla, con lo que anuncia sus
pretensiones, para sí y para los suyos.
En efecto, uno de los
elementos de unión entre la gran empresa, la mediana y la pequeña es que, en
todas ellas, el factor trabajo tiene intereses contrapuestos a los del capital,
ahora y siempre. Esta máxima hace más por la unión de los empresarios de toda
importancia o capacidad que la panoplia de desigualdades que se dan entre unas
empresas y otras, en nuestro país y en cualquier otro. Veo al señor Garamendi
más como un patrón que como un empresario, aunque esto último lo sea al menos
nominalmente.
No hay ninguna duda del
papel conciliador e impulsor que ha llevado a cabo el Partido Nacionalista
Vasco para que el elegido sea el actual presidente de la CEOE. También ha
tomado parte en la decisión el Partido Popular, sobre todo para evitar que
quien ocupase ese puesto fuese alguien comprometido con el independentismo
catalán. Porque hay empresarios catalanes, y de muy “buenas familias”, que
apoyan a los independentistas aunque no lleguen a dar el paso de publicitar
dichos apoyos, entre otras cosas porque no desean una salida de ese tipo para
Cataluña.
El señor Garamendi es
una garantía para la defensa de las posiciones más conservadoras de la patronal
española: libertad de despido, reforma laboral en orden a la aprobada por el
Partido Popular, terror a la negociación colectiva (más aún si esta excede el
ámbito de la propia empresa) y, eso sí, el Estado debe comprometer su
existencia con los intereses del empresariado, con la banca, la industria y la
propiedad en general.
Son peligrosos –y el
tiempo dirá si tengo razón- el señor Garamendi y sus colaboradores al frente de
la CEOE, pues bajo la apariencia de relativa juventud, carácter dialogante y
simpatía personal, se esconde un férreo defensor de los privilegios que en
España han tenido tradicionalmente los empresarios (fiscales, legislativos,
etc.) en relación al mundo del trabajo. Es además consciente el actual
presidente de la patronal, de que los sindicatos no tienen la fuerza de antaño,
cuando los factores políticos iban de la mano de los sociales y económicos. Es
consciente de que los sindicatos no cumplen hoy el papel reivindicativo ante la
empresa privada que antes sí, siendo más bien organizaciones que dan servicios
a sus afiliados. Véanse los casos de Vulcano (que lleva varios meses sin pagar
el salario a sus empleados), la empresa francesa Pinkie, que se propone
despedir a casi cien asalariados, las que tratan a otros como falsos autónomos,
Nissan (que va a reducir la producción en España drásticamente), el caso de
Alcoa, Made, y así podríamos seguir. Los sindicatos, que ejercen una ejemplar
lucha en cada uno de estos casos y otros muchos, ponen sin embargo el ojo en el
Gobierno, sea el que fuere, cuando los males vienen del señor Garamendi y sus
predecesores fundamentalmente.
¿Qué dice, por ejemplo,
el señor Garamendi, sobre la contratación para la temporada de la fresa en
Huelva? Son 39 euros diarios (jornadas que superan las 12 horas de facto) en
condiciones muy poco saludables. ¿Qué dice de la siniestralidad en la
construcción? ¿Qué dice del paro juvenil? ¿Y del fraude fiscal entre los
empresarios, verdaderos maestros en esto? ¿Qué dice el señor Garamedi de la
pobreza hereditaria de padres a hijos? Todo esto se lo endosa el patrón de
patrones al Estado, como si los empresarios no tuviesen responsabilidad alguna
en ello. Y la tienen.
El patrón de patrones
no quiere ni oír hablar del artículo 128º de la Constitución, que establece: “toda
la riqueza del país… sea cual fuese su titularidad, está subordinada al
interés general” (el subrayado es mío). Reniega el señor Garamendi de la
posibilidad que da la Constitución al Estado para intervenir empresas privadas
(art. 128º.2). Y no digamos el pavor que le da el artículo 129º.2 sobre las
decisiones, por parte del Estado, para que los trabajadores lleguen a controlar
los medios de producción. Son artículos que están pendientes de ser aplicados,
como tantos otros.
El patrón de patrones
tiene un discurso muy recurrente en los últimos años: la empresa y los
trabajadores han de adaptarse a la revolución tecnológica en curso. Bien. Pero
lo otro también, y duerme el sueño de los justos. Del señor Garamendi no hay
que esperar que dichos artículos de la Constitución sean desempolvados (y si lo
son, montará en cólera con toda su clase) pero a sindicatos y partidos
socialistas sí.
L. de Guereñu Polán.
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