Envejecer en Galicia

Los cambios demográficos y sociales han producido un incremento progresivo de la población en situación de dependencia, la cual sufren, sobre todo, los mayores de 65 años. En los últimos treinta años, según datos estatales, la población española mayor de esa edad casi se ha duplicado (del 9,7% al 16,6%). La propia legislación española sobre la materia ha incorporado la expresión “envejecimiento del envejecimiento”, es decir, el aumento de la población con edad superior a 80 años, que se ha duplicado, en España, en los últimos veinte años.

Galicia no presenta datos muy distintos a los del conjunto de España que acabamos de señalar, pero lo cierto es que no existe en esta Comunidad Autónoma una política sobre rejuvenecimiento de la población y sobre dependencia que merezca dicho nombre. Las condiciones que se ponen a los potenciales beneficiarios son numerosas y tardan muchísimo en tramitarse, por lo que no pocas veces se produce el fallecimiento antes de que se reconozca legal y de hecho el derecho correspondiente.

¿Qué sentido tiene prever que el cuarto de baño de un dependiente pueda ser reformado y adaptado por la Administración, si el interesado ha de presentar un proyecto que le cuesta dinero, mientras no tiene la seguridad de que dicha adaptación se vaya a producir? ¿Qué sentido tiene imponer el personal que la Xunta de Galicia selecciona para atender a los dependientes, si estos ya cuentan con dicho personal de su confianza y a su costa? Y así podríamos seguir, con lo que no es extraño que las partidas para dependencia que la Ley exige se destinen a ello en Galicia, no se gasten año tras año.

Vivimos una nueva realidad que constata el aumento de la dependencia en los últimos años de la vida de las personas, los mayores y ancianos, que van en aumento. Diversos estudios ponen de manifiesto la correlación existente entre la edad y las situaciones de discapacidad, como muestra el hecho de que más del 32% de las personas mayores de 65 años tenga algún tipo de discapacidad (en Galicia algo más), mientras que dicho porcentaje se reduzca al 5% para el resto de la población.

Si a ello unimos la dependencia por razños por los cambios habidos en las tasas de superviveones de enfermedad, que se ha incrementado en los últimos ancia de ciertas enfermedades crónicas, tenemos un panorama realmente negativo por el empecinamiento de la Xunta en ahorrar allí donde lo que corresponde es gastar, por la sencilla razón de que es un derecho de nuestros mayores. Es un derecho reconocido por la ONU y por otros foros internacionales a los que España se ha adherido (OMS, Consejo de Europa y Unión Europea), pero también porque así lo establece la Constitución Española, que confiere en su artículo 148.1.20 la competencia en esta materia a las Comunidades Autónomas.

La Xunta de Galicia no ha salido del estadio según el cual las familias son (lo han sido hasta ahora) y especialmente las mujeres, las que han asumido el cuidado de las personas dependientes, pero los cambios en el modelo de familia, con la incorporación de la mujer al mercado laboral, que no es cosa de unos pocos años, sino ya de décadas, no permite que esto siga siendo así.

Recientemente, un periódico diario de Galicia recordaba que casi el 14% de los mayores de 65 años en Galicia están en riesgo de pobreza, muy por encima de Comunidades como el País Vasco o Navarra. Y si tenemos esa tasa de mayores cercanos a la pobreza ¿cómo no acentuar, implementar, establecer como prioritarias las políticas sociales sobre dependencia?

Pues no, la Xunta está en otras cosas que en nada contribuyen a la felicidad de los mayores, cuando la Galicia que tenemos se la debemos a ellos.

L. de Guereñu Polán.