CINISMO O INCULTURA DEL SR. PABLO CASADO

El Sr. Casado afirma, a quien lo quiere oír y, por si quedaban dudas lo expresa en un programa televisivo, que un golpe de Estado se produce sin elementos armados y sin necesidad de ejercer la fuerza. Pone como ejemplo al general Primo de Rivera y al general Pavía. Sr. Casado, entendiendo que se le escapen algunas cosas por su meteórico paso por la universidad, al hacer su carrera camino de la Carrera de San Jerónimo o en ese máster, donde lo que más grabado se le quedó fue el “viva el rey”, Juan Carlos I, por supuesto.

Sr. Casado, de estado y apellido, hay necesidad de divorciarse de su cinismo o su incultura. El Sr. Primo de Rivera tenía tras de sí las capitanías generales de este país, prestas a ponerse en armas para respaldarles. Solo el respaldo de esa fuerza armada asumió los poderes, con la bendición del mentecato Alfonso XIII, tan poco amante de la política parlamentaria como animoso en intromisiones chulescas en la estrafalaria guerra de Marruecos, que segaba por miles vidas de soldados españoles. Aquel fantoche Borbón se ahuecaba como un pavo real cuando el no menos fantoche Silvestre le decía: "Majestad celebrareis el día de Santiago o Vuestra onomástica (1 de agosto) tomando champán en Alhucemas…" Es famoso el telegrama del Borbón al general, animando a sobrepasar a su superior, el Alto Comisionado General Berenguer,”Ole tus cojones Silvestre”.

20.000 soldados españoles pagaron con su vida el borbónico “ole tus cojones Silvestre” en tan infame episodio de irresponsabilidad criminal, que se conoció como el Desastre de Annual.

El golpe de Estado de Primo de Rivera tenía por objeto evitar a toda costa que se expusiesen las responsabilidades de Annual en el Congreso, en lo que se designaba expediente Picasso, por el nombre del general instructor del mismo.

El golpe de Estado de Pavía fue una interrupción por una fuerza armada a su mando. Guardia civiles y soldados (algo de esto suena a otro acontecimiento en el siglo pasado) tomaron el Palacio del Congreso, acción en la que se produjeron varios disparos al aire en los pasillos y algunas de sus señorías saltando por las ventanas, cuando se estaba produciendo la votación de presidente del Poder Ejecutivo de la I República, tras la dimisión de D. Emilio Castelar. El general Pavía fijaría como jefe del ejecutivo con poderes dictatoriales al General Serrano.

Señor Casado, o miente usted con cinismo y desahogo, ofendiendo los conocimientos de la ciudadanía, o desconoce nuestra historia… o ambas cosas… Su “masterado” en golpismo, sin demerito de su enardecimiento con el tema, se muestra algo ramplón. En cualquiera de las circunstancias, es muy desalentador que un personaje como usted -que muestra alarmantes carencias-, lidere una formación indispensable para construir armónicamente el futuro del país.

Su falta de talla, no ya política, sino moral, la muestra cuando intenta falsear la realidad para engañar a la ciudadanía que atendió atónita a los medios de comunicación, diciendo que no llamó golpista al Presidente del Gobierno. O como, frívolamente, considera anecdótico desprestigiar Andalucía y a las y los andaluces, mientras hace suyas las boutades de miembros destacados de su formación, a los que jalea. Y, desde luego, es penoso su papel de correveidile acusica en las instancias europeas, o su compromiso a machamartillo de no actuar contra los grandes evasores fiscales y los que escurren su participación solidaria impositiva, mientras afirma que por encima de su cadáver se aprobaran 900 euros como salario mínimo. O sus desvaríos oníricos con un desfile por la Diagonal de un Milans del Bosch a lomos de un tanque, o por Vía Layetana a un Tejero al frente de un escuadrón de sables de la Guardia Civil.

Lamentablemente, está usted, Sr. Casado, muy lejos de ser un hombre de Estado. Y, dramáticamente, para Vd. y para la ciudadania que representa, en su inmensa mayoría gentes normales y decentes, y para la armonía de España, tampoco es un hombre de bien.

ANTONIO CAMPOS ROMAY

Roma veduta, fede perduta

Allá por mis treinta años me encontraba haciendo un trabajo sobre la antigua provincia de Tui, para el que las principales fuentes estaban en los archivos parroquiales. Como unos curas me facilitaban la consulta pero otros no, recurrí al obispo para que diese instrucción a los renuentes de que, siendo mis intenciones no pecaminosas, me facilitasen las consultas. El obispo me dio una nota en la que decía que por su parte “no hay inconveniente” en que los señores párrocos me permitiesen consultar los fondos. A nadie se le escapa que no es lo mismo una instrucción –lo que yo pedía- que una nota en la que se daba a entender al cura en cada caso que hiciese lo que le viniese en gana (“Roma veduta, fede perduta”). Así fue, teniendo que esperar a que los archivos parroquiales pasasen al Diocesano de Tui, donde sí pude seguir mi trabajo.

De igual manera, el intento del Gobierno español de buscar la complicidad de la Iglesia para exhumar los restos de Franco en lugar apropiado al interés público, va a contar con no pocos problemas, porque la jerarquía católica, que se ha pasado veinte siglos mirándose el ombligo, encerrada en sí misma como está, no va a dar un paso que la comprometa, ni legal ni políticamente.

Es evidente la conciencia general en España de que los restos de Franco no pueden estar en lugar prominente porque se trata de un dictador que ha violado durante casi cuarenta años los más elementales derechos de sus compatriotas (crímenes aparte). Incluso muchos católicos, que lo son más sociológicamente que como miembros de una Iglesia, son partidarios de que el lugar de la segunda inhumación sea discreto, es decir, no ofensivo ni escandaloso.

