El republicanismo español

Una vez que se ha avanzado en el régimen actual, parece que surgen voces cuestionando a la monarquía y aspiran a una república española. Aparte de que con la que está cayendo no parece el momento más oportuno para plantear este asunto, sí está bien que no se olvide el sentimiento republicano que siempre existió en una parte importante (parece que minoritaria) de la sociedad española.

Ya la I República en 1873 fue una muestra de la enorme división entre unos republicanos y otros, porque ser republicano es algo muy indefinido: se puede ser republicano y a la vez de derechas o de izquierdas, tener la cuestión social como esencial o no, aspirar al federalismo o al jacobinismo; quizá haya tantas formas de entender una república como republicanos, lo cual no impide que puedan vislumbrarse grupos más o menos afines entre los que se reclaman de esta familia.

A caballo entre los dos siglos anteriores (el XIX y el XX) el republicanismo gozó de muy buena salud, pero creo que nunca llegó a tener en el Congreso de los Diputados una representación superior a los 38 escaños de un total de 404. Es cierto que el régimen de la Restauración borbónica permitía (de facto) el falseamiento electoral, pero también es cierto que en las “artes” caciquiles participaron tanto los partidos dinásticos como los republicanos. Aquellos inventaron el sistema y estos no pudieron sustraerse a él.

Salmerón y Lerroux quizá polarizan las dos posiciones más características del republicanismo de aquella época. El primero más conservador pero con una mayor formación intelectual y el segundo más progresista pero cambiante y –a la postre- pactante con la derecha de la CEDA durante la II República española. Por lo tanto la biografía política de Lerroux es para no fiarse de él, aunque hubo muchos que lo hicieron, sobre todo obreros del cinturón industrial de Barcelona, cuando al político se le llamaba “el emperador del Paralelo”.

Unión Republicana fue, desde 1903, el máximo de unidad que supieron lograr los republicanos españoles, que a partir de 1906 se vieron afectados por el éxito electoral de Solidaridad Catalana, un conglomerado de partidos conservadores, aunque también republicanos, que dividieron al republicanismo español. Los más conservadores, partidarios de un entendimiento con la Lliga de Cambó, expresión de los intereses industriales y financieros de la burguesía catalana, vieron aceptable pactar también con carlistas catalanes y otros grupos nacionalistas que formaban parte de Solidaridad. Cuando Lerroux plantó cara a esta situación y quiso hacer valer sus posiciones más intransigentes y obreristas, la Unión Republicana se deshizo. Por un lado los seguidores de Salmerón y por el otro los de Lerroux, si bien cabe apreciar otros varios compartimentos en el republicanismo.

Si ahora surgiese en España un partido republicano cabe pensar que pasaría algo parecido: los más conservadores no se sentirían cómodos con las aspiraciones de los que tienen proximidad al socialismo o a posiciones maximalistas. Habría, sin duda, un partido republicano de derechas, al menos, y otro de izquierdas, amén de aquellos republicanos que conectan con el nacionalismo, lo que vendría a complicar las cosas en orden a una pretendida unidad de acción.

Si como ocurre en Francia ser republicano (en el momento en que nació la I República) significaba estar de de acuerdo con la revolución y con la modernidad, mientras que no serlo significaba estar de acuerdo con los privilegios estamentales; o como ocurre en el Portugal actual, que ser republicano no es una seña de identidad, sencillamente porque la forma republicana de estado ha sido asumida por el conjunto de la población (a excepción de unos pocos nostálgicos de la monarquía abolida en 1910), si como ocurre en estos países se dieran esas mismas circunstancias en España las cosas serían más fáciles para los republicanos españoles, pero la historia ha marcado de tal manera las posiciones entre unos y otros que no será fácil, por la vía del consenso, una república española. Otra cosa es lo que nos tiene deparado el futuro: si un proceso revolucionario –que por fuerza sería traumático- nos llevase a otra cosa.

L. de Guereñu Polán.

No olvidemos a la policía

Por suerte y por el bien hacer de varios ministros del Interior, la policía española es hoy una organización profesionalizada al máximo, con un nivel de eficacia excelente y que ha demostrado gran capacidad para los difíciles cometidos que se le ha encomendado. Sus miembros, en general, se han democratizado desde hace tiempo y forman parte de organizaciones que están dispuestas a denunciar cualquier intento, por parte del gobierno, de instrumentalización de la policía.

En el encarcelamiento de los señores Díaz Ferrán y ahora del señor Bárcenas (por citar solo los casos más notables de cacos a gran escala) ha tenido una importancia decisiva la policía española, concretamente la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Como esta unidad también investigó a la familia del expresidente Pujol, se expresó el viejo nacionalista con cabreo: "La UDEF, la UDEF ¿que es eso de la UDEF? Pues la que había destabarado los planes de un miembro de su familia para enriquecerse impunemente.

También los jueces han tenido a su disposición una enorme cantidad de pruebas facilitadas por las serísimas investigaciones de la UDEF, tanto por medio de su brigada de blanqueo de dinero como de la de investigación de delitos monetarios, la de delincuencia económica y la de investigación tecnológica. Hay que tener en cuenta que el señor Bárcenas está imputado por un sin número de delitos de la más variada naturaleza, por lo que el esfuerzo policial es de agradecer.

No tengo datos fehacientes, pero quizá los ministros de Justicia y de Interior intentaron hasta donde les fue posible evitar el encarcelamiento del señor Bárcenas mediante la policía, pero esta ha demostrado que ha sabido zafarse de cualquier presión y seguramente estaría dispuesta a denunciar cualquier ingerencia del gobierno en su labor. Cuando todo el mundo tiene la vista puesta el el juez, el fiscal y la acusación particular, bueno sería tener en cuenta la callada labor de la policía, verdadero brazo de la ley para que paguen también los poderosos.

L. de Guereñu Polán

El sector naval español

Se han alarmado algunos porque el Comisario Almunia haya dicho que, de acuerdo con la legislación comunitaria, el sector naval español no había podido recibir unos 3.000 millones de euros. No ha elegido lo fácil, la demagogia; ha elegido lo difícil: decir lo que señalan las leyes de la U.E. en materia de competencia. Esta U.E. funciona de acuerdo con las reglas del mercado, lo que se puede discutir, pero no que un Comisario advierta que existe la posiblidad de que el naval español tenga que devolver un dinero que no debía haber recibido de acuerdo con la ley.

¿Que sería de las exportaciones españolas si Alemania protegiese su industria, si el Reino Unido hiciese lo propio con la suya? La industria española, más débil, no podría competir con ciertos sectores económicos de países más poderosos. Por eso, una vez que se acepta estar en un club como es la Unión Europea (permítaseme la expresión) habrá que atenerse a las condiciones pactadas en ese club: pactadas con la anuencia de los gobiernos españoles.

Esos 3.000 millones de euros los recibió el naval español entre 2005 y 2011 y la Comisión Europea discutirá sobre ello el próximo 17 de julio. El Comisario Almunia (que ha dicho cosas sobradamente criticables como para que se le cargue ahora un muerto del que no tiene culpa) ha detallado que serán los armadores y las empresas que invirtieron en los buques para aprovechar las exenciones fiscales derivadas del "tax lease" (Inditex y El Corte Inglés, por ejemplo) y no los astilleros ni los bancos, los que tengan que reintegrar esos 3.000 millones de euros. No es a los astilleros a los que se les exige devolución de dinero alguno, otra cosa es que haya personas que quieren confundir, que están confundidas o las dos cosas a un tiempo.

Ahora bien, como la Comisión Europea no es autónoma, sino que debe dar cuentas permanentemente al Parlamento (esto no es problema) y al Consejo (esto sí, porque ahí están los gobiernos y por lo tanto Merkel) las cosas pueden salir distintas a como aquí digo el próximo día 17. Por ahora los armadores no deben temer nada, sino las empresas ajenas al sector que invirtieron en él para beneficiarse fiscalmente o los armadores que emplearon capitales propios para lo mismo. Lo que ya es preocupante es que -viendo la televisión- escuché los mismos argumentos entre los armadores y entre los trabajadores de los astilleros. No es en Europa donde está el problema gordo para estos últimos, sino en la cartera de beneficios de los armadores (en este caso españoles). No tener en cuenta esto es faltar a una norma básica del sindicalismo de clase de todos los tiempos. Que yo sepa.

