El triunfo de la moción de censura, presentada
por el Partido Socialista contra el hasta ahora Presidente del Gobierno,
representante genuino de la corrupción en España, es un triunfo que puede traer
consigo un cambio de signo en el hacer político para muchos años en el futuro.
No podemos saber la estabilidad del Gobierno que forme el señor Sánchez, pues
las dificultades con las que se va a encontrar son enormes: división
parlamentaria, graves problemas institucionales, reformas legislativas que el
Senado intentará frenar por todos los medios, respuesta a las demandas de los
colectivos más afectados por el acrecentamiento de las desigualdades sociales
durante las épocas de gobierno del Partido Popular.
Que estén fuera personajes tan perniciosos como
Cospedal o Sáez de Santamaría, el propio Rajoy y el resto de sus ministros,
ejemplares de una España antigua y mezquina, es ya un avance importante. Cabría
esperar que los partidos políticos con representación parlamentaria, con excepción
de aquellos que han hecho de la corrupción y de la reacción su norma de
conducta, tengan altura de miras y sepan apoyar, con todos los condicionantes
lícitos que se quiera, al nuevo Gobierno.
El señor Sánchez ya ha dicho que no va a ceder
en casos como la unidad de España y las reformas legales para amparar a los
grupos más desfavorecidos de nuestra sociedad. Las fuerzas fácticas del país
(especuladores, grandes empresarios, acomodados y beneficiarios del PP, la
banca, la Iglesia
jerárquica, cierta prensa y otras por el estilo) no van a dar un momento de
respiro al nuevo gobierno, por lo que debiera la sociedad civil que se reclama
demócrata y progresista armarse de valor: los intelectuales, los docentes, los
periodistas, los profesionales, los funcionarios, los sindicatos de
trabajadores, debieran apiñarse para evitar la dialéctica de la falsedad que el
PP emprenderá (con algún socio sobrevenido) desde este mismo momento.
Aquellos que aspiran a separar de España una
parte de su territorio pueden seguir haciéndolo sin poner en riesgo al nuevo
Gobierno, pero solo si saben que han de contar para conseguir sus fines con la
mayoría de la población de ese territorio, lo que hoy no se da, que no se puede
convocar referéndum alguno en este sentido mientras no se modifique la Constitución española
de 1978 (en particular su artículo 2º) y que, en todo caso, los objetivos
políticos lícitos no tienen por que conseguirse en un plazo corto. No creo que
se den nunca las condiciones cuantitativas para que una parte del territorio de
España se pueda separar del conjunto, pero si alguna vez dichas condiciones se
dieran, entonces cabría ponerse a pensar –todos- cuales son las medidas que más
convienen al interés general. La inacción no tendría sentido y la toma de decisiones
graves no se pueden llevar a cabo en unos meses, puede que ni en unos pocos
años.
Todos los casos de corrupción que están siendo
juzgados en los Tribunales (los de unos partidos y los de otros) deben de
contar con la máxima colaboración de las instituciones públicas, incluso con la
de los partidos políticos, aunque les afecten a ellos. De otra manera no se
habrá conseguido el principal objetivo de la moción de censura: corregir de
raíz la corrupción en España, que si va a seguir existiendo por la propia
lógica de la naturaleza humana, no debe de contar con el amparo de ningún
partido político. Ese es el amparo que los corruptos sí tuvieron del Partido
Popular, sabedor de que se nutría de elementos de la más baja estofa en no
pocos de sus cuadros, que los signos externos de opulencia eran evidentes
muestras de prácticas ilegales, que la sucesión en cascada de casos necesitaba
(y no se hizo) de medidas ejemplarizantes antes incluso de que actuasen los
tribunales.
Los partidos políticos deben aprender la
lección de estos vergonzosos tiempos en esta materia: deben hilar fino cuando
formen sus candidaturas, deben advertir seriamente a quienes accedan a ellas de
que se trata de servir, no de servirse; es necesaria una verdadera ley de
incompatibilidades que, realmente, nunca ha existido en España. Para quien no
interese esto, hay repuestos en la sociedad española.
¿Alguien duda de que una colaboración de los
partidos e instituciones públicas (el Gobierno de la nación en primer lugar)
con la Justicia
entorpecería definitivamente el camino a corruptos y corruptores? Pues de eso
se trata. Mientras tanto ¡fuera a los encubridores del nepotismo, de la
prevaricación, del cohecho, de la miseria moral, del enriquecimiento rápido e
indebido; fuera a los que han viciado la democracia española haciéndola
aparecer a los ojos de la mayoría de la sociedad como una cloaca! Una parte de
la sociedad –es evidente que minoritaria- puede estar cómoda con la corrupción
porque es beneficiaria de ella, pero eso no puede hipotecar a un país a quien
ha costado tanto el régimen de libertad y de relativo bienestar que hoy
disfrutamos muchos, pero no todos.
En los años ochenta pasados, siendo yo portavoz
de la minoría socialista en la
Diputación de Pontevedra, presidida por M. Rajoy, ya vi las
maneras del personaje. Los años que siguieron me confirmaron en su catadura.
L. de Guereñu Polán.