El Papa no va a entrar en este asunto –menor para su magisterio- ni que el Jefe del Estado español se lo pidiese formalmente, lo que el Gobierno no va a hacer para no comprometerle. La Iglesia, históricamente, ha actuado de forma muy política según sus intereses: a un papa beligerante ha sucedido otro conciliador y al revés; a un papa “social” como León XIII ha sucedido otro reaccionario (Pio X), a uno modernizador (Pablo VI) sucedió otro conservador (Juan Pablo II); ya verán cómo tras el papa Francisco viene otro que rebaja su tono “progresista”. Incluso se han ido turnando, según las conveniencias, los papas pastores con los políticos, los diplomáticos y los teólogos.

La Iglesia, sobre todo desde que se inventó la diplomacia moderna, es prudente, una prudencia rayana en la hipocresía, porque tiende a no comprometer sus intereses bajo ningún concepto. Es fácil predicar la paz mientras no se lee la cartilla a los países que hacen pingües negocios con el comercio de armas; es fácil predicar la conciliación entre patronos y obreros cuando no se tiene al clero comprometido en los problemas sociales… y así sucesivamente.

En Francia los templos están secularizados desde 1905, por lo que son propiedad de todos los franceses, que los ponen a disposición de las Iglesias para el culto respectivo. Vean lo fácil que tendría el Gobierno español la segunda inhumación de Franco si la catedral de la Almudena, como los demás templos, fueran propiedad de todos los españoles. Pero aquí, como en otros muchos países católicos, la Iglesia ha seguido comportándose, en lo material, como en la Edad Media. Y es curioso que cuando más prestigio universal ha adquirido dicha Iglesia, ha sido cuando perdió sus territorios en Italia, quedando reducidos al Vaticano.

No me doy por enterado de si el arzobispo de Madrid, cardenal Osoro, es contrario a la inhumación de Franco en la cripta de la catedral de la Almudena; que yo sepa no lo ha dicho en público nunca (y creo que no lo hará), pero es verosímil que no le guste, porque no solo pasa por “progresista” sino que no querrá tener a la extrema derecha de Europa desfilando por su templo (creo que solo durante un breve tiempo). La Iglesia deja que el tiempo pase y la divinidad decida, pues los príncipes de tal institución, aunque están hechos de materia, son partidarios de confiar en el espíritu, que lo soluciona todo.

Haría bien el Gobierno en legislar con puntilloso cuidado sobre este asunto, pues ni la Iglesia ni la favorecida familia del dictador van a colaborar en nada. Y no siendo conveniente cambiar la colaboración de la Iglesia en este caso (lo que no hará) por otras prebendas, el Decreto Ley recientemente aprobado, debiera ser modificado en orden a imponer a la chulesca familia la voluntad del Estado, dentro de la dignidad que el dictador no respetó para nadie.

L. de Guereñu Polán.

La izquierda antisistémica gallega en la nueva coyuntura

Antes incluso de que se materializase el acuerdo sobre los Presupuestos entre el gobierno español (PSOE) y PODEMOS (10 de octubre). Prácticamente desde que estos dos partidos habían empezado a negociar ya la derecha española (“derechona”) lo atacaban a pesar, incluso, de no haberse concretado nada. Una vez conocido y firmado el acuerdo los ataques continúan y con especial virulencia por parte de algunos partidos y sus altavoces manxadoiras. Ataques que, por otra parte, no resisten lo más mínimo contraste con la realidad de los contenidos del acuerdo firmado y que son públicos y conocidos. Realmente hay razones para pensar que muchos de los críticos no fueron quien de leerse el texto del acuerdo
.
Una de las muchas herencias negativas que dejaron los gobiernos de Mariano Rajoy (PP) fue que se habían disparado las desigualdades sociales y territoriales. Unas desigualdades que tienen causas políticas: las políticas de duro ajuste fiscal y rebaja salarial que vienen aplicándose en España, y en Galicia, desde hace ya más de una década. Unas desigualdades que tienen, por tanto, causas fiscales y laborales entre otras. Unas desigualdades que a nivel fiscal vienen, por caso, reflejadas en el desigual y discriminatorio trato que reciben las rentas del trabajo y las rentas de capital. Desigualdad que confirma el dato de que mientras las rentas del trabajo recogen menos del 50% del riqueza nacional –uno de los niveles más bajos de la Unión Europea- aportan las arcas públicas más del 75% de los ingresos tributarios. Divergencia que refleja una mayor presión fiscal en las rentas medias y bajas al tiempo que un mayor fraude (80%) por parte de las rentas altas. No por casualidad a presión fiscal en España está más de 10 puntos por debajo del promedio de los estados europeos de nuestro entorno.

En este marco el acuerdo PSOE-PODEMOS en materia fiscal contiene luces y sombras. Empezando por estas últimas señalar que en el Impuesto de sociedades a rebaja para las pymes del tipo nominal del 25% al 23% apenas tendrá incidente en este colectivo por dos razones: la) Escaso ahorro, b) Reducido número de empresas afectadas (5%). Lo mismo sucede con el aumento del Impuesto sobre el Patrimonio especialmente por tratarse de un tributo que esta transferido en la mayoría de las comunidades autónomas que en casos como en Madrid –donde están domiciliados muchas de los grandes capitales: más del 50%- tienen bonificaciones del 100%. Igualmente modesto aparece el acuerdo relativo a la lucha contra el fraude fiscal que en España consigue uno de los niveles más elevados de Europa (25%: 75.000 millones de euros). Un objetivo fiscal que había debido tener carácter prioritario puesto que, por caso, situarnos en los niveles medios europeos supondría incrementar los ingresos tributarios anuales en más de 35.000 millones. En el lado de las luces está por caso el acuerdo sobre el IRPF de incrementar el tipo marginal aplicable las rentas altas -130.000 y 300.000 respectivamente-, medida que, según los expertos (GESTHA), puede suponer un incremento en la recaudación tributaria superior a los 850 millones de euros.