L. de Guereñu Polán.

Griñán

El Presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado que no se presentará a las próximas elecciones para tal cargo y lo ha hecho, creo yo, a destiempo. En primer lugar tendría que haber dimitido hace tiempo por los escándalos de corrupción relacionados con los expedientes de regulación de empleo en Andalucía. No es responsable directo pero ha estado en altos cargos de la Junta durante ocho años sin enterarse; ya es irresponsabilidad. ¿En que estaba pensando? ¿No oía nada? ¿Oía pero prefería no oir? ¿Se sentía tan complacido en sus altos cargos que no podía imaginar se estuviesen cometiendo desafueros en la administración autonómica? 

Faltando tres años para las próximas elecciones en Andalucía -si se cumple toda la legislatura- es demasiado pronto para un anuncio que tensiona a la organización a la que pertenece. Mala cosa. Creo que puede haber tenido otras intenciones de las que algunos hablan, puede que el tema de los ERE vaya a salir mal y él lo sepa: se trataría de poner pies en polvorosa. Puede que intente dar aviso a navegantes de su misma generación para que se retiren, pero esto no lo ha dicho con la claridad meridiana que sería exigible. Además, no se ve candidato claro que pueda sustituir al señor Rubalcaba por ahora. 

En cuanto a la o el posible sustituto del señor Griñán, más que nombres lo que creo interesa son ideas: no he escuchado ninguna. Quien aspire a sustituirle ¿estará pensando en lanzar en los próximos meses sus mensajes sobre paro, dependencia, sanidad pública, enseñanza, medio ambiente, relaciones con Europa, con el tercer mundo, inmigración, jóvenes, pensiones, sistema financiero, sector público, etc? ¿O más bien se trata de sustituir a un veterano por un@ joven sin más? Porque si de esto se trata apaga y vámonos. 

L. de Guereñu Polán.

LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un informe elaborado por la Vicepresidencia del Gobierno con la cooperación de los diferentes Ministerios. Sumando cantidades disjuntas han concluido que se pueden ahorrar 37000 millones de euros con diferentes medidas administrativas, organizativas y de racionalización. El documento puede consultarse en Internet y aporta desiguales contribuciones, algunas relevantes y otras anecdóticas. Las aportaciones de algunas áreas de la Administración, como Cultura, son inanes. Otras, afortunadamente, aportan reflexiones de mayor interés.

El documento reconoce algunos hechos relevantes. Así, que en 2012, España se sitúa entre los 10 países de la UE con menor gasto público en porcentaje de PIB (43,4%), frente a un 49,9% de media en la eurozona, y a bastante distancia de los niveles de las grandes economías de la UE, como Francia (56,6%), Alemania (45%), Reino Unido (48,5%) o Italia (50,7%).

Por otra parte, desde el tercer trimestre de 2011 hasta el primer trimestre de 2013, se ha producido una reducción del empleo público en 374.800 trabajadores. En este periodo, el empleo público ha caído un 11,6% frente al 7,7% en que ha disminuido la ocupación en el sector privado. Es decir, que la crisis ha permitido al gobierno reducir el sector de servicios públicos de forma ostensible.

En consecuencia, analizando el nivel de ingresos y gastos públicos de nuestro país, se puede concluir que el sector público español es relativamente reducido en comparación con nuestros socios de la Unión Europea. Si atendemos a la estructura del gasto, desde el punto de vista funcional, con datos extraídos de los Presupuestos de las AA.PP. para el ejercicio 2012, el gasto social y en servicios públicos básicos representó el 65,92% del gasto público y cerca del 30% del PIB, sin contar los intereses de la Deuda. Y en cuanto al personal, en la AGE y las CC.AA. sólo el 25% de los empleados públicos se encuentran en las estructuras puramente administrativas, estando el resto dedicados a servicios de sanidad, educación, seguridad, defensa o justicia.

Respecto a su distribución territorial, casi la mitad del gasto público está gestionado por las CC.AA. y las EE. LL. Según los últimos datos disponibles de la OCDE, comparables con los de otros países de estructura descentralizada, la estructura de gastos en 2011 fue la siguiente: Gobierno central: 21,6%; Gobierno regional: 34,3%; Gobierno local: 12,3%; y Seguridad Social: 31,9%.

El informe plantea, que por parte de órganos estatales, se asuman funciones realizadas por órganos autonómicos. Este es el caso de las competencias atribuidas a los Tribunales de Cuentas, Agencias de Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de meteorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o servicios cartográfi cos, órganos de defensa de la competencia, entre otros. Asimismo, otras medidas pretenden mejorar la eficacia y eficiencia mediante la compartición de medios entre las distintas Administraciones, que van desde las oficinas en el exterior hasta la conservación de carreteras, las plataformas de formación de empleados públicos o de gestión de centros educativos.

De esa forma, aparentemente burocrática, se plantea un objetivo político, la reducción de funciones y competencias de las Comunidades Autónomas. El informe no dedica ni un comentario a la estructura organizativa de la Alta Administración del Estado, ni a las Subdelegaciones del gobierno y otras estructuras perfectamente superfluas, pero si entra en el detalle de algunas funciones autonómicas, dificilmente modificables sin cambios legales profundos.

De hecho la mayor parte del informe, y la más interesante, está dedicada al análisis de medidas administrativas de mejora de la eficiencia, también sin coste estimado, pero donde la iniciativa corresponde exclusivamente a la voluntad de los dirigentes ministeriales. Y no sería objetivo menor lograr una Administración más eficiente. Del resto, queda la propaganda y previsiblemente un fracaso tan notable como el de la reforma local.

 

JOSE LUIS MENDEZ ROMEU.

El banquero está contento

El banquero Blesa está contento porque el juez que le envió a prisión dos veces ha sido apartado de la causa que investigaba al expresidente de Caja Madrid. Los delitos de los que este banquero está acusado son muy graves: compró el City National Bank de Florida sin garantías de rentabilidad, pues Caja Madrid se encontraba en una situación financiera de bancarrota, como se ha demostrado por la inyección de activos que tuvo que realizar el Estado. Otros delitos del señor Blesa son administración desleal, falsedad documental y apropiación indebida, por lo que se ha enriquecido a cuenta de los impositores, muchos de los cuales habían contratado las cuentas llamadas "preferentes" mediante engaño.

Que el juez que envía a uno a la cárcel sea apartado de la causa que llevaba no puede sino alegrar al delincuente, y de que se trata de un delincuente la sociedad -a estas alturas- no puede tener dudas. Algo parecido, pero con mayor calado, pasó con el juez Garzón, al que se le ocurrió nada menos que encausar a los verdugos del franquismo, impunes hasta el momento y seguramente así seguirán. Casi todos están muertos, por lo que se trataba más bien de la aplicación de un principio del derecho internacional que trata de salvaguardar los derechos humanos y condenar los crímenes de las dictaduras. 

El juez Garzón -aunque con toda la parafernalia judicial que revistió su encausamiento- fue privado de su condición de juez, lo que constituyó un escándalo dentro y fuera de España, aunque con gran alegría para los sectores conservadores de la sociedad española, que ahora encarna el banquero Blesa. Este señor, que no procede del campo de la banca, fue aupado a ella por el expresidente del Gobierno, señor Aznar, amigo de favorecer a sus amigos por mucha incompetencia que hayan demostrado, y la del señor Blesa está acreditada por activa y por pasiva. Así mismo la del señor Rato, también aupado por el señor Aznar, partidario de meter a España en una guerra ilegal e injusta con el solo objeto de medrar a la sombra del peor presidente de Estados Unidos. 

Dicen algunos bien informados que el juez Ruz corre peligro de ser apartado de los casos que lleva en relación con "Gürtel". No me extraña. El Consejo del Poder Judicial debiera decir que le parecen estas remociones de jueces, el que los fiscales actúen en ocasiones como si de abogados defensores se tratase (siempre que el asunto afecte a un poderoso, claro), como debieran decir que opinan sobre estos asuntos las asociaciones de jueces y fiscales, los colegios profesionales relacinados con la administración de justicia y en general el conjunto de la sociedad. 

