viernes, 17 de noviembre de 2017

A un siglo de la revolución soviética



Revolución soviética es la denominación más adecuada (a mi parecer) para referirnos a los acontecimientos vividos en el Imperio Ruso durante los años 1917 y siguientes, pues fueron los soviets los verdaderos protagonistas de la organización de obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y soldados contra la autocracia zarista, contra la brutal policía y contra las condiciones de miseria que sufría la mayor parte de la población. Lenin estaba en Zurich cuando los acontecimientos se iniciaron en Rusia, y con tal despiste que se sorprendió cuando fue avisado de ellos. Incluso cuando se produjo la revolución de 1905, el movimiento socialdemócrata ruso no estuvo preparado para ser vanguardia de los acontecimientos.

El Imperio Ruso, a finales del siglo XIX, estaba en plena expansión industrial, con la explotación minera a pleno rendimiento, con el desarrollo de la red ferroviaria, con industrias que se habían alimentado de capital alemán y francés fundamentalmente, pues la clase adinerada rusa era una finísima lámina en el conjunto de la sociedad y la nobleza vivía amancebada con el alto clero y con la burocracia zarista. El ejército, por su parte, se relamía de las antiguas victorias contra Napoleón y contra el Imperio turco, verdadero “otro yo” del zarismo.

Había una tradición revolucionaria en el Imperio Ruso, por lo menos desde el decembrismo de 1825, revuelta importantísima de una parte del ejército al que se sumaron intelectuales hartos de un zarismo que se sucedía a sí mismo caprichosamente. Dicho movimiento fue un hito en la historia rusa del siglo XIX y en el futuro no dejaron de hacerse continuas apelaciones a la oficialidad más joven para que no consintiese derivas autoritarias del régimen. La ya citada revolución de 1905 fue una respuesta de los intelectuales, de las clases medias urbanas y de los obreros y mujeres contra una situación insostenible de falta de libertad, de explotación inmisericorde y de alejamiento del Imperio respecto del liberalismo europeo. Fracasó porque no se dieron las condiciones objetivas para que triunfase, y también porque no se cuestionó al zarismo; solo se exigió que su titular actuase paternalmente a favor de los obreros explotados y aceptase un Parlamento en el que se depositase el poder legislativo: no fue así y la experiencia fracasó porque la mayor parte de la nobleza, el clero, la masa campesina –la mayor parte de la población- el ejército, impidieron el triunfo.

Pero desde entonces nada fue igual y la policía se tuvo que emplear a fondo para combatir a una prensa cada vez más contestataria, un movimiento soviético cada vez mejor organizado, las diversas familias socialistas en plena campaña propagandística, el nihilismo y el populismo extendiéndose por las ciudades, sobre todo en la parte occidental del Imperio y unos intelectuales que tenían en Tólstoi (muerto en 1911) un referente de honestidad y clarividencia.

La participación del Imperio Ruso en la guerra de 1914 prefiguró las condiciones para que la revolución de 1917 triunfase contra el zarismo, aunque no triunfó para la inmensa mayoría de la población. Un ejército que se había hecho antiguo ante el avance del británico, alemán, estadounidense o japonés (este había vencido al Imperio Ruso entre 1904 y 1905), hizo comprender a muchos que la participación en una guerra que tuvo su origen en los Balcanes, en Marruecos y en las ambiciones imperialistas de las potencias occidentales, era un error que llevaba a la muerte a esposos e hijos de campesinas y trabajadores. Los bolcheviques, rama del movimiento socialista de profundas convicciones revolucionarias (pero como se verá no democráticas) hicieron gala de su consigna favorita: no a la guerra, es algo que interesa solo a los imperialistas. Y esto hizo mella en amplias capas de la población rusa.

