¡Fuera! (imaginando un triunfo)

El triunfo de la moción de censura, presentada por el Partido Socialista contra el hasta ahora Presidente del Gobierno, representante genuino de la corrupción en España, es un triunfo que puede traer consigo un cambio de signo en el hacer político para muchos años en el futuro. No podemos saber la estabilidad del Gobierno que forme el señor Sánchez, pues las dificultades con las que se va a encontrar son enormes: división parlamentaria, graves problemas institucionales, reformas legislativas que el Senado intentará frenar por todos los medios, respuesta a las demandas de los colectivos más afectados por el acrecentamiento de las desigualdades sociales durante las épocas de gobierno del Partido Popular.

Que estén fuera personajes tan perniciosos como Cospedal o Sáez de Santamaría, el propio Rajoy y el resto de sus ministros, ejemplares de una España antigua y mezquina, es ya un avance importante. Cabría esperar que los partidos políticos con representación parlamentaria, con excepción de aquellos que han hecho de la corrupción y de la reacción su norma de conducta, tengan altura de miras y sepan apoyar, con todos los condicionantes lícitos que se quiera, al nuevo Gobierno.

El señor Sánchez ya ha dicho que no va a ceder en casos como la unidad de España y las reformas legales para amparar a los grupos más desfavorecidos de nuestra sociedad. Las fuerzas fácticas del país (especuladores, grandes empresarios, acomodados y beneficiarios del PP, la banca, la Iglesia jerárquica, cierta prensa y otras por el estilo) no van a dar un momento de respiro al nuevo gobierno, por lo que debiera la sociedad civil que se reclama demócrata y progresista armarse de valor: los intelectuales, los docentes, los periodistas, los profesionales, los funcionarios, los sindicatos de trabajadores, debieran apiñarse para evitar la dialéctica de la falsedad que el PP emprenderá (con algún socio sobrevenido) desde este mismo momento.

Aquellos que aspiran a separar de España una parte de su territorio pueden seguir haciéndolo sin poner en riesgo al nuevo Gobierno, pero solo si saben que han de contar para conseguir sus fines con la mayoría de la población de ese territorio, lo que hoy no se da, que no se puede convocar referéndum alguno en este sentido mientras no se modifique la Constitución española de 1978 (en particular su artículo 2º) y que, en todo caso, los objetivos políticos lícitos no tienen por que conseguirse en un plazo corto. No creo que se den nunca las condiciones cuantitativas para que una parte del territorio de España se pueda separar del conjunto, pero si alguna vez dichas condiciones se dieran, entonces cabría ponerse a pensar –todos- cuales son las medidas que más convienen al interés general. La inacción no tendría sentido y la toma de decisiones graves no se pueden llevar a cabo en unos meses, puede que ni en unos pocos años.

Todos los casos de corrupción que están siendo juzgados en los Tribunales (los de unos partidos y los de otros) deben de contar con la máxima colaboración de las instituciones públicas, incluso con la de los partidos políticos, aunque les afecten a ellos. De otra manera no se habrá conseguido el principal objetivo de la moción de censura: corregir de raíz la corrupción en España, que si va a seguir existiendo por la propia lógica de la naturaleza humana, no debe de contar con el amparo de ningún partido político. Ese es el amparo que los corruptos sí tuvieron del Partido Popular, sabedor de que se nutría de elementos de la más baja estofa en no pocos de sus cuadros, que los signos externos de opulencia eran evidentes muestras de prácticas ilegales, que la sucesión en cascada de casos necesitaba (y no se hizo) de medidas ejemplarizantes antes incluso de que actuasen los tribunales.

Los partidos políticos deben aprender la lección de estos vergonzosos tiempos en esta materia: deben hilar fino cuando formen sus candidaturas, deben advertir seriamente a quienes accedan a ellas de que se trata de servir, no de servirse; es necesaria una verdadera ley de incompatibilidades que, realmente, nunca ha existido en España. Para quien no interese esto, hay repuestos en la sociedad española.

¿Alguien duda de que una colaboración de los partidos e instituciones públicas (el Gobierno de la nación en primer lugar) con la Justicia entorpecería definitivamente el camino a corruptos y corruptores? Pues de eso se trata. Mientras tanto ¡fuera a los encubridores del nepotismo, de la prevaricación, del cohecho, de la miseria moral, del enriquecimiento rápido e indebido; fuera a los que han viciado la democracia española haciéndola aparecer a los ojos de la mayoría de la sociedad como una cloaca! Una parte de la sociedad –es evidente que minoritaria- puede estar cómoda con la corrupción porque es beneficiaria de ella, pero eso no puede hipotecar a un país a quien ha costado tanto el régimen de libertad y de relativo bienestar que hoy disfrutamos muchos, pero no todos.

En los años ochenta pasados, siendo yo portavoz de la minoría socialista en la Diputación de Pontevedra, presidida por M. Rajoy, ya vi las maneras del personaje. Los años que siguieron me confirmaron en su catadura.

L. de Guereñu Polán.