LA REPUBLICA.

El franquismo si por algo se distinguió, fue por el uso del eufemismo como norma para ocultar con mente de censor lo que pretendían aherrojar de la memoria colectiva. La libertad devenía en libertinaje dando tácitamente a la primera como puerta inevitable de lo segundo. S. José Artesano era piadosa cortina al combativo 1º de mayo, en el que los trabajadores pasaban a ser productores para alivio de la patronal. República fue convertido en sinónimo de anarquía, desbarajuste y ruina.

Lo lamentable es que durante la Transición la metodología del eufemismo se hizo un lugar importante. Lo que debiera ser un estado federal no fue sino el estado de las autonomías… El estado laico se difumino en la aconfesionalidad, y la República fue borrada como opción al ser escamoteada del pronunciamiento popular, emboscando en el texto constitucional la decisión. Gravosa óbolo de Caronte para atravesar el lóbrego Aquerón en pos de la orilla democrática, dando por buena la voluntad del dictador.

Menos de una década atrás, desarrollando la Ley de sucesión de la Jefatura del Estado, el 22 de julio de 1969, el Borbón Juan Carlos, había sido designado por Franco sucesor de su dictadura: “estimo llegado el momento de proponer como persona llamada en su día o sucederme, a título de Rey, al príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón”,… “ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento y Leyes Fundamentales del Reino”.

Del que sería alabado sin tasa como paladín de la democracia y campeón de las libertades ciudadanas, en coherencia con tan fervientes valores de demócrata que atesoraba, ante el origen tan -¿dudoso?- de su advenimiento al trono de las Españas, cabria esperar renunciara al patronazgo del “Centinela de Occidente” y buscase su legitimidad democrática, tras  un referéndum sobre la forma de estado,.. Pero quizás sería pecar de exceso de optimismo en un actor político que no dudó en ignorar olímpicamente los principios hereditarios que informan la razón de ser de las monarquías, dejando a su padre con un palmo de narices y un cabreo monumental.

Parece extraño que haya quien se sorprenda cuando ve surgir franquistas como setas.   Vocingleros, cargados de chulería y prepotencia. Nunca dejaron de estar y realmente nunca se sintieron incómodos… Satisfechos, contemplaban como el silencio cómplice de demasiados, permitía al nuevo el Jefe del Estado reconocer sin el menor pudor con la concesión del Señorío de Meirás  con Grandeza de España, a la viuda del dictador:   “Queriendo dar una muestra de mi Real aprecio y testimoniar los sentimientos de afecto y admiración a la egregia figura de doña Carmen Polo de Franco de singular relieve en una gloriosa etapa histórica de nuestra Patria”. Y para que la hija no se sintiese olvidada nuevamente el Sr. Borbón y Borbón por decreto de su mano le concede “el título de Duquesa de Franco, con Grandeza de España, a doña Carmen Franco Polo, Marquesa de Villaverde. Deseando dar una muestra de mi Real aprecio, y en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren.

A nadie debiera extrañar el aroma fascista que está ascendiendo de las cloacas del integrismo reaccionario, de lo que es claro ejemplo la permisividad que goza la Fundación Francisco Franco. Pertinaz apologeta de este y de su régimen. Y todo ello con subvenciones estatales. Es menester recordar que ni el jefe del estado que ocupó el cargo tras la muerte de su tutor y guía, ni su sucesor y heredero de “la finca del abuelo”, cayeron jamás en la tentación de condenar el golpe de estado ni la dictadura. Ni hubo un gesto de calado, ni del uno ni del otro, hacia la España proscripta.

Las evidencias de corrupción y nepotismo habidos entre los más prominentes miembros de la familia Borbón, incluso para los más intencionadamente miopes, hace difícil ignorar que la institución monárquica está tocando fondo y con ello, perjudicando los intereses de España. Arribaron a España a sangre y fuego, y fueron restaurados siempre “manu militare” incluida la última. Cada día que pasa es más un obstáculo que una solución para España e incluso para su integridad territorial y para las soluciones que exige la armonización del estado y las naciones que lo componen, Se necesita un modelo muy ajeno a esta anomalía arqueológica, antigualla apolillada material y moralmente. Es una muestra de valor y madurez cívica saber lo que ya no debemos temer, pese al permanente lavado de cerebro al que se sometió a la ciudadanía todos estos años de permanente loa a  tan caduca institución.  La política, ni es negocio ni es oficio. Es compromiso y armonía de la convivencia vivida en equidad y libertad.

