sábado, 17 de noviembre de 2018

Alcoa, Meirama, Puentes, Automoción, Ence,…., suma y sigue, estos lodos vienen de aquellos polvos. (I)



Hace muchos meses e incluso años, he venido sosteniendo en este medio que la falta de política industrial de la Xunta lleva a Galicia a la irrelevancia en ese ámbito.
Ya en 2013 analizábamos lo que iba a suponer la inevitable realidad de la llegada del coche eléctrico. Si tenemos en cuenta que entre el sur de Galicia y el norte de Portugal más de un centenar de multinacionales disponen de instalaciones en producción, además de unos de los centros de I+D+i del sector más importante de Europa (CTAG), parecía lógico que este sector sería una apuesta segura si la masa crítica, de la que ya disponemos, se completaba en aspectos sobre los que la Xunta tiene competencias y un papel relevante: la detección y extracción de materias primas minerales. Tengo constancia de dos hechos relevantes, uno, la investigación minera ha encontrado, en Galicia, esas materias en cantidades explotables y competitivas con las existentes en otras partes del mundo, y dos, el proceso de puesta en explotación se ha estancado por dos factores, entre los cuales la inoperancia burocrática de la administración autonómica es el principal obstáculo a superar, el otro es la contestación social a cualquier iniciativa minera.
Desde 2014, a raíz del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático, en otros medios desde hace décadas, he venido demandando “decisiones urgentes” para adaptar nuestro sistema de producción industrial y de generación de energía a la nueva situación. Pues bien las primera, y una de las más importantes, decisión de la actual Xunta en esta materia fue la suspensión del Concurso Eólico de la anterior, bloqueando la implantación de más de 2.300 Mw (equivalentes a 2,5 grandes centrales nucleares), otra aprobar una propuesta del BNG de prohibir los parques eólicos en la costa gallega. Ambas decisiones sumadas al abandono por el Gobierno del Estado en 2012 de la política de incentivos a las renovables,(el del impuesto al sol)  además de detener “sine die” la transición del modelo energético español y gallego, tuvo la virtud de liquidar la mayor parte de las iniciativas empresariales gallegas, que con tecnología y mercado propios, intentaban consolidarse tanto en el subsector eólico como en solar, y simultáneamente evitar futuros usos de las infrautilizadas instalaciones de Astano y Bazan, para los complejos artefactos como los puestos en marcha para los mercados del Reino Unido en septiembre, o el mercado alemán en octubre del presente año, este pilotado por Iberdrola.
Frente a la propuesta de mantener las tarifas y otras condiciones especiales para mantener las actividades industriales de grandes consumidores eléctricos, se ha sostenido desde estas líneas como medidas alternativas subvencionar, en las instalaciones consideradas estratégicas, soluciones similares a las utilizadas por otras empresas con instalaciones de gran consumo para consolidad su futuro competitivo.  La solución lógica para una industria que declara que el 40% o 50% de sus costes es la energía, es disponer en propiedad, o bajo su control, ese componente. Algunos grandes consumidores europeos, y en otros países desarrollados (p/e USA) han optado por estrategias de ahorro y autogeneración de su propia energía, mediante inversiones en las tecnologías más avanzadas y económicas existentes en su entorno. Solo en una ocasión la Xunta ha adoptado esta posición, al oponerse a la segregación de las centrales hidroeléctricas ligadas a Ferroatlántica y su producción de silicio en Sabón. En lo que considero una de las pocas apuestas acertadas, cara a la consolidación en territorio gallego de actividades con futuro, a pesar de su alto consumo específico de energía. Si se consigue superar el actual conflicto de Alcoa y se gana algo de tiempo, será necesario ligar el futuro de la industria del aluminio a inversiones en la generación de su propia energía. Claro está que antes será necesario que tanto el conjunto de la UE como España consideren que el subsector aluminio es un sector estratégico para su sector secundario.
Noviembre 2018
Isidoro Gracia

Jueces


No conozco ningún método mejor para la elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial que el que sean elegidos por el Parlamento, que representa al pueblo español. Si por mí fuese todos serían elegidos por el poder legislativo oídas las asociaciones de jueces y fiscales.

Creo que el poder judicial es independiente en España, o por lo menos tan independiente como en cualquier país democrático, sin perjuicio de que existan sentencias que no nos gusten (porque gustarán a otros).

Se habla estos días de que se ha dado publicidad al nombre del magistrado que ha de ser Presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo sin que todavía lo hayan elegido los vocales de dicho Consejo: es una imprudencia por parte de quien lo haya hecho, máxime si tenemos en cuenta que son esos vocales los que pueden hacer ver que realmente son independientes votando en conciencia y no atendiendo a consignas de ningún tipo. ¿Serán atendidas esas consignas de existir? Entonces la elección del Presidente es cosa de los jueces y magistrados, de nadie más. No es el Parlamento el que incurre en vicio, sino los jueces que se prestan (si así lo hacen) a ser instrumentalizados.