En agárrenlos globales hay de subrayar que estas medidas fiscales siendo positivas son claramente insuficientes muy especialmente porque aun mejorando la progresividad del sistema fiscal español no suponen una importante reducción en la leyenda tributaria actualmente existente entre las rentas de trabajo y de capital ni tampoco nos acerca a los estándares europeos. Del mismo modo sí se puede afirmar con rotundidad que los argumentos de las élites políticas (entre ellos el actual presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijoo) y económicas y sus altavoces de que estas medidas fiscales habían perjudicado las clases trabajadoras son rotundamente falsos ya que todos ellas so afectan a las rentas altas y las grandes sociedades y fortunas. Incluso el impacto del llamado impuesto al gasóleo será muy reducido para las clases populares. Pero ya se sabe, a los ricos les irrita pagar impuestos.

En el lado de las luces hay también que situar tanto el acuerdo de subir el SMI como de revalorización de las pensiones y de grabar las transacciones financieras –compraventa de acciones-. Resulta bochornoso escuchar los argumentos de las élites en contra de estas medidas. Argumentos mentirosos y falsos además de tremendamente injustos. Por caso el SMI español está, y seguirá estando pesando del aumento prometido, tanto en valores absolutos como en valores equivalentes entre los más bajos de la eurozona y muy inferior a la de los estados de nuestra entorno. Pero, ya se sabe, para esta derechona todo lo que sea incrementarlos ingresos de los trabajadores y fomentarlo vicio.

Podíamos seguir desgranando las medidas contempladas en el acuerdo Gobierno (PSOE)-PODEMOS que, resulta indiscutible, intenta dar un auténtico cambio de rumbo las políticas austericidas aplicadas durante esta última década por el Partido Popular (PP). Sí, como señalamos, los firmantes quieren compensar el grande esfuerzo hecho por los pensionistas durante este período lo mismo sucede con los desempleados de más edad (<52) cuya reincorporación al mercado laboral aparece muy difícil, lo que los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad por falta de recursos igual que les sucede las familias que carecen de recursos económicos. Que pensionistas, despedidos de mayor edad y familias en riesgo de exclusión sean objeto de atención, aunque sea modesta, en el acuerdo supone indiscutiblemente un giro social en las políticas gubernamentales. Giro que se ve confirmado con el compromiso de incrementarlo gasto público en funciones públicas de bienestar tan castigadas por los recortes como la atención sanitaria, la enseñanza y la dependencia. Sí este gobierno, con el apoyo con los fuerzas de cambio y el movimiento sindical lleva adelante estos compromisos, aun siendo estos claramente insuficientes, lo eres supondrá un indiscutible giro con mayor carácter social en relación las políticas austericidas de las últimas décadas. Será un claro paso adelante en la lucha contra la grande desigualdad social en España y, por tanto, en Galicia.

Delante de este marco la izquierda antisistémica gallega no puede permanecer impasible ni caer en una crítica frontal por mor de las insuficiencias del acuerdo –de algunas de las cuales me los dice cuenta-. La moción de censura positiva fue una gran noticia para las clases populares tanto de España cómo de la misma Galicia y así lo reflejan la mayoría de las encuestas. El nuevo escenario político creado permite un mayor poder de incidencia y correspondabilidad de las izquierdas antisistémicas gallegas que estas no deberían desaprovechar.

Por otra parte en relación al acuerdo firmado cabe preguntarse sí con este PSOE, con tan fuertes vínculos con las élites económicas y financieras, ¿era posible un acuerdo más ambicioso? ¿El nuevo escenario daba para mayores conquistas? De no firmarse el acuerdo, ¿qué escenario se abriría en España y, por tanto, en Galicia? Por caso, ¿la defensa del acuerdo impide seguir reivindicando medidas más ambiciosas como la reforma del sistema de financiación autonómica? ¿Impide seguir defendiendo una agenda política gallega?

En este último aspecto, de grande importancia para Galicia, sí cabe lamentar el pobre papel desempeñado por los/las diputados/las de EN MAREA en el Parlamento español. La diferencia de otros/las parlamentarios/las periféricos/las (por caso los de Comunes, Compromis, ERC…) su visibilidad fue, y sigue siendo, prácticamente nula o muy endeble. Una actuación que muy posiblemente sea castigada en las urnas en próximas convocatorias electorales.

Son tiempos de compromiso y de que cada quien asuma sus responsabilidades. En el caso de la izquierda gallega antisistémica son tiempos de compromiso con la mayoría social española y gallega que, con toda seguridad, apoya el acuerdo presupuestario del GOBIERNO (PSOE)-PODEMOS-EN MAREA- COMPROMIS- COMUNS.

Manoel Barbeitos

SOBRE EL FILIBUSTERISMO PARLAMENTARIO

INFORMACIÓN Y REFLEXIÓN (breve)
Se denomina filibusterismo a una técnica específica de obstruccionismo parlamentario, mediante la cual se pretende bloquear la aprobación de una ley o acto legislativo gracias a alargar procedimientos y plazos.
A la vista del uso que la derecha hace de la mesa del Congreso y del conjunto del Senado, aún cuando supongo que los grupos parlamentarios de la izquierda y el Gobierno deben tener expertos con conocimientos para combatir esas prácticas, no me resisto a realizar la siguiente aportación.
Así como respecto a la mesa del Congreso es difícil corregir el error inicial, respecto al Senado bastaría con acceder a las multiples peticiones que se hacen desde la oposición, está en el artículo 167 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que permite la disolución y convocatoria de elecciones solo y exclusivamente del Senado a propuesta del Presidente de Gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad.
Para que no haya dudas copio y pego el articulo mencionado:

"Artículo ciento sesenta y siete
1. La convocatoria de elecciones al Congreso de los Diputados, al Senado o ambas Cámaras conjuntamente se realizará mediante Real Decreto.
2. Salvo en el supuesto previsto en el artículo 99, párrafo quinto, de la Constitución, el Decreto de convocatoria se expide con el refrendo del Presidente del Gobierno, a propuesta del mismo bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Consejo de Ministros.
3. En caso de disolución anticipada del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Cortes Generales, el Decreto de disolución contendrá la convocatoria de nuevas elecciones a la Cámara o Cámaras disueltas."