La República federal  construida como espacio de encuentro de los territorios nacionales que conforman el estado, es el mecanismo para armonizarlo. Encaminando por sendas de justicia social la convivencia. Y fraguando un futuro para las generaciones venideras. Donde los esfuerzos se prioricen en defensa del interés común. Abogando por la igualdad de derechos de la ciudadanía, singularmente aquellos que son señal de identidad de una sociedad moderna y solidaria. Ha de ser el punto final de un periodo donde han pesado como una losa los resabios del franquismo, que infiltró autoritarismo e inseguridad en la mentalidad de la ciudadanía.

Se trata que dejar atrás  la vieja sociedad ya superada por la dinámica de la historia para transformar las condiciones de vida acomodándola a un tiempo nuevo. Los tiempos de la política de avestruz, de esconder la realidad e ir trampeando, están llegando a su fin.

Hay temas que no son anécdota…son categoría.

 *Antonio Campos Romay ha sido diputado en el Parlamento de Galicia

Refugiados y enfermedad

Los descerebrados xenófobos que protestan contra el refugio que se da en nuestro país y otros a los que se reconoce como refugiados, debieran detenerse sobre algunas cuestiones (en definitiva, informarse) que van más allá de las molestias que puedan causar dichos refugiados y/o inmigrantes, no más que las que causan los naturales del país, sobre todo si son de las clases pudientes.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha informado sobre la salud de las personas refugiadas señalando que durante el año 2017 aumentó el número de refugiados en todo el mundo, pero que durante el mismo año su estado de salud ha mejorado. Esto no sería así si permaneciesen en los países de origen. Uno de los datos es que la tasa de mortalidad entre menores de 5 años se mantiene en 0,4 muertes por cada 1.000 niños. Los brotes controlados de cólera, malaria o tifus, que padecen sobre todo los refugiados procedentes de Kenia, Uganda y Sudán, Uganda, Angola y Bangladesh, Ruanda y el Congo están siendo combatidos por el personal dependiente del ACNUR, lógicamente con la colaboración mayor o menos de los países de refugio.

¿Habrá algún ser humano que se pueda oponer a esta política? Sea cristiano o musulmán, no creyente o de cualquier ideología política ¿no es de toda justicia que se destinen recursos y medios humanos para combatir estas enfermedades, en un mundo de opulencia cuya riqueza está radicalmente mal repartida?

Pero no estemos pensando solo en los refugiados que llegan a Europa: en el mayor campo de refugiados que hay en el mundo, Cox’s Bazar, en Bangladesh, se hace un esfuerzo realmente titánico por devolver la salud a miles y miles de seres humanos. ¿Podremos permanecer inactivos si conocemos que la causa más numerosa de muertes en menores de 5 años es la diarrea? ¿Qué conciencia tendremos si no reaccionamos ante esto?

La situación de los refugiados, en el campo citado y en otros, cobra mayor interés humanitario si sabemos que el 90% de los atendidos padecían en 2017 enfermedades contagiosas, con lo que podrían extenderse de no actuar a tiempo. Medio millón de embarazadas recibieron asistencia en el año citado (según el ACNUR), más de 160.000 niños fueron vacunados contra el sarampión, aumentó el personal cualificado al servicio de los refugiados con respecto al año 2016.

Otros aspectos no menores son el de la salud mental, la lucha contra el SIDA y los esfuerzos para aumentar el volumen medio de agua para los refugiados, que se mantiene en 21 litros por persona y día (lavarse, beber, cocinar…). En cuanto al número de inodoros la media de estos por refugiado mejoró, pero está lejos de lo aceptable. La desnutrición aguda sigue siendo alta, mientras que el ACNUR se ha visto obligado a disminuir las raciones de alimentos, lo que provoca el retraso en el crecimiento de los refugiados menores y las repercusiones sobre su desarrollo intelectual. La anemia infantil se extiende a pesar de los esfuerzos, que la comunidad internacional se empeña en no superar.

