La operación quirúrgica a la que se ha sometido el Rey de
España, ha desatado un debate sobre la conveniencia de la abdicación por
motivos de salud. En ese debate, sostenido con fuerza en muchos medios de
comunicación, se perciben ecos del deterioro de imagen que ha sufrido el
Monarca en los últimos años.
Después de tres décadas largas bajo un pacto tácito de
silencio en torno a la Corona como institución, al Rey y su familia y a la Casa
Real, el estallido de la crisis ha cuestionado todos y cada uno de los poderes
del Estado y ha golpeado con fuerza a la primera magistratura. No son ajenos
los errores y escándalos omnipresentes en los medios y en la calle, pero el
contexto citado ha puesto el acento en otros problemas. Hoy se reclama la aplicación
de la Ley de Transparencia, la respuesta ante la ley en términos similares a
los de cualquier ciudadano, se debate públicamente su presupuesto y se
publicita su nivel de vida.
Era lógico que así ocurriese y la única anomalía ha sido la
enorme duración del período de gracia del que han disfrutado. Además se ha
iniciado el debate sobre el futuro de la Monarquía: continuidad en la persona
del heredero, poco conocido hasta ahora, o ruptura. Sin duda ésta es
minoritaria, pero el contexto político actual, con movimientos abiertamente
secesionistas y desprestigio máximo de
los partidos políticos que han vertebrado la vida pública y sostenido el
régimen constitucional, hace posible cualquier escenario de futuro. Por el
momento, la opinión pública si no monárquica es totalmente juancarlista. Pero
en tiempos de cambio los procesos se aceleran.
En contra de la sucesión rápida, obran los diversos
escándalos que afectan a Juan Carlos de Borbón, y que probablemente le hacen
desear un proceso de sustitución más sosegado. También obra en contra la
personalidad de Felipe de Borbón, distante y sin definición propia, y cuya
pareja ocupa más papel rosa del que resulta prudente. Es cierto que la Reina,
según la Constitución española, carece de funciones, salvo en momentos de
Regencia y que por lo tanto Sofía de Grecia o Letizia Ortiz, no tienen
relevancia. Sin embargo la propia exposición excesiva de los miembros de la
Familia Real a los medios de comunicación sensacionalistas, ha producido un
desgaste muy apreciable.
Una hipotética Constitución revisada, no podría soslayar
fácilmente la forma del Estado. La República no implica necesariamente que
exista un Presidente, sujeto al juego más o menos controlado del debate
político. Es posible, como en Estados Unidos, que la misma persona asuma la
representación del Estado y la jefatura del Gobierno. Las funciones que la
Constitución atribuye al Rey, no hacen imprescindible su figura, siendo ese su
talón de Aquiles.
Todas y cada una de las funciones constitucionales del Rey,
pueden ser atribuidas al Presidente del Gobierno o al Presidente de las Cortes.
Algunas son claramente protocolarias, de refrendo de las decisiones del
gobierno, que difícilmente podría negar.
La monarquía española, de raíces tan débiles por el desprestigio
de los monarcas de la Restauración, solo
puede basar su legitimidad en el consenso social. Perdido éste, su tiempo de
vigencia será corto. La legitimidad de la Transición, el pacto político y
social que permitió pasar con dificultades de una guerra civil intermitente
durante siglo y medio a una democracia homologable a las europeas, se ha roto.
Las nuevas generaciones no comparten esa visión de superación del pasado y
reclaman una nueva legitimidad basada en un
acuerdo de nuevo cuño. Aspectos territoriales y culturales, es decir de
reparto de la riqueza, de los hechos diferenciales, de los elementos de
solidaridad, forman parte de ese debate. No es previsible que produzca cambios
en el transcurso de una generación, pero sin duda será el ruido de fondo de los
próximos años. Cataluña, como en tantas cosas, ha iniciado el proceso y los
demás ciudadanos y territorios se irán sumando al mismo, para asentir, disentir
o confrontar.
Jose Luis Mendez Romeu
1 comentario:
Está bien esto. Creo que la futura reforma constitucional no contemplará el cambio en la forma de Estado porque para ello se necesita el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales, los cuales no estarán por una pirueta como esta. En cambio sí podría en Partido Socialista en sus congresos aprobar una resolución sobre su tradición republicana, más acorde en España y en otros países con la democracia. Así lo manifiestan las Juventudes Socialistas y cientos de agrupaciones locales.
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