De forma que fue una parte importante del ejército zarista, que sufría las consecuencias de la movilización y de las penurias, el factor determinante para el derrocamiento del zarismo: ni los soviets organizados disciplinadamente, sin los campesinos adoctrinados por el anarquismo y por los Socialistas Revolucionarios, ni los intelectuales ni las clases medias, por sí mismas, hubieran conseguido lo que sí consiguió un ejército que se alzó contra el zar y contra la guerra. Es cierto que las grandes movilizaciones en las ciudades y regiones industrializadas jugaron un papel importante de concienciación, es cierto que bolcheviques, mencheviques, populistas, burguesía liberal y otros grupos animaron extraordinariamente el ambiente revolucionario, pero si el Imperio no estuviese en una guerra ruinosa (de materiales y hombres) ¿habría triunfado la revolución? Hoy se sabe que muy probablemente no. Ni la pericia cambiante de Lenin, que se incorporó tarde a los acontecimientos, ni la honestidad de tantos socialistas de la época, ni el esfuerzo de tantos activistas, hubiesen podido con la gran mole que representaba una poderosa Iglesia, una leal aristocracia al zar y una economía en manos de pocos. Sin guerra, sin defección del ejército a la autoridad del zar, muy probablemente no hubiese triunfado revolución alguna, por muchas manifestaciones que atestasen las calles de las principales ciudades industriales y administrativas.

Cuando el movimiento socialista se dividió de forma definitiva, entonces surgió claramente la capacidad organizativa de los bolcheviques, y esto sí es mérito de Lenin y sus colaboradores. Pero esa capacidad organizativa, que se puso de manifiesto en la guerra civil que siguió a la revolución, contó también con un ejército formado por la decisiva actuación de Trostky y sus colaboradores, no pocos antiguos fieles al zarismo que ahora se acomodan a lo que se adivinaban nuevos tiempos. Es simplista, y por lo tanto falso, que solo existieran dos ejércitos que se enfrentaron en la guerra civil, el rojo y el blanco. También los anarquistas, sobre todo en Ucrania, formaron un ejército que perseguía objetivos distintos a los de los bolcheviques (negro) y los campesinos en varias regiones formaron ejércitos que pretendían salvaguardar las apropiaciones de tierras que se habían arrebatado a la nobleza (verde). La guerra civil fue un caos, como toda guerra, donde al ejército zarista (sin zar) se sumaron muchos oficiales, mencheviques, jóvenes de clase media que no podían soportar los métodos de los bolcheviques, en definitiva una minoría que se había hecho, eso sí, con el control de muchos de los soviets.

Luego vinieron las checas practicadas sin piedad por los bolcheviques, la quiebra de la democracia soviética (al fin y al cabo las decisiones las tomaban los que formaban parte de los soviets en un régimen de libertad y exaltación inusitados). Aquellos gobiernos provisionales, uno de los cuales había sido dirigido por el menchevique Kerenski, querían establecer en el Imperio un régimen con división de poderes, con elecciones, una democracia representativa que no podemos decir en que se sustanciaría. Pero el modelo bolchevique fue otro: el del crimen sin número, la represión, los atentados, la arbitrariedad jurídica, la dictadura impía que daría lugar a las grandes purgas de los años treinta. Ya con Lenin la revolución había fracasado históricamente, porque no fue igualitaria, no estableció la libertad, no repartió la riqueza equitativamente y se engañó una y otra vez a la mayoría de la población, los campesinos. Fueron estos los que se hicieron con las tierras que ocuparon, no la burocracia bolchevique, que no hizo sino venir a consagrar lo que ya estaba hecho… para luego colectivizar la propiedad territorial contra el interés del campesinado y de toda economía racional.

Los bolcheviques no respetaron los derechos de las nacionalidades del Imperio, ni siquiera las de mayoría musulmana. Excepción fue Finlandia, compromiso personal de Lenin, pero arrebatándole parte de Carelia. En el poder una banda de asesinos en serie, lo cierto es que, desde 1928, el Imperio se convirtió en una gran potencia industrial capaz de ganar una guerra al fascismo, pero con un infinito coste humano y medioambiental. Mientras que la Revolución Francesa está vigente, porque muchos de sus logros están hoy en vigor o son un ideal para una parte del mundo, la revolución soviética está muerta, fracasó históricamente, y muy pocos la reclaman como modelo; se estableció un régimen feroz en el que cayeron como adeptos, por desgracia, muchos partidos comunistas del mundo durante demasiado tiempo.  

L. de Guereñu Polán. 

domingo, 12 de noviembre de 2017

Unha mala administración educativa





Hai un xiro evidente coa aprobación da “Lei de Calidade da Educación”, recentemente en vigor, e as leis educativas anteriores, particularmente a LOMCE e a LOE (Lei Orgánica de Educación esta última). A principal variación consiste en considerar como prioritaria a atención á diversidade ou a excelencia. Nunha sociedade plural, na que todos os nenos e adolescentes ata os 16 anos deben estar escolarizados, pretender a excelencia é unha forma de discriminación institucionalizada, pois non todos parten das mesmas condicións para acadala: situación familiar, capacidades intelectuais, problemas engadidos, situacións persoais dos alumnos (problemas de atención, síndromes coma o de Asperger…). En todos os países que teñen recoñecida a educación universal, sen distinción para todos os nenos e adolescentes, a atención á diversidade é unha premisa inexclusable.