Pero las instituciones internacionales y los gobiernos no reaccionan si la sociedad civil sigue dormida: y sabemos que hay muchos jóvenes y no jóvenes entregados a causas justas, que la ayuda económica individual es solo una pequeña parte de la solución, que las noticias sobre las cuestiones que tratamos aquí nos alarman… Pero no es suficiente. Muchos estamos entregados a lo nuestro, ignorando que lo nuestro puede no serlo si una eclosión mundial viniese a trastocar las cosas hasta el infinito. La movilización de los que leen y de los que no lo hacen, de los que se apoltronan y de los que tienen conciencia de estos problemas, estudiantes y profesores, profesionales y obreros, técnicos y desempleados, los de ideologías solidarias y los que no, todos debieran tener estos problemas como prioritarios. No vale utilizar este asunto con fines electorales y/o espurios, solo vale arrimar el hombro por una causa de absoluta justicia.

L. de Guereñu Polán. 

Interrupción del embarazo y derecha española

Deu-la-deu portuguesa

La interrupción voluntaria del embarazo ha sido motivo de polémica a lo largo de la historia, pero en las sociedades avanzadas actuales se admite que la mujer pueda decidir, en determinados casos y condiciones, si interrumpe el embarazo o no. Sabido es que el drama que acompaña a la mujer cuando se plantea el aborto de su feto suele estar motivado por razones de grave inconveniente para su futuro (precocidad en la concepción), económicas, violación, riesgo para la vida de la madre y otras quizá de menor entidad. Si la legislación del país donde reside esa mujer contempla que aborte su feto en condiciones de seguridad y de acuerdo con pautas sanitarias adecuadas, su vida no correrá peligro salvo situaciones sobrevenidas, pero si no existe legislación al respecto o esta criminalizó el aborto del feto, las consecuencias para la mujer suelen ser más dramáticas, peligrosas y, en todo caso, caldo de cultivo para especuladores.

Se pueden alegar casos de mujeres que pretendieron interrumpir su embarazo, rectificaron y luego se alegraron de la decisión tomada. Son casos respetables que corresponden a la intimidad de cada persona, pero esto no puede ser disculpa para prohibir a quien desee abortar su feto con la amenaza de una condena penal.

Ya en la antigüedad, en el Egipto del valle del Nilo, por ejemplo, la práctica del aborto fue algo asumido, como en las sociedades de la civilización grecolatina. Con la expansión de la moral cristiana interpretada por los sacerdotes de la primera época (no por las fuentes evangélicas de la vida de Cristo) se consideró que interrumpir el embarazo era pecaminoso, y la Iglesia hizo bandera de esta interpretación, tan arbitraria como la contraria, pero que, en todo caso, limitó la libertad de la mujer para decidir: y no otra cosa está en el origen de las morales y legislaciones antiabortistas, someter a la mujer a la voluntad del varón o de las autoridades, la mayor parte de las veces varones.

Hubo algún pensador en el siglo XVIII que señaló que, de la misma forma que el fruto forma parte del árbol, el feto forma parte del cuerpo de la mujer, por lo que esta podrá decidir como lo hace cualquier persona que, por ejemplo, quiere amputarse un miembro o decide quitarse la vida.

La derecha española, hablando solo desde inicios del siglo XX, ha sido contraria a esa autonomía de la  mujer, pero no sabemos qué ocurriría si el hombre tuviese la oportunidad de concebir y, por lo tanto, alumbrar o no un nuevo ser. La prohibición del aborto voluntario es un acto de violación de los derechos de las mujeres sobre ellas mismas, cuando el ejercicio de esos derechos no perjudican a terceros. El feto no es, según la legislación de cualquier país, una persona, pues no vive independientemente de la madre, y no sufre si es objeto de un aborto. En no pocos países europeos fueron gobiernos de mayoría demócrata-cristiana los que legislaron para regular el aborto.

La hipocresía en la derecha española es aún mayor cuando, por razones electorales o de oportunidad política, ha zigzagueado aceptando legislaciones avanzadas en esta materia (la actual en España) o no. A un ministro de Justicia del PP le costó el puesto ser coherente con el programa electoral de su partido y presentar un proyecto de Ley que rectificaba seriamente la legislación socialista preexistente. Ahora, el neófito Presidente del PP quiere desandar esos pasos y regresar a la política restrictiva contra los derechos qu disfrutan las mujeres.