Desde el Ministerio de Justicia, dirigido por un conservador de armas tomar, se está llevando a cabo una verdadera política de erosión en la independencia del poder judicial. Se intentan cambiar leyes garantistas fundamentales, se intenta encarecer la justicia para el común de los ciudadanos, se quiere establecer la cadena perpetua "revisable" (lo que parece contrario a la Constitución española); se quiere, en fin, que un poder independiente del Estado esté supeditado al ejecutivo y a los poderosos. Es una lacra para la democracia española, que padece problemas por todos lados, y en el seno de la carrera judicial hay cómplices de todo esto.

L. de Guereñu Polán.

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN

En uno de sus peores días como comunicadora, la Vicepresidenta del Gobierno español ha explicado la Reforma de las Administraciones. Juntando la Cría Caballar de Defensa, organismos inoperantes, la Obra Pía y un heterogéneo conjunto de entidades, se pretende ahorrar 37000 millones de euros. Un verdadero milagro de la ingeniería presupuestaria o una "boutade" indigna de un gobierno serio. En especial cuando ese proyecto sigue al fracaso de la reforma local, aparcado por el momento ante la rebelión de los alcaldes españoles, incluidos los populares.

Por otra parte la reforma pretende, con poco rigor, recortar organismos de las Comunidades Autónomas. De la frivolidad de la propuesta baste decir que en Galicia se propone suprimir el Consello de Contas y el Valedor do Pobo, ambos previstos en el Estatuto de Autonomía y, es importante anotarlo, que no duplican la labor de sus homónimos estatales.

Lo que hasta ahora si se ha reformado, y lamentablemente para destrozarlo, es el Estado de Bienestar, con la pérdida de 300000 empleados públicos, en especial en los sectores de sanidad, educación y servicios sociales. Una tasa de reposición mínima y el ajuste fiscal impuesto a todas las Administraciones han provocado un vuelco en los servicios públicos. En el ámbito de la sanidad para fomentar la entrada del sector privado, a pesar de las muchas evidencias de su mayor coste y peor servicio. De nuevo en Galicia tenemos pruebas, ayer en las Fundaciones sanitarias promovidas por el Gobierno Fraga y suprimidas por el Gobierno Touriño por su notorio fracaso y hoy en el nuevo Hospital de Vigo, cuyo coste se ha disparado antes de entrar en funcionamiento pese a lo cual está paralizado.

En el ámbito de los servicios sociales las consecuencias han sido la supresión de la oferta y en el ámbito educativo, donde no existe mercado para ampliar la oferta privada, se está produciendo la pérdida de calidad en el sector público.

La Vicepresidenta, en medio de sus proyectos, no tuvo tiempo para comentar los recortes. Sólo para disfrutar de una tarde de humo, convenientemente publicitado por muchos medios de comunicación. Ni en su exposición, ni en el documento oficial, figuran cifras ni detalles para analizar la relevancia y el impacto de cada propuesta.

Cazar a Snowden

El término "cazar" es de un periódico pero acierta plenamente cuando trata de describir la política de Estados Unidos en busca de este ciudadano que ha hecho un favor al mundo revelando una gigantesca ilegalidad, la de espiar masivamente contra toda norma del derecho internacional. Para filtrar a través de Internet los crímenes cometidos por Estados Unidos ha tenido que violar las leyes de su país, por eso es buscado, pero lo cierto es que -como queda dicho- el primero que vulneró la ley es el propio Estado.

El señor Obama cazó, literalmente, al terrorista bin Laden, lo acribilló a tiros sin más, violando la soberanía de otro país (Pakistán) y asesinando sin juicio de ningún tipo al saudí. Luego ordenó arrojarlo al mar. Mal ejemplo para el mundo: mientras que el comando asesino realizaba su crimen las autoridades norteamericanas, con el señor Obama a la cabeza, veían por circuito cerrado de televisión la caza. Más le valiera al presidente Obama cumplir con lo que prometió sobre Guantánamo: allí siguen personas, no sabemos si culpables o inocentes, sometidas a un régimen carcelario que vulnera toda norma en derecho.

También Estados Unidos quiere capturar a Julian Assange, editor de WikiLeaks: es querer ponerle puertas al campo. No sé si el señor Assange es culpable de un delito sexual del que tendría que responder en Suecia, pero no es culpable de ningún delito en Estados Unidos; a no ser que las autoridades norteamericanas no quieran separarse un ápice de las prácticas del expresidente Bush. El presidente Obama no puede ir por el mundo amenazando como un vaquero a la mitad de los países (los de América Latina entre otros, como rememorando la política del "big stick"). El señor Obama tiene que atenerse a las normas del derecho internacional, como lo tienen que hacer las autoridades rusas (que no lo hacen, por ejemplo, en el caso de Siria) o las autoridades chinas (que vulneran los derechos humanos a diario). 

La comunidad internacional ¿quien es? Ya solo queda esperar que la comunidad internacional sea la sociedad civil, que cobre conciencia de que los Estados no pueden campar por sus respetos solo porque un funcionario ha querido cumplir con su conciencia, porque se ha descubierto un delito que Estados Unidos -en este caso- quería mantener en secreto. Otro tanto ocurre con el Reino Unido, que a los efectos que aquí trato tiene una política gemela con la de la potencia atlántica. 

Si el señor Snowden fuese cazado ¿que trato se le daría? ¿se le acribillaría como a Osama bin Laden? ¿Tendría garantías jurídicas? El señor Assange dice no tenerlas en Estados Unidos y yo le creo (otra cosa es el caso pendiente en Suecia). Las grandes potencias, para serlo de verdad, deben respetar la ley y el derecho, no saltárselo cuando quieren para luego exigir que lo cumplan los demás. Haría bien la Unión Europea en tener una política definida sobre este tema, pero una Unión Europea en manos de la señora Merkel y de unos cuantos banqueros no son la mejor garantía para el cumplimiento de la ley, ni para el respeto a los derechos humanos... al menos fuera de Alemania. 

L. de Guereñu Polán. 

¿VERDADES ABSOLUTAS?

A través de los muy abundantes medios de comunicación que desde el pasado siglo XX imprimen, literalmente, la conciencia colectiva y modelan las conciencias  individuales, se han venido acuñando como verdades absolutas lo que, con un mínimo conocimiento de la realidad, se evidencia son justo lo contrario de lo que da por demostrado. Tomemos unos pocos ejemplos.

Verdad sostenida y aceptada: El actual sistema de reparto con el que se pagan las pensiones públicas no es sostenible, porque baja el número de activos.

Realidad: el sistema de reparto consiste en que, por voluntad política, buena parte de la riqueza que  se produce entre todos (PIB anual) se distribuye entre todos, incluidos pensionistas, por lo que resulta casi indiferente que se produzca por 20 millones de activos, solo 10 millones o 100 robots muy eficientes.

Lo que puede resultar insuficiente es como se financia ese sistema, hoy solo con cargas sobre la masa salarial. Incluso con ese tipo de financiación, en los cinco años de crisis el fondo de garantía ha pasado de 57.223 a 63.008 millones de €, todos los años han existido excedentes, salvo en 2012, con el actual gobierno, en que perdió 3.807 m. (Informe a Cortes Generales)

Verdad que nos venden: es imprescindible contratar un plan privado de pensiones para mantener poder adquisitivo.

Realidad: en los últimos 5 años la rentabilidad media de los 511 planes de pensiones privados más antiguos, ha sido negativa. Si el periodo se extiende a los 10 años y a 1200 planes, 2/3 de ellos han tenido rendimientos inferiores a la inflación, o negativos, (Publicación CSIC recogida en IMSERSO),  como quiera que la principal rentabilidad viene de los beneficios fiscales, podemos llegar a la conclusión que lo que se ha hecho, por la mayor parte de los gestores, ha sido detraer parte de lo otorgado desde impuestos hacia sus entidades financieras.

Verdad publicada y aceptada: España es más pobre, que antes.