¿Qué pasaría si la mayoría progresista (eso se dice) que compondrá el Consejo del Poder Judicial, votase a un Presidente progresista y no al conservador anunciado. Pues que muchas bocas se tendrían que callar. Muy probablemente tal cosa no ocurrirá, con lo que se dará pábulo a lo de que las consignas si funciona: repito, es cosa de los magistrados que las acatan, de nadie más.

Podría establecerse un método de escalafón (como en los militares) para que los jueces y magistrados pudiesen alcanzar, mediante concurso, las altas instituciones del poder judicial, pero quizá este método plantease otros problemas en los que no entro por no ser ducho en la materia. Que el órgano de poder de los jueces sea elegido por el Parlamento parece lo más democrático y justo.

No es cierto que este sistema haya sido un coto cerrado para los dos partidos hegemónicos en España: siempre –salvo en una ocasión- han participado en los pactos para elegir al Consejo otros partidos como el PNV, CiU, la minoría canaria, Izquierda Unida, ahora Podemos… Lo que quiere decir que la composición del Consejo no suele ser cosa de la voluntad exclusiva del Partido Socialista y del PP, sino de otros minoritarios. Como debe ser.

Pretender que no haya puntos de contacto entre los poderes del Estado es absurdo: en el Reino Unido la Cámara de los Lores actúa como Tribunal Supremo en determinados casos (recuérdese el asunto Pinochet). En Estados Unidos el Presidente nombra a altos cargos judiciales (me parece el peor ejemplo de separación de poderes) y así ha sido siempre hasta que, en las últimas décadas, la independencia judicial está garantizada salvo cuando un juez no quiere ser independiente y se deja arrastrar por esta o aquella influencia. Eso es ya otra cosa.

L. de Guereñu Polán.


lunes, 12 de noviembre de 2018

LOS JUECES NO SON INDEPENDIENTES Y LA JUSTICIA ES EL MENOS DEMÓCRATICO DE LOS PODERES DEL ESTADO.



En plena polémica con algunas decisiones judiciales y con la renovación del Consejo del Poder Judicial, conviene aclarar conceptos y argumentos.

Casi a diario nos llegan noticias de autos judiciales y sentencias contrarias al sentir ciudadano, la penúltima, seguro que en las horas que van desde la redacción del artículo a su lectura surgirán algunas otras “últimas”, la de los impuestos de las hipotecas.
Conocido el acuerdo de renovación del Consejo del Poder Judicial, todos los medios de comunicación se han apresurado a bombardear al ciudadano común con críticas feroces, al acuerdo, a los acordantes, a los `posibles nominados, a los quienes los van a votar, al sistema de elección, y a cualquiera que crea que el sistema no es tan malo, ni los jueces y fiscales infalibles y ajenos a sus creencias y entorno social, y no digamos a los que pensamos que los parlamentarios que los van a votar son tan de fiar como los jueces y fiscales (o más como luego veremos).

Dos son los argumentos principales que los críticos utilizan: una imprescindible independencia de los jueces, y la separación de poderes que desde Montesquieu se acepta como seña de identidad democrática.
Empecemos por la condición de independencia de la Justicia. ¿En qué parte de que Ley o filosofía democrática se mantiene la absoluta independencia de cualquier juez? Respuesta: en ninguna de las hoy aplicables a la realidad española. Desde luego en la Constitución Española de 1978 no, lo que dice es: “La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey”. Así pues la Justicia es absolutamente dependiente de un sujeto llamado Pueblo, que aprueba sus normas de convivencia mediante el Parlamento por mayorías democráticas. Y si la Justicia en general es dependiente del Pueblo, aún es demandable una dependencia mayor a jueces y fiscales cuyo único y muy importante papel es aplicar la letra y el espíritu de las leyes, aún cuando sea práctica relativamente frecuente que algunas de sus interpretaciones entren en contradicción evidente con la literalidad del texto de la ley y del espíritu con que se aprobó.
Continuemos por las exigencias de despolitización. Los que se apoyan en Motesquieu, deberían hacerlo en el conjunto de sus ideas y no solo en una, muy importante pero a la que completan y dan marco otras como las que sigue. Las reflexiones de Motesquieu le hicieron consciente que quien dispone de poder tiende a ampliarlo con inclinación a abusar de él, lo que proponía era que concretamente este poder no fuera ejercido por nadie de forma permanente ya que “así el poder de juzgar, tan terrible en manos del hombre, no estará sujeto a una clase determinada, ni quedará exclusivamente en manos de una profesión”.
A la vista de autos, no solo de las cercanas en el tiempo muy notorias sentencias y decisiones de estos últimos meses, sino también del goteo en el día a día de sentencias y autos, que al sentido común del ciudadano de a píe le resultan incomprensibles. Sentencias y autos que, colocados a lado de los textos de las leyes que en teoría deben ser su base y referencia obligada, chirrían a pesar del lubricante de términos complejos y oscuros que los intentan argumentar.
¿Qué es más lógico? Confiar en las decisiones de otros seres humanos, con iguales pasiones y condicionantes que todos nosotros, a los cuales los ciudadanos de a píe, si nos ponemos de acuerdo podemos remover y cambiar, o en aquellos que hagamos lo que hagamos van a continuar en su puesto, sin dar cuenta a nadie que no sea de su clase y profesión. Pues bien los jueces y fiscales, que van a formar parte de CPJ, al igual que los parlamentarios, diputados y senadores, que los van a votar, son seres tan humanos como usted o yo. La diferencia fundamental es que a jueces y fiscales los ciudadanos no los elegimos y cambiamos, y a diputados y senadores sí.