Claro que sería una aberración, médica y ética, que la ley permitiese abortar fetos en cualquier tiempo y lugar, pero no es el caso. Lo que hoy existe en España –y el PP no quiere- es una legislación sobre la interrupción del embarazo racional, con gran apoyo social y en consonancia con lo existente en los países más avanzados en esta materia en el mundo. Pero la caverna acecha…

L. de Guereñu Polán.

Contra la banalización de la dictadura

Aunque este artículo no lo lea nadie, por si acaso, lo escribo con la esperanza de que se divulgue y contribuya a deshacer la idea de que el franquismo fue una dictadura, sí, pero sin más connotaciones. Es sospechoso que los que más reclaman la reconciliación entre los españoles sean los que forman las diversas derechas del país, políticas, mediáticas, etc. Los españoles estamos muy reconciliados en muchas cosas, pero muchos españoles no comulgamos con ruedas de molino y sabemos distinguir entre repudio a la venganza y consecución de la justicia.

Se habla del franquismo en las tertulias televisivas como si aquel no hubiese sido un régimen criminal nacido de una acción sumamente violenta, como lo demuestran los hechos y las circulares salidas de la pluma del general Mola. Como ha señalado Ángel Viñas en un libro suyo, el franquismo nació con la sangre, chapoteó en sangre durante décadas y murió en esa misma sangre (últimas ejecuciones poco antes de la muerte del dictador).

Las víctimas del franquismo en la retaguardia de la guerra civil no solo triplican a las de los republicanos (sobre todo anarquistas y comunistas pero también delincuentes comunes y socialistas) sino que estas fueron el resultado de acciones derivadas de un odio incubado durante mucho tiempo (lo que no las justifica), mientras que aquellas venían determinadas por órdenes de las autoridades al servicio del general Franco.

La dictadura franquista –sobre esto hay acuerdo entre los historiadores- fue el régimen más cruel que ha tenido España nunca, el que concentró más poder en una sola persona, que lo usó a su antojo y para su enriquecimiento personal, como se ha demostrado hasta la saciedad; fue el régimen en el que la represión y persecución de opositores y sospechosos de pocas simpatías con el mismo fue tenaz, continuada y sistemática. Ejecuciones sumarias, sin garantías jurídicas, con leyes de aplicación retroactiva (lo que es aberración jurídica donde las haya), con torturas y maltratos, humillaciones y doble oprobio para mujeres y ancianos por su vulnerabilidad.

Si la dictadura franquista salió de su aislamiento –como es sabido- es por la situación internacional tras la segunda guerra mundial, pero aún así tardó hasta los años cincuenta en tener relaciones formales con Estados Unidos, a quien Franco vendió parte de la soberanía nacional, y nunca pudo integrarse en la Comunidad Económica Europea precisamente por no ser un régimen democrático, sino su negación. 

Si en la televisión, en los periódicos, en las redes sociales, en las conferencias presenciales, en las escuelas, en todo lugar, se diera cuenta del grado de crueldad, de ignominia, de bellaquería, de criminalidad que alcanzó el franquismo, no se estaría ahora con paños calientes sobre si exhumar los restos del dictador, sobre si ilegalizar a sus defensores, sobre las garantías que todavía tienen sus colaboradores, entre ellos Adolfo Suárez y Manuel Fraga. El primero parece que se redimió traicionando al franquismo, y el segundo, serpenteante, no le importó colaborar con el crimen desde el año 1951 (Director General de Cultura Hispánica) hasta la muerte de Franco, a quien nunca se opuso y a cuya sombra prosperó.

A ver si nos enteramos de que militares traidores a su juramento contribuyeron a perpetuar, durante casi cuatro décadas, un régimen de terror que heredó mucho del nazismo al que Franco admiraba. A ver si nos enteramos de que cuando el nazismo fue vencido, el dictador se refugió en el eufemismo de un fascismo que recogía las esencias de una inventada tradición española y que encarnaban el carlismo, el falangismo y la Iglesia ultramontana. A ver si nos enteramos de que toda organización cívica o sindical contraria al régimen fue perseguida y eliminada sin escrúpulos; que incluso el obispo Pildain, de Canarias, llegó a denunciar los crímenes horrendos que los franquistas realizaban en la sima de Jinámar…

¿Es que se va a comparar al demócrata, prestigioso, honrado Presidente del Gobierno español, Negrín, con el criminal Francisco Franco? La dictadura franquista no se ablandó en los años sesenta y siguientes; lo que realmente pasó es que la oposición democrática, para esas fechas, estaba diezmada, desaparecida o en las tumbas. Nacía entonces otra oposición que sería la hacedora de la transición a la democracia en acuerdo con los revisionistas del franquismo. Estos últimos tuvieron éxito, porque durante décadas han conseguido hacer ver que la cruel dictadura con la que colaboraron no había sido eso, sino una dictadura más de las muchas que ha habido en Europa. No.