Octubre de 2018
Isidoro Gracia

LA CHARANGA Y LA PANDERETA INGRESAN EN LA CARCEL.

Contemplar entrar en la carcel a alguien no es motivo de especial satisfacción. Es simplemente constatar que una sociedad enferma necesita terapia en la persona de uno  de sus actores. Lo que si indigna de forma especial, es que quien entra sea un individuo con alto nivel academico, que alcanzó reconocimiento en momentos de su periplo vital por parte de muchos compatriotas, gozó siempre de una posición acomodada y a quien la ciudadania retribuyó su trabajo con altisima generosidad.

Un individuo que teniendo como estipendio varios cientos de veces el salario minimo con el que se asfixia al trabajador por cuenta ajena, y teniendolo con cargo a los presupuestos, nutridos en su mayor parte con el sacrificio y sudor de los que menos tienen, sea un vulgar ladron, un fullero, una rata codiciosa con desenfrenada afición por el dinero ajeno.

Alguien que con deseverguenza supina se reclama pomposamente como patriota español, Al que España envió con amplio respaldo del arco parlamentario a una institución economica internacional del maximo relieve, y que devino en vulgar delincuente, arrastrando por el fango el nombre de su pais.

Un corrupto que siempre pretendió escudar su desverguenza en insolencia chulesca, hasta que consideró oportuno a la puerta de la carcel, con miserable cobardia, apelar a los sentimientos pididiendo perdón con hipocresia cinica, en busca de la empatia de la gente decente. Algo que el nunca mostró en su practica de manilargo soberbio que se consideraba impune ante cualquier avatar.

Fue el Vicepresidente primero del Gobierno de España del que era Presidente un sujeto que en su delirio de soberbia realizó la boda de una hija en El Escorial en cutre parodia de fastos imperiales fronteros al ridiculo más absoluto, con lo que era simplemente Corte de los Milagros, Que en una gran mayoria terminó ante la justicia por saqueadores de lo publico, incluyendo los que financiaban el bodorrio.

Quine ha entrado en la carcel como lo que es, un delincuente y un ladrón, no es sino el icono que visualiza la razón de una sociedad desalentada. La muestra de mayor relieve de la pustula de la corrrupción que convirtió al Partido Popular en la primera orginación politica señalada por los jueces como organización articulada para delinquir. La unica razón, -y no otras peregrinas y miserables-, para llevarse por delante el gobierno de un Presidente que a otro notorio delincuente le enviaba animos diciendole “se fuerte Luis”, se reconfortaba diciendo “viva el vino” y reconocia con su peculiar fluidez de ideas, “Todo lo que se refiere a mí y a los compañeros del partido no es cierto, salvo alguna cosa que han publicado los medios”. Alguien que al ser expulsado del gobierno por una amplia mayaria de la Cámara, el primero en democracia, dejaba tras de si un daño en la finea de flotación de la credibilidad de esta, de dificil reparación.

 Una organización que sistematizó que los fondos publicos desviados por alcantarillas putrefactas eran para saciar la codicia de los corruptos con increible impudicia. Y que en consecuencia no dudó en golpear a la ciudadania en crueles recortes de sus derechos economicos y sociales, dinamitando el incipiente estado de bienestar. Que desde la época de la presidencia “del padre de la contrayente”, asaltó con sedienta cleptocarcia las empresas publicas para entregarlas en sustanciosas rodajas a amiguetes y compinches con la factura de los hechos de mano  del delincuente que acaba de ingresar en prisión.

Desmantelar lo publico y saquearlo, esto si es un autentico GOLPE AL ESTADO. Al estado de binestar, al patrimonio común de la ciudadania y a su calidad de vida. Esto debiera  saberlo el pupilo del “padre de la novia” cuando en soflama desquiciada, habla de golpismo y golpistas. Cuando perdiendo los ultimos vestigios de cordura y saltandose el cortafuego que separa la dureza legitima de un debate parlamentario, pasa a la procacidad tabernaria y al comportamiento de los fondos ultras de los estadios, calificando al Sr. Presidente del Gobierno como golpista.

La miopía reaccionaria en la que se empodera abusivo el meritorio del “padre de la novia”, -lo más tosco de los postulados de una derecha que se avergüenza de ser derecha-, (moderna, democrática y europeísta), y su empeño a machamartillo de la defensa de los  privilegios por los sectores mas insolidarios en lo económico, lo político y lo confesional, le conduce a una diarrea discursiva que provoca el mismo grado de vergüenza colectiva que el caso del Vicepresidente ladrón.

Uno de los datos que nos refiere el nivel de corrupción de un país reside en la conciencia de ello que tienen sus ciudadanas y ciudadanos. Aquí es la ciudadanía la que sitúa esta como primer problema tras el paro. Y no lejos en degradada credibilidad, a los políticos y las formaciones políticas. La honestidad civil es una forma de convivir que junto a la justicia, se exige como valor  indispensable para que las relaciones humanas se desenvuelvan en un ambiente de confianza y armonía.

 El implementar estrategias en aras de recuperar la honestidad y la transparencia es uno de los mayores retos derivados de la moción de censura. Acometer desde un gobierno honesto, políticas de transparencia y de atender las demandas de la sociedad en la recomposición del tejido destruido de solidaridad y justicia social. Es un compromiso indeclinable que se está afrontando en el más complejo de los escenarios. Una senda nada fácil que provoca la reacción más brutal de quienes de la impunidad, la corrupción el pillaje y la rapiña hacen industria.

La corrupción produce un inmenso daño social, pues atraviesa todos los sectores. Frente  a ello solo cabe ser infatigables en fomentar la transparencia y la honradez. Devolviendo un clima de confianza y seguridad, que sean cimientos de una autentica sociedad democrática. 

