miércoles, 30 de diciembre de 2020

¿Indultos?

 


Una vez que el Gobierno ha iniciado el trámite por la solicitud de indultos para los condenados del “procés”, los más informados dan supuesto que dichos indultos se producirán, sin que yo pueda añadir nada más a éste supuesto.

Me limitaré a plantear, sin embargo, los riesgos que se corren tanto con una decisión como con la otra (indultar o no indultar). En primer lugar no ha habido arrepentimiento por parte de los condenados, muy al contrario, no pocos han declarado que volverían a intentar hacer lo mismo cuando consideren las circunstancias propicias. Es como si un asesino fuese indultado (aparte la distinta naturaleza de los delitos) al tiempo que manifiesta volverá a matar. La sociedad no dejará de tener en cuenta esto, máxime porque habrá quien se lo recuerde: toda la oposición conservadora y/o reaccionaria, integrista y otros que no son ni una cosa ni la otra.

Entre el propio electorado socialista habrá no pocos –yo mismo- que no verán bien un perdón sin arrepentimiento, solo por motivaciones políticas que –dicho sea de paso- no son humo de paja. También entre los halcones del PSOE habrá opiniones que saldrán a la luz, con el riesgo de un motivo más de fractura en el seno de dicho partido. Me imagino a las máximas autoridades de Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha y a la Secretaria de los socialistas andaluces saliendo a la palestra pública dando alpiste a la derecha.

Indultar a los condenados por el “procés” puede ser un precedente muy peligroso en casos que se pueden repetir, pero no solo en Cataluña. Además está la posibilidad –ya anunciada- de que alguien recurra el posible indulto, teniendo en cuenta que los informes, preceptivos pero no vinculantes, de la Fiscalía y de la Sala correspondiente del Tribunal Supremo son contrarios a dicha concesión. Supongo que el Gobierno se asesorará con la Abogacía del Estado.

Existe cierta jurisprudencia sobre la concesión de indultos que han sido impugnados por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, por lo que el Gobierno, si decide el indulto, tendrá que argumentarlo muy finamente, ya que las motivaciones políticas y la “utilidad pública”, en éste caso, pueden no ser lo mismo. Nadie garantiza que no habrá nuevas embestidas al Estado (que es lo mismo que a la ley) desde el nacionalismo catalán y otros nacionalismos.

Lo que está claro es que el Tribunal Supremo sentenció después de un juicio que no parece tener mácula, con todas las garantías propias de un Estado de derecho, y los delitos por los que han sido condenados unos y otros son graves en algunos casos, menos graves en otros, pero vituperables en todos. ¿Se les va a indultar –por ejemplo- en el caso de la prevaricación?

Si la Sala correspondiente del Tribunal Supremo advierte arbitrariedad en la decisión del Gobierno (supongo que ambos hilarán muy fino) y dicha arbitrariedad estuviese relacionada con la falta de coherencia entre aquellos argumentos y lo mucho que ha estudiado el asunto el Tribunal Supremo, las cosas podrían complicarse. Incluso el Gobierno del señor Sánchez podría ser recordado –o caer- por éste hecho. O no.

El Gobierno es débil, no tiene mayoría parlamentaria asegurada y el principal socio –copartícipe en el Gobierno- no es leal ni, por lo tanto, de fiar. Incluso podría el Vicepresidente Segundo, una vez conseguido su objetivo (el indulto que antes que nadie pregonó) retirar su apoyo al Presidente con lo que éste probablemente tendría que dimitir. De ahí se derivarían no pocas consecuencias.

Si el Gobierno opta por no conceder el indulto (también razonadamente, y en éste caso sería más fácil), el nacionalismo catalán y los otros nacionalismos más o menos sedicentes, clamarán al cielo, recurrirán al “sursum corda” y alegarán que el Gobierno no tiene voluntad de reconducir el problema político catalán que, efectivamente, es político pero también judicial y de cumplimiento de la ley.

El señor Sánchez está rodeado por todas partes y ha demostrado que tiene maña para salir de encerronas, pero ahora está el Estado de por medio y el respeto a sus instituciones. No creo valiese para nada, porque no contentaría a nadie, indultar respecto a unas penas y no respecto a otras.

¿Y el Tribunal Supremo? Tendrá que valorar los argumentos del Gobierno y los de los recurrentes si los hubiere, que de ganar el recurso se hincharían hasta la saciedad. Pero el Supremo también puede optar por considerar los argumentos del Gobierno sin más miramiento, o dar la batalla y estimar que hay algún resquicio para desdecirle, sobre todo teniendo en cuenta que no hay arrepentimiento y la amenaza expresa de delinquir persiste. En el primer caso el Tribunal Supremo se sentiría cómodo sin meterse en más jardines; en el segundo tendríamos un posible conflicto institucional de gran desgaste: porque el Gobierno ha sido desautorizado y porque el Tribunal quedaría como el que lucha solo ante el delito.

Y si se concede el indulto del que hablamos ¿por qué no a la caterva de delincuentes que tiene el PP en las cárceles españolas y a otros criminales comunes que pueblan nuestras prisiones?

L. de Guereñu Polán.

 

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