La dictadura franquista, bastante desideologizada (contrariamente a la mussoliniana) y que actuó de facto y al margen incluso de su propia ley, fue un régimen de una dureza que no tiene parangón y que solo ha sido superado, en Europa, por el nazismo alemán. Hasta se prohibió hablar en lenguas distintas que no fuesen el castellano, con gran desprestigio social para este ahora en algunas regiones.

La prensa, los púlpitos, la escuela, los actos culturales, todo estaba bajo el ojo escrutador de los agentes del franquismo. Las detenciones a cualquier otra del día y sin garantías, los calabozos de la policía, antesalas de la muerte, las cárceles hacinadas y apestosas, las mujeres doblemente discriminadas y sojuzgadas… mientras una meritocracia se hacía hueco como principal sustento civil del régimen. Pero por encima de todo estaban los militares más reaccionarios y crueles, los ricos de España (catalanes y vascos también) que se enriquecían más con sobornos y trampas por doquier; las regiones se distanciaban por su riqueza y renta de sus habitantes, y en las escuelas se engañaba salvo que un arriesgado maestro metiese alguna cuña que los alumnos más avispados captaban.

No nos engañemos y que no nos engañen: la dictadura franquista ha de ser condenada por los siglos de los siglos; esa será la verdadera reconciliación. Y lo será exhumar los restos del dictador de un lugar de honor que no merece. Y lo será que la derecha, de una vez, acepte los comportamientos democráticos que no consisten solo en votar cada cierto tiempo, sino en reconocer una parte de la historia de España como un baldón pesado, humillante, vil y feroz que no debe volver a repetirse. Si andamos con pamplinas sobre el franquismo no va a ser posible.

L. de Guereñu Polán.

Actualidad del franquismo

Monumento al general Mola

Razón tenía un magistrado cuando, en una reciente entrevista, decía que si el franquismo no estuviese de actualidad no estaríamos discutiendo sobre el traslado de los restos del general Franco desde donde se encuentran, un mausoleo construido para sí a base de crímenes.

El franquismo está en las organizaciones que, con fondos públicos o sin ellos, subsisten en España; está en algunos partidos políticos como el PP, con sus alcaldes manteniendo fotografías de Franco en sus despachos oficiales contra toda ley de Memoria Histórica, en las declaraciones públicas de algunos políticos y en la xenofobia de ciertos sectores de la derecha –quizá también de la izquierda- que se pueden leer y oír en los medios de comunicación.

En los años ochenta pasados algún político italiano señaló que la Administración en su país se había heredado y mantenido intacta de la época mussoliniana. Sabido es que en Italia ha habido partidos neofascistas y que en España, como en el resto de Europa y otros continentes, también existe un sentimiento de dicho estilo. Incluso existe una corriente historiográfica revisionista sobre el franquismo, representada sobre todo por Pío Moa y César Vidal.

Hay programas de televisión, uno en particular propiedad de la Iglesia Católica, donde se vierten defensas del franquismo como un régimen que, aunque no democrático, había mantenido a España unida y sin concesiones a independentismos y otros fenómenos colindantes. Los defensores del franquismo se agazapan ahora bajo argumentos falaces como que durante el franquismo se industrializó España y mejoraron las rentas de los españoles, todo ello para alimento de ese franquismo sociológico que, como en otros países, perdura bajo la superficie de la mayor parte de la población.

El anterior portavoz parlamentario del PP, por ejemplo, defendió que los familiares de las víctimas del franquismo acudían al Estado cuando este empezó a subvencionar la búsqueda de las tumbas para exhumar a los asesinados. El anterior presidente del Gobierno se jactaba en la televisión pública de haber destinado en los diversos presupuestos del Estado cero euros para la aplicación de la ley de Memoria Histórica. El franquismo no se esfumó con la muerte del dictador, tuvo que encontrar refugio en alguna parte y lo hizo en el partido con menos tradición democrática del país, fundado por un colaborador del franquismo, el señor Fraga, y mantenido desde puestos de responsabilidad en la empresa, en la Iglesia, en el Estado y en la sociedad civil.

