Impuestos

Parto de la base de considerar que en una economía libre de mercado, no hay sistema fiscal absolutamente justo, porque siempre existirán fórmulas para evadir impuestos y defraudar al fisco, siempre existirán grupos de presión que amenacen con no invertir en la creación de puestos de trabajo y riqueza si el Estado aumenta los impuestos a ciertos sectores y los dueños de los más abultados capitales los sacarán del país para llevarlos a buen recaudo (a paraísos fiscales, en realidad, cloacas para la desigualdad).

En España, como en otros muchos países, el impuesto que sostiene el sistema fiscal es el de Rendimientos del Trabajo Personal, es decir, con el que contribuimos muchos (no todos) al sostenimiento del Estado. Gravar las rentas bajas y medias excesivamente es injusto, pero lo cierto es que esas rentas son las mayoritarias con mucho, por lo que gravar abultadamente las rentas altas no aporta gran cosa al erario público.

El Impuesto de Sociedades, sobre el que hay una doctrina que es partidaria de que no exista o que grave moderadamente los beneficios de las empresas, cabe también hacer una distinción: las empresas pequeñas y medianas, las que más trabajo crean en España, hacen bien en reivindicar que el Estado modere su imposición, pero las grandes están claramente beneficiadas.

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones está transferido a las Comunidades Autónomas, con lo que nos encontramos con situaciones de clara injusticia, donde unos están sujetos a tipos impositivos altos y otros a bajos. Se podrá argumentar que ello es consecuencia de la decisión de los ciudadanos al elegir a sus gobiernos autónomos, pero no es esto en lo que se piensa cuando se vota, y normalmente no está en los programas electorales (que no se predican) medidas de este tipo.

El Impuesto sobre el Patrimonio sí que podría ser aprovechado para gravar las grandes propiedades patrimoniales, que no son pocas, aunque debe reconocerse que, por mucho que se insista en esto, el montante para el erario público sería también poca solución a las necesidades del Estado.

Los impuestos indirectos, como se sabe, son los más injustos, porque gravan por igual a quienes tienen rentas altas y quienes las tienen bajas: el IVA, el de Transmisiones Patrimoniales y los impuestos especiales (alcohol y bebidas alcohólicas, hidrocarburos, tabaco y matriculación de vehículos de transporte…). Justo es gravar el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, aunque solo sea por ver si se modera aquel, aunque no ignoro la repercusión que puede tener sobre los productores y sus asalariados.

Como es sabido, el Gobierno socialista que recientemente se ha establecido en España está resuelto a olvidarse de aquella tontería que, otro socialista, dijera hace unos años (“bajar impuestos es de izquierdas”). La izquierda siempre ha sido partidaria de allegar muchos recursos al Estado para poder dar servicios de calidad a los más necesitados, pero también al conjunto de la sociedad, porque los ricos ya se procuran dichos servicios por ellos mismos. Es una forma de redistribuir la riqueza, como tantas veces se ha dicho. Gravar las transacciones financieras internacionales no será fácil, pero si el Estado se dota de instrumentos eficaces y cuenta con la colaboración internacional, ahí sí tenemos una fuente de ingresos importante. Un impuesto a la banca –se ha dicho- puede resultar repercutido en los clientes, pero eso depende de cómo se legisle, porque muy bien el Estado puede condicionar las políticas del crédito privado en este sentido (además, mientras haya una banca pública, y ya sé que será por poco tiempo, por medio de esta se puede condicionar la actividad de los demás bancos). Y sin pretender pontificar por mi parte, no me parecería mal que se gravase las pensiones más altas, sobre todo teniendo en cuenta que santones del PP como el señor García Margallo cobran dos (¡!) aunque ello no significase gran cosa en el monto recaudatorio del Estado.

Queda el sempiterno problema: gravar como corresponde a las rentas del capital, que se escapan con facilidad por el coladero de los paraísos fiscales. Como su desaparición es una cuestión de voluntad política, ahí está el problema porque la mayoría de los gobernantes del mundo y sus allegados políticos se benefician de su existencia. La lucha contra el fraude fiscal será difícil si no existe un verdadero compromiso internacional, pero cada Estado puede ir llevando a cabo algunas medidas que corren el riesgo de la fuga de capitales. ¿Qué le vamos a hacer? No vamos a estar con esta hipoteca sólo porque unos pocos “patriotas” se llevan el dinero fuera. Cuando tuve la oportunidad de estar en el Parlamento Europeo como empleado (por poco tiempo) pude ver como los diputados matriculaban sus automóviles en Luxemburgo para no pagar impuestos: ¡todo un ejemplo!

Recuerdo una reflexión de Voltaire, que no puedo citar literalmente ahora, donde el ilustrado decía que el verdadero filósofo era el que valoraba el trabajo, pagaba sus impuestos y contribuía a que sus semejantes fuesen felices. ¡Que lejos queda Voltaire!

Pero no conviene olvidar que mientras haya en el mundo tantas diferencias de renta y de riqueza, los Estados podrán corregir allí, recaudar allá, pero cualquier sistema fiscal elegido tendrá por fuerza una injusticia de origen.

L. de Guereñu Polán.