Realidad: Según los datos oficiales el PIB en el periodo del anterior gobierno pasó de los 841.241 m. de € a 1.063.355. En 2012 se ha pasado a 1.049.525, cifra ligeramente superior a las de 2009 y 2010. Quienes sí que son más pobres son los españoles de a píe, ya que el reparto de esos años se hacía de forma diferente. En esos años los salarios y prestaciones sociales recibían una gran parte de lo que hoy reciben bancos y especuladores.

Repetido hasta la nausea y que está siendo dado por cierto: En España sobran funcionarios, porque hay duplicidades, demasiados asesores y en otros países pesa mucho menos una administración más eficaz.

Realidad: Según todas las fuentes, incluidos: la encuesta de población activa, OIT, Eurostat, etc., en 2010, España tenía menos funcionarios (trabajadores públicos s/OIT) por habitante, que casi todo el resto de los países europeos incluyendo Portugal, igual que Alemania, tenía uno cada 19 habitantes. Además  hasta el tercer trimestre de 2011 se habían reducido en más de 180.000 y la reducción ha continuado acelerándose hasta la fecha. Por cierto, el 70 %  del total son: maestros, profesores, médicos, sanitarios, fuerzas de seguridad, o trabajan en la Seguridad Social, Hacienda o Justicia.

Conclusión: No son verdades, ni absolutas, ni relativas, son propaganda ideológica.

Isidoro Gracia

"La izquierda soy yo"

Como según se dice del rey francés Luis XIV, que se autoproclamó encarnación del Estado, algunos pretendidos izquierdistas también se consideran los únicos representantes de la izquierda, solo que que si así fuera la izquierda sería escuálida. El Partido Socialista es la derecha disfrazada de izquierda, Iizquierda Unida es un conglomerado indefinido, las organizaciones cívicas están infiltradas de derechistas, cualquier organización o plataforma que surja con ánimo de contar en la izquierda es sospechosa. La izquierda, para algunos iluminados, es solo ellos, detentadores de las esencias nunca comprobadas; el resto son excrecencias más o menos putrefactas, pero no izquierda químicamente pura.

Lo cierto es que la izquierda se ha caracterizado, históricamente, por su heterodoxia. Rosa Luxemburgo, a quien tantos izquierdistas admiran, demostró no pocas contradicciones y dudas. Formó parte del Partido Socialdemócrata polaco (esto de socialdemócrata es un anatema para algunos) y luego del Partido Socialdemócrata alemán, porque aunque era polaca de nacimiento fue alemana de adopción. Fue una pacifisca consecuente; estuvo en contra de la revolución alocada y fracasada de 1919 aunque fue víctima de ella. Lenin fue otro socialdemócrata, como Kerenski y otros muchos. Fueron generalmente dirigentes políticos bien formados, pero dubitativos y prudentes (salvo cuando Lenin proclamó "todo el poder para los soviets", que solamente él debió entender).

¿Son de izquierdas los ciudadanos turcos que se oponen al régimen caudillista del señor Erdogán? ¿Son de izquierdas los ciudadanos brasileños que protestan contra las injusticias que se viven en su país? Erdogán es un conservador moderado (menos moderado de lo que se creía) y Dilma Roussef es una señora muy consecuente y que se ha dado cuenta de que las revoluciones no se hacen -en el mundo actual- como dicen los libros de baratillo, sino con grandes consensos, con grandes esfuerzos y con mucho tiento. Incluso puede que haya que renunciar a toda revolución con tal de conseguir mejorar la condición de los pueblos que padecen desigualdades e injusticias.

Resistente contra una dictaura, luego fue guerrillera, algo comprensible en el Brasil de los años sesenta, sufrió lo suyo y tiene un mérito extraordinario, pero luego se dio cuenta de que era la socialdemocracia (el socialismo diríamos algunos) la mejor opción para una sociedad compleja en un mundo complejo y contradictorio. Más de una vez ha dicho que existen varias izquierdas a las que hay que tener en cuenta, que no se trata de descalificar sino de sumar, de discutir, de aunar, de buscar consensos. Esto lo aprendió de Lula da Silva, de Bruno Kreisky, de Olof Palme, de Willy Branad, del socialismo español, portugués y europeo en geneeral; también de organizaciones progresistas e izquierdistas sudamericanas.

Dilma Roussef no se considera la única izquierda posible y puede que no se tenga por una militante izquierdista en el sentido tradicional de la palabra, sino por una servidora pública que, hasta el momento, está entendiendo muy bien las protestas de su pueblo. No como otros "divinos" que se creen encarnación de la izquierda. Esta no es algo definido, sino un conjunto de ideas muy ricas, muy variadas, contradictorias incluso que hay que poner en orden en los próximos años para seguir una lucha ya bicentenaria, sin excluir a nadie que se quiera sumar a la misma.

L. de Guereñu Polán.

Los ricos, más ricos

El año 2012 acabó en España con 144.600 personas que disponen de más de 740.000 euros, es decir, un 5,4% más que en el año 2011. Esto quiere decir que la riqueza se ha ido acumulando en unas pocas personas (144.000 son pocas en relación a 46 millones de habitantes) y por lo tanto las políticas de solidaridad o han estado ausentes o no han servido para nada, máxime cuando sabemos que miles de personas han perdido su casa por no poderla pagar, hay unos seis millones de personas en paro, una cantidad indeterminada de personas subempleadas, otra cantidad en la economía sumergia (por lo que no contribuye a las arcas del Estado) y muchos autónomos, profesionales, obreros, empleados, etc. han visto reducido su salario real. Los datos los he tomado del informe anual que realiza RBC Wealth Management Capgemini: "Riqueza en eL Mundo de 2013".

Si ningún español de aquellos 144.000 tuviese más de 740.000 euros (lo que no es así, pues aquella es la cantidad mínima de que disponen) acumularían unos activos de 107 mil millones de euros, un verdadero escándalo sobre todo si tenemos en cuenta que una parte de esa masa de capital no está en la economía productiva, sino en la especulativa: aprovechando una crisis para comprar barato y vender cuando se supera la crisis, especulando en bolsa, en actividades delictivas e ilícitas, etc.

Es mucho dinero 740.000 de capital, y también lo es 400.000 euros, por ejemplo. Ahí es donde está la gran posibilidad de un Estado justo para obtener recursos y sacar al país de una crisis que se ceba en la mayor parte de la población, pero para el caso de España, sobre todo, en unos diez millones de personas. ¿Como podría el Estado obtener recursos de esos patrimonios? Interviniendo los movimientos financieros que realizan, porque esos activos no permanecen quietos, están moviéndose en nuevos o antiguos negocios -insisto- no siempre lícitos. También gravando fiscalmente esos patrimonios de forma conveniente. Téngase en cuenta que el "rescate" que ha necesitado la banca española para hacer casi lo mismo que lo que venía haciendo (tomarle el pelo al país y enriquecer a unos pocos) ha sido de unos 40.000 millones de euros, bastante menos que el montante mínimo poseído por aquellos 144.600 individuos.

Ahora una apreciación personal que seguramente no será compartida por todos: desde mi punto de vista la mayoría de las fortunas se han hecho a base de trampas, delitos y acciones por el estilo. Solo los capitales obtenidos mediante golpes de suerte (loterías...) o el ahorro constante de un negociante avezado pueden considerarse lícitos. Si fuese cierta mi convicción y los grandes capitales fuesen el resultado de favores recibidos desde el poder político, de la explotación inmisericorde de miles de personas, etc. (tesis que no he inventado yo, claro) ¿como no ver lógica una intervención estatal decidida sobre aquellos capitales?

L. de Guereñu Polán.

¿Que revolución está vigente?

Creo con otros muchos que la única revolución que alumbró un mundo nuevo fue la iniciada en Francia en 1789. La revolución soviética, por contra, fracasó estrepitosamente a manos de una casta de burócratas y dictadores, crueles y asesinos que masacraron a su pueblo masivamente. No quiero decir que las razones para una revolución proletaria (con participación de intelectuales y de pequeña burburesía) no estuvieses justificadas ante las lacerantes injusticias de la Rusia de principios del siglo XX. Pero la quiebra de la democracia soviética se produjo muy pronto, una vez que la guerra civil fue favorable al ejérciro rojo. Las purgas ya empezaron con Lenin, que tenía en su cabeza la idea de un partido superpuesto al Estado. Contrariamente a todo principio de elemental democracia, donde Estado y partidos son cosas distintas e independientes. Por eso en la Rusia soviética la máxima autoridad no era el Jefe del Estado, sino el Secretario del Partido Comunista, antiguo partido bolchevique.

