Una vez que el Gobierno ha iniciado el trámite por la
solicitud de indultos para los condenados del “procés”, los más informados dan
supuesto que dichos indultos se producirán, sin que yo pueda añadir nada más a
éste supuesto.
Me limitaré a plantear, sin embargo, los riesgos que se
corren tanto con una decisión como con la otra (indultar o no indultar). En
primer lugar no ha habido arrepentimiento por parte de los condenados, muy al
contrario, no pocos han declarado que volverían a intentar hacer lo mismo
cuando consideren las circunstancias propicias. Es como si un asesino fuese
indultado (aparte la distinta naturaleza de los delitos) al tiempo que
manifiesta volverá a matar. La sociedad no dejará de tener en cuenta esto,
máxime porque habrá quien se lo recuerde: toda la oposición conservadora y/o
reaccionaria, integrista y otros que no son ni una cosa ni la otra.
Entre el propio electorado socialista habrá no pocos –yo mismo-
que no verán bien un perdón sin arrepentimiento, solo por motivaciones
políticas que –dicho sea de paso- no son humo de paja. También entre los
halcones del PSOE habrá opiniones que saldrán a la luz, con el riesgo de un
motivo más de fractura en el seno de dicho partido. Me imagino a las máximas
autoridades de Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha y a la Secretaria de los
socialistas andaluces saliendo a la palestra pública dando alpiste a la
derecha.
Indultar a los condenados por el “procés” puede ser un
precedente muy peligroso en casos que se pueden repetir, pero no solo en
Cataluña. Además está la posibilidad –ya anunciada- de que alguien recurra el
posible indulto, teniendo en cuenta que los informes, preceptivos pero no
vinculantes, de la Fiscalía y de la Sala correspondiente del Tribunal Supremo
son contrarios a dicha concesión. Supongo que el Gobierno se asesorará con la
Abogacía del Estado.
Existe cierta jurisprudencia sobre la concesión de indultos
que han sido impugnados por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, por
lo que el Gobierno, si decide el indulto, tendrá que argumentarlo muy
finamente, ya que las motivaciones políticas y la “utilidad pública”, en éste
caso, pueden no ser lo mismo. Nadie garantiza que no habrá nuevas embestidas al
Estado (que es lo mismo que a la ley) desde el nacionalismo catalán y otros
nacionalismos.
Lo que está claro es que el Tribunal Supremo sentenció
después de un juicio que no parece tener mácula, con todas las garantías
propias de un Estado de derecho, y los delitos por los que han sido condenados
unos y otros son graves en algunos casos, menos graves en otros, pero
vituperables en todos. ¿Se les va a indultar –por ejemplo- en el caso de la
prevaricación?
Si la Sala correspondiente del Tribunal Supremo advierte
arbitrariedad en la decisión del Gobierno (supongo que ambos hilarán muy fino)
y dicha arbitrariedad estuviese relacionada con la falta de coherencia entre
aquellos argumentos y lo mucho que ha estudiado el asunto el Tribunal Supremo,
las cosas podrían complicarse. Incluso el Gobierno del señor Sánchez podría ser
recordado –o caer- por éste hecho. O no.
El Gobierno es débil, no tiene mayoría parlamentaria
asegurada y el principal socio –copartícipe en el Gobierno- no es leal ni, por
lo tanto, de fiar. Incluso podría el Vicepresidente Segundo, una vez conseguido
su objetivo (el indulto que antes que nadie pregonó) retirar su apoyo al Presidente
con lo que éste probablemente tendría que dimitir. De ahí se derivarían no
pocas consecuencias.
Si el Gobierno opta por no conceder el indulto (también razonadamente,
y en éste caso sería más fácil), el nacionalismo catalán y los otros
nacionalismos más o menos sedicentes, clamarán al cielo, recurrirán al “sursum
corda” y alegarán que el Gobierno no tiene voluntad de reconducir el problema
político catalán que, efectivamente, es político pero también judicial y de
cumplimiento de la ley.
El señor Sánchez está rodeado por todas partes y ha
demostrado que tiene maña para salir de encerronas, pero ahora está el Estado
de por medio y el respeto a sus instituciones. No creo valiese para nada,
porque no contentaría a nadie, indultar respecto a unas penas y no respecto a
otras.
¿Y el Tribunal Supremo? Tendrá que valorar los argumentos del
Gobierno y los de los recurrentes si los hubiere, que de ganar el recurso se
hincharían hasta la saciedad. Pero el Supremo también puede optar por
considerar los argumentos del Gobierno sin más miramiento, o dar la batalla y
estimar que hay algún resquicio para desdecirle, sobre todo teniendo en cuenta
que no hay arrepentimiento y la amenaza expresa de delinquir persiste. En el
primer caso el Tribunal Supremo se sentiría cómodo sin meterse en más jardines;
en el segundo tendríamos un posible conflicto institucional de gran desgaste:
porque el Gobierno ha sido desautorizado y porque el Tribunal quedaría como el
que lucha solo ante el delito.
Y si se concede el indulto del que hablamos ¿por qué no a la
caterva de delincuentes que tiene el PP en las cárceles españolas y a otros
criminales comunes que pueblan nuestras prisiones?
L. de Guereñu Polán.

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