*Antonio Campos Romay ha sido diputado en el Parlamento de Galicia

Claudicación

La venta de armas a Arabia Saudí, estado con un régimen criminal, puede considerarse como una complicidad inadmisible para cualquier país que se califique de democrático, y da igual que esté gobernado por un partido socialista o por otro consevador. España, por lo que ha dado a entender la Comisión de Defensa del Congreso, ha claudicado en toda regla de su obligación de defender los derechos humanos y de la lucha contra el terrorismo de estado.

Ya sé los argumentos de los que defienden que se vendan armas, corbetas y otros materiales bélicos a Arabia Saudí: que los contratos ya estaban firmados por el gobierno anterior, que están afectados muchos puestos de trabajo vía la carga del mismo para los astilleros españoles y otras milongas. No sé si la “hermandad” entre la familia real saudí y la española tiene algo que ver en este asunto, pero si así fuese solo comprometen a dichas familias, aunque se vea arrastrado el Estado español y su población.

Un partido socialista no puede caer en este tipo de políticas si no es a cambio de que se le acuse de claudicar de sus principios, de que parte de su electorado se defraude y busque otros caladeros en las próximas elecciones. Por mi parte el voto no irá a ningún otro partido que el socialista, pero ya he votado nulo varias veces cuando me repuganan ciertos candidatos; en este caso el asunto que nos ocupa.

¿Cómo se puede decir que los contratos de trabajo valen más que las vidas humanas que van a perecer en la guerra de Yemen? Esto es pensar lo mismo que el señor Trump, pero yo creí que el socialismo español se diferenciaba de ese personaje también en esto. ¿Cómo se puede decir que los contratos están ya firmados con anterioridad cuando, ante evidencias criminales, se pueden denunciar sin más miramientos? Perder a un climiente como Arabia Saudí es, económicamente, malísimo, pero peor es tenerle como socio en la comisión de crímenes.

Alemania, que tiene más poder que España en la esfera internacional, que tiene una industria más saneada que la española, puede permitirse el lujo de cancelar sus ventas armamentísimas a Arabia Saudí, máxime si, como alguien ha apuntado, ya no tiene compromisos con tal estado. Pero que Alemania marque el camino, en cuyo gobierno hay socialistas, debiera servir para que España, y el resto de la Europa democrática, se uniesen en una finalidad de categoría superior. Cuando el Pleno del Congreso, como es previsible, confirme la decisión tomada por la Comisión de Defensa, se habrá tocado fondo en materia de claudicación ante criminales de postín.

No insistiré en las alternativas que existen a la venta de armas a Arabia Saudí porque se han hecho públicas por diversos partidos políticos: se pueden encontrar otros mercados y el Estado puede asumir al pago de los trabajos que están realinzándose en los astilleros españoles, planteando a la UE, comandada por Alemania, esta necesidad moral y económica. No se trata, pues, de tener que elegir entre puestos de trabjo o colaboración con un régimen criminal; se trata de buscar alternativas a un problema que no se puede intentar solucionar de la forma más fácil e inmoral. Clama al cielo la posición del PNV, que se dice un partido cristiano, cuando argumenta que la solución de este problema ha de pasar, necesariamente, por el concurso de la UE, sabiendo que no está en condiciones de hacerlo dada la situación política en Reino Unido, Italia, Hungría, Polonia y otros estados, por poner algunos ejemplos.

De una hipocresía superior es también la abstención de Ciudadanos, solo cuando supo las intenciones del PP, suficientes, con los votos del PSOE, para que la venta de armas a Arabia Saudí saliese adelante. En situaciones como esta –difíciles- es cuando se demuestra si un partido, un país, está dispuesto a dar la batalla por los derechos huamnos y por un mundo justo. Hacer pequeños gestos electorales no llega, es miserable y una claudicación en toda regla. Por mi parte me dispongo a escribir –ingenuamente- a la Ministra de Defensa, que quiso mostrarse pura y casta votando no a la investiduda del señor Rajoy. ¿Qué es peor, esto último o vender armas a los delincuentes internacionales?

L. de Guereñu Polán.

LA INACEPTABLE E INJUSTIFICADA POSICIÓN DE ALCOA

Sus repetidos lloros, alternados con amenazas de ERES y posibles cierres, han ido consiguiendo apoyos públicos que solo han devenido en otros nuevos lloros. Esta vez habría que poner término al proceso.

Empecemos por su principal argumento el coste de su energía, que según sus responsables supone el 40% de sus costes de producción por lo que no son competitivos por los precios que sufren, en relación con otros países. Evidentemente la referencia obligada para una industria calificada como gran consumidor, instalada en un país desarrollado debe de ser otros grandes consumidores instalados en países similares, tomemos Europa.

Según Eurostat el victimismo de los grandes consumidores españoles, entre los que se encuentra ALCOA, no está en absoluto justificado y tanto la opinión pública como el Gobierno, que ha asumido como verdad inapelable esa queja permanente, están equivocados. Nuestras empresas tienen unos costes superiores (ligeramente) a los de países importantes como Francia, Holanda o Austria, pero, al mismo tiempo, son más bajos que los de Alemania, Reino Unido o Italia, son más bajos respecto tanto de la media del los correspondientes al ámbito euro, como al del conjunto de los 28. Además, existen otros costes en los que nuestro país está muy por debajo de la media europea, entre ellos los laborales de forma espectacular, o la fiscalidad real sobre Sociedades.

El que esos precios se consigan por procedimientos tan imaginativos como los llamados “pagos por interrrumpibilidad” (a cambio las empresas autorizan al Operador de Sistema a cortar el servicio en una determinada cantidad), no pueden disimular el precio real final. Esas grandes empresas nunca descuentan de su precio de la electricidad esta anómala subvención que cada año supone varios cientos de millones de euros, 525 M€ estaban presupuestados en 2017. Claro que es difícil que en un país en que tenemos una potencia instalada de más de 100.000 MW y una punta de demanda del orden de 40.000 MW se dé la circunstancia prevista, de hecho no se ha dado nunca en los últimos años.