¿Qué ocurriría si algunos de los jueces y fiscales tuvieran que pasar por las urnas periódicamente? Quizá, que sin tener el poder de la banca u una gran multinacional, los ciudadanos comunes obtendríamos unas sentencias más acordes a nuestros intereses.

Noviembre 2018
Isidoro Gracia

viernes, 9 de noviembre de 2018

Necesidad de la banca pública en España


¿Puede alguien argumentar a favor de que se privatice el Banco Mare Nostrum, resultado del rescate por parte del Estado de varias Cajas de Ahorro? ¿Puede alguien argumentar a favor de que se privatice Bankia, que ha sido nacionalizada por el Estado? Si estos bancos pasasen de nuevo a manos privadas, España no contaría con banca pública, como sí ocurre en países como Estados Unidos, Alemania, Holanda, Francia e Italia, por citar solo algunos ejemplos.
¿Qué dicen los partidos políticos españoles sobre la necesidad o no de una banca pública donde, sin perjuicio de ellos, se admitiese capital privado minoritariamente? Porque de existir una banca pública, esta, que debiera tener una función social además de operar en el mercado, no llevaría a cabo prácticas abusivas sobre los clientes, impositores, ahorradores, etc., a no ser que el gobierno de turno se lo permitiese, pero toda banca pública ha de servir para condicionar las políticas mercantiles del resto del sistema financiero, la banca privada.
Incluso el Banco Mundial ha recomendado la existencia de bancos públicos en un informe que lleva por título “Repensando el papel del Estado en las finanzas”. En primer lugar, los bancos públicos son los que han seguido dando créditos en los momentos de crisis, la más reciente entre ellas.
En Suiza existen más de veinte bancos que dependen de cada uno de los cantones, su capital es público aunque también se ha admitido capital privado en minoría. Estos bancos financian proyectos económicos, de creación de empleo, empresariales, dan créditos a autónomos, a emprendedores, y no actúan con la avaricia de la banca privada, que tiene otros objetivos en el plano internacional.
En Alemania también hay bancos públicos que aportan el crédito necesario a las pequeñas empresas, que no podrían soportar las condiciones leoninas de la banca privada, dedicada, como la gran banca de todo el mundo, a operaciones financieras a escala planetaria, a la especulación en bolsa, a vender productos tóxicos y a intentar evadir el control de los organismos reguladores de los estados.
En Francia están la Caisse des Dépôts y la Banque Postale, como también hay un banco postal en Italia, que ha realizado inversiones muy beneficiosas ene l sur de Italia, la zona con más necesidades de ayuda financiera. También existe en Italia la Caja de Depósitos y Préstamos, que ya en su denominación indica que no se dedica a lo que sí las grandes operaciones bancarias privadas, es decir, la banca pública italiana hace lo que hicieron los primeros bancos en su historia: admitir depósitos y conceder créditos.
En Holanda hay un banco público, por lo menos (Banco Nedeerlanse Gemeenten) que cuenta con accionistas privados, personales o corporativos, así como con la mitad del capital propiedad del Estado.
Es muy ilustrativo el papel que cumple en Dakota del Norte el banco público creado por las autoridades, que ha permitido financiera muchos proyectos, colocando a este estado entre los más prósperos de Estados Unidos, con excepción del nordeste y de California.
¿Quienes han de gestionar la banca pública? Competentes expertos que, además, demuestren día a día una honestidad misionera, sujetos a controles rigurosos por el Banco de España y rindiendo cuentas al Parlamento cuando este lo exija, no enchufados porque no se ha encontrado para ellos otra prebenda, no ambiciosos que consideran el dinero destinado al bien público como si fuese propio.
Los que no quieren una banca pública son los banqueros privados, que tampoco desean un regulador como el Banco de España (el cual no ha cumplido su labor casi nunca), que no quieren ni oír hablar de la Comisión para la Competencia, y que incluso han protestado por la Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre que establece el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones dentro del Banco de España.
L. de Guereñu Polán.

