La nueva Ley de Educación (1)

Una vez que he leído el texto aprobado por el Congreso de la nueva Ley de Educación, y esperando que el Senado solo la mejore, ya puedo dar mi opinión sobre la misma.

En primer lugar, y esto es algo que la derecha española no entiende, es que una vez que se ha universalizado la enseñanza hasta los dieciséis años (en algunos países hasta los dieciocho) no es posible seguir con criterios de evaluación iguales a los de los años ochenta del siglo pasado y anteriores, como no es posible seguir haciendo hincapié en los contenidos si esto va en detrimento de las competencias básicas y las destrezas que se han de procurar a los alumnos. Si no se acepta éste principio, que fue introducido por los señores Mavarall y Marchesi en España, cada uno en su puesto, no se puede avanzar hacia ningún tipo de acuerdo.

Hay otros motivos de desacuerdo entre la izquierda y la derecha que tienen que ver con el dinero que ponemos todos los españoles (o casi todos) para sostener el sistema educativo: algunos queremos que ese dinero vaya a la enseñanza pública, sobre todo, y otros no soportan que se reste un euro a la enseñanza privada, porque la llamada concertada es privada. También es cierto que toda ley de educación está preñada de ideología, como lo fue la francesa de 1905 (ya ha pasado más de un siglo y en España estamos aún sin superarla en algunos aspectos) o la ley Moyano, conservadora, que, no obstante, mejoró la situación con respecto a la España de la primera mitad del siglo XIX.

También el señor Villar Palasí, que era del “Opus”, plasmó su ideología, y la de su equipo, en la ley de 1973, y el señor Wert (de infausto recuerdo) y la actual de la señora Celaá. No hay ley educativa que no tenga ideología, aunque lo ideal es que tienda al bien común y que sea apoyada por la mayor parte de la sociedad.

La derecha española hace énfasis en la “cultura del esfuerzo”, queriendo decir con ello que el que demuestre superación en las diferentes disciplinas, adelante, y el que no, queda segregado. La ley Celaá, como las anteriores LOGSE y LOE, trata de integrar a todos los niños y adolescentes independientemente de su situación social, económica e intelectual, porque está demostrado que las causas del fracaso de los alumnos están, muchas veces, en pertenecer a familias humildes, a familias desestructuradas, a dificultades psicológicas, etc. Y ello es posible aunque difícil. Pero renunciar no es de recibo.

En primer lugar, muchos países europeos ya hacen hincapié en las destrezas y competencias más que en los contenidos, por lo que imitarles no parece el peor camino. Otra cosa es qué se entiende por competencias: el niño y el adolescente, en sus respectivas etapas, debe alcanzar no tanto saber “cosas”, sino dónde consultarlas, redactar correctamente, sintetizar un contenido de alguna complejidad, haber alcanzado un cierto grado de abstracción que le permita comprender causas, efectos, resultados, etc. En cada disciplina las competencias son distintas y se alcanzan por diferentes caminos, de ahí la didáctica: un profesor de Matemáticas, según la moderna pedagogía, no ha de intentar que todos los alumnos resuelvan ecuaciones complicadas, ni que comprendan los muchos secretos de la geometría, sino que tengan los instrumentos que, si no ahora, más adelante les permitan valerse si continúan estudios.

No es fácil. ¿Cómo saber si cada alumno ha adquirido tales competencias, domina ciertas destrezas para –si no alcanza el nivel óptimo en conocimientos- lo pueda hacer en un futuro más o menos próximo? Para eso está la observación diaria en el aula, los ejercicios adaptados a cada uno (o grupo de alumnos), los debates entre profesores para cambiar impresiones sobre los rendimientos, las motivaciones de cada alumno. No son pocos los profesores que dicen haber aprobado a un alumno no tanto por los méritos alcanzados en su disciplina cuanto por los resultados que ven en las demás.

A lo largo de mi vida docente he visto que algunos alumnos no se sentían estimulados por estudiar conceptos como régimen fluvial, cauce, escorrentía, etc., pero cuando había operaciones aritméticas para la solución de un problema, se entusiasmaban; por ejemplo, para el cálculo de pendientes en el mapa topográfico nacional. Me faltó tiempo para advertirlo a los profesores concernidos. A esos alumnos les juzgué más por las destrezas demostradas en ese campo que por la molicie que demostraban en otros, aunque cuando se trató de evaluarles tuviese que contar con todos los elementos que forman parte del currículum: asistencia a clase, actitud, aptitud, contenidos, participación, etc. Si solo hubiese tenido en cuenta los conocimientos adquiridos por mis alumnos la tasa de suspensos me hubiera suspendido a mí también.

Toda ley que pretenda ser eficaz debe contar con recursos suficientes, pues ha de rebajarse la ratio por aula, se necesitan medios que faciliten el aprendizaje, contratar profesores de pedagogía terapéutica, mejorar la preparación del profesorado, etc. La ley Celaá prevé un aumento de los recursos respecto de cómo dejó a la educación el Gobierno del señor Rajoy, que redujo los recursos respecto al PIB. De igual manera se necesita formar continuamente al profesorado a lo largo de su carrera y formar, sobre todo, a los que eligen la docencia como profesión.

A lo largo del tiempo es necesario que se evalúen los resultados obtenidos, cosa que prevé la ley ahora en tramitación (evaluaciones de diagnóstico) para conseguir que los alumnos no se vean obligados a repetir curso, lo que será inevitable en algunos casos. La ley prevé que sólo se podrá repetir curso una vez cada dos años, así como la posibilidad de emplear tres para el bachillerato, que constará de cuatro opciones.

Con respecto a la educación secundaria obligatoria desaparecen las segregaciones a edades demasiado tempranas, como ocurría con la infausta ley Wert y se plantea un plazo para incorporar la educación de cero a tres años, lo que va en el camino de facilitar a las familias la atención a los hijos más pequeños (conciliación).

La derecha, sabiendo que su actitud es falaz, habla de libertad como una reivindicación pero ¿qué libertad falta en la actual ley? Cada familia podrá elegir el centro educativo que desee, público o privado, dentro de los privados, concertados o no, primando el criterio de proximidad y sus hijos podrán cursar la disciplina de Religión, la única adoctrinadora, por lo que no se supera –una vez más- la vieja aspiración de la cultura laica de que los alumnos reciban formación religiosa, pero por parte de personal seleccionado por el Estado y con la formación exigible. ¿Dónde falta libertad? En realidad la derecha se refiere a que quiere más recursos públicos para la enseñanza privada, lo que implica que la pública disponga de menos, se refiere a que la enseñanza concertada pueda exigir el pago de ciertos servicios, cuando la ley dice que ha de ser gratuita, se refiere a que al negocio de la enseñanza privada no le salen las cuentas si no es con los privilegios que hasta ahora ha disfrutado.

Ha habido una grave irresponsabilidad por parte del Estado –cualquiera que fuese el gobierno- en uno de los asuntos que la Administración central tiene competencias, y es la alta inspección, que no se ha ejercido con el celo que se debiera, y así tenemos las incesantes quejas de las familias a las que se les exige el pago por actividades que se ofertan a los alumnos, en realidad una forma de allegar recursos ilegalmente.

También es falaz que los padres tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos: sí en el ámbito familiar, pero en la escuela es el centro quien determina los currícula, dentro del marco que la ley establece; así es en todos los países avanzados y en el Consejo Escolar, que el infausto Wert dejó desmantelado, tienen participación los padres para poder incidir en lo que estos demanden.