Cuando una transición democrática se hace bajo vigilancia del franquismo, como ocurrió en España, los nietos de quienes la protagonizaron han sacado los colores a quienes no fueron capaces (o no pudieron) hacer las cosas como convenía a la salud democrática del país, y ahora vuelve lo que parecía olvidado, pero que estaba ahí, mantenido con gusto por sectores minoritarios, pero poderosos del país. Véase todo lo relacionado con la fortuna de los herederos del general Franco, la dificultad para que vuelva al público un patrimonio que fue usurpado por el dictador y sus colaboradores.

Véase como alcaldes (Llanos en Albacete, Águeda en Salamanca, Ribadelago en Zamora y otros) siguen manteniendo el nombre “del Caudillo” o este ha desaparecido hace muy poco tiempo. Véanse los monumentos fascistas en los atrios y muros de las iglesias de España, donde se honra a unos y se vilipendia a otros. También podríamos hablar del callejero, que honra a verdaderos criminales o a franquistas confesos sin mayor rubor por parte de políticos y jueces franquistas o adversarios de la democracia. Siguen en pie monumentos a militares golpistas como Yagüe y otros, al tiempo que se ponen todas las dificultades para que los familiares de víctimas del franquismo puedan dar digna sepultura a cuerpos ya descarnados por aquel régimen y  la guerra civil.

Si no hubiera franquismo en España no se oirían frases como “se quiere venganza”, “algunos se han olvidado de quien ganó la guerra”, “no abramos viejas heridas” y otras por el estilo. Las heridas no han cicatrizado, y no lo harán hasta que se haga justicia, que no otra cosa se pide por parte de los familiares de las víctimas. Claro que el asesinato de Calvo Sotelo fue un crimen sin perdón, como el de José Castillo, como los que se produjeron en Casas Viejas, Castilblanco, Arnedo o Paracuellos, por poner unos pocos ejemplos, pero esto no puede ser excusa para impedir honrar a los muertos que han permanecido en la “tierra materna” que cantara Azaña.

Lo malo de las dictaduras es que hunden sus raíces y su hiel se mantiene durante décadas o incluso siglos, hasta que su defensa sea ya inocua porque la historia ha hecho evolucionar las cosas hacia tiempos que nada tienen que ver con los que alimentaron a dichas dictaduras. Hay en España un franquismo que se resiste a desaparecer, y quizá sea lícito que sus defensores puedan reivindicarlo, pero el Estado democrático debe hacer justicia con una población que ha sufrido el desgarro de una historia emborronada por esos mismos fascistas o sus padres.

L. de Guereñu Polán.  

La Casa Real calla

¿No ha de salir a la palestra pública la Casa Real y decir algo tranquilizador, o denunciar, sobre los rumores y noticias en relación a Juan Carlos de Borbón, el llamado rey emérito? Ya lo de emérito puede no ser apropiado, pues es de aplicación solo a quien se ha retirado de la función pública después de unos servicios ejemplares. No todos parecen haberlo sido en el caso de que se trata.

Si fuera cierto que Juan Carlos de Borbón es propietario de una fortuna de dos mil quinientos millones de euros ¿no ha de decir nada la Casa Real sobre la licitud de su acopio? No es necesario –ni obligado- que diga las maneras y formas en que se ha obtenido, simplemente una declaración sobre el convencimiento moral o la certeza de que la fortuna del anterior Jefe del Estado, sea cual fuere, ha sido obtenida por medios lícitos. Si no es así la Casa Real no puede encubrir la sucesión de delitos que se hubiesen producido.

Si una persona amiga de Juan de Borbón, hombre o mujer, se hubiese beneficiado de la condición de Jefe del Estado de aquel ¿no ha de saberlo el actual rey y salir por medio de un meditado y sincero comunicado a la opinión pública para desmentirlo o confirmarlo, denunciándolo en este caso?

En las monarquías el rey es la máxima magistratura del Estado (lo que no quiere decir que tenga el máximo poder) por lo que la andadura de un rey por el cargo debe de ser ejemplar si queremos exigirlo a los demás ciudadanos. ¿Cómo podremos hacer cumplir la ley al común de los mortales si la encarnación –en su momento- del Estado no lo ha hecho y ha incurrido en crímenes sucesivos?

