La peligrosa patronal española

A la patronal española, como a otras, no le importan la extensión de los derechos civiles, ni discusiones que enfrentan a unos grupos sociales y a unos partidos políticos con otros (léase ley del aborto, eutanasia, matrimonio homosexual, etc.). A la patronal no le importa que exista un sector público que se ocupe de la sanidad, la educación, el orden social (en este caso le entusiasma), y otros servicios que el Estado moderno ha venido asumiendo. A la patronal lo que le interesa es la economía y, por lo tanto, todo lo que toca más o menos directamente a ella.

Dos obras de Mercedes Cabrera me impactaron mucho cuando tuve la ocasión de leerlas y reflexionar sobre el papel que la patronal española jugó durante la II República española, así como el poder de los empresarios desde finales del siglo XIX hasta finales del XX. Con fuentes incontrovertibles, se puede ver el papel siempre fiel a unos intereses egoístas y antipatrióticos que la patronal española jugó: provocando huelgas, conflictos, mintiendo, entorpeciendo la labor de los gobiernos (incluso la obra del cedista Manuel Giménez Fernández), organizando revueltas contra el orden social, contratando a matones, participando en el pistolerismo durante algunos años, etc.

En la actualidad, la patronal española se reviste de los nuevos tiempos: habla de que no se toque la ley que regula las relaciones laborales porque favorece a sus intereses, no le importa un gobierno en manos del Partido Socialista (no digamos en manos de la derecha) porque sabe que sus intereses económicos están a salvo: ciertos preceptos constitucionales no se van a poner en práctica a corto o medio plazo (artículos 128º, 129º y 131º, entre otros) y confía en que su poder e influencia en el país, es lo suficientemente fuerte como para frenar cualquier reforma verdaderamente importante en este sentido.

Cuando algún dirigente patronal interviene ante los medios de comunicación, suele hacer alusión a la necesaria confianza que precisa el capital para ser invertido, a la estabilidad política que evite los sobresaltos, a la necesidad de que se cuente con los partidos más representativos para tomar medidas consensuadas (en las cuales reclaman estar), pero dichos dirigentes patronales no hacen referencia a los casos en los que trabajadores de diversos sectores, sobre todo en la hostelería, trabajan setenta horas semanales, ni en la necesariedad de que la Inspección de Trabajo sea más diligente y esté más dotada de medios. Los dirigentes patronales no hablan de la situación de las “kellys” en los hoteles, ni de la explotación a que están sometidos los falsos autónomos que, en realidad, son trabajadores por cuenta ajena y no tendrían por qué correr con los gastos sociales que los patronos no asumen.

No hablan los dirigentes patronales sobre la siniestralidad en un sector tan importante en toda economía como la construcción, donde la legislación existente es vista con recelo si ello implica mayor coste para promotores y grandes accionistas. Los dirigentes patronales no hablan del papel en la evasión de impuestos de los pequeños y medianos empresarios (los más numerosos, los que más evaden en términos absolutos), y presionan a los gobiernos autónomos para que externalicen determinados servicios en sectores tan importantes como la sanidad.

Los dirigentes patronales aún no han pedido perdón al país por el expolio que han significado las prácticas bancarias en forma de “bonus” y pensiones millonarias para unos pocos, la pésima gestión de no pocas entidades en manos de grandes accionistas y de “ingenieros” financieros que han demostrado, más de una vez, su impericia de cara al bien público y la total escasez de escrúpulos cuando el Estado ha tenido que insuflar dinero público para salvar al sector financiero… pero las malas prácticas continúan. Los dirigentes patronales no dan cuentas de la feroz reconversión que se está haciendo en la banca, con supresiones masivas de puestos de trabajo y oficinas, a favor de una cuenta de resultados que cuenta para sí con la tecnificación bancaria (en perjuicio de los ahorradores).

La patronal española no habla de los contratos basura, ni de la enorme temporalidad de los mismos (aún más basura), ni de las operaciones en que muchos empresarios están implicados en la fuga de capitales a paraísos fiscales, lo que mengua la capacidad económica del país. Ni la patronal española dice nada sobre su participación en la financiación ilegal a partidos políticos, muy particularmente al más significado de la derecha española…

Hay un joven y sonriente presidente de la patronal española, que proviene de dirigir a la patronal de la pequeña y mediana empresa (a la postre lo mismo) que no dice nada sobre la comisión de delitos de esta naturaleza entre empresarios; ni lo denuncia cuando lo sabe, ni colabora con el Estado, ni tiene en cuenta a quienes pagan las consecuencias de esto, la mayoría de la población. Don Antonio Garamendi, que estuvo o está relacionado con intereses navieros, que es miembro de varios consejos de administración, que participa en los negocios inmobiliario, metalúrgico y otros, es nulo en palabras para los asuntos que aquí trato.

Pero quien se presenta ante la sociedad como el Presidente de la patronal española, debiera tener conciencia del papel social que le corresponde, más allá de defender los intereses que le son propios y que, en la mayoría de los casos, chocan con los de la mayoría del país. No es suficiente hacerse rico, en no pocas ocasiones con una absoluta opacidad; no basta con presumir de una representatividad corporativa. Es necesario que se rindan cuentas a la sociedad del papel que sobre ella se juga… y el Estado exigírselo, si fuere necesario, legalmente. De igual manera que no pueden los sindicatos de trabajadores actuar al margen de la ley, y están sometidos a rigurosos controles que ya han destapado algunos graves desafueros.

L. de Guereñu Polán.