¿Que hubiera pasado si las posiciones que se impusieran fuesen las de Kerensky y sus seguidores? Nada podemos decir porque los mencheviques no triunfaron en aquella revolución de 1917; por lo tanto huelga toda especulación que no nos conduciría a ninguna parte. Lo cierto es que décadas de comunismo en la Unión Soviética no terminaron con sentimientos religiosos, deseos de independencia, nacionalismos y emancipación cultural: los habitantes del Turquestán son musulmanes: ¿como imponerles un régimen comunista tal y como lo interpretaron los bolcheviques? Nada más contradictorio. Algunas minorías nacionales tenían muy clara su personalidad: ucranianos, rusos blancos, estonios, letonios, finlandeses, lituanos... ¿Como someterles artificialmente a una dictadura en nombre de unas ideas que se vulneraron de forma sistemática?

La revolución francesa, sin embargo, está vigente: de ella nacieron las democracias que hoy existen, sometidas al capitalismo, es cierto, pero donde la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de prensa, los derechos individuales y otros elementales están protegidos. Cuando se vulneran existen mecanismos más o menos perfectos para que el Estado se someta a la ley. La revolución francesa, que tuvo una vertiente política y otra social, no fue sin embargo una revolución económica, pues la economía siguió en manos de los mismos o de sus herederos más conspícuos. Esto es lo que duele a muchos que aspiramos a una revolución más profunda, más democrática, más verdadera, que nivele a los individuos por sus méritos, capacidades y necesidades, no por la estirpe o el dinero.

Cuando en Francia estallaron las primeras "revoluciones" (así se percibió por los contemporáneos) ya se había producido el establecimiento del liberalismo en las colonias atlánticas de Gran Bretaña, ya existía un sentimiento revolucionario ampliamente extendido en Suiza, en Bélgica, en Grecia (aún si ser independentes estas dos) en Holanda, en Renania, donde la prensa y las Universidades jugaron un papel dinamizador de las ideas de libertad. Esta es la revolución que está en marcha, con contradicciones, con avances y retrocesos, con decepciones graves, con limitaciones evidentes. Otra revolución que haya conseguido permanecer en el tiempo ¿donde está que no se la ve? Cualquiera otra ha sido víctima de sus quimeras, de su barbarie y de sus dirigentes.

L. de Guereñu Polán.

La política como negocio y como delito

Los medios de comunicación informan de que cuarenta dirigentes del Partido Popular han recibido, en los últimos años, más de 22 millones de euros aparte de sus sueldos como diputados, senadores, diputados autonómicos, etc. Entre los beneficiarios de estos millones de euros están, con cantidades que superan el millón de euros o no llegan a él, los señores Rajoy y Aznar, pero también el actual Presidente del Senado, don Pío García-Escudero y otros.

En primer lugar está el asunto de la procedencia de ese dinero: si son empresas que lo han entregado al Partido Popular a cambio de favores políticos y económicos debe saberse. En todo caso se habría vulnerado la ley de financiación de partidos políticos. En segundo lugar está en concepto de que percibieron cantidades tan abultadas los dirigentes del Partido Popular (se puede computar a los 40 mayores beneficiarios, a los 100 o a más): si se trata de sobresueldos se incurre en otra ilegalidad, porque un diputado, senador, etc. no puede percibir otra remuneración que no sea la que el Estado le tiene reconocida. En tercer lugar está el asunto de si esas abultadas cantidades de dinero fueron declaradas, por cada uno de los beneficiarios, a la Hacienda pública, cotizando en forma de impuestos correspondientemente. No se ha aclarado este extremo: si no se hubiersen declarado dichas cantidades, como es el caso que ya ha reconocido el Presidente del Senado, otra ilegalidad más, se considere delito o falta administrativa por la ley.

En todo caso estamos ante una concepción de la política como negocio y como delito, apartada de todo ánimo de servicio público. Se trata de una concepción de la política inmoral e ilícita, donde la comisión de ilegalidades se amontonan sin miramientos y donde lo único que importa es el enriquecimiento personal (aquí se ha publicado una información sobre los ingresos del Comisario Almunia que -de ser cierta- sería un escándalo, sean o no legales las percepciones que recibe).

España hace tiempo que entró en una espiral de corrupción que quizá solo tenga parangón con los casos más extremos en otros países e incluso en aquellos donde no existe un régimen democrático. Se empezó por el contrabando de tabaco y los delitos de poca monta; luego se pasó al contrabando de droga (que sigue) en el que estuvieron implicados (sobre todo en Galicia) miembros más o menos destacados del Partido Popular. Luego se pasó al contrabando de armas, a la comisión de ilegalidades en los Ayuntamientos, a la percepción de comisiones, a la connivencia con las mafias de la construcción; luego con bufetes importantes de abogados, con clubs de fútbol y otras entidades deportivas. Ahora se colma el vaso y casi todos los partidos están incursos en casos graves de corrupción, sobre todo el Partido Popular, el Partido Socialista y Convergencia i Unió, pero también Izquierda Unida.

Una Justicia lenta actúa a duras penas: ya ha demostrado su relativa eficacia, pero es muy difícil dilucidar nada menos que 800 casos de corrupción donde no solo ha de encausarse a los corruptos sino también a los corruptores. Si en la cima de la corrupción está el propio Presidente del Gobierno, el que lo fue en su momento, el Presidente del Senado, otros dirigentes del partido que gobierna España, altos cargos en varias comunidades autónomas (Andalucía, Valencia, Baleares, Murcia, Galicia, Castilla y León...) ¿que nos queda? Reflexión y seriedad, civismo a raudales, replantearnos el tipo de país que hemos conformado y actuar consecuentemente. De lo contrario nos espera un infierno particular que hundirá en la miseria a la mayoría de las personas.

L. de Guereñu Polán.

El Proyecto Educativo de Centro

En las leyes educativas que han regido la mayor parte del tiempo que dura nuestra democracia (LOGSE y LOE) las dos aprobadas durante mandatos socialistas, se incorporó el Proyecto Educativo de Centro, un documento por el que cada centro de enseñanza presentaba a la sociedad cuales eran sus prioridades, cuales sus preocupaciones, como concebía la enseñanza, la integración de los alumnos, la atención a la diversidad, los retos del momento (inmigración, alumnos con problemas motrices, intelectuales, afectivos, familiares...) que medios se pondrían a disposición del alumnado, que métodos se seguirían en cada caso y como se habría de organizar el centro en orden a la consecución de los mejores objetivos.

Complementariamente, la legislación citada contempla la existencia del Proyecto Curricular del Centro, en el que participan todos los Departamentos o Seminarios de profesores: Matemáticas, Física, Historia, Fisolofía, Educación, Idiomas extranjeros, Música, Química, Expresión Plástica, Ciencias Naturales, etc. Este documento es un instrumento (digo es, pero ya no será) importantísimo, porque en él se plasman los esfuerzos de todos los profesores por integrar sus enseñanzas de manera que unas no sean un estorbo para las otras, es decir, que no haya contradicciones en cuanto a exigencia, adaptabilidad, contenidos mínimos, siempre respetando las diversas metodologías, pues cada disciplina académica tiene la suya.