El tema está en los medios de comunicación y en los tribunales de justicia. Un alto responsable de los servicios de inteligencia ha rendido explicación al Parlamento, pero solo en cuanto a la información de que dispone sobre la seguridad del Estado, no sobre otros casos de índole privada. La inviolabilidad de Juan Carlos de Borbón hasta el momento de su abdicación (art. 56.3 de la Constitución) ya no es tal una vez pasa aquel a ser “emérito” y su aforamiento le obliga a rendir cuentas ante la sala correspondiente del Tribunal Supremo. Pero la Casa Real no puede esperar a que los tribunales se pronuncien penalmente, ha de aclarar ante la opinión pública lo que esté en su mano aclarar, porque no puede alegar desconocimiento absoluto sobre los graves asuntos presuntamente ocurridos.

¿Ha sido el anterior Jefe del Estado mediador para el enriquecimiento de terceras personas y para el suyo propio? ¿Qué negocios le han unido o le unen a personas nacionales o extranjeras? ¿No le unen negocios de ningún tipo? ¿Ha tenido o tiene el anterior Jefe del Estado dinero oculto en cuentas bancarias de paraísos fiscales y/o en Suiza? Porque de ser así sería muy poco ejemplar, muy poco patriota… ¿Se ha beneficiado el anterior Jefe del Estado de alguna amnistía fiscal por sí o por medio de testaferros? ¿Posee mediante dádiva el anterior Jefe del Estado alguna propiedad inmobiliaria en Marruecos o en cualquier otro país, lo que podría ser constitutivo de cohecho?

Sobre todo esto la Casa Real puede decir lo que sepa, sin prejuzgar las decisiones judiciales; no pude permanecer callada (y si el silencio fuese inspirado por el Gobierno, peor). La Casa Real no debe encubrir a ninguno de sus miembros, ni al anterior Jefe del Estado; debe explicar a la opinión pública lo que sabe, ni más ni menos, expresando su parecer sobre las hipótesis planteadas y, eventualmente, la denuncia sobre la comisión de delitos que –eso sí- deben de ser demostrados por los tribunales de justicia. La Casa Real, en suma, puede pronunciarse ante la opinión pública sobre su convencimiento moral acerca de los hechos en discusión e investigación; permanecer callada aparenta complicidad, y la monarquía en España ya ha dado los suficientes casos de mal ejemplo como para ser necesario corregir radicalmente esa tradición.

No puede escudarse, el anterior Jefe del Estado, en que ahora es una persona privada, porque lo que se trata de descubrir son hechos durante su etapa pública; tampoco que fueron hechos en al margen de su cargo, sabiendo que la más mínima indicación de un rey se convierte en determinante para inclinar algo hacia un lado o hacia el otro. Juan Carlos de Borbón ¿está implicado en los casos de corrupción por los que ha sido condenado el señor Urdangarin y otros delincuentes convictos? No es poco para que la Casa Real no hable, máxime cuando sí lo hizo para condenar la violación de la ley por ciertas autoridades de Cataluña… E hizo bien.

L. de Guereñu Polán.

U G T: 130 AÑOS DE HISTORIA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA

 En el primer tercio  del siglo XXI, cuando la Unión General de Trabajadores cumple sus 130 años de existencia, es perceptible como la oligarquía emplea a fondo sus mecanismos para silenciar los sindicatos. Los medios subordinados a la misma son diligentes en la estrategia de desprestigio de estas organizaciones. Medias verdades o mentiras se repiten hasta la saciedad hasta conseguir vitola de autenticidad.

Se trata de que las trabajadoras y trabajadores, esquilmados en sus ingresos, precarizados sus trabajos, u obligados a emigrar, no solo se estrellen ante los brutales recortes de sus derechos, sino hacerlos más vulnerables alejándolos de sus instrumentos de apoyo y negociación, los sindicatos. Negar tal intención, sería ceguera suicida o cinismo interesado. Algo que no se reduce al ámbito español. Buena muestra es el fundamentalista Trump y su cohorte reaccionaria intentando ahogar económicamente el sindicalismo de su país. Lo advierte el periódico británico “The Guardian”, citando documentos de colectivos ultra-liberales que trazan entre otras acciones,  “campañas encaminadas  a convencer a los miembros de los sindicatos que dejen de pagar sus cuotas”. “