jueves, 8 de noviembre de 2018

EN REPARACION DE LA VERDAD: Caso Calvo Sotelo



Con motivo del cambio de nombre de un colegio de la Diputación coruñesa en cumplimiento de la Ley de Memoria histórica  (Colegio Calvo Sotelo) ha habido alguna reacción curiosa sobre el personaje que da nombre al colegio, reivindicándole con supuestas razones novedosas que no son sino los argumentos que el franquismo sostenía en su relato y amparaba en su Causa General.  La verdad nunca es univoca ni absoluta, pero siempre es un valor vinculado a los principios éticos. Ocultarla, falsificarla, distorsionarla, o adulterarla  amén de grave daño a la veracidad, muestran lo difícil que es su ejercicio  para algunas personas o colectivos.  
La dramática historia española de los años treinta, el golpe de estado contra la legalidad democrática, el salvajismo desencadenado por los golpistas abriendo las puertas a la intervención de potencias foráneas y la subsiguiente dictadura,-ejercida con brutalidad desconocida-, es un campo abonado para la distorsión de su relato.
Historiadores hay que intentan reescribir la historia de un tiempo cuyo impacto sigue incidiendo en nuestra realidad. Lo hacen al amparo de una ola reaccionaria empeñada en recuperar el relato del franquismo en orden a demostrar que la primavera democrática de un pueblo no fue yugulada por un grupo de caciques y clérigos, y militares traidores, sino por el gobierno legitimo de la República, que en su mensaje convierten en agentes del caos y el averno de la “España eterna”.
Cada vez se envalentonan mas los excesos imaginativos de quienes ponen en valor un acto sangriento y criminal como forma de resolver los problemas políticos ignorando la solución de estos, por la política y las urnas. Su sectarismo confunde el derecho a reencontrase con la dignidad colectiva y la  justicia, recuperar la  memoria y la historia política, con un mezquino afán de revancha y rencor. Se abonan al negacionismo con la coartada de una presunta reconciliación donde brillo por su ausencia el arrepentimiento,  y que no existió más allá del útil olvido evasivo. Y con ello un velo cómplice de silenció sobre lo acontecido, extendido a la dictadura franquista.  
 Decir que el asesinato del Sr. Calvo Sotelo fue un crimen de estado, semeja solemne desconocimiento de las tensiones exacerbadas interesadamente del momento…Más increíble si cabe si cual manifiesta años después el Sr. Gil Robles, persona poco sospechosa para la derecha y protagonista del momento, que no albergaba la menor duda  de la NO implicación del gobierno de la República en acto tan infame.
Pocas horas antes del deceso del Sr. Calvo Sotelo, se produce el asesinato del teniente de la Guardia de Asalto Sr. Castillo, lo que da lugar a una reunión tumultuosa en el Cuartel de Pontejos al que pertenecía  el difunto. Los ánimos están muy excitados por el pistolerismo de la extrema derecha y su impunidad. Hacía apenas un mes había sido asesinado el capitán Sr. Faraudo, y se había producido el intento fallido en la persona  del profesor y dirigente socialista Sr. Jiménez Asúa, padre de la constitución republicana, entre otros muchos casos de corte similar.
Compañeros del Sr. Castillo y algunos civiles especialmente vinculados a una banda paramilitar llamada “La Motorizada” que en ocasiones había protegido al dirigente socialista Sr. Prieto, claman indignados por los atentados mortales cometidos por los fascistas.
Las bandas paramilitares era una nefasta realidad en formaciones políticas de los años treinta. Sucedía con la Comunión Tradicionalista, la JAP, (los “camisas verdes”, Juventudes de Acción Popular) vinculada a la CEDA,  los piquetes anarcosindicalistas, el pistolerismo falangista, etc. De Pontejos parte una comisión compuesta por el comandante Sr.Burillo Stolle, el Tte. D. Máximo Moreno y el Capitán D. Fernando Condes que se reúnen con el Ministro de Gobernación Sr. Moles para solicitar autorización para detener a los pistoleros falangistas e instigadores que se mantenían clandestinos. El ministro concede autorización siempre y cuando solo se detuviera a las personas que se tenía fichadas