O concepto de “calidade” da educación queda baleiro, pois, se, por exemplo, a ratio alumnos profesor vai en aumento nos últimos anos: ata mediados dos anos noventa pasados chegáramos a unha ratio de 25 alumnos por aula nuns casos e 18 noutros (agás nas disciplinas optativas, cuxo número de alumnos podía ser inferior a dez). Hoxe, sobre todo nos cursos inferiores da educación secundaria, o número de alumnos elévase a 30 por aula ou máis. Isto é un inconveniente insalvable por varias razóns: os alumnos empezan unha nova etapa da súa formación con sensibles diferenzas respecto á educación primaria; máis autonomía, menos control, novas expectativas… pero ós Institutos chegan alumnos de moi diversas procedencias: nenos e adolescentes xitanos, fillos de médicos ou profesionais, fillos de familias desestructuradas, alumnos con problemas específicos… Eses alumnos –precisamente por tratarse dos cursos inferiores- necesitan atencións que nunha aula tan saturada non se poden dar. Os profesores, nos primeiros meses, adoutan facer avaliacións iniciasis onde se aprecian as carencias, preparación ou dificultades duns e outros. Cando se detectan os casos que máis atención necesitan, como facelo e o mesmo tempo atender a marcha do curso dos restantes alumnos? Tal “calidade”, polo tanto, non é maís cunha palabra retórica que non ten reflexo na realidade, mesmo tendo os profesores –cando é así- o máximo interés e preparación para atender estas necesidades. Volveri sobre este asunto da calidade na educación en sucesivos párrafos.

Unha educación como a que se pretende en Galicia e no resto de España, onde os alumnos deben formarse cívicamente, adquirir destrezas tecnolóxicas, de traballo intelectual, sensibilizarse en cuestións coma o medio ambiente, o sexismo, a guerra e a paz, etc., debe contar cuns RECURSOS que os administradores públicos non subministran (tanto en España como en Galicia en particular) pois é evidente que unha educación universal é CARA, pero é unha inversión para que o país mellore no futuro. Estes recursos escasos están relacionados coa merma de profesores que se ten sufrido nos últimos anos: xubilados que ven amortizadas a súas prazas, profesores enfermos que non son substituídos por outros se non se trata de baixas superiores a quince días, o aumento da ratio alumnos/profesor da que xa temos falado. Pero hai Institutos que non contan cun ximnasio axeitado, que non están dotados cos medios tecnolóxicos que as necesidades actuais esixen: ordenadores (en moitos casos están obsoletos), proxectores de opacos, pantallas dixitais… se queremos que os alumnos se formen nas novas técnicas de información e comunicación. A falta destas destrezas leva a que os alumnos conciban os ordenadores e tabletas como instrumentos de xogo ou adocenamento, máis que para a súa formación.

En relación coa atención á diversidade –cuxa premisa é básica desde unha perspectiva social- a administración educativa en Galicia está eliminando a marchas forzadas os profesores de pedagoxía terapéutica, aqueles que máis formación teñen e que se ocupan dos alumnos con problemas específicos (xa citamos os que sufren situacións familares, intelectuais, complexos, síndromes, autismo, atención, etc.). Estes profesionais, que se consideraban na LOMCE coma un instrumento fundamental, están hoxe reducidos a un por Instituto (pódense citar varios casos como exemplos). Estes profesores –pero non só- adoutan facer adaptacións curriculares para facilitar a aprendizaje por parte deses alumnos, considerando cales son os obxectivos mínimos que permitan unha formación que os afaste do analfabestismo funcional: aprender a facer unha instancia, corrixir as faltas de ortografía, lectura de mapas e gráficos, redacións odenadas, destrezas nas disciplinas instrumentais (matemáticas e linguas), e o máis importante, detectar cales son os gustos, as propensións destes alumnos con vistas a súa integración no mercado laboral logo dos 16 anos. É evidente que un só profesor por centro non é dabondo para tan complexa tarefa. Parecería que a administración educativa de Galicia concibe o ensino como un trámite: os centros funcionan, ben ou mal, pero funcionan, sobre todo polo voluntarismo do profesorado e pola destreza dos alumnos máis aventaxados.