Tanto el Proyecto Educativo de Centro como el Proyecto Curricular no tendrán sentido con la nueva ley que el Partido Popular quiere aprobar (y lo hará porque está dispuesto a hacer lo contrario de lo que quiere la comunidad educativa) ya que quiere contentar a una minoría de centros y de instituciones: los religiosos, los privados de elite y a la Iglesia católica. Y digo que no tendrá sentido tener un Proyecto Educativo en cada centro ni un Proyecto Curricular porque no es lo que en ellos se contenga lo que importará con la nueva ley. Lo que importará será conseguir grados de excelencia con los alumnos que tienen ventajas de salida, exigir por igual a los desiguales en oportunidades y medios, aumentar el número de alumnos por aula (con lo que muchos objetivos de atención individualizada se echan por tierra) eliminar a los profesores de Pedagogía Terapéutica, que son los que atienden hasta ahora a los alumnos con más dificultades, dejar sin contenido los cursos de adaptación curricular, pues los alumnos son discriminados al llegar al tercer curso de la educación secundaira y vaciar de recursos a la enseñanza pública: menos becas, menos laboratorios, menos bibliotecas, menos material deportvo, menos material para las clases de Tecnología, menos profesores y más profesores que impartirán clase (como ya han empezado a hacerlo) de disciplinas que no son su especialidad: en algunos Institutos hay profesores de Dibujo que están dando clase de Matemáticas, hay profesores de Francés que están dando clases de Historia, hay profeosres de Historia que están dando clase de Lengua y Literatura.

Esta es la concepción de la enseñanza que subyace en el proyecto de ley (que pronto será ley) elaborado por un ministro nefasto, por un equipo de sicarios a su servicio y por un Gobierno de mentirosos que no tienen la mínina altura moral para decir las cosas como van a ser, como va a sufrir el sistema educativo español y como nos vamos a retrotraer a décadas atrás. Pero no se crea que no hay quien se beneficia de esto: los ciclos formativos de Fornación Profesional más atractivos (los que exigen más recursos) ya se están concediendo a los centros privados, los centros concertados podrán, si así lo deciden, segregar a sus alumnos por sexo, por procedencia de cualquier tipo, podrán aceptar sus solicitudes de matrícula o no... Una desgracia de un bienio negro que amenaza con convertirse en un cuatrienio negrísimo y quien sabe si más. Pero la comunidad educativa no creo cese en su afán reivindicativo y desde aquí hago votos porque así sea.

L. de Guereñu Polán.

La transición a la democracia en España

Contra lo que algunos dicen fue una etapa de grandes esfuerzos por parte de los grupos de la oposición al régimen del general Franco, de gran generosidad y cuando nadie podía pensar si iba a jugar un papel protagonista o no en el futuro próximo de España. El ejército estaba intocado y en las academias militares se seguía enseñando lo mismo que en los años cuarenta, la prensa integrista, fascista y conservadora cubrían practicamente todo el espectro, la judicatura estaba formada por una mayoría de magistrados conservadores que no aceptaron de buen grado que las leyes fueran expresión de la voluntad popular, buena parte de la clase media española estaba expectante pero pasiva; solo unos pocos se movilizaron en torno a los dos partidos de más tradición en la izquierda, el Partido Socialista y el Partido Comunista.

La Ley para la Reforma Política, propuesta por el Presidente Suárez, no fue votada por los partidos de izquierda, pues no ofrecía garantías para el advenimiento de la democracia, aunque al final sí fue posible que esta llegase y puede decirse que fue un error no votar a favor de aquella. En todo caso lo hizo la mayoría del pueblo español, acostumbrado como estaba a los referendos del franquismo. Los sindicatos de trabajadores y los estudiantes, sobre todo en la Universidad, jugaron un papel fundamental: cogieron el testigo de por los menos dos décadas de lucha contra la dictadura, reivindicando el trabajo realizado por veteranos luchadores, por líderes vecinales, por sindicalistas honrados, por políticos que volvían del exilio, por jóvenes entusiastas que se aprestaron a dirigir las renovadas organizaciones políticas.

La monarquía no pudo ser cuestionada en términos reales porque no habría salida, como quedó demostrado con el intento golpista de 1981, como quedó demostrado con la fuerza que tuvieron los franquistas reformistas agrupados en torno a la Unión de Centro Democrático. En los arrabales de la política conservadora había personajes verdaderamente siniestos que tenían buenas relaciones con el "bunker", como es el caso del señor Fraga, los señores Silva Muñoz, López Rodó, Licinio de la Fuente... También la Iglesia jugó un papel en orden a que la transición no fuese más allá de lo que estaba previsto por los reformistas del franquismo, que a la postre se acomodaron a la democracia a regañadientes. Una Iglesia de base estuvo con el cambio y con la democracia, pero organizaciones católicas muy fuertes, con sus colegios y universidades, con sus recursos y prensa, con su jerarquía, exigieron unas Cortes con un Senado, con una monarquía (aunque sin poderes) y un ejército vigilante.

No hay que olvidar el papel retardatario jugado por el señor Arias Navarro, así como sucesos que amedrentaron a un sector de la población: Vitoria, Montejurra, Atocha... los carlistas recalcitrantes, los falangistas resurgían de sus cenizas, los militantes violentos de la extrema derecha (recuérdese el grupo de Blas Piñar). Por su parte estaba ETA, que hizo hilar muy fino a los dirigentes políticos de entonces: hubo una etapa en la que moría una persona a manos de ETA cada tres días. La guerra sucia contra ETA también dificultó las cosas y continuó incluso en los años ochenta (por lo menos los primeros de esa década han de ser considerados de la "transición").

La ultraderecha golpeaba fuerte y ETA también lo hacía; el Presidente Suárez tuvo que dimitir y ya se va sabiendo que porque el ejército así lo exigió. El rey no tenía experiencia -y creo que sigue sin tenerla- aunque sí buenos consejeros que habían sido -no lo olvidemos- colaboradores del régimen de Franco. Con estos mimbres hubo que construir una transición que dio una democracia homologada a la de los países más avanzados de Europa, aunque con sus especificidades. Portugal no tuvo transión al modo español y se llegó a lo mismo. La población española no estaba para revoluciones y así UCD ganó en buena lid desde el poder dos elecciones decisivas: legislativas y municipales.

Durante la transición se descentralizó el Estado, se legalizó a los partidos políticos y sindicatos, se redactó una Constitución que es garantía de libertades, se democratizó y profesionalizó el ejército, igual a los jueces, se abrió la sociedad a Europa, se gastaron muchas energías, se cometieron errores que ahora pagamos pero se demostró una generosidad extraordinaria. No por parte de todos, sino de minorías numerosas, que se habían empeñado en construir un país que luego se ha torcido por la falta de ideas de unos, por la apatía de otros y por la miseria moral de los que ahora nos gobiernan.

L. de Guereñu Polán.

Lo difícil que es meter a un rico en la cárcel

Leí una vez (pero no me acuerdo donde) que las instituciones son conservadoras, por eso es comprensible la ideología anarquista, contra todo poder y toda ley impuesta en nombre del Estado (otra cosa es aceptar o no esta idea). En los regímenes donde no hay garantías jurídicas nada hay que decir, pero en las democracias también es muy difícil que un rico vaya a la cárcel por varias razones: en primer lugar porque dispone de dinero para comprar voluntades y decisiones; pero aunque jueces y fiscales fuesen honestos siempre, los ricos disponen de dinero para comprar influencias, dilaciones, olvidos, conseguir prescripciones que sus abogados, en la maraña procesal y legal de toda sociedad compleja, conocen perfectamente.

Además los ricos disponen de medios para burlar la justicia, para evadir impuestos, para ocultar crímenes, para comprar sicarios, para ofrecer cabezas de turco, para mentir con más garantías que el resto de los mortales. Incluso muchas leyes han sido hechas por ricos o por personas al dictado de ricos, con lo que siempre habrá una salida para uno de los mencionados en apuros.

Es verdaderamente extraño que el padre de don Rodrigo Rato estuviese en la cárcel durante el franquismo: debió de enemistarse con algún preboste del régimen porque de lo contrario sería difícil que hubiese pasado por aquel trance (obviamente por haber delinquido notablemente). El señor Fabra, expresidentes de la Diputación de Castellón no está en la cárcel porque el sistema judicial no quiere, pues razones hay sobradas para que durmiese a la sombra. Hay también excepciones, como la de don Mario Conde, banquero afortunado que hizo de la suyas y entró en prisión, aunque no lo suficiente a juzgar por sus muchas tropelías. Ahora se “luce” en cadenas de televisión de poco prestigio.