Continuemos por ver cómo han afrontado otras empresas con instalaciones de gran consumo su futuro competitivo.  La solución lógica para una industria que declara que el 40% de sus costes es la energía es disponer en propiedad, o bajo su control, ese componente. Algunos grandes consumidores europeos, y en otros países desarrollados (p/e USA) han optado por estrategias de ahorro y autogeneración de su propia energía, mediante inversiones en las tecnologías más avanzadas y económicas existentes en su entorno. ALCOA ha optado por el lloro y la presión en vez de por esta alternativa.

Por cierto, la experiencia habida es que las cesiones de la Administración, ante situaciones similares, en el abaratamiento de costes, no solo no han consolidado la localización de la actividad y  el empleo, sino que han incrementado los riesgos del conjunto, mientras que la subvención a inversiones tecnológicas, o el apoyo con potenciación de la I+D+i del sector en el entorno geográfico incluso a proyectos externos han contribuido a consolidar otros sectores (CTAG y automoción son un buen ejemplo), además de ser mucho más compatibles con la normativa de la U.E. sobre competitividad.

Quizá no sea políticamente correcto decirlo en público, pero mi experiencia sobre política industrial me dicta que en el caso de ALCOA no se debe hacer ni la más mínima concesión en nada, ni en el tema energía, ni en la aplicación a rajatabla de la normativa laboral, ni en la posible reclamación de ayudas públicas anteriores disfrutadas, ni en la presión activa para evitar que una multinacional, que en este caso no es europea, consiga facilidad alguna futura en ningún estado de la U.E. para sus proyectos, y que esa es la posición correcta. Es verdad que hay puestos de trabajo que hoy están en riesgo, pero no es menos cierto que anteriores y generosísimas concesiones públicas no solo no han servido para consolidarlos, sino que han sido claramente incentivadores de prácticas que ponen en riesgo grave múltiples proyectos industriales viables, y miles de puestos de trabajo estables.

Es más, si tuviera responsabilidades sindicales en el tema, esa sería mí propuesta a los trabajadores de ALCOA, y a cualquier otro que estuviera en situación similar. Mi propuesta garantizaría mejor la viabilidad que las concesiones políticas, que durante más de 10 años, solo han conseguido una sucesión crisis similares cada pocos meses o años, y una reducción de la plantilla inicial. Solo deben apoyarse con subvenciones limitadas  las inversiones tecnológicas realizadas por el propietario. Así se han consolidado otros sectores, aquí y en otras CCAA. No ha ocurrido lo mismo con el sector aluminio, donde se han subvencionado costes, sin otra contrapartida que la continuidad.

Octuble de 2018

Isidoro Gracia

Alcoa y el Estado débil

La gran empresa Alcoa ha decidido prescindir de sus trabajadores para irse a no sé dónde. Es una obviedad que un empresario o grupo de ellos establecen sus empresas cuando quieren y las liquidan según sus exclusivos intereses, y esto, que es tan claro para todo el mundo, no tendría, necesariamente, por qué ser así si la lógica de la economía fuese otra, por ejemplo, que los Estados fuesen fuertes ante situaciones como la de Alcoa.

No entro en la historia de esta empresa norteamericana, que es antigua, ni en la compra por su parte de una empresa pública española que, entre otras localidades, se encontraba en A Coruña y Avilés, las dos afectadas ahora por la decisión de los dueños de Alcoa de irse. Pero si a la postre se va, como es previsible, lo será de rositas, porque dicha empresa ha recibido no pocas ayudas para que su producción de aluminio y otros productos le saliese más barata (el Estado español, en el caso que nos ocupa, ha sido el pagano).

Es tan antiguo el Estado y aún no se ha fortalecido lo suficiente ante depredadores como los propietarios de Alcoa, que opera en varios países. Cuando se ubicó en las localidades españolas fue porque interesó a sus propietarios y los españoles pusimos recursos en beneficio de la producción de esta empresa. Ahora se va y los recursos de los españoles no se quedan. ¿Cómo no ha sido posible llegar a una política industrial en la que se condicione a las empresas ciertas garantías para sus trabajadores? Ya sabemos que estos van a percibir los subsidios a parados que están establecidos en función de su antigüedad y cotizaciones, pero esto no puede ser satisfactorio para los empleados. Algunos habrán alcanzado una edad que no les permitirá reengancharse en el mercado laboral; habrá que pensar en prejubilaciones y de nuevo el Estado (la Seguridad Social) tendrá que intervenir subsidiariamente porque los dueños de Alcoa han decidido irse con sus beneficios a otra parte.

¡Ah! Es que si se condiciona el establecimiento de empresas en España –no siendo así en otros países- las empresas no vienen. No ignoro que la lucha por estados fuertes ha de ser planetaria, pero esto, hoy por hoy, está lejos, máxime teniendo en cuenta que muchos estados están en manos de los amigos de Alcoa, otros empresarios que quieren manos libres para hacer y deshacer. Para ellos, el Estado debe cumplir solo la función de subvencionar a las empresas para que el negocio sea más rentable. Una visión leonina de las cosas que es la que impera después de muchos milenios de humanidad.

Según leo los ingresos de Alcoa fueron nueve veces más que las pérdidas en 2009, un año de los de la crisis mundial. Sé que los ingresos no equivalen a los beneficios, pero sería bueno que estos se hiciesen públicos, que el Estado entrase a su verificación, que se conociesen las “razones” de Alcoa para decidir irse de A Coruña y de Avilés y, en todo caso ¿qué hay de lo nuestro, las subvenciones públicas a favor de la citada empresa?

Los estados podrían intervenir en la economía de las empresas por medio de los trabajadores, lo que ya existe en otros países a la cabeza de los cuales está Alemania; los estados podrían condicionar el establecimiento de empresas al cumplimiento de ciertos fines sociales entre los que está la garantía del empleo, y ello no es obstáculo para el principio comunitario de la libre circulación de capitales. Los estados debieran hacerse fuertes ante las empresas, que no tienen patria y, en todo caso, unir la influencia y la fuerza de sus instituciones para defender los puestos de trabajo, como intervenir en su favor cuando una empresa bien gestionada ha tenido dificultades.