Nos últimos anos se reciben nos centros inmigrantes das máis diversas orixes: Europa do leste, Magreb, Iberoamérica, que necesitan atencións para as que os centros non dispoñen de recursos (a falta de profesorado e a paulatina desaparición dos profesores de pedagoxía terapéutica entre outros). É necesario facer unha avaliación do tipo de educación existente nos países de orixe, as potencialidades que poden ser aproveitadas nestes alumnos: como atender a isto con mermas contínuas de profesores?

A atención individualizada é outro dos principios que as leis educativas máis avanzadas recollen: alumnos para os que o profesor debe ter preparados exercicios específicos, atendelos de forma individual, seguir un ritmo distinto que coa maioría dos alumnos…. Isto non é posible se o número de profesores é cada mez menor nos centros. É certo que existen os agrupamentos de alumnos con máis necesidades, pero isto é insuficiente na complexidadade da educación actual.

Os horarios –e isto é tamén responsabilidade dos centros- non son en moitas ocasións pedagóxicos; quero dicir, as disciplinas non teñen todas as mesmas cualidades e as mesmas dificultades: a música, a tecnoloxía, a educación física, a informática… teñen un compoñente lúdico que contribúe a “entusiasmar” ou atraer o alumno, polo que as clases deben estar intercaladas destas disciplinas, deixando para as primeiras horas outras cun grao maior de abstación: matemáticas, lingua, historia, filosofía… Isto plantexa problemas de organización nos centros, pero, non sendo posible que todos os alumnos teñan as primeiras clases das disciplinas cun maior grao de dificultade teórica, é posible que sexan as segundas, as terceiras… E isto está en consonancia cos horarios das clases, que por intereses alleos o fenómeno educativo, adoutan concentrase en xornadas matutinas, desbotando as xornadas vespertinas porque as familias desexan que os seus fillos (isto, sobre todo, nos Institutos urbanos) fagan outras actividades interesantes, pero que non poden poñerse por diante das regradas oficialmente.

Mesmo os horarios –sobre todo nos Institutos que necesitan transporte escolar- se teñen feito en función dos instereses comerciais das empresas que prestan o servizo de transporte, batalla na que moitos profesores estivemos involucrados cun éxito só relativo. A hora de entrada, moi cedo –en Institutos situados lonxe de núcleos de poboación- non é un asunto menor cando se trata de nenos de 12 ou 14 anos; como non é un problema menor que os alumnos regresen as súas casas ás 15 horas (hai exemplos dabondo) cando os seus país terán que ausentarse e a sociabilidade familiar queda resentida.

Para a formación do profesorado, a Xunta de Galicia non homologa senón aqueles cursos que ela mesma organiza, os sindicatos e algunhas organizacións meritorias, pero non todas necesarias. Máis que os cursos demandados polos profesores, a Xunta adoita ofertar cursos para favorecer ós responsables de impartilos, sen interés para o conxunto. Isto, que pode considerarse unha apreciación subxectiva, é algo detectable fácilmente se se realiza unha mera cata nos centros. O dito é aínda máis paradóxico por canto cursos organizados e impartidos por Universidades, non son homologados pola Xunta de Galicia.

Cos alumnos que elixen certas disciplinas coma opotativas cométese un agravio: a Xunta estableceu unha norma pola que o número mínimo de demandantes para que o centro poida ofertar unha optativa debe de ser 10. É evidente que non é o mesmo un Instituto de 1.000 alumnos que outro de 500, polo que os deste último quedan discriminados. Sería máis lóxico e xusto que a esixencia fose unha porcentaxe sobre a matrícula, suxestión que xa se ten feito ás autoridades educativas sen éxito. Particularmente son moi demandadas disciplinas como Historia da Arte a Literatura Universal, pero tamén hai outas como Ciencias da Terra ou Xeoloxía que se quedan “sen alumnos” porque os centros están obrigados a cumplir con aquela absurda esixecia.

