Un hombre sabio debería darse cuenta de que la salud es su posesión más
valiosa, decía con conocimiento Hipócrates, padre de la medicina. La actual
pandemia así lo ha demostrado, poniendo de manifiesto la importancia de una
sanidad pública fuerte, bien gestionada y que no deje a nadie atrás, ni
siquiera por edad (nuestros mayores han cotizado toda su vida y se han ganado
el derecho a una atención digna al final de sus vidas). Por ello, es importante
que en estas elecciones autonómicas las políticas privatizadoras y de precarización
de la sanidad no se vean refrendadas por los gallegos y se recupere un modelo
más público y solidario.
El ejemplo más claro de las
nefastas medidas liberales del gobierno de Feijoo es el hospital “Álvaro
Cunqueiro”, al que han tenido que colocarle un enorme letrero de “Público” para
ocultar que su gestión es privada (modelo Alzira), con ánimo de lucro, como
demuestran los beneficios de 2,42 millones que salen de los bolsillos de los
ciudadanos gallegos. Igualmente sucede con los servicios sanitarios
privatizados, que suponen un sobrecoste para la sanidad pública (ya han pasado
a manos privadas: el Laboratorio Central de Galicia, adjudicado a Unilabs; la
historia clínica electrónica a Indra; las telecomunicaciones del SERGAS a Telefónica;
la Plataforma Electrónica y el teléfono de cita previa a Netaccede; el Servicio
de Suministros y Logística a Severiano Servicio Móvil; el mantenimiento de
equipos sanitarios a Ibérica de Mantenimiento SANA; o las contrataciones del
SERGAS a Plataforma Electrónica Vortal Connecting Bussines, entre otros
servicios que prestan empresas como Eulen, de la que es apoderada la hermanísima,
Micaela Núñez Feijoo). Por no hablar de las derivaciones a la sanidad privada
(9 millones de euros anuales sólo en dos hospitales privados de la provincia de
Pontevedra, sin contar los 75 millones a Povisa). El abuso de lo público ha
llegado a tal extremo que, según denuncia sindical, el hospital Montecelo de
Pontevedra ha cedido material sanitario para su uso por parte del privado
Quirónsalud (conocido como “Dóminguez”, por su fundador, abuelo del actual Jefe
del PP local, que es especialista en dicho centro).
El gasto público sanitario es un
caramelo muy jugoso para las multinacionales. Pensemos que en su ansiedad por
obtener siempre más beneficios (el capitalista es un yonqui del dinero), uno de
los pocos nichos de crecimiento que les quedan es el dinero público, de ahí esa
ansia privatizadora pilotada desde los partidos políticos del capital. Por ello,
Feijoo no ha dejado de privatizar servicios públicos. Tras el Cunqueiro,
pretendió hacer un hospital similar en Pontevedra, en Monte Carrasco, pero la crisis
y las protestas ciudadanas en Vigo contra este modelo obligaron al PP a volver
al proyecto inicial de ampliación de Montecelo, ideado por el Gobierno de Touriño y que Feijóo mantuvo
paralizado desde el 2009, castigando durante 12 años al área sanitaria de Pontevedra,
huérfana de unos recursos hospitalarios que lleva reclamando desde los 90. Ahora
bien, el Plan funcional del Nuevo Montecelo, sigue las directrices del
realizado para el “Cunqueiro”, de tal manera que elimina camas para favorecer a
la sanidad privada (Povisa en Vigo, Quirón-Domínguez y La Merced en Pontevedra),
jugando a la baja, de una manera temeraria. Para ello se escudan en unos
cálculos que nos advierten de cuáles van a ser las políticas del PP de ganar
las elecciones, pues según ellos la población va a seguir bajando (lo que nos
avisa de su desinterés por las políticas de natalidad, como ya demostraron con
el paritorio de Verín); y calculan que la tendencia de los ciudadanos va a ser
la de suscribir pólizas privadas (alertándonos de que sus medidas van a
favorecer el fortalecimiento de la sanidad privada frente a una sanidad pública
de beneficencia, al más puro estilo americano). También han adulterado los
datos, pues no tienen en cuenta el área del Salnés, con unos 70.000 ciudadanos,
que se verá obligada a derivar pacientes a Montecelo, ya que no cuenta con
muchas especialidades que han sido suprimidas en los últimos años, fruto de las
políticas de recortes del PP.
Para el 2031 el Nuevo Montecelo
necesitará 856 camas, pero el cálculo recogido en el Plan funcional es de 557.
Curiosamente el Plan funcional del pretendido hospital de gestión privada de
Monte Carrasco hablaba de 723 camas. ¿A qué obedece esta rebaja? Sencillo, en
ese caso aumentar las necesidades era beneficioso para la empresa privada. Con
igual objetivo se reduce el número de camas en servicios como el de Trauma,
destinadas a las derivaciones a la privada, ya que a esta no le interesan
operaciones complejas que puedan tener complicaciones o reingresos, lo que le
resultaría poco rentable, pues tiene que cubrir todo el proceso.
El Plan funcional también habla
de atender a los pacientes en su casa, a través de un cuidador virtual (que probablemente
gestionará una empresa privada), con el consiguiente recorte de sanitarios (ya
hay 1.162 médicos menos en atención primaria desde la llegada de Feijóo a la
Xunta); y apuesta por el uso del transporte privado para subir al complejo
hospitalario, frente a un modelo de ciudad que se postula por el medio
ambiente, con la clara intención de beneficiar a la concesionaria de un parking
privado (modelo puesto en práctica en otros hospitales como el de Ourense, con
el subsiguiente perjuicio para los pacientes, a los que se les hurta un servicio
asociado al sanitario, pues nadie acude al hospital por antojo). La
privatización del Gran Montecelo se irá haciendo, como ha venido siendo
práctica habitual del PP en la sanidad pública gallega, por piezas, como recoge
el pliego de condiciones de licitación del Proyecto hospitalario, que habla de
previsión de privatización del servicio de mantenimiento. Luego seguirán
cocina, lavandería y suministros. Al final lo único público serán los médicos,
y algunos de estos compartidos con la privada.
Otro ejemplo del fomento de la sanidad
privada es el hecho de que 3 de los 4 PET (aparato de tomografías para el diagnóstico
de tumores) que hay en Galicia están en manos privadas. La falta de inversión
en este tipo de aparatos por parte del Gobierno de Feijóo no busca otra cosa
que favorecer la derivación de pacientes a la privada, la cual no gastaría una
importante suma en su compra si no tuviera garantías de que le iba a resultar
rentable. No es de extrañar, por tanto, el movimiento de directivos de la
sanidad de la pública a la privada y viceversa.
La políticas sanitarias del PP
pretenden nuestra metamorfosis de pacientes a asegurados, transformando nuestra
salud en beneficios. Sin embargo, como decía Gandhi, la salud es la riqueza real y no el oro y la plata. Si algo nos ha
desvelado esta desgraciada crisis sanitaria es que en los momentos más duros el
pilar de nuestra supervivencia es la comunidad, lo público, y por ello, es
nuestra obligación defenderlo y apoyar a quienes lo defienden.
Guillerme Pérez
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