El señor Blesa está en la cárcel, pero ya veremos por cuanto tiempo, pues tiene al fiscal como abogado defensor de su causa, lo que ya es raro y sospechoso. El señor Bárcenas, en cambio, se pavonea por las calles elegantes de Madrid, esquía aquí y allá, se burla del país pero no ha sido condenado, por ejemplo, por el Presidente del Gobierno: él sabrá por que. El expresidente de la patronal está en la cárcel, señor Díaz Ferrán, pero es que sus crímenes claman a cielo. No apostaría nada por la duración de su reclusión, pues sus abogados están buscando la manera de influir aquí y allá para que vuelva a tomar el sol con sus muchos millones robados.

Don Arturo Fernández, vicepresidente de la patronal española y que ha delinquido en materia de contratación de trabajadores, anda callado por si las moscas. No creo entre en la cárcel por tal “menudencia”. Tampoco creo que entre en prisión el arruinador de Bankia, don Rodrigo Rato, complicado incluso en una estafa de altura arruinando a muchos pequeños ahorradores con cuentas “preferentes” (para él, claro). El señor Botín, uno de los más ricos de España, creo que tiene unos cincuenta pleitos abiertos en varios juzgados, pero como si tal cosa. El señor Urdangarin las ha hecho muy gordas como todo el mundo sabe, pero no está en la cárcel, conserva un cuantioso patrimonio y goza del favor real (del rey, me refiero, que lo encubrió cuando supo en lo que andaba mandándolo a Estados Unidos).

Aquel Gil alcalde de Marbella estuvo muy poco tiempo en la cárcel, y eso que la naturaleza de sus delitos era máxima, como tampoco parece vaya a estar en prisión el causante de la muerte de una persona, el toreador Ortega Cano, que ha demostrado saber torear a los astados de igual manera que a los jueces. El futbolista Messi ¿alquien cree que va a entrar en prisión por haber defraudado al fisco nada menos que 4 millones de euros? ¡Con la cantidad de subsidios de desempleo que se pagarían con ese dinero! Incluso es muy improbable que el expresidente Aznar se siente ante un tribunal internacional por crímenes de guerra.

Fuera de España está el caso del señor Berlusconi, burlador de la ley donde los haya. Su país es tan contradictorio y anárquico (en el peor sentido de la palabra) como el nuestro. Así les van las cosas a los italianos. Es realmente difícil ver a los ricos en la cárcel: o se hacen mayores y no entran, o una enfermedad repentina les afecta, o han pagado fianzas millonarias que nadie salvo ellos pueden pagar (nunca entenderé esta figura legal) o mienten, o se encuentran con jueces venales o váyase a saber por que, pero lo cierto es que hay muy pocos ricos entre rejas. Mal para la sociedad, para un régimen democrático y para todo país que quiera vivir justamente.

L. de Guereñu Polán.

EL SUELDO, Y LAS PENSIONES FUTURAS DEL COMISARIO ALMUNIA.

Si indignantes e injustas resultan las medidas que para recortar ingresos y derechos están imponiendo en España los gobernantes del Partido Popular, mientras asistimos atónitos a sus sueldos y sobresueldos de escándalo, acompañados en ocasiones de descarados fraudes fiscales añadidos, igualmente lo son las recientes declaraciones tanto del Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, el señor Olli Rehn, como del Comisario Europeo de Competencia señor Joaquín Almunia, insistiendo y asustando para que se acelere en España una segunda reforma (es decir recorte)  del sistema público de pensiones, cuando se acaba de estrenar la que se pactó en el 2011 entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno de Zapatero, con la anuencia del “Pacto de Toledo”.

Indigna saber que estos señores Comisarios Europeos, que además, ambos son Vicepresidentes de la Comisión, perciben un salario de 27.300 euros mensuales, cifra que no incluye las actualizaciones habidas entre el año 2010 y el 2013, ni los complementos por hijos. Y también indigna saber que el portavoz de la Comisión, Antony Gravilli, en rueda de prensa del pasado mes de febrero se haya negado a facilitar las retribuciones netas actualizadas al 2013, del Presidente de la Comisión y de los Vicepresidentes y  Comisarios.

Sí sabemos que todos los ex comisarios a partir de que cumplan 65 años tienen derecho a una pensión vitalicia. Su importe equivale al 4,3% del salario base de cada año de servicio hasta un tope máximo del 70%. Aquellos Comisarios que cumplan un mandato de cinco años podrán  cobrar un mínimo de 51.000 euros anuales. Otros, los mas afortunados, tras 16 años de servicios tienen derecho al importe máximo (70% del salario base), lo que supone mas de 10.000 euros netos al mes. Hace falta subrayar que el cobro de esta pensión no es incompatible con el cobro de otras pensiones públicas -por ejemplo de ex diputado, o ex ministro- siendo frecuente el caso de ex comisarios que llegan a cobrar hasta tres pensiones públicas.

Por otra parte, aquellos comisarios que dejan la Comisión antes de los 65 años, se supone que con el fin de “ayudarlos a reintegrarse en el marcado laboral”, siguen percibiendo una retribución pública equivalente al 65% de su antiguo salario –alrededor de unos 10.000 euros netos mensuales- durante un período de tres años a partir de la fecha de abandono de la Comisión. Una indemnización que pueden seguir cobrando aún habiendo encontrado trabajo.

En el caso del Comisario Almunia, se da la circunstancia de que al haber sido Ministro del Gobierno de España y Diputado en el Congreso entre los años 1979 y 2004, es decir durante 25 años,  le da derecho a percibir el 100% de la pensión máxima de nuestra querida Seguridad Social vigente en cada momento. Una cuantía modesta al día de hoy comparada con las anteriores: 2.548,12 euros al mes por catorce pagas al año. Cuantía esta que como se ha dicho será compatible con su pensión pública europea.

Compárense los datos - años trabajados, porcentajes y cuantías - de estas pensiones que se aplican así mismos los miembros de la Comisión Europea, y que nuestro amigo Manoel Barbeitos amplia con mas detalle en su “Algo Persoal (II)”, con las pensiones públicas de la Seguridad Social en nuestro país: pensión mínima de 590,50 euros, y pensión media en España de 975,88 euros, que en Galicia se ve reducida a 806,88 euros. Pensiones de las más bajas ya de la Unión Europea y que estos Comisarios, miembros de un Gobierno que nadie eligió, pero que cobran suculentos sueldos y pensiones pagados con el dinero de nuestros impuestos, quieren seguir reduciendo.

Lo peor de todo ya no es el escándalo de estas cifras, sino el hecho de que estos señores merecerían ser cesados por ineptos a la vista de los resultados de la política económica que vienen impulsando. Su gestión parece consistir en dar consejos acordes con la política mal llamada de austeridad a la que sirven, cuando en realidad lo que debieran de hacer es dar explicaciones y rendir cuentas ante el evidente fracaso de su gestión.

Xesús Mosquera Sueiro / 14 de abril de 2013

Informe sobre pensiones ¿Expertos, tontos útiles, ó, algo peor?

He esperado unos días para pasar de los meros titulares de prensa al análisis del contenido real del documento, elaborado por la famosa comisión de expertos. Después de leer las 71 páginas (Versión del CSIC) de título “Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones” y las diferentes interpretaciones, en especial las que provienen del gobierno y sus apoyos tengo mis propias opiniones.

 La primera, que tal como se acepta incuso por quien defiende, en general, el documento el actual sistema “…viene funcionando desde hace unas décadas con un razonable éxito en cuanto a alcanzar un cierto grado de estabilidad presupuestaría en una perspectiva de largo alcance...”, añado yo: incluyendo 5 años de crisis. Por ello estoy de acuerdo con el voto particular que sostiene que no era ni el momento ni el método adecuado, y que las conclusiones son erróneas.

Para mí es evidente el primer, y quizá más grave, error: como la mayoría de los participantes son expertos en los sistemas que defienden sus patronos, que hacen de los fondos de pensión privados y de capitalización su negocio, analizan el sistema que todos identificamos, incluso ellos, como de reparto con los parámetros con que diseñan los fondos de los que cobran su salario. Para simplificar, el sistema de reparto consiste en que, por mera voluntad política, buena parte de la riqueza que  se produce entre todos (PIB anual) se distribuye entre todos, incluidos pensionistas, por lo que resulta casi indiferente que se produzca por 20 millones de activos, solo 10 millones o 100 robots muy eficientes. Demostración: el cuadro, que se incluye en el informe, de las distintas soluciones adoptadas por distintos países, incluye una clausula común a todas: Al final las propuestas son valoradas y aprobadas por los Parlamentos democráticos, es decir sea cual sea el proponente es la voluntad política la que marca la diferencia entre una pensión española y una sueca o una francesa.