y que estas serían entregadas a la autoridad competente". De las camionetas de asalto que salen de Pontejos con los listados de los sospechosos va también la funesta “camioneta 17”. En ella al mando del capitán Condés de la Guardia Civil, y conducida por el guardia Orencio Bayo, viajan en el pistolero Victoriano Cuenca, los guardias José del Rey. Amalio Martínez, Enrique Robles Sergio García, Bienvenido Pérez Rojo, Ismael Bueso Vela, Ricardo Cruz Cousillos y Aniceto Castro Piñeira. También un estudiante del último curso de Medicina, Federico Coello que participa de forma inopinada por hallarse tratando un enfermedad venérea al pistolero Cuenca, También viajan gentes vinculadas a la Motorizada, como Federico Coello, Santiago Garcés y Francisco Ordóñez, 
Se dirigen al domicilio de un falangista notorio, pero la dirección resulta ser falsa. Luego al del Sr. Goicoechea (Renovación Española) que estaba ausente. Posteriormente se personaron en el hogar del Sr. Gil Robles que a la sazón se halla de veraneo en Biarritz y finalmente al pasar por Calle de Velázquez alguien, por desgracia, recordó, que allí vivía el Sr. Calvo Sotelo…Como algo planeado perversamente como “crimen de estado” parece punto menos que inconcebible en una noche aciaga.
El Sr. Calvo Sotelo, ministro de Hacienda en la dictadura de Primo de Rivera fue el más tenaz adversario de la República. Ferviente simpatizante del fascismo y animador del golpe militar, auspició siempre la desestabilización de las instituciones democráticas: “El poder debe ser conquistado por cualquier medio. Y suya es la frase, “la derecha no permitirá ensayos izquierdistas e implantará un Estado corporativo El historiador D. Ángel Viñas afirma, “El golpe del 18 de julio no solo fue obras de militares sino también de civiles, en particular de los monárquicos de Calvo Sotelo, que tuvieron un papel sustancial para que el golpe triunfase, y no meramente de apoyo”.Sin la trama civil interna, los militares golpistas quizá no hubiera tenido existo”,  sin el apoyo del partido alfonsino, Renovación Española, liderado por Calvo Sotelo, los golpistas probablemente nunca hubieran conseguido el apoyo armamentístico de la Italia fascista”.  
Tras la implantación del Frente Popular (cuyo gobierno formaban partidos burgueses), vuelve con mayor virulencia el golpismo que ya se había hecho presente y sofocado en 1932. La oficialidad reaccionaria y monárquica urde una nueva sublevación militar contra un régimen que nunca aceptaron.
En una acción trágica que recuerda la frase de Fouché, “ha sido peor que un crimen, ha sido una estupidez”, aquel grupo absolutamente incontrolado de la “camioneta 17” tras violar la inmunidad parlamentaria del diputado Sr. Calvo Sotelo lo detienen para conducirlo a la Dirección General de Seguridad. En el camino, sin que el desenlace estuviese previsto, el pistolero  Cuenca disparó dos tiros en la nuca del detenido que iba sentado delante de él... Tras un largo rato de circular sin rumbo bajo la impresión del suceso terminaron abandonando el cadáver en el depósito del cementerio del Este.
Desdiciendo cualquier manipulación de convertir un abominable asesinato, otra penosa muestra de la tensión reinante, en  crimen de estado, las autoridades del gobierno Casares, el Presidente de la República y diversos portavoces y dirigentes de la izquierda de la Cámara reaccionan  espantados por la tragedia y con evidente indignación y asco contra los autores y embargados de angustia sobre el futuro inmediato.
 Durante la primavera de 1936, los líderes neofascistas que representan las derechas del país estimularon una violencia creciente encaminada a poner machaconamente en entredicho la legitimidad del régimen republicano. Es monstruosa la quiebra retorica de la normalidad a través de la permanente difusión de libelos tendenciosos proclamas  catastrofistas. Se suceden los discursos apocalípticos en medio de continuos llamamientos a la resolución de los problemas políticos por medio de la fuerza. Actos  llenos de cinismo, pero que calan en los ánimos manejando el temor como elemento nuclear sobre que desencadenar la violencia.  

