Está crisis que nos
afecta en el contexto de una pandemia vírica de cuya génesis, solo
sabemos con certeza, que somos víctimas propiciatorias, está
sirviendo, como en los deshielos, para contemplar lo que se oculta
bajo la nieve.
En primer lugar, que
son los servicios públicos, el Estado configurado como ente de
derecho y de solidaridad social, de equidad, los únicos capaces de
acoger en su pliegos protectores a la ciudadanía en momentos
críticos. Frente a la insolidaridad de la medicina privada derivando
a los pacientes del virus a la “publica”, el denodado esfuerzo de
los tantas veces denostados servidores públicos, en este caso todo
el colectivo de la Sanidad, telefonistas, médicos, celadores,
enfermeras, auxiliares, administrativos, limpiadoras, farmacéuticos,
que con abnegada ejemplaridad han echado sobre sus espaldas la crisis
entregándose hasta la extenuación en su labor.
Lo hacen más allá
de indignidades como la cometida por la Sra. Ayuso, presidenta de la
Comunidad de Madrid, situando como coordinador de la acción contra
el coronavirus en su territorio al cerebro del desmantelamiento de la
Sanidad Pública emprendida por el PP, Antonio
Burgueño. El que generó que entre 2010 y 2018, se perdieran
1.950 camas y 3.300 profesionales en un proceso de
privatización liderado por Fernández-Lasquetty entonces Consejero
de Salud y hoy de Economía. Alcahuetes del negocio vampírico
sobre la Sanidad Pública, al frente de la crisis y responsables de
las dificultades operativas con que hoy se enfrena en la respuesta
asistencial en la comunidad.
Lo
hacen, más allá de la indignante noticia de un juez de la Audiencia
Nacional, García Castejón eleve a 3
millones de euros el saqueo del PP madrileño a la Sanidad Pública
para financiar las campañas de Esperanza Aguirre.
El negocio de la
construcción de hospitales y centros de salud
alimentó
la maquinaria de esta
señora desviando
el dinero de la salud pública de los madrileños hacia las cuentas
del Partido Popular. Más
allá de todo ello,
la abnegación del
personal
sanitario abochorna en
estas circunstancias a los que desde posiciones del poder dinamitan
el acceso a la salud convirtiéndola en negocio.
En
esto días difíciles viene a la cabeza el nombre de un hombre bueno
y decente, con visión de estado. Asesinado de un tiro en la nuca
por los “heroicos gudaris” de la independencia vasca, ETA,
cuando retirado de la política abogaba por dialogar y establecer
puentes para conseguir el respeto a los derechos humanos y la paz de
Euskadi. Ernest Lluch Martin. Padre de la Ley General de Sanidad de
1986, que estableció las bases legales para la universalización de
la atención sanitaria. Una ley, quizás la más señera de la etapa
democrática, que se mantiene en el tiempo pese a los zarpazos de las
administraciones conservadoras al servicio del ultra-liberalismo.
Que consagra la salud como un valor en sí mismo. Como factor
de desarrollo y crecimiento. Necesidad perentoria de la sociedad.
Que estipula un amplio contrato social que da garantía real y
efectiva a los derechos de la población en relación a la salud y
que promueve que ninguna persona debe quedar excluida de cualquier
prestación o servicio sanitario por razones económicas o sociales.
En días como estos, adquiere todo su valor el legado legal de Ernest
Lluch, ministro socialista y catalán (miembro del PSC).
La ciudadanía está
respondiendo de forma ejemplar y con plena madurez, sin que alguna
excepción lamentable pueda alterar lo que es norma. Y como siempre,
rezagada, la clase política. Empeñada en mostrar una política sin
clase. Unos, asidos a sus orejeras localistas e insolidarias,
anteponen la anécdota a la categoría. Contraponiendo intereses
territoriales o sus desvaríos oníricos, al interés común de
millones de ciudadanas y ciudadanos, de millones de trabajadoras y
trabajadores, necesitados de afrontar de forma unida y solidaria un
drama sanitario que amenaza con severas secuelas el bien común.
El
dirigente popular más conocido por escupir huesos de aceitunas,
rebuzna estupideces que no alcanzan más que a retratar su indigencia
intelectual. Su jefe de filas intentando mostrase como estadista
habla de “lealtad institucional” sin tener conocimiento de su
significado. Se aplica en la zancadilla, histérico por el voto
perdido, ignorando la altura de miras que exige la política en todo
momento, pero muy especialmente, ante una convulsión nacional.
La
ciudadanía sabe que hay futuro y que solo se construye, unidos desde
la solidaridad. Anteponiendo lo común a cualquier otra
consideración. Son momentos de mantener el ánimo, conscientes que
como en otras ocasiones, se superará la crisis, siendo posible salir
más fortalecidos.
Atrás
quedaran fotos fijas de personajes que se revelan cual son… Como
muestra valen la irresponsabilidad política teñida de deslealtad de
García Page, presidente de Castilla la Mancha, “no
voy a suspender las clases en CLM sólo porque la gente quiera
tomarse 15 días de vacaciones”, o la fuga del matrimonio Aznar,
perdiendo las nalgas camino de su casoplón marbellí…
Un
bochornoso ejemplo de insolidaridad y falta de empatía hacia la
población en momentos difíciles de quien fue presidente del
Gobierno español (Aznar). El mismo que con desvergüenza infinita
se pretende investido de autoridad moral para pontificar al país.
Ana Botella, ex - alcaldesa de Madrid no pierde en minuto en
desertar de “su” ciudad. La misma alcaldesa conocida por vender
viviendas sociales a los fondos buitre, o que cuando cuatro niñas
morían en un dramático incendio se iba a un lujoso “spa” en el
Algarve….”Los patriotas”… Fotos fijas que quedaran en las
retinas y que deberán ser tomadas muy en cuenta.
Más
que nunca la certera sabiduría de D. Antonio Machado: “En España
lo mejor es el pueblo. Siempre ha sido lo mismo. En los trances
duros, los señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo no la
nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva.”
-Antonio
Campos Romay ha sido diputado en el Parlamento de Galicia.
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