Segundo error grave, este por parte del gobierno, pensar que cualquier fórmula compleja, iba  a ser aceptada como científica, cuando los datos de partida, casi todos meras estimaciones “ad futurum”, son muy evidentemente falsos, como ha venido a demostrar la historia, especialmente respecto las estimaciones económicas de todos los gobiernos y todos los organismos oficiales. No digamos las estimaciones demográficas, justo en la misma semana de finalización del informe, Alemania  reconocía errores millonarios en sus estadísticas demográficas.

Por no abundar, un último error de expertos y gobierno, ¿Cómo pueden pensar que los ciudadanos mínimamente informados, no nos íbamos a dar cuenta que la mitad de los factores de las fórmulas los fija el gobierno, sin tener que contar con nadie?, bueno contando con algunos, tan poco de fiar respecto a la defensa de  los intereses ciudadanos, como la Comisión Europea, el BCE y el FMI.

 Junio de 2013

 Isidoro Gracia

GOBERNOS ILEXITIMOS, GOBERNANTES MENTIREIROS (V: ensino)

As mentiras dos presidentes Mariano Rajoy, Alberto N. Feijoo e o seu partido (PP) non deixarían de seren mais que eso –trolas, embustes, mentiras- senón tiveran gravísimos efectos sobre o benestar, a saúde, a formación, a vida.... de millóns de galegos i españois. Senón estiveran precedidas por promesas de goberno -compromisos cos electores- totalmente distintas, incluso antagónicas, coas medidas que agora están tomando. Medidas que, digan o que digan, estaban xa previstas pero que non foron anunciadas na campaña electoral por que sabían que así non terían ganado as eleccións. Medidas que respostan a un interese de clase pois defenden os intereses dos españois das clases de rendas altas              –banqueiros, constructores, oligopolios e grandes empresas- en contra dos intereses da maioría, das clases de rendas medias e baixas, das clases populares.

Unha das expresións mais salientables de este interese de clase é a política educativa. A contrarreforma educativa que, pilotada polo inefable Ministro de educación sr. José Ignacio Wert e a súa Lomce (Lei orgánica de mejora de la calidad educativa), están levando adiante os gobernos de España, e Galicia –no que a nos afecta-, é unha das expresións políticas mais paradigmáticas dun interese de clase, das clases de rendas altas que, no caso español, contan co inestimable apoio da igrexa católica e o seu lobby educativo. Unha contrarreforma que nos retrotrae aos anos 60 do século pasado cando para os fillos dos ricos era moi fácil estudiar –e case sempre obtiñan as “mellores notas”- mentres que os fillos das clases populares tiñamos moitas mais dificultades –eramos “menos listos”-.

Aínda que son abondosos os datos que demostran como a política educativa do PP vai supor un enorme deterioro do ensino público do que se vai beneficiar o ensino privado, basta con deterse nuns poucos aspectos para entender que ese deterioro é innegable.

En primeiro lugar o ensino publico recibe un recorte no gasto (“axuste”) sen precedentes históricos, nin inmediatos nin afastados. Un recorte no gasto que, de ningures está xustificado: o estado español xa era, entre os estados da UE do noso nivel de riqueza, un dos que menos gasto público –Estado español: 4,3% do PIB, media na UE 27: 5,4%, Francia: 5,9%, Alemana: 5,1%, Gran Bretaña: 5,7%- destinaba ao ensino público antes da contrarreforma. Agora a distancia cos países do noso entorno será maior por mor dun ensino público moito mais precario.

Un recorte no gasto que supón unha drástica reducción do profesorado no ensino público –en Galicia mais de 1.200-. Deste xeito se a rateo alumnos/profesor no Estado español (10,4) ocupaba unha posición intermedia –unha rateo moderada/baixa- agora elevarase o que, sen xénero de dúbidas, repercutirá negativamente na calidade do ensino. Unha reducción que, de ningures, está xustificada senón é por criterios ideolóxicos e de primar ao ensino privado.

Un recorte no gasto que supón a reducción (cando non a práctica eliminación) dunha serie de transferencias que beneficiaban maiormente as familias de rendas medias e baixas moitas das cales teñen moitas dificultades        –mais agora coa crise e o desemprego desenfreados- para enviar aos seus fillos a escola/colexio: axudas para a adquisición de libros de textos, becas (copago) para os comedores escolares,...

Un recorte no gasto público que se quere “compensar” co pago obrigatorio de matrículas e a diminución do xa reducido número de becas (34% dos alumnos). Estes recortes, xunto coa carreira de obstáculos que supoñen as numerosas probas selectivas –reválidas- vai a limitar aínda mais o acceso aos estudios universitarios nun estado (España) que ten unha das taxas de graduación universitaria (30%) mais baixa entre os países da UE 25 ( 40%).

Un recorte no gasto destinado ao ensino público que se acompaña –substitúe- por un incremento no gasto en concertacións co ensino privado. Un recorte que inclinará aínda mais a balanza a prol do ensino privado nun Estado (España) onde a porcentaxe de alumnos no ensino público está moi por baixo da media na UE (España: primaria 68,7%, secundaria 68,1%; UE 27: primaria 91,5%, secundaria 88,2%), en beneficio do ensino privado concertado.

 Un ensino privado, por outra parte, maiormente en mans da igrexa católica (liderados polos centros do OPUS). Utilizase, deste xeito, diñeiro público para fomentar unha dobre discriminación: centro privado/centro público, centro laico/centro relixioso (católico). Un incremento do gasto co que o goberno do Partido popular (PP) paga “favores” a Conferencia episcopal e a súa secta.

Un recorte no gasto que se acompaña de decisións ideolóxicas claramente “reaccionarias” como é a concertación con centros privados que separan aos alumnos por razón de xénero. Tan reaccionarias que ata reciben o rexeite de autoridades xudiciais tan conservadoras como as españolas: o TSXG ven de invalidar os concertos da Xunta de Galicia con unha serie de centros que separan aos alumnos por razón de xénero

Finalmente a xa citada Lomce (Lei orgánica de mejora de la calidad educativa) espide un “tufo” nacional-catolicista de ingrato recordo para moitos de nos: a “recuperación” da relixión –a católica, por suposto- como disciplina en tódalas etapas (Art. 8, Art.24, Art.36. Organización.., Art. 80. Ensino da Relixión...) substituíndo a educación para a cidadanía, a imposición da lingua “castelán” como preferente en todo o Estado (Art. 8. Organización, Art. 10.5. Avaliación durante a etapa. Art. 14..., Art. 88...) en prexuízo das linguas autóctonas, a centralización educativa (Art. 6. bis. Distribución de competencias..) que cerna as competencias das autonomías...

O PP é consciente de que un ensino público universal, como demostran múltiples experiencias europeas, é un instrumento de igualdade cidadán, de democracia e de liberdade. Os países europeos que apostan con firmeza polo ensino público aparecen en tódolos informes, estudios, memorias,... como os mais avanzados tanto dende o punto de vista do desenrolo económico, como social, cultural, político e da igualdade. Algo que, claro está, de ningures quere o Partido Popular para quen as diferencias de clase –sempre en beneficio das clases de rendas altas- son algo “natural” e que, xa que logo, hai que potenciar. Pura ideoloxía “neofranquista”, puros vellos e bastardos “intereses de clase”.

Unha ideoloxía e uns intereses de clase que tanto Mariano Rajoy como Alberto N. Feijoo non son quen de defender publicamente -p.e. nas campañas electorais- preferindo a mentira e o engano. Actitudes propias de políticos mentireiros que dirixen gobernos ilexítimos: gobernos que executan uns programas diferentes aos presentados nas campañas electorais.

 

Manoel Barbeitos Alcántara