Parece imposible que la historia no haya enseñado nada. Que de la crispación se haga oficio Y que con frivolidad indecente se caldee una caldera cuyo vapor dejó tantas quemaduras gravísimas en la piel de nuestra historia.

Malditos sean la crispación y sus oficiantes,  que en su indecencia y al servicio de sus intereses mezquinos y fobias no dudarían en condenar al país a repetir los errores de su historia, 

Antonio Campos Romay

martes, 6 de noviembre de 2018

Deshaciendo mitos


El esfuerzo que se hizo durante la II República a favor de la educación pública no tuvo precedentes hasta ese momento, pero hay algunos mitos sobre la política educativa de los diversos ministros que no se sostienen a la luz de las fuentes estudiadas. Vaya por delante que los principales ministros de educación durante la II República fueron Marcelino Domingo, Fernando de los Ríos y Filiberto Villalobos, este último durante dos momentos distintos del bienio conservador y el primero durante el bienio social-azañista y tras el triunfo del Frente Popular en 1936. Sin embargo fue Fernando de los Ríos el ministro de educación que más tiempo estuvo al frente de dicha cartera.

Uno de los asuntos que destaca, y que tiene una patente actualidad, es el de la enseñanza en las lenguas vernáculas de las respectivas regiones o comunidades autónomas. Respecto a la enseñanza del catalán en Cataluña se estableció que para los párvulos las clases se impartirían exclusivamente en la lengua materna, e igualmente en las escuelas primarias, ya fuese el castellano o el catalán. A partir de los ocho años a todos los alumnos se les enseñaría la lengua castellana.

Otro de los mitos es el de la enseñanza religiosa: la legislación republicana rompió con le ley Moyano de 1857, consecuencia del Concordato de 1851, por la que se establecía la enseñanza religiosa en la escuela.  La Constitución de 1931 prohibió la enseñanza de las órdenes religiosas y el Estado disolvió la Compañía de Jesús. Aquella prohibición, en realidad, nunca llegó a cumplirse por la dificultad (y arbitrariedad) que entrañó, de forma que los clérigos con titulación universitaria siguieron impartiendo clases en centros distintos a aquellos que el Estado había incautado. Debe tenerse en cuenta que la II República no expulsó a la Compañía de Jesús, como ocurrió en el siglo XVIII de acuerdo con el papa Clemente XIV, sino que la disolvió, por lo que muchos jesuitas, bien formados, fueron los que siguieron impartiendo clases en sus centros no como jesuitas, sino como titulados para ejercer la docencia.

La derecha, entre 1934 y 1935, echó abajo la coeducación siguiendo las enseñanzas del papa Pío XI: “erróneo y pernicioso… es el método llamado de la coeducación… que trueca la legítima convivencia humana en una promiscuidad de igualdad niveladora", (encíclica “Divini Illius Magistri”, de 1929).