Un dos aspectos máis lacerantes é o da impartición de disciplinas por profesores que non son especialistas, situación que se dá aínda máis frecuentemene no ensino privado. Así encontramos a profesores de matemáticas impartindo clase de tecnoloxía ou de informática, a profesores de física impartindo clase de matemáticas, a profesores de historia impartindo música, de lingua impartindo historia… Que clase de calidade é esta? Como comprometer a un profesor cunha disciplina en cuxa programación didáctica non participou? Como se pode concebir que un profesor pertenza a dous departamentos distintos, o propio e aquel para o que se lle considera afín? Neste asunto non podemos dicir que o ensino público estea por riba do privado, ademais de ser un agravio para aqueles profesores que se ven forzados a aceptar un posto de traballo destas características.

Unha programación didáctica é o conxunto de previsións que, para un curso académico, fan os profesores dunha disciplina tendo en conta todo o currículo da mesma: contidos, exercicios, obxectivos, metodoloxía, técnicas a empregar, actividades complementarias e auxiliares. Os profesores que non están familiarizados coas programacións didácticas de disciplinas das que non son especialistas, non poden imprimir a calidade que os alumnos necesitan e a sociedade demanda.

Cuestión aparte é a que padecen os centros de educación para adultos, conquista social á que non podemos renunciar, pero que se encontra, hoxe, afastada de toda calidade e coherencia. Establecida esta ensinanza para alumnos maiores de idade ou maiores de 16 anos que se encontren traballando legalmente, existen dúas modalidades: presencial e a distancia. No primeiro caso os alumnos reciben clases totalmente insuficientes (unha por semana) en bacharelato (suficientes en educación secundaria), aparte das titorías nas que os alumnos son atendidos en aspectos metodolóxicos e outros que demanden. A formación é totalmente deficiente nestes centros, existindo unha conciencia por parte do profesorado de que se trata de alumnos –na maior parte dos casos- que necesitan o título para promocionarse profesionalmente ou que se encontran en paro laboral. Aquí non hai ningún tipo de coordinación por parte da Inspección educativa, observándose como, en determinados meses do ano, unha morea de alumnos que proceden dos diversos concellos de Galicia, acuden a exames con resultados deplorables. É coñecida a alta taxa de paro que sufre España, e non é este o lugar onde profundizarei nas súas causas, pero unha delas é a escasa cualificación de persoas cuxas idades están ente os vinte e corenta anos. O ensino para adultos, en Galicia, non cumple os obxectivos que se esperarían dun país avanzado e necesitado dunha mocidade suficientemente cualificada. Como é sabido, o que se demanda no mercado laboral hoxe, é cualificación, non é dabondo cun barniz enganoso.

Un dos problemas máis graves que padece a educación en Galicia é a existencia permanente dunha bolsa de profesores interinos que se prorroga ano tras ano porque a Xunta de Galicia non convoca as oposicións que lles permita obter en boa lid unha praza como numerarios. O profesor interino é un fraude á sociedade non porque el o desexe, senón porque vese impelido a cumplir unha función acomodaticia para a administración educativa, ademais de constituir un agravio permanente para os licenciados en paro que aspiran a un traballo na educación.

É unha evidencia que a Formación Profesional ten acadado unha calidade, na actualidade, que non tiña hai vinte anos, por exemplo, pero tamén é constatable que a Xunta de Galicia adoita conceder os ciclos formativos máis especializados e “selectos” (poderíamos dicir) a centros privados, concertados ou non, en detrimento dos públicos: xardinería, acuicultura, preimpesión dixital, instalacións electrotécnicas…

Nalgúns centros adoitase concentrar os alumnos máis aventaxados nunha mesma aula (ensinanza bilingüe) para os que se organizan viaxes a diversos países de Europa, en exclusiva, non ofertándose os mesmos a alumnos do mesmo nivel pero que non cursan a ensinanza bilingüe. É unha mágoa ver a estes alumnos cando son excluidos dunha actividade á que, se non aceptamos esta discriminación, teñen dereito. É outro labor da Inspección educativa que se bota en falta.

L. de Guereñu Polán. 



lunes, 6 de noviembre de 2017

¿RESULTA IMPOSIBLE EL DEBATE DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESPAÑA?