No creo que el sistema económico mundial mejore si, al tiempo que el capitalismo ha conseguido sus objetivos máximos, los estados no se hacen fuertes para defender a los asalariados en circunstancias como la de Alcoa. Con estados débiles no hay nada que hacer salvo manifestarse, denunciar… lo de siempre.

L. de Guereñu Polán.

Desinformar: esa es la consigna

Un tribunal de Justicia ha obligado a la empresa donde trabaja la hija del ex presidente Chaves (de Andalucía) a devolver 10,1 millones de euros que había recibido de la Junta. Esta es la noticia que dio hace unos días uno de los periódicos de la caverna, al que no le importa la noticia en sí, sino deteriorar la imagen del ex presidente y del Partido Socialista de paso. La hija del señor Chaves no es directiva de la empresa, sino una simple empleada, por lo que no ha tenido influencia alguna para que se produjese aquella ayuda que ahora ha de repararse.

Este es solo un ejemplo de cómo entienden el periodismo los directores y otros personajes relacionados con el mundo de la información, que emplean sus medios no para informar, sino para todo lo contrario, si con ello contribuyen a la lucha partidaria a favor de la derecha política.

Desde que Thomas Carlyle se refiriese a la prensa, hace casi dos siglos, como el cuarto poder, aquella ha venido ejerciendo una influencia creciente en la opinión y, en ocasiones, ha corregido severamente (incluso para bien) la acción de los gobiernos (recuérdese el caso Nixon). Conscientes de esto, los directores y dueños de los medios de comunicación conservadores, integristas e incluso reaccionarios, emplean el más zafio sectarismo para desinformar a la población. La prensa debe de ser independiente del poder político, pero no lo es de las empresas dueñas, por lo que, teniendo estas intereses, influyen para que sus medios de comunicación hagan todo lo posible para torcer la voluntad de los electores.

Hay en España, como en otros países, buenos ejemplos de prensa de la caverna, que no ha tenido el más mínimo inconveniente en titularse “monárquica” o de otras maneras. Siendo así, esa prensa se convierte no en un medio decente de información, sino en prensa de partido, por lo que suele tener menos lectores que la prensa “independiente”. Esto cabe para las cadenas de televisión, hoy verdaderos emporios que concentran su poder “informativo” y de los periódicos digitales, donde al lado de algunos que hacen gala de una independencia notable, otros no son más que sucedáneos de los periódicos en papel cavernícolas.

Sé que hay un debate, desde hace tiempo, acerca de las funciones de los periodistas, de sus códigos deontológicos y del papel que la información debe jugar en el mundo, pero ese debate se queda, en muchos casos, en pura teoría porque prevalecen otros intereses. Periódicos españoles como ABC, El Mundo, La Razón, OKdiario (este último digital) suelen desinformar con fruición, como lo hacen algunas cadenas de televisión, entre las que TV3 catalana se lleva la palma.

Ello no impide que, en esa prensa de la caverna, trabajen periodistas que hacen gala de una gran profesionalidad, y que no se sienten identificados con los dueños, los directores y con la línea editorial de sus periódicos. Esto se puede ver en los escasos debates televisados, donde periodistas de medios conservadores y cavernícolas tienen opiniones muy independientes y críticas.

La prensa democrática, la más fiel a los principios del periodismo como disciplina social, ha pasado, como todo en la vida, por diversas situaciones, pero en general el saldo es positivo, y en una lucha titánica con las nuevas tecnologías (que también han incorporado) siguen existiendo los periódicos en papel que merecen elogios por su esfuerzo de veracidad.

Hay emporios empresariales, de los que en España cabría hablar de Vocento y el Grupo Prisa, que van más allá del periodismo y lo que les interesa es una gestión empresarial compleja donde lo principal es ganar dinero. Así Vocento, junto a periódicos de ámbito regional, está interesado en potenciar el diario ABC, de gran tradición monárquica y de apoyo al régimen del general Franco. Ahora este diario, que ha resurgido de sus cenizas gracias al capital de Vocento, juega un importante papel a favor de la derecha política desinformando con harta frecuencia.

El Grupo Prisa es otro ejemplo de empresa para hacer dinero a favor de sus propietarios, juntando publicaciones de calidad con otras que adocenan lo que pueden con el deporte (no el de base, sino el viciado por el dinero).

Otros grupos mediáticos tienen la función, más que de informar, de servir a sus amos, como es el caso de la clerical COPE, Atresmedia, Mediapro… No se acaban aquí los medios de comunicación en España, donde el periodista es una gota en un diluvio de dinero e intereses ajenos a la información veraz y contrastada. La libertad de prensa exige, a su vez, lectores críticos, para no dejarse llevar por la marea de la desinformación. Lo contrario es permitir que la democracia se debilite y los carroñeros de la política consigan torcer la voluntad de unos electores no siempre formados en los vericuetos de mundo moderno.