L. de Guereñu Polán.

sábado, 3 de noviembre de 2018

LA TRANSACCIÓN POLÍTICA



 La II Guerra Mundial, abrió un escenario distinto en Europa que modifico la situación de provisionalidad creada por la guerra de 1914.  A partir de 1945 se dibuja un mapa, nacido en las conferencia de Yalta y Potsdam, donde  se profundiza la democracia en aquellos países en los que era práctica con nuevos derechos sociales y laborales, y en otros se democratiza su realidad. En ese mapa convive el bloque soviético. Al tiempo la catarsis sobre las ideologías y actores, al menos una parte importante que engendraron la catástrofe, contempla un importante esfuerzo de reivindicación de las víctimas y eliminación  de las huellas de los  verdugos y su castigo, desde la legalidad. 
Los aliados traicionaron nuevamente a España. De forma similar a como lo hicieron durante la lucha del gobierno legítimo de la República Española, contra el golpe de estado fascista y guerra civil subsiguiente, las llamadas potencias democráticas, Inglaterra, Francia, EEUU. El Pacto de No Intervención, indigna coartada, más otras acciones no menos torticeras, debilitaron al gobierno republicano enfrentado a la alianza de fascistas y militares en el interior y a la  agresión militar de la Alemania nazi y  la Italia fascista. Los aliados, bajo la especial férula de EEUU, naciendo en el damero político lo que no tardaría llamarse Guerra Fria, entre mantener sojuzgado al pueblo español bajo el apéndice fascista superviviente  de la guerra y la democracia, no dudando en usar al sátrapa de El Pardo como aliado en su juego. Ciertamente a poco de 1945, una pieza importantísima de la coalición vencedora, la URSS, se había caído de la misma.
Tras la bendición del presidente Eisenhower, impartida urbi et orbe en coche descubierto por las calles de Madrid, el fascismo franquista circuló cómodamente por los predios domésticos y parte de los internacionales. Tanto que el protagonista principal fallecería, cual vivió, en un baño de sangre en un hospital madrileño rodeado de lágrimas de cocodrilo y duelo perfectamente escenificado. Desde aquellas exequias, cuyos ecos alcanzan al día de hoy con el debate abierto sobre el  faraónico mausoleo para albergar a un personaje solo grande por sus crímenes; desde entonces se caminó con paso tambaleante hasta el preámbulo de la Constitución de 1978.
 “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de…” Con esa premisa se consagran un rosario de buenas intenciones… Partiendo del ánimo, no con  análoga convicción de todos sus redactores, de establecer una sociedad democrática y avanzada, sobre ese siempre complejo equilibrio que comporta conjugar la libertad, los derechos individuales y los intereses del bien  común. Dejando de forma precaria la respuesta a la estructura territorial del estado, a la forma del mismo y a su  armazón institucional.
Pese a las no pocas dificultades, nacía un ordenamiento jurídico que por primera vez en la historia del Estado conciliaba, durante cuatro  décadas, cotas de un importante progreso económico y social que daba paso a un  positivo  estado del bienestar, convivencia pacífica y una razonable  garantía de los derechos fundamentales y el ejercicio de las libertades públicas. A partir de ahí se inicia una magnificación de lo que dio en llamarse “consenso” en una interpretación quizás muy ligera del término.
Se ha entronizado como mayor virtud de la transacción política habida, a lo  que fue necesidad en un contexto donde cada uno de los protagonistas presionó de forma resuelta, abrupta a veces y con mano de seda otras, con gran opacidad casi siempre y en ocasiones prevaliendo los intereses de las élites que aún estaban en el poder, ante los del común. Omnipresente como música de fondo, el runrún de los sables. Un juego de supervivencias, incertidumbres, ideología, intereses económicos, políticas externas, etc. Algo inherente a la peripecia de transitar de un modelo a otro, donde el pasado se hacía presente en una reforma pactada con las viejas élites políticas y económicas. Y unido a ello, una enorme presión mediática para inducir a la ciudadanía a aceptar como axioma el mensaje de olvido y  aparente reconciliación para desbrozar el camino.
Una situación que evidencia que el consenso no fue sino la impotencia de la suma de debilidades. Una oposición con debilidad negociadora, frente a la debilidad  de legitimidad moral de la fracción del franquismo más aperturistas y con más  visión de futuro. Lo que se derivó no fue sino  una solución impuesta por las circunstancias. Algo que por cierto un importante sector de la población, aún traumatizada por sus vivencias y con ganas de huir de la dictadura refrendó en la persona del Sr. Suárez, deseando eludir riesgos de trances de un pasado no tan lejano. En el subconsciente colectivo, planeó, de forma intermitente, el riesgo de un golpe de estado o una nueva guerra civil, ante la actitud de unas FFAA recelosas frente a cualquier intento democratizador, lo que se mostró como más que mera especulación el 23-F. 
En tanto se afianzaba la conciencia política ciudadana y los hábitos democráticos en una sociedad civil escasamente activa, se produce un tiempo de revisión decreciente de las posiciones ideológicas de la oposición en aras de poder tejer con mínimo éxito el proceso político. Aspectos como la forma de estado, su organización territorial, su laicidad, eran entre  otras, aristas difíciles de salvar.
Qué el proceso transaccional llamado transición, se asimile como el momento de la Historia en que las dos Españas machadianas cicatrizaron sus heridas abrazándose en el tálamo de la democracia. Puede sonar como muy idílico, sin duda mediático, pero está lejano de la realidad. Algo que lo evidencia el trabajo siempre maltratado por los gobiernos conservadores, especialmente de los colectivos entregados a la recuperación de la Memoria Histórica o las plataformas contra la impunidad del franquismo. Es difícil hablar de reconciliación cuando líneas rojas vetan hablar por vía de ejemplo de referéndum sobre la forma de estado o de la impunidad del franquismo, o de los esbirros del franquismo en las últimas décadas del mismo, escamoteándolo en la medida posible, del debate público.