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Seis millones y medio de personas aproximadamente, votan a grupos políticos que defienden la ruptura con el actual sistema democrático y la apertura de un nuevo proceso constituyente. Frente a ellos, 16 millones y medio votan a partidos constitucionales, mientras más de diez millones de personas se abstienen de votar. Es el resumen de las últimas elecciones, hace un año solamente. En otros términos dos tercios de los electores defienden la Constitución actual mientras la cuarta parte la rechaza. 40 puntos de diferencia entre unos y otros.
Simplificando, quienes defienden otra sociedad  se pueden agrupar en dos tendencias, la estrictamente nacionalista, con millón y medio de sufragios y la coalición de Podemos con varios grupos territoriales que cuenta con cinco millones de votos, básicamente 3´2 millones de grupos de izquierda y 1´8 de grupos más o menos nacionalistas coaligados con ellos. Y todavía debemos considerar a otras facciones minoritarias como los animalistas, con casi 300.000 votos, los mismos que el PNV, por ejemplo.
Las tendencias nacionalistas plantean una modificación del Estado de tipo confederal cuando no directamente la separación mediante el subterfugio del “derecho a decidir”. Significaría Estado mínimo, sistema de cupo generalizado y tendencias centrífugas aún más acusadas. Aunque no lo plantean abiertamente, esa opción la defienden exclusivamente para Cataluña, País Vasco, Navarra,  tal vez Galicia y Baleares. Va de suyo que las demás Comunidades Autónomas, en especial Andalucía, Valencia o Canarias, no aceptarán ninguna modificación que no sea generalizable. Las tendencias agrupadas alrededor de Podemos, carentes de un modelo propio, aceptan el anterior añadiéndole todas las reivindicaciones que puedan socavar el modelo actual, en una clara renuncia a formar parte de las democracias occidentales. Unos y otros sitúan los llamados “derechos de los pueblos” como eje de la nueva política, en castellano claro, las mayorías de cada territorio serían los nuevos sujetos políticos en lugar de la representación proporcional actual. Los partidos constitucionales, PP, PSOE y Ciudadanos, aspiran a mantener un régimen similar al actual, sin perjuicio de los cambios necesarios, mínimos para los populares, ambiguos para Ciudadanos y etéreos para los socialistas.
El panorama expuesto no facilita una reforma constitucional. Ni existe consenso sobre lo que se debe reformar, menos aún sobre su alcance y todavía menos sobre los objetivos a lograr. Sin duda la financiación autonómica y los límites en el ejercicio de las competencias, son los dos principales problemas. Todo lo demás es secundario o directamente inviable, como transformar el Senado en una Cámara de los gobiernos autonómicos con poder de veto sobre la legislación estatal. Para reformas menores no existe voluntad alguna.
Hay constituciones de larga vigencia, como la de Estados Unidos que han conocido 27 enmiendas puntuales,  la de Francia con pocas modificaciones o la de Alemania con 52 enmiendas en siete décadas. La española como es sabido sólo ha tenido dos enmiendas puntuales. El problema no es sólo reformar un texto con la mayoría suficiente, sino lograr una adhesión popular en referéndum que no lo deje deslegitimado. No parece que el ambiente de crispación de la vida política ayude en ninguna de las dos instancias. Así que seguiremos hablando de la reforma constitucional durante mucho tiempo sin que a los ciudadanos les preocupe grandemente. Un debate típico de la clase política, con palabras grandilocuentes y poco riesgo electoral.

José luís Mendez Romeu

domingo, 5 de noviembre de 2017

Razonar

Tengo para mí que los hasta hace poco miembros del Gobierno catalán querían ser encarcelados (y sabían que ocurriría) para de esa forma rematar su desafío a la ley y al Estado, y de paso intentar rentabilizar electoralmente este hecho de acuerdo con la lógica victimista ya grabada en muchas conciencias catalanas; lo de la huída a Bruselas es ya otra cosa, una salida personal de unos pocos al margen del resto. Tengo par mí también que eso del diálogo que tanto se ha repetido no sirve para nada si no va acompañado de la exigencia de razonar; solo con el sentimiento no vale, porque unos tendrán un sentimiento y otros no. En cambio, si hay que razonar, la cosa ya cambia: el que no razone pierde toda legitimidad.

¿Puede alguien decir que es lícito saltarse la ley? ¿Puede alguien decir que no aceptó el artículo 155 de la Constitución cuando juró o prometió dicha Constitución? Los españoles lo hicimos en 1978. Nadie puede decir “yo acepto la Constitución pero no este o aquel artículo…”. ¿Puede alguien defender que quien no esté facultado para convocar un referéndum lo pueda hacer? Porque si no se está de acuerdo en la respuesta que sea razonable a estas cuestiones no vale la pena seguir “dialogando” (es sabido que hay diálogos de sordos).