El movimiento sindical, que ciertamente necesita fortalecer su imagen y protagonismo, acomodando su dinámica a los nuevos retos de la sociedad, es un  mecanismo indispensable en la lucha por la libertad, y para vertebrar el diseño de un escenario democrático de garantía de derechos y protección de conquistas sociales.  Con visión histórica, cuando la UNION GENERAL DE TRABAJADORES celebra su 130 aniversario, queda fuera de toda duda, que más allá de numerosas luces y algunas sombras,  es un elemento indispensable del relato contemporáneo de la historia de España y del catálogo de conquistas sociales habidas.                                                                

En la mañana de un 12 de agosto de 1888, 26 delegados de 44 sociedades obreras de oficios de toda España, representación de algo más de 5.000 afiliados se reúnen en una sede socialista ubicada en la calle Tallers núm. 29, de Barcelona, para iniciar las sesiones el Primer Congreso Nacional Obrero. A propuesta de Pablo Iglesias Posse, la organización que surge se nominará UGT. Su hombre de confianza, miembro como el de la poderosa Federación de Tipógrafos,  Antonio García Quejido, a la sazón Secretario General de la Federación Socialista Madrileña, será el primer presidente. Como dato curioso, la cuota de los afiliados se fija en cinco céntimos.  El P.S.O.E.,  fundado en 1879 por Pablo Iglesias Possé  establecería como requisito para la militancia su pertenencia a la UGT, lo que estará en vigor hasta la década de los ochenta del pasado siglo.  

Desde su fundación, su acción sindical está encaminada a alumbrar una legislación social garante de unas relaciones laborales justas y dignas. Para ello basculó tácticamente entre la lucha reivindicativa y el reformismo. Lo que siempre generó debates sobre la estrategia del sindicato entre sus dirigentes. El año 1917 es una prueba de fuego del sindicalismo español. La UGT apoya decididamente la huelga del 13 de agosto de ese año, afrontada por el gobierno con la proclamación del estado de guerra. Durante la dictadura de Primo de Rivera, en una maniobra cuando menos polémica, posiblemente encaminada a desmarcarse del auge anarcosindicalista, mantiene un dialogo con el régimen que se visualizará en la presencia de Lago Caballero en el Consejo de Estado. La relación se rompe en 1927 al rechazar la UGT formar parte la “Asamblea Nacional” con la que Primo de Rivera pretendía legitimarse.    

La UGT  apoyó decididamente la Republica, ocupando  Largo Caballero la cartera de Trabajo entre 1931 y 1933 dejando la impronta de importantes leyes sociales. En octubre de 1934 ante la deriva reaccionaria y antirrepublicana de la CEDA participa en la huelga revolucionaria de octubre que es  aplastada con brutalidad y dureza represiva con la intervención del Ejército y la Legión extranjera a las órdenes del general López Ochoa y el coronel Yagüe y del general Franco desde el Estado Mayor en Madrid.  

Tras el golpe de estado y posterior guerra civil, la UGT se vuelca en colaborar con el gobierno de republicano en todos los planos. Pone su casi millón y medio de afiliados al servicio de la Republica con un doble compromiso: la participación militar en los frentes de combate y en la retaguardia, intentando afrontar la demanda productiva del esfuerzo de la guerra. 

El triunfo del franquismo obliga a una trágica diáspora a centenares de miles de compatriotas que en muchos casos terminaran en campos de concentración. La represión se ensaña con el sindicalismo, y los sicarios fascistas saquean, igual que hacen con el resto de las organizaciones democráticas, todos sus bienes e inmuebles. Es el umbral de “a longa noite de pedra” donde la represión, el crimen y la impunidad van de la mano.

Nicolás Redondo Urbieta, socialista de trayectoria ejemplar y comprometida, será la persona que a partir del  18 de abril de 1976,  en que es elegido secretario general en el XXX Congreso de la UGT, pilotará el tránsito del sindicato en las primeras décadas de la democracia restaurada.  Referente en las luchas obreras de las acerías navales vascas y metalúrgico de La Naval, su retiro es un modesto piso en Portugalete (Vizcaya) comprado a plazos a mediados del pasado siglo.     

Este ciento treinta aniversario es bueno para recordar la deuda de gratitud que  España, la clase trabajadora, la ciudadanía tiene con los hombres y mujeres que desde el sindicalismo contribuyeron a construir una sociedad más solidaria y humana.  Y desde luego con dirigentes de la altura moral de Marcelino Camacho (CCOO) o Nicolás Redondo (UGT) entre otros.

  .Antonio Campos Romay