Igual de ilusoria es la atribución de la práctica exhaustiva de generosidad que se atribuye a unos líderes que se vieron forzados  a conciliar con el franquismo para mantener equilibrios, en unos casos para encauzar el avance político y la presencia institucional de la oposición a la dictadura, y en otros dar legitimidad democrática a aquellos cuyas mochilas estaban huérfanas de tales valores. La  transacción habida no fue una ruptura, que difícilmente podría darse con la muerte del dictador en la cama, ni simplemente una reforma, en tanto acabó con la dictadura. Lo más aproximado sería un término medio entre ambas. Algo propio a sentimientos agridulces al tomar conciencia de las fronteras que impone el pragmatismo político en el intento de una vía pacífica hacia las libertades. 
“La teología de la transición” quizás haya tranquilizado un tiempo al cuerpo social, y desde luego es de justicia reconocer que en momentos críticos solventó una situación muy compleja. Pero al tiempo el proceso en estas cuatro décadas fue acumulando temas abiertos en la carpeta de pendientes  en la España de hoy.
Los momentos tensos de los diez o doce últimos años y el “sexenio negro”, bajo la batuta del Sr. Rajoy, han abierto  una severa brecha en la viabilidad del relato transaccional. La “Gran Estafa” también llamada crisis, cayendo como una piedra en el estanque político español abrió círculos concéntricos en planos como el económico por supuesto, pero también en el político, en el social y en el institucional. El proceso iniciado en 1977 y constitucionalizado en 1978 da muestras severas de fatiga y agotamiento. Con sus muchas luces y algunas sombras, el ciclo iniciado hace cuatro décadas  ante un mundo caracterizado por un profundo cambio de paradigmas, ha de dar paso a una etapa que tiene demandas distintas.
Somos una sociedad civil distinta, que en franjas cada vez más amplias ha dejado de ser complaciente y sumisa. Que reivindica su protagonismo y la política como propia.   El zarpazo de la “Gran Estafa” condujo a una precariedad intolerable y la necesidad de una concepción distinta de la política y la democracia. De redimir del subconsciente colectivo el lavado de cerebro de décadas de individualismo y apoliticismo, que sumado al discurso del miedo atenaza eficazmente las conciencias.
La nueva etapa, abierta tras la moción, a la vez que de  censura,  en pro de la dignidad política, y que aunó a una gran parte de la Cámara con visiones políticas distintas  para, por primera vez en nuestra historia, expulsar, por comportamientos inmorales y corruptos a un presidente de gobierno de su cargo, es un mandato afrontar un tiempo donde queden atrás los momentos en que la reforma- ruptura hubo de “aceptar”, transigencias,  complicidades,  y silencios desde 1975  bajo la capa menos legitimada de todo el proceso,  la monarquía borbónica.
La realidad de hoy está haciendo saltar a marchas forzadas los límites casi siempre tenues pero efectivos que se pretendieron poner a lo largo del periodo transaccional a la libertad  en sus variantes de opinión y expresión sobre temas tácitamente acotados. Durante el debate de la moción de censura se olvidaron las famosas “líneas rojas” que hacía un par de años dieron lugar incluso a dinamitar a un secretario general del PSOE. También se percibe  una sensible corrección, de duración imprevisible por su volatilidad, de la postura errática de la otra izquierda estatal en lo táctico y en lo estratégico. Por primera vez en casi una década asoma un lenguaje más inteligible con Cataluña.  Y también por vez primera comienza a percibirse como no descartable que en un plazo no muy largo será necesario tomarse en serio el derecho a decidir, en el marco de una reforma constitucional que ahonde sin titubeos en la coexistencia territorial.  
La estabilidad política y cohesión social tienen que responder a día de hoy unos parámetros distintos que hasta hace muy poco se consideraban propios de la marginalidad en el ámbito de la cultura política. Una cultura política que fue variando en la repulsa del intento de aniquilar el modelo social  yante la barbarie indiscriminada de los recortes y la austeridad selectiva en su aplicación. En el agostamiento del bipartidismo clásico erosionado tanto por la derecha como por la izquierda, y la frustración permanente derivada de un  sistema electoral con severas lagunas, y con deficiencias descriptibles en la autenticidad de la relación elector/ elegible. Temas trascendentes aparcados a lo largo de décadas.
El gobierno surgido de la moción debe gestionar el multipartidismo, de lo cual hay experiencia suficiente en Europa. En el caso español no se ocultan las dificultades notorias por la polarización derivada de la superposición de lo propio en detrimento de lo común. La moción de censura no era en sí misma el cambio de un presidente. Era destituir a un mandatario sepultado por la corrupción y la inoperancia y abrir un tiempo distinto en la política.
Lo grave reside en comportamientos que tras esa premisa, traicionen las expectativas creadas. Que los aliados tácitos para un nuevo tiempo malogren la ilusión generada en aras de estrategias políticas de interés partidistas y corto alcance, lo que será no el fracaso de unos u otros, sino el  descrédito de una clase política ya muy dañada y  la pérdida de confianza definitiva de los ciudadanos en el sistema político, abriendo con ello una interrogante peligrosísima para una visión progresista de la democracia, abundando la incertidumbre de hacia dónde habrá o podrá dirigir su orfandad el cuerpo electoral.
De aquel “No nos falles”, que coreó la militancia y simpatizantes del Partido Socialista la noche electoral del 14 de marzo de 2004, cabría pasar a un “No nos falléis” ante lo que con toda probabilidad debiera convertir un momento crítico de la historia de los pueblos de España en detonante de los cambios profundos pendientes. Tienen una responsabilidad histórica cada uno de los actores que se presumen protagonistas de ese nuevo tiempo. No es aceptable que con su conducta, o miopía electoralista fortalezcan y den oxígeno al horizonte reaccionario que nos acosa y a la política corrupta, devolviendo al principio de los tiempos la situación.
Fidel Castro Ruz, decía en su alegato ante el tribunal que lo juzgaba, “la historia me absolverá”. En este caso la historia no será benevolente con  los que aborten la oportunidad de un tiempo nuevo.

*Artículo publicado en la revista TEMPOS NOVOS del mes de septiembre de 2018, nº 256.
*Antonio Campos Romay ha sido diputado del Parlamento de Galicia.