Lo grave en el asunto catalán es que no se quiere razonar al menos por una parte: se alude a que el Gobierno español no fue sensible a los deseos de una parte importante de los catalanes (lo cual es verdad), se alude a que si el único que puede convocar un referéndum no lo hace lo harán otros y se alude a que el sentimiento independentista es sagrado y por muchas razones que se intenten oponer a esto no se les hacen caso. Una pretendida mayoría independentista en Cataluña, por otra parte, no está constrastada; muy al contrario, en las últimas elecciones con garantías y legales la mayoría de los catalanes que votaron lo hicieron a partidos no independentistas.

Otra negación de la razón es que en España no hay división de poderes, y que fiscales y jueces están al servicio del Gobierno, lo que no tiene sentido porque los propios independentistas recurren a los tribunales españoles cuando ven lesionados sus derechos. Si el Tribunal Constitucional no hubiese aceptado los alegatos del Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña ¿no se habría producido el incendio independentista? Creo que aquello fue una excusa y la hoja de ruta ya estaba trazada por el irresponsable señor Mas. Si el Gobierno hubiese aceptado las propuestas financieras del señor Mas ¿no habría habido incendio? Creo que nada tiene que ver una cosa y la otra, la hoja de ruta ya estaba trazada… entre otras cosas porque se pretendía salvar de la justicia española a no pocos miembros de Convergència y, en primer lugar, al muy desvergonzado señor Pujol y familia.

El señor Tardá, diputado en Cortes y miembro de Esquerra, dijo desde la tribuna del Congreso que el Parlamento de Cataluña había “forzado” el reglamento para sacar adelante ciertas iniciativas que, por otra parte, han resultado ilegales al ser anuladas por el Tribunal Constitucional. Pues bien, aquel reconocimiento ya es algo, ya es razonar, por ahí se podría empezar.

Mentir es todo lo contrario a razonar: decir que una Cataluña independiente permanecería en la Unión Europea, que no habría fuga de empresas, que el nuevo estado sería reconocido internacionalmente, que se dan las condiciones para una acción revolucionaria… todo ello son mentiras que van bien para encender o mantener vivos los sentimientos, pero a medio plazo se revela negativo. Recuerdo a una diputada nacionalista, estos días, en medio de sollozos, decir “tornarem, vencerem…” revela que, o se ignoraba lo que es un estado o se tiene la razón tan atrofiada que se esperaba facilidad para el proceso independentista. Todo lo contrario de razonar.

Desde el 21 de diciembre próximo será muy difícil gobernar Cataluña sea cual sea el resultado, pero dos cosas deben quedar claras a unos y a otros (en mi opinión): que el acatamiento de la ley obliga a todos y que la reforma constitucional necesaria ha de hacerse con la máxima finura, con la máxima generosidad por todas las partes; no valdrán en esto las palabras gruesas y los maximalismos. Veremos si de una vez todos estamos a la altura y razonamos (más que lloriquear o dar voces sin sentido), veremos si la derecha anticatalanista acepta que existe una importante masa de población en Cataluña que desea la independencia para esa comunidad, y veremos si esa masa independentista y sus dirigentes se comportan civilizadamente, sin incendios, para seguir luchando, dentro de la ley, por aquello en lo que creen, pero con razones…

L. de Guereñu Polán.

miércoles, 1 de noviembre de 2017

Los montes de Galicia



La Ley 7/2012 es la que regula, en Galicia, todo lo relacionado con la función social de los montes, las competencias de los diversos órganos, la existencia de un Consejo Forestal, la consideración de los diversos tipos de montes (públicos, de dominio público, patrimoniales, privados, vecinales en mano común y protectores). La Ley también establece medidas de restauración de los montes, tanto con carácter general como la restauración hidrológico-forestal y establece un Plan forestal para Galicia que habría de servir para el aprovechamiento de pastos, caza, setas, otros frutos, plantas aromáticas y medicinales, corcho, resina y otros productos forestales (como la madera) además del derivado del pastoreo.

Los montes de dominio público son aquellos que la Comunidad se reserva para evitar inundaciones en las cabeceras de los ríos o presta algún tipo de beneficio a la sociedad, sobre todo desde el punto de vista ambienta. Los montes protectores son los que, perteneciendo a particulares, están sujetos a cierta protección o sirven para proteger otros bienes.

