Otra vez me llega un mail que propone ahorrar 3.500 millones de € suprimiendo el Senado. Durante buena parte de los últimos meses se repitió, hasta la saciedad, en medios de cuyos nombres no quiero acordarme pero que incluye prensa que pasa por seria, respecto a los Parlamentos autónomos que: “Los sueldos de los 1.218 diputados asciende a 383,8 millones de euros, casi el triple del presupuesto destinado al Congreso y al Senado”. La campaña contra el coste, excesivo según algunos, de las distintas cámaras parlamentarias ha continuado y ha conseguido, con algún aplauso público, que prosperen iniciativas para reducir el número de diputados, eliminar defensores del pueblo y reducir presupuestos en Consejos de Cuentas, con el argumento de la necesidad de ahorro público.
En Democracia el
reparto de los roles de los poderes es claro: el Ejecutivo gobierna y en
consecuencia gasta, el Parlamento legisla y controla el gasto y el Judicial
interviene si ese el gasto se produce en contra o al margen de lo legislado.
Parece que hay quien quiere cambiar las reglas básicas, lo hace sobre datos,
como mínimo erróneos, y hay dirigentes políticos que le siguen el juego.
En cifras redondas:
El presupuesto del Congreso no llega a los 80 millones de €, el del Senado a
los 50 (por mucho que esfuerzo la imaginación no sé de donde salen los 3.500) y
la suma de los presupuestos de los parlamentos autonómicos, que incluyen
defensores del Pueblo, Consejos de Cuentas y resto de organismos que de ellos
dependen, es en el presente año de menos de 350 millones de €, de los cuales
solo una tercera parte son salarios de los parlamentarios. Las cifras son
públicas y fácilmente accesibles.
Veamos, el gasto que
hay que controlar suma más de 400.000 millones de € anuales, la suma de los
presupuestos autonómicos más de 125.000. Por poner ejemplos de alguno de los
lugares donde ya existen iniciativas de recortes, la Xunta de Galicia gasta al
año 9.500 y la Junta de Castilla la Mancha algo menos de 7.000 millones de €.
Los que deben controlar que esos gastos de 16.500 millones se hacen de acuerdo
con los intereses de los ciudadanos, cuestan menos de 30, es decir menos de
0,20 %. Si el referente para el ahorro son la Cortes Generales el resultado es
aún más espectacular 0,032 %.
Con los tiempos que
corren, ¿Quien de entre los partidarios del buen funcionamiento del sistema democrático
puede estar a favor de ahorrar precisamente en los organismos que tienen que
ejercer el control de cualquier gasto? En especial si las cifras demuestran que
España es de las democracias que menos gastan en sus Parlamentos, en todos sus Parlamentos, incluidos
los autonómicos.
Junio de 2013
Fdo: Isidoro Gracia
No hay comentarios:
Publicar un comentario