L. de Guereñu Polán.

O enorme e indecente poder das eléctricas

“O prezo da luz subiu mais dun 90% nos últimos 15 anos” 

Ao tempo que algúns medios de comunicación e opinión, recollendo as evidencias, informaban de cómo o prezo da luz non para de subir tamén coñeciamos que as ganancias das compañías eléctricas se disparaban: “a suba do prezo da luz disparou os ingresos das eléctricas ata 32.170 millóns de euros no 2017”.
A quen lle pode estrañar que diante destas dúas realidades moitas familias de rendas medias e baixas, maioría de clases populares, se indignen?. Moito mais cando atenden a como evolucionan, por caso, os salarios e as pensións que camiñan en dirección contraria as ganancias das empresas eléctricas: estas soben aqueles baixan. Aínda mais si son quen de lembrar as razóns que algúns gobernantes no seu día (1998/2009) nos deron cara xustificar, por caso, a privatización e a liberalización do mercado eléctrico: que beneficiaría aos consumidores xa que a libre competencia conduciría a unha baixa nos prezos. Un beneficio que xa estamos vendo. Benditas hemerotecas!.
As evidencias permiten afirmar con toda contundencia que os prezos da electricidade soben por que esa é a vontade das compañías eléctricas para así obter uns zumarentos beneficios. Unha suba que, a súa vez, é autorizada polos gobernos de torno (PP, PSOE) cuxo contubernio coas mesmas e de sobras sabido (“portas xiratorias”). Unhas subas que, como sinalaba, desmenten categoricamente as teses neoliberais que nos venderon de que a privatización dos activos e a liberalización do comercio beneficiarían aos consumidores que terían así enerxía mais barata e mais limpa. En España, un dos poucos estados europeos que, ao día de hoxe, non conta cunha compañía eléctrica pública –aínda que si tivo unha: ENDESA- a privatización e a liberalización do sector favoreceu a creación dun oligopolio –ENDESA, Iberdrola e Gas Natural (agora Naturgy)- que fixa os prezos dun xeito unilateral tendo como único referente a máxima ganancia posible. Política comercial que fai que o prezo da electricidade en España estea entre os mais altos de Europa. Unha realidade que está castigando duramente a economía das familias e das pequenas e medianas empresas e, de rebote, ao emprego.
Como proba de tal arbitrariedade na fixación dos prezos baste con sinalar que moi probablemente as compañías eléctricas sexan as empresas españolas que mais e maiores conflitos tiveron primeiro coa  antiga CNC (Comisión Nacional da Competencia) e agora coa CNMC (Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia)  por mor de poñer trabas a competencia e a transparencia no sector.
Podería pensarse que son razóns de mercado, por caso un incremento da demanda derivada da suposta recuperación económica, as que provocan a suba constante dos prezos. Argumento que non resiste as evidencias posto que como puidemos comprobar durante a grande recesión, a pesares de producirse unha relevante contracción no consumo o prezo da enerxía eléctrica non parou de medrar. Son, xa que logo, outras as razóns quen moven os prezos.
Razóns que hai que buscar na propia natureza do sistema eléctrico español, na oferta, quen experimentou importantes cambios cando a liberalización do sector. Liberalización e privatización que trouxeron para o sector eléctrico unha maior fragmentación do mesmo ao par que un total desregulamento como corresponde as bases da mundialización neoliberal. Unha fragmentación e un desregulamento, por certo, xenerosamente regados con fondos públicos.
Unha fragmentación do sistema en tanto en canto o novo mercado eléctrico “distingue varios tipos de axentes: empresas produtoras, de transporte e distribución e empresas comercializadoras” (Xan R. Doldán García: “A ilusoria competencia do mercado eléctrico”. Tempos Novos, setembro 2018). Unha fragmentación na que as empresas privadas administran a parte mais rendible do negocio (produción e comercialización) deixando a administración pública a menos rendible (transporte) e que resulta mais formal que real xa que “na práctica seguen a funcionar baixo unha dirección única que unifica criterios de actuación entre unas liñas de negocio e outras e, de facto, a concentración e tan extrema que dificilmente podemos considerar que exista tal competencia” pois as empresas anteriormente citadas –ENDESA, Iberdrola e Gas Natural (agora Naturgy)- dominan, a xeito de lobby, practicamente todo o negocio eléctrico.
Un dominio oligopólico que repercute nos prezos ao consumidor como estamos vendo en todos estes anos de suba constante dos mesmos. Así o enorme poder sectorial e político destas empresas facilitou que se establecera un criterio para a fixación dos prezos ao consumidor claramente favorable aos intereses daquelas. Criterios, por outra parte, de non fácil comprensión para os consumidores. Primeiro hai que saber que a electricidade que consumimos ven subministrada por distintas fontes (carbón, gas natural, eólica.) que usan diferentes tecnoloxías e que, xa que logo, teñen distintos custos de produción. Hai que saber tamén que este mercado se rexe polo sistema da poxa continua, un mercado claramente especulativo –non se comercializan quilovatios senón títulos: OTC- e enormemente variable no tempo. Neste marco “o prezo para cada hora de poxa de electricidade no mercado diario (…) ven determinado pola última tecnoloxía que teña entrado a cubrir a demanda e que, ademais é a mais cara” (Xan R. Doldán García). Noutras palabras, sexa cal sexa a fonte subministradora o prezo unificado para todas é o mais caro de todos. Un prezo, xa que logo, que está sempre moi por riba dos custos medios de produción. Como moi ben explica o profesor Xan R. Doldán, “isto sería o mesmo que pagar en lonxa todo tipo de peixe comercializado polo prezo do que se vende mais caro nun período de tempo dado”.
Nembargante o consumidor amais do prezo así calculado ten que pagar tamén  os custos de comercialización e o chamado eufemisticamente “déficit de tarifa”. I é que segundo as empresas que controlan o mercado a pesar da desmesura dos prezos ao consumidor estes (que determinan os ingresos por tarifa) non cobren uns custos de produción –cuxo equivalente en prezos é fixado polas propias empresas oligopolistas e os grandes grupos financeiros-. Unha estafa mais  que solo resulta comprensible si se ten en conta o enorme poder político dun oligopolio eléctrico en cuxos consellos de administración podemos atopar nomes moi coñecidos de expresidentes, exministros, exconselleiros autonómicos, altos funcionarios, exxuices e maxistrados en activo... con gran poder de influencia nos respectivos gobernos. Influencia que moitas veces remata coa presenza no goberno de torno de antigos directivos desas empresas.
Mentres no se mude esta situación, de enorme e indecente poder dun oligopolio, mentres no se proceda a unha auténtica regulación do sector continuaran os abusos, auténticas estafas, das compañías eléctricas aos consumidores.

 Manoel Barbeitos