Políticas de estado

Cuando en 1933 la II República ya había pasado por un número realmente elevado de hechos luctuosos, con muertes y más muertes de campesinos y obreros, guardias civiles y ciudadanos en general, violencias protagonizadas sobre todo por los los anarquistas y las fuerzas del orden (particularmente la Guardia Civil), el Partido Socialista cayó en la cuenta de que su colaboración en el Gobierno con los republicanos progresistas representaba un gran coste para sus intereses electorales, más allá de lo fecundo que fue el primer bienio republicano en materia de legislación social. La no aplicación de la ley por el poder fáctico de los terratenientes y patronos, la dificultad en notarse los efectos de dicha legislación, que necesitaba un tiempo, hizo que buena parte de la clase media (reducida entonces respecto de la actual) y las masas de proletarios que se extendían por todo el territorio nacional, viesen lo poco útil de una República que no evitaba, en la práctica, los abusos de los poderosos y las muertes gratuitas de los humildes.

Es entonces cuando el PSOE se radicaliza, expresión que se ha utilizado una y otra vez, los anarquistas se inhiben en las elecciones generales de noviembre y diciembre (1933) y triunfa la derecha representada por la CEDA y el Partido Radical de A. Lerroux. ¿Qué había hecho, hasta entonces, el PSOE, su grupo parlamentario –el más numeroso del Congreso- y los tres ministros socialistas? Comprometerse con el Estado, republicano, para dotar al país de unas estructuras modernas, sociales y democráticas, aunque las condiciones fuesen muy contrarias: crisis económic de 1929, violencia desatada en los centros industriales y en los campos de la mitad sur de España, odio incubado secularmente.

De la misma forma, el PSOE fue partidario de comprometerse con una transición a la democracia desde 1977, aún a sabiendas de que el proceso estaba vigilado por militares que habían participado en la guerra de 1936, firmar los Pactos de la Moncloa aún a sabiendas de que tendrían una contestación sindical que, sin embargo solo fue parcial, y apoyar ahora a un Gobierno sostenido por un partido incriminado, en el intento secesionista e ilegal de los independentistas catalanes. Ello, igual que en el primer bienio republicano, tiene un coste. Hay otros partidos (o lo que sean) que prefieren nadar entre dos aguas, sin definirse, y el tiempo dirá si, al menos electoramente, les da resultado.

La necesidad de una reforma constitucional como alternativa a la convocatoria de un referéndum que no tiene amparo legal hoy por hoy, es a mi juicio acertada. Menos claro es el sentido federalizante que el PSOE dice defender, ya que la descentralización política en España quizá no tenga parangón en el mundo (excepción hecha de los estados confederales). ¿Se trata de un gran pacto entre el Estado y las autoridades de las Comunidades Autónomas, de forma conjunta, no bilateralmente con cada una de ellas como se hizo durante los años ochenta pasados? Se necesitaría una gran capacidad política por parte de los actores que no creo se dé, además de que los independentistas catalanes, hoy por hoy, no entrarían en ese intento.

Por otro lado está el acuerdo necesario no ya entre Estado y CCAA, sino entre partidos: mucho me temo que los acuerdos serían mínimos y, por lo tanto, insuficientes, porque ahora ya no se trata de conseguir un objetivo compartido como en 1978 (una Constitución superadora del franquismo y establecedora de la democracia), sino que el tacticismo de cada uno –más notable en algunos partidos que en otros- prima en la actualidad. También hay maximalismos que, siendo muy razonables (otros no) son imposibles de asumir por el partido del actual Gobierno. Por ello tengo el temor de que, iniciado el proceso de reforma constitucional, el resultado final resultase peor que el texto actual, en cuyo caso habría que desechar el trabajo realizado.

¿Es asumible un pacto constitucional entre PP, PSOE y Ciudadanos? Obviamente no. ¿Es pensabe la incorporación de otros partidos a un pacto que, obviamente también, tendría que ser distinto al anterior? Lamentablemente creo que no se dan las condiciones: ni de sosiego, ni de ilusión colectiva, ni de lealtad entre unos y otros… Esas condiciones serían necesarias, pero no suficientes; faltaría que quien pilotase la reforma constitucional no fuese quien ahora preside el Gobierno, sino alguien con otras miras, otra capacidad, con un verdadero convencimiento de la necesidad de la reforma y sin el lastre de estar apoyado por la canalla de un partido que este año se sienta ante los jueces.

L. de Guereñu Polán.