Desempeñar cargos políticos para enriquecerse
es algo que siempre ha existido y en no poca proporción. Desde la antigüedad,
donde los cortesanos aspiraban a serlo para hacerse influyentes ante el rey y
así cobrar sus favores, pasando por edades oscuras y brillantes, el
Renacimiento y otras. Los Médici, en la Florencia de los siglos XV y XVI, propiciaron los
amici di amici, y así podríamos
seguir hasta la actualidad pasando por el régimen de la Restauración
española, donde los Romanones, García Prieto, Montero Ríos, Cánovas, Dato y
otros tenían a sus “amigos” en los pueblos que, en contacto con los
gobernadores civiles (una suerte de sátrapas que se vendían al mejor postor)
propiciaban influencias y enriquecimiento.
Ahora bien, a la altura del siglo XXI, las
instituciones, la instrucción, el nivel de información que tienen los
ciudadanos, podría haber impedido que los políticos (muchos o pocos) se
enriquecieran por el hecho de serlo. Pues no. Y si no, es que algo falla: en
primer lugar, la catadura moral de muchos de nuestros políticos, que roban en
mayor o menor grado según se trate de concejales de pueblo o ministros. En
segundo lugar los sistemas de control, que no son lo eficaces que debieran, por
lo que aquí hay una falla institucional. En tercer lugar la lentitud de la
justicia, que bastante hace no obstante gracias a la profesionalidad de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el caso de
España.
Hoy mismo se ha conocido la sentencia judicial
sobre el mayor caso de corrupción en España (Gürtel) que ha condenado al
Partido Popular, el que gobierna, así como a un extenso racimo de sus miembros,
incluidos exministros, por lucrarse ilícitamente, por delitos graves, pero
sobre todo por enriquecerse a cuenta del poder político, es decir, mientras
ocupaban cargos públicos o estar en los aledaños de los mismos.
Hay dos aspectos en el ordenamiento jurídico
español (como en otros) que no comprendo –ni muchas otras personas- y que
convendría revisar: uno es el de las prescripciones de ciertos delitos, porque
de no ser así el Presidente Rajoy tendría que responder de haber cobrado
dinero, en no poca cantidad, a cambio de que su partido, en el ejercicio de
gobierno, hubiese concedido contratas a no pocas empresas. Ahí están también
los casos de los exministros Arenas, Zaplana, Rato, Cañete, Castillo, Trillo
(con decenas de muertes de por medio), Acebes, Matas (en este caso complicado
con un cuñado del rey de España), Cascos y Montoro (este último con intereses
en un despacho incompatible con sus funciones públicas). Agazapado se encuentra
el señor Aznar, a quien probablemente nunca veremos ante un tribunal por
crímenes de guerra (Irak).
Pero si nos vamos a Valencia nos encontramos
con los Ruz, Castedo, Barberá, Camps, Costa, Fabra… y en Galicia Naseiro,
Crespo, entroncados con lo más granado de la delincuencia gallega; en Canarias,
Soria; senadores, alcaldes como Granados, (uno que lo fue de Granada),
concejales que pueblan toda la geografía nacional.
Otro de los asuntos que convendría revisar es
de la fianza para librarse de la prisión preventiva, porque solo la pueden
pagar los ricos, es decir, los que por “as” o por “nefas” han robado. Tengo que
confesar que soy uno de los que cree que toda riqueza ha sido obtenida a base
trampas, ventajismo y otras fórmulas más o menos inmorales. Trabajando
honradamente nadie se enriquece.
Yo creo que el Partido Popular, cuando se creó
con el nombre de Alianza Popular, lo hizo para valerse del delito, o de las
faltas administrativas, o de personajes sin escrúpulos, para medrar y hacerse
con el poder: primero con el municipal en Galicia y Castilla y León, luego en
otras partes. Hacerse con los despojos de la UCD fue esencial para el ahora PP, porque aquel
partido (en realidad amalgama de franquistas que querían acomodarse al nuevo
régimen democrático) se nutrió de alcaldes de la dictadura, de las Cámaras
Agrarias que vivían a costa del trabajo ajeno, de las Diputaciones
Provinciales, verdaderos emporios de irregularidad y miseria moral.
En términos teóricos, sin otros condicionantes,
la situación que vive España es propicia para que una moción de censura de
todos los partidos políticos que verdaderamente quieran regenerar el país,
desalojasen al PP y a su jefe del Gobierno, corrompidos hasta la médula; pero
digo en términos teóricos porque hay quienes están a otra cosa
(independentistas catalanes), nacionalistas vascos (4.000 millones de euros en
los presupuestos del Estado recientemente aprobados), disidentes del PP que
mendigan un puesto en los próximos años donde poder seguir usufructuando algo,
los señores Rivera y Turrión, que han perdido ya, junto con la Presidenta de Andalucía
(por una ambición bien mezquina y personal) la posibilidad de dignificar la
política española desde marzo de 2016…
L. de Guereñu Polán.
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