La Ley citada para Galicia establece medidas de protección que no se llevan a cabo en la medida necesaria por la sencilla razón de que no se presupuestan las partidas necesarias, considerándose por las autoridades de la Xunta, que no se trata de un asunto prioritario, pero cuando surgen los incendios forestales, en cuyo origen no entraré aquí porque hay tantas teorías que han perdido –muchas de ellas- su utilidad, entonces vienen los lamentos y los meses de espera hasta los próximos incendios.

La Ley también establece medidas de restauración hidrológico-forestal, que consiste en garantizar la protección de recursos básicos como el agua y el suelo. Los árboles fijan la tierra para que esta no sea erosionada y arrastrada por las lluvias o las crecidas de los ríos. Tampoco la Xunta dedica la atención debida a estos asuntos, y por lo que he podido comprobar, el Parlamento no se ha destacado en exigir, preguntar, inquirir a los responsables políticos para que esta situación se corrija.

Hay previsto un Plan forestal de Galicia, que es el instrumento básico para la política forestal, pero las evaluaciones que ha venido haciendo y las directrices y programas que ha planteado no han sido tenidos en cuenta por las autoridades. Por lo tanto estamos ante un caso de los muchos que se han citado cuando se habla de leyes: no falta la legislación, falta su puesta en práctica, lo cual exige decisiones y recursos.

Ya se ha dido mil veces que los montes en Galicia (no hablo aquí de otras partes de España) no están limpios, que muchos de ellos están abandonados en manos privadas sin que se les saque el rendimiento posible –y de ahí la desidia- y me atrevo a decir que podría revisarse, por antipopular que parezca, la existencia de montes vecinales en mano común: una cosa es la tradición y otra una gestión moderna del monte que, como hemos visto, podría evitar incendios, abandonos, desaprovechamientos y aumentar la riqueza en sectores ya citados con anterioridad.

Es cierto que el abandono del medio rural en las últimas décadas ha dejado a los montes sin los cuidados que antes sí tenían, pero no nos engañemos: antes también había incendios y con menos medios se les combatía. No es cierto que cuando los pastores llevaban sus ganados, los claros eran aprovechados para pastos, el campesino aprovechaba la leña, etc. no hubiese incendios o estos fuesen menos violentos. Han existido incendios siempre (la Edad Media y los siglos modernos nos lo demuestran), pero nunca como ahora se dispone de medios para combatirlos: otra cosa es gestionarlos bien y tener al monte como una prioridad, lo que no se da.

También se ha dicho que existen demasiados montes en manos privadas sin que se exija a sus propietarios el cuidado y las prevenciones que son necesarias. Por lo que respecta a los públicos, se encuentran dispersos, y esto no se da solamente en Galicia, sino en el resto de España. Pero la política desidiosa en esta materia no siempre se ha dado: ya en 1833 se aprobaron las Ordenanzas de Montes para su mejor aprovechamiento, para su limpieza, deslinde y gestión. Y en 1924 se aprobó el Estatuto Municipal por el que el Estado dejó en manos de los Ayuntamientos la gestión de los montes públicos, lo que demuestra la preocupación de los regeneracionistas de la época (a pesar de encontrarse España en una dictadura) por la riqueza forestal. También durante la dictadura de Primo se incrementó notablemente la inversión en repoblaciones, obligando con ello a la creación, en 1935, del Patrimonio Forestal del Estado.

La Ley 7/2012 de Galicia tiene divididas las competencias entre la Xunta, la Consellería del ramo y los Ayuntamientos, por lo que estos no pueden ahuecar el ala cuando se trata de prevenir incendios y de aprovechar los montes públicos lo mejor que se pueda, salvaguardando los espacios de relevancia ecológica y ordenando la limpieza de todo tipo de monte, privado, público, etc. ¿Para que, si no, existen las ordenanzas que los Ayuntamientos pueden establecer en este sentido?

Me gustaría que se pensase en estos asuntos por parte de los diputados del Parlamento de Galicia, de los profesionales del sector, de los propietarios, la Universidad y de todo aquel vecino que tenga un mínimo de sensibilidad por nuestro patrimonio natural. Sería una forma de demostrar patriotismo en vez de pronunciar una y otra vez la voz “Galicia, Galicia…”, sin más contenido